Daniel Rodríguez García

Expediente 905/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 26 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
905/2022
Año
2022
Actuaciones
26
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Daniel Rodríguez García
  • Licenciada Gladis Román Martínez, Fiscal Primera Orientadora en la Unidad de Atención Temprana de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XV de Orizaba, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Incidental

    Córdoba, Veracruz, a trece de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el incidente de suspensión. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, deberá ser destruido, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, pues se negó la suspensión definitiva. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitió la autoridad responsable, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, a trece de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el incidente de suspensión. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, deberá ser destruido, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, pues se negó la suspensión definitiva. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitió la autoridad responsable, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, POR LISTA DE ESTRADOS, ASÍ COMO EN UNA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PORTAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, LA SENTENCIA DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD. CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. I. Consentimiento tácito En el caso, este órgano de control constitucional advierte -de oficio-, que en relación con el acto reclamado consistente en el a) acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dictado en la carpeta de investigación número ORZ/DXV/UAT/F1/400/2022, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la misma ley, dado que el quejoso consintió tácitamente dicho acto, al no haber promovido el juicio de amparo oportunamente. A efecto de demostrar tal aserto, resulta pertinente trascribir el contenido de los aludidos numerales, los cuales establecen lo siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente si no es promovido dentro de los quince días contados a partir de los siguientes supuestos. a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. En el caso, como se anticipó, el quejoso reclama de la Fiscal responsable, el acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dictado en la carpeta de investigación número ORZ/DXV/UAT/F1/400/2022, en la parte conducente en la que se decretó el aseguramiento del vehículo marca Ford, tipo Fiesta, modelo dos mil cuatro (2004), serie 9BFT09N14B143700, placas de circulación YGC4330 del Estado de Veracruz, México. Ahora, de las constancias que integran la referida indagatoria se advierte, en lo que trasciende, que el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, el aquí quejoso, Daniel Rodríguez García, compareció ante la representación social -en su carácter de investigado-, y que en esa data le comunicaron los derechos constitucionales y legales que le asisten, se recabó su entrevista, se le tuvo designando asesor jurídico, y se le notificó la existencia de la carpeta de investigación y los mecanismos alternativos de solución de controversias; ello, según las actas levantadas para tal efecto. En ese entendido, resulta evidente que por lo menos desde el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, el quejoso conoció de la carpeta de investigación de mérito y, en consecuencia, del aseguramiento del vehículo automotor marca Ford, tipo Fiesta, modelo dos mil cuatro (2004), serie 9BFT09N14B143700, placas de circulación YGC4330 del Estado de Veracruz, México; tan es así que en esa data compareció con la factura que ampara la titularidad de dicho vehículo y, posteriormente, el diecisiete de octubre de ese año, solicitó su devolución. Por tanto, si el inconforme tuvo conocimiento de la existencia de la carpeta de investigación de mérito; por ende, del aseguramiento del vehículo, que reclama, al menos desde el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós; entonces, es evidente que al quince de noviembre de ese año, fecha en que fue presentada la demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad,ya había transcurrido en exceso el término de quince días hábiles con que contaba la inconforme para acudir al juicio de amparo. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis. II. Cesación de efectos Por otra parte, este Juzgado de Distrito advierte -también de oficio- que en relación con el acto reclamado consistente en b) la omisión de acordar el escrito presentado por el impetrante el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, en la carpeta de investigación de que se trata, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De acuerdo con el citado artículo, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; hipótesis que para su actualización requiere que todos los efectos del acto reclamado hayan desaparecido o se hayan destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Se dice que cesan los efectos del acto reclamado cuando la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido que implica no sólo la detención definitiva del actuar de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo (fracción I); y, cuando sea de carácter negativo (fracción II), el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. En el asunto que nos ocupa, se reitera, el quejoso reclama de la Fiscal responsable, la omisión de acordar el escrito que presentó el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, en la la carpeta de investigación número ORZ/DXV/ UAT/F1/400/2022, en el que, entre otras cosas, solicitó la "devolución" del vehículo marca Ford, tipo Fiesta, modelo dos mil cuatro (2004), serie 9BFT09N14B143700, placas de circulación YGC4330 del Estado de Veracruz, México. Sin embargo, de las constancias que obran en autos se desprende -en lo que trasciende- que en atención al referido ocurso, por acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, 10 la fiscal responsable acordó la solicitud en mención, en el sentido de que no era procedente la "devolución" del bien asegurado, ya que, entre otras cosas, aún faltaban diligencias por desahogar, y que en su momento notificaría al interesado dicha restitución. Si bien no obra en autos constancia alguna de la cual se aprecie que la responsable hubiese notificado a la promovente la citada determinación; lo cierto es que mediante acuerdo de veintidós de febrero de este año, este Juzgado de Distrito le dio vista con la citada actuación para que manifestara lo que a su interés conviniera; por tanto, resulta innegable que el impetrante (con posterioridad a la presentación de la demanda), tuvo conocimiento de la misma. En ese entendido, resulta evidente que la conducta reclamada de la responsable cesó, pues ya se actuó para el efecto pretendido por el quejoso, es decir, los efectos del acto reclamado desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada; máxime si se toma en cuenta que los efectos de una posible concesión de amparo, se constreñirían a que la autoridad responsable acordara lo conducente en relación con la petición formulada por el impetrante en el referido escrito; lo que, como se evidenció, ya aconteció. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis, respecto del acto precisado. En lo conducente, resulta aplicable la jurisprudencia (...) También se invoca como apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia (...) En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, lo que impide analizar el fondo del asunto. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia (...) Finalmente, cabe señalar que no pasan inadvertidas las manifestaciones formuladas por la parte quejosa -a título de alegatos-; sin embargo, resulta innecesario su análisis, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia (...) QUINTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 06/02/24 18:12:17 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.cd.18 EDREI MORELOS SANCHEZ 13 Amparo indirecto 905/2022 Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***********, contra los actos reclamados de la Fiscal Primera Orientadora en la Unidad de Atención Temprana del Distrito Judicial Décimo Quinto, con residencia en Orizaba, Veracruz, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la tercero interesada

  4. Principal

    CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. I. Consentimiento tácito En el caso, este órgano de control constitucional advierte -de oficio-, que en relación con el acto reclamado consistente en el a) acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dictado en la carpeta de investigación número ORZ/DXV/UAT/F1/400/2022, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la misma ley, dado que el quejoso consintió tácitamente dicho acto, al no haber promovido el juicio de amparo oportunamente. A efecto de demostrar tal aserto, resulta pertinente trascribir el contenido de los aludidos numerales, los cuales establecen lo siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente si no es promovido dentro de los quince días contados a partir de los siguientes supuestos. a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. En el caso, como se anticipó, el quejoso reclama de la Fiscal responsable, el acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dictado en la carpeta de investigación número ORZ/DXV/UAT/F1/400/2022, en la parte conducente en la que se decretó el aseguramiento del vehículo marca Ford, tipo Fiesta, modelo dos mil cuatro (2004), serie 9BFT09N14B143700, placas de circulación YGC4330 del Estado de Veracruz, México. Ahora, de las constancias que integran la referida indagatoria se advierte, en lo que trasciende, que el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, el aquí quejoso, Daniel Rodríguez García, compareció ante la representación social -en su carácter de investigado-, y que en esa data le comunicaron los derechos constitucionales y legales que le asisten, se recabó su entrevista, se le tuvo designando asesor jurídico, y se le notificó la existencia de la carpeta de investigación y los mecanismos alternativos de solución de controversias; ello, según las actas levantadas para tal efecto. En ese entendido, resulta evidente que por lo menos desde el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, el quejoso conoció de la carpeta de investigación de mérito y, en consecuencia, del aseguramiento del vehículo automotor marca Ford, tipo Fiesta, modelo dos mil cuatro (2004), serie 9BFT09N14B143700, placas de circulación YGC4330 del Estado de Veracruz, México; tan es así que en esa data compareció con la factura que ampara la titularidad de dicho vehículo y, posteriormente, el diecisiete de octubre de ese año, solicitó su devolución. Por tanto, si el inconforme tuvo conocimiento de la existencia de la carpeta de investigación de mérito; por ende, del aseguramiento del vehículo, que reclama, al menos desde el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós; entonces, es evidente que al quince de noviembre de ese año, fecha en que fue presentada la demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad,ya había transcurrido en exceso el término de quince días hábiles con que contaba la inconforme para acudir al juicio de amparo. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis. II. Cesación de efectos Por otra parte, este Juzgado de Distrito advierte -también de oficio- que en relación con el acto reclamado consistente en b) la omisión de acordar el escrito presentado por el impetrante el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, en la carpeta de investigación de que se trata, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De acuerdo con el citado artículo, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; hipótesis que para su actualización requiere que todos los efectos del acto reclamado hayan desaparecido o se hayan destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Se dice que cesan los efectos del acto reclamado cuando la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido que implica no sólo la detención definitiva del actuar de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo (fracción I); y, cuando sea de carácter negativo (fracción II), el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. En el asunto que nos ocupa, se reitera, el quejoso reclama de la Fiscal responsable, la omisión de acordar el escrito que presentó el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, en la la carpeta de investigación número ORZ/DXV/ UAT/F1/400/2022, en el que, entre otras cosas, solicitó la "devolución" del vehículo marca Ford, tipo Fiesta, modelo dos mil cuatro (2004), serie 9BFT09N14B143700, placas de circulación YGC4330 del Estado de Veracruz, México. Sin embargo, de las constancias que obran en autos se desprende -en lo que trasciende- que en atención al referido ocurso, por acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, 10 la fiscal responsable acordó la solicitud en mención, en el sentido de que no era procedente la "devolución" del bien asegurado, ya que, entre otras cosas, aún faltaban diligencias por desahogar, y que en su momento notificaría al interesado dicha restitución. Si bien no obra en autos constancia alguna de la cual se aprecie que la responsable hubiese notificado a la promovente la citada determinación; lo cierto es que mediante acuerdo de veintidós de febrero de este año, este Juzgado de Distrito le dio vista con la citada actuación para que manifestara lo que a su interés conviniera; por tanto, resulta innegable que el impetrante (con posterioridad a la presentación de la demanda), tuvo conocimiento de la misma. En ese entendido, resulta evidente que la conducta reclamada de la responsable cesó, pues ya se actuó para el efecto pretendido por el quejoso, es decir, los efectos del acto reclamado desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada; máxime si se toma en cuenta que los efectos de una posible concesión de amparo, se constreñirían a que la autoridad responsable acordara lo conducente en relación con la petición formulada por el impetrante en el referido escrito; lo que, como se evidenció, ya aconteció. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis, respecto del acto precisado. En lo conducente, resulta aplicable la jurisprudencia (...) También se invoca como apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia (...) En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, lo que impide analizar el fondo del asunto. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia (...) Finalmente, cabe señalar que no pasan inadvertidas las manifestaciones formuladas por la parte quejosa -a título de alegatos-; sin embargo, resulta innecesario su análisis, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia (...) QUINTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 06/02/24 18:12:17 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.cd.18 EDREI MORELOS SANCHEZ 13 Amparo indirecto 905/2022 Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***********, contra los actos reclamados de la Fiscal Primera Orientadora en la Unidad de Atención Temprana del Distrito Judicial Décimo Quinto, con residencia en Orizaba, Veracruz, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la tercero interesada

Quedan 22 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · 4,334 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano