Daniel Sánchez Xalamihua

Expediente 961/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
961/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
03/06/2022

Partes del expediente

  • Daniel Sánchez Xalamihua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Incidental

    Córdoba, Veracruz, tres de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la resolución de diez de mayo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), de dicho Acuerdo General, al haberse por haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez ??????? transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, inciso a), de dicho ordenamiento, pues se negó la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otra parte, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente los documentos originales que fueron aportados por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; requiérasele a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquéllos en el término de NOVENTA DÍAS a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, los referidos documentos correrán la misma suerte que este expediente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitió la autoridad responsable, con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese, por lista a la quejosa y al tercero interesado.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, tres de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la resolución de diez de mayo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), de dicho Acuerdo General, al haberse por haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez ??????? transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, inciso a), de dicho ordenamiento, pues se negó la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otra parte, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente los documentos originales que fueron aportados por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; requiérasele a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquéllos en el término de NOVENTA DÍAS a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, los referidos documentos correrán la misma suerte que este expediente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitió la autoridad responsable, con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese, por lista a la quejosa y al tercero interesado.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, diez de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia. En el presente asunto, de la lectura integral de la demanda de amparo y de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se advierte que la parte quejosa reclama: - El auto de quince de abril de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ordinario civil 31/2014, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con residencia en Zongolica, Veracruz, promovido por Rosa Xalamihua Salas, por su propio derecho y en representación del entonces menor de edad, aquí quejoso, *********, y otros; proveído en el que se tuvo a Rosa Xalamihua Salas, por desistida del referido controvertido; y su ejecución, consistente en cancelar la nota marginal de la inscripción número 199, Sección Primera, de veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, que ampara el título de propiedad 928374, a nombre del demandado, aquí tercero interesado, *************, en la que se había ordenado no permitir movimiento o variación alguna en dicha inscripción. En el entendido de que, el quejoso acude a esta vía constitucional ostentándose como persona extraña por equiparación al citado juicio ordinario civil. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, este último aplicado en contrario, toda vez que el impetrante carece del carácter con el que acude a este controvertido constitucional, esto es, el de persona extraña por equiparación al procedimiento judicial de origen. Los referidos artículos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (.)". De los preceptos anteriores se obtiene que el juicio de amparo es procedente contra actos dentro o fuera juicio cuando se promueva por persona extraña al procedimiento, por lo que, en caso contrario, resulta improcedente el juicio, esto es, cuando dicha parte carezca de esa calidad. Existen dos tipos de persona extraña a juicio. La persona extraña en estricto sentido, que es aquella persona física o moral distinta de los sujetos procesales, porque no figura en el procedimiento como parte, pero sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de la resolución que ahí se dicte, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; y la persona extraña por equiparación, que siendo parte formal en el procedimiento respectivo no se apersonó a éste y tampoco conoció de su existencia, porque -debiendo serlo- no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley. En el caso, de la lectura integral de la demanda se advierte que el peticionario, ********, acude a esta vía constitucional ostentándose con el carácter de persona extraña por equiparación, pues medularmente aduce que el juez responsable tuvo a Rosa Xalamihua Salas por desistida del juicio ordinario civil 31/2014, instado en representación del quejoso, cuando éste ya había adquirido la mayoría de edad (lo que ocurrió el dos de enero de dos mil quince), esto es, cuando aquélla carecía de la representatividad del peticionario, y que ello se realizó sin que fuera oído y vencido en juicio. Sentado lo anterior, es pertinente destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 255/2012, cuyo problema a dilucidar consistió en "determinar si al actor (menor de edad), en lo principal o siendo actor reconvencionista, puede considerársele como tercero extraño a juicio, cuando durante la tramitación de éste y antes del dictado de la sentencia definitiva adquiere la mayoría de edad y, en consecuencia, si existe o no la obligación de requerirlo para que se apersone", estableció, en lo que aquí trasciende, lo siguiente: Hizo referencia a que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el tercero extraño a juicio es aquel que no fue parte material en un procedimiento y que, sin embargo, sufre un perjuicio con la resolución o ejecución que en el mismo se emita, también se ha equiparado a éste, a efecto de no dejarlo en estado de indefensión, a quien habiendo sido señalado como parte en el procedimiento, no fue emplazado o lo fue incorrectamente. Enfatizó que debía quedar claro que una de las razones que provocan indefensión a un tercero extraño a juicio, ya sea porque no formó parte de la trilogía procesal o porque siendo parte en el juicio no fue legalmente emplazado, es precisamente el desconocimiento de la acción instaurada en su contra, y que ello -señaló-, evidentemente, no acontece cuando quien promueve la demanda es el actor en lo principal o reconvencionista, pues es obvio que conoce de la existencia de ese procedimiento del cual forma parte, dado que él lo inició, o bien, reconvino. Expuso que también resultaba importante resaltar el significado de la palabra emplazamiento, el cual tiene un origen típicamente forense y significa citar a una persona ante un Juez para que concurra ante él en el plazo fijado. Señaló que el emplazamiento tiene como nota distintiva, además del hecho de otorgar un plazo para comparecer a juicio, la circunstancia de que la persona a quien va dirigida desconoce, de manera formal, la iniciación de ese procedimiento que existe en su contra, e ignora, por tanto, quién o quiénes lo demandan, las prestaciones que se le reclaman, cuáles son los fundamentos que soportan las pretensiones de su demandante, cuáles los hechos que dieron origen al juicio, entre otras cosas. Ante ello, indicó, si el emplazamiento es el acto procesal mediante el cual el juzgador da a conocer a una persona la admisión de una demanda enderezada en su contra y le concede un plazo para que pueda contestarla, se concluye que el emplazamiento sólo puede ser referido a la contraparte del actor, es decir, al demandado. Por tanto, concluyó el Máximo Tribunal del País, no puede considerarse tercero extraño por equiparación al menor que durante el trámite de un juicio y antes de dictada la sentencia cumple la mayoría de edad, puesto que, en principio, es actor en el juicio principal, incluso, aunque se trate del reconvencionista. De los anteriores razonamientos derivó la jurisprudencia 1a./J. 142/2012 (10a.), consultable en la página 874, Libro XVIII, Marzo de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER POR SÍ MISMO EL MENOR DE EDAD, QUE PRESENTÓ LA DEMANDA O RECONVINO EN EL JUICIO NATURAL, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, Y DURANTE EL TRÁMITE ADQUIERE LA MAYORÍA DE EDAD (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE SINALOA Y DEL DISTRITO FEDERAL). Una de las razones que le provocan indefensión a un tercero extraño a juicio por equiparación es porque siendo parte en el juicio natural no tiene conocimiento de la acción instaurada en su contra, cuyo resultado puede causarle perjuicios, lo que no acontece cuando su representante promueve la demanda de origen o su reconvencional, puesto que a través de él, conoce la existencia del procedimiento en el que se emitió el acto reclamado, por ser parte del mismo. Consecuentemente, el solo hecho de haber adquirido la mayoría de edad durante el procedimiento del juicio ordinario no da lugar a que en el juicio de amparo se le considere tercero por equiparación, por sí mismo, como consecuencia de haber alcanzado su capacidad de ejercicio; razón por la cual el juez debe notificarle al antes menor las actuaciones subsecuentes, pues ya no puede ordenarlas por conducto de sus representantes legales, porque de acuerdo con los Códigos Civiles de Sinaloa y del Distrito Federal aplicados por los Tribunales Colegiados contendientes, la representación legal de los menores de edad fenece una vez que éstos adquieren la mayoría de edad". Conforme a lo antes expuesto, se concluye que el quejoso carece del carácter de persona extraña por equiparación con que se ostenta, toda vez que en el juicio natural tiene la calidad de actor, aun cuando éste fuera promovido en su representación por su progenitora, Rosa Xalamihua Salas, y aquél haya adquirido la mayoría de edad durante su tramitación, con anterioridad a la fecha en que el juez responsable dictó el auto con el que concluyó dicho asunto, esto es, en el que tuvo a Xalamihua Salas por desistida de dicho juicio ordinario. Ahora, si bien es cierto que cuando un menor de edad, inicialmente representado en juicio por alguno de sus progenitores, adquiere la mayoría de edad durante su tramitación y, por ende, la capacidad de ejercicio, el juez debe hacer de su conocimiento las actuaciones subsecuentes, a través de la notificación, pues ya no puede ordenarlas por conducto de sus padres, al haber fenecido la representación de éstos; también lo es que el ahora mayor de edad forma parte de la relación jurídica procesal en el juicio natural (pues, como lo sostuvo el Máximo Tribunal del País y se expuso previamente, no es persona extraña al juicio iniciado en su representación), por lo que, ante la inobservancia del juez del conocimiento de ordenar que las notificaciones se entiendan directamente con él, tiene expeditos sus derechos para interponer los recursos o medios de defensa previstos en la legislación ordinaria, con los que puede alcanzar la restitución de los derechos que considere transgredidos. A guisa de ejemplo: el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 90 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, que, de ser fundado, puede tener el efecto jurídico de dejar insubsistente la notificación hecha indebidamente y todo lo actuado a partir de la misma. En las relatadas condiciones, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, este último aplicado en contrario. Al actualizarse la causa de improcedencia analizada, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a la ejecución atribuida a la autoridad responsable 3. Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Decimosexta Zona Registral, con sede en Zongolica, Veracruz, pues no se combate por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la atribuida al auto dictado en el juicio natural el quince de abril de dos mil diecinueve. En el entendido de que, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia al ser notoria, manifiesta e indudable la causa improcedencia actualizada, de manera que no existe elemento de prueba alguno con el que pueda desvirtuarse. Ante ello, es innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386, del Tmoo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En mérito de lo anterior, se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto. Notifíquese, por lista a la quejosa y al tercero interesado.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintidós de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a través del cual remite el diverso oficio firmado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Decimosexto Distrito Judicial de Zongolica, Veracruz, en atención al contenido de este último, se provee: Deberá estarse a lo acordado en proveído de dieciocho de marzo del año en curso, por medio del cual se tuvo por recibido el despacho 10/2022 (número de orden 19/2022), de este índice, y se acordó lo conducente. Cúmplase.

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