Daniel Rodriguez Rodriguez

Expediente 749/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
749/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
05/07/2021

Partes del expediente

  • Daniel Rodriguez Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    ...Téngase por recibida la copia de conocimiento de cuenta, signada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, de la que se advierte que entregó el oficio 9486/2021, que contiene inserto el proveído de veinticinco de junio del año en curso, al diverso Agente del Ministerio Publico de la Federación Supervisor de Ventanilla Única de esta ciudad, a fin de que tuviera conocimiento de la vista que se dio en dicho auto y para hacerle entrega de las copias que fueron remitidas relativas a constancias que integran este asunto. De lo anterior, este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales que haya lugar...

  2. Principal

    ...Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se aprecia que la sentencia que sobreseyó el presente asunto, no fue recurrida dentro del plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, puesto que la parte quejosa no interpuso el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del recurso de revisión que prevé el numeral 86 de la ley de la materia, en atención a que esa resolución no les irroga perjuicio alguno. Es aplicable la Jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2013630 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 6/2017 (10a.) Página: 556 "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: NO es de RELEVANCIA documental. DESTINO: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. DOCUMENTOS: No se allegaron documentos exhibidos por la parte quejosa en el presente juicio. Lo anterior, de conformidad con los artículos 12, 15 interpretado a contrario sentido, 20, fracción II, inciso a), y 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo en cita, y con apoyo en el oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la consulta efectuada por diverso órgano jurisdiccional, respecto al citado instrumento normativo Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Asimismo, devuélvase al Juez Interina Primero Menor Mixto de esta ciudad, las constancias que allegó al presente sumario, consistente en copia certificada de constancias que integran el expediente *** de su índice, en un tomo, por ser innecesaria su conservación. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en el que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. VISTA A AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Finalmente, se ordena dar vista a la Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita a este Juzgado, en términos de lo ordenado en la sentencia dictada en el presente sumario, para lo cual se remite copia certificada del expediente en que se actúa, así como del tomo de pruebas que obra por separado...

  3. Principal

    ...CUARTO. Prevención para ampliación y audiencia. Luego, por acuerdo de veintidós de abril de dos mil veintiuno, se previno a la parte quejosa para que manifestara si tenía interés legal en ampliar la demanda y señalar como acto reclamado el citatorio y emplazamiento al juicio de origen y formular conceptos de violación, sin que lo haya realizado. Por tanto, se siguió el juicio y, previos diferimientos, tuvo verificativo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo1, en virtud de que algunos de los actos se atribuyen a autoridades que se encuentran en la residencia de este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados2. De ahí que este Juzgado de Distrito advierte que en el presente amparo indirecto se ejerció la acción constitucional contra los actos consistentes en: - La falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil *** del índice del Juzgado Primero Menor Mixto, con residencia en Irapuato, Guanajuato; y, en vía de consecuencia, todo lo actuado en el juicio, así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. En esa tesitura, se tiene que no son ciertos los reclamados al Juez Primero Menor Mixto de esta ciudad de Irapuato, pues así lo manifestó al momento de rendir su informe con justificación. Tampoco son ciertos los actos que se atribuyen a la Directora Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común de esta ciudad y el Actuario adscrito, consistentes en la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil *** del índice del referido órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, pues con independencia de lo expuesto por dichas autoridades al rendir sus informes, se precisa que la inexistencia se corrobora con las documentales que remitió el Juez responsable, consistentes en copia certificada del juicio de origen, a las cuales se les concede valor probatorio pleno4, por tratarse de actuaciones judiciales emitidas por una autoridad en el ejercicio de su cargo; de las que se aprecia que el juez responsable ordenó el llamamiento a juicio del aquí quejoso mediante acuerdo de quince de junio de dos mil veinte. Asimismo, del expediente en cita se advierte también que en cumplimiento a lo ordenado por el Juez, el dos de julio de dos mil vente, el Actuario adscrito a la Oficina Central de Actuarios se apersonó en el domicilio proporcionado y al no encontrar a la persona buscada, dejó citatorio para efecto de que el demandado -aquí quejoso- lo esperara el tres de julio siguiente; luego, el tres de julio de dos mil veinte se llevó a cabo el emplazamiento del quejoso por el Actuario adscrito a la Oficina Central de Actuarios del Partido Judicial en esta ciudad mediante instructivo. De lo antes expuesto, se verifica la inexistencia de la falta de emplazamiento al juicio de origen impugnado por el quejoso, pues quedó demostrado que sí fue llamado al citado procedimiento. En tal tesitura, procede el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo que a la letra establece: "Artículo 63. Procede el sobreseimiento: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis ubicada en la página seis mil seiscientos setenta y tres, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Tomo LXXIX, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia Ley." Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos consistentes en todo lo actuado en el juicio y los actos de ejecución, así como la intervención que tuvieron en ellos el Juez, la Directora de la Central de actuarios y Oficialía de Partes Común de esta ciudad; y la actuaria adscrita a esa Central de Actuarios; en el ámbito de sus atribuciones, dado que no se reclaman por vicios propios, sino en vía de consecuencia de la falta de llamamiento al juicio de origen. Robustece lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, localizable en la página 50, del Volumen 24, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, que de rubro dice "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS."5 En la inteligencia que el sobreseimiento decretado releva a este órgano jurisdiccional del estudio de los conceptos de violación, como lo establece la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO."6 Al respecto, resulta relevante precisar que en el presente juicio de amparo, a través del auto de veintidós de abril de des mil veintiuno, se previno a la parte quejosa para que manifestara si tenía interés legal en ampliar la demanda y señalar como acto reclamado el citatorio y el emplazamiento al juicio de origen, así como formular conceptos de violación, sin que hiciera manifestación al respecto, no obstante de encontrarse oportunamente notificado para tal efecto. Motivo por el cual, en el acta de audiencia de esta fecha, se hizo efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en el auto de previa alusión, y se determinó resolver el juicio en los términos propuestos en la demanda. De ahí que no constituye parte de la litis constitucional, tanto el citatorio como el emplazamiento al juicio de origen, por lo que, tales actos no pueden ser objeto de estudio en esta resolución. Finalmente, no se inadvierten las alegaciones formuladas por la tercero interesada; sin embargo, esta juzgadora se abstiene de analizarlos, toda vez que no se encuentra obligada a pronunciarse al respecto, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de garantías, los informes justificados y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Ilustra lo expuesto, la jurisprudencia asequible en el último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, página treinta y uno, titulada: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". CUARTO. Vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Ahora bien, del contenido de la demanda de amparo, se advierte que *** bajo protesta de decir verdad manifestó que: "1. El día 5 de noviembre del año en curso, al llegar a mi domicilio, el cual se encuentra ubicado en calle *** me enteré por algunos vecinos que se había presentado una persona que se ostentó como actuario adscrito a la Oficina Central de Actuarios del Partido Judicial de Irapuato, Guanajuato, y la cual me buscaba, manifestando que tenía la orden de ejecutar una diligencia en mi contra y en dicho domicilio, diligencia que se haría con el uso de la fuerza pública, lo anterior, en virtud de que existía una ejecución de sentencia dictada dentro de un juicio ejecutivo mercantil tramitado en el Juzgado Primero Menor Mixto de la ciudad de Irapuato, Guanajuato. El hecho anterior lo constaté cunado acudí al mencionado juzgado para informarme realmente de que era lo que sucedía, constatando en la lista o tableros de dicho juzgado que, efectivamente había un juicio, en el cual ya se había dictado sentencia y existía una orden de ejecución en mi contra y a efectuarse en el domicilio arriba citado. 2. Lo anterior me sorprendió, pues nunca he sido llamado a juicio alguno ni emplazado en términos legales, por obvias razones, no se me concedió mi derecho de audiencia, ni la posibilidad de ofrecer pruebas, alegar o interponer recursos, motivo por el cual se viola en mi perjuicio la garantía de audiencia, legalidad, debido proceso, seguridad jurídica, fundamentación y motivación y demás garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que me veo en la necesidad de solicitar el amparo y protección de la justicia federal.." Pero de lo asentado en el considerando que antecede, respecto del juicio ejecutivo mercantil *** del índice del Juzgado Primero Menor Mixto, con residencia en Irapuato, Guanajuato, se advierte que esa información no fue verídica, pues fue emplazado al mencionado juicio mediante instructivo, el tres de julio de dos mil veinte. Es decir, el promovente del amparo, en su demanda afirmó hechos falsos, pues indicó de forma dolosa que nunca fue llamado a juicio ni emplazado en los términos legales al juicio en cita, cuando ha quedado en evidencia que sí fue llamado a juicio mediante instructivo, por el Actuario adscrito a la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes de esta ciudad, quien al acudir al domicilio señalado el dos de julio de dos mil veinte y no encontrar al buscado, dejó citatorio para que éste lo esperara al día siguiente, luego, el tres de julio del año en cita, acudió el fedatario a la cita señalada y realizó el emplazamiento mediante instructivo, sobre los cuales se dio vista a la parte quejosa para que, de estimarlo, ampliara su demanda, lo que no aconteció, razón por la que se infiere que sí tuvo conocimiento del juicio al haber sido llamado a éste. Por lo que la suscrita advierte que con la promoción del juicio de amparo el quejoso tuvo la intención de entorpecer la ejecución del juicio natural, lo cual no es la finalidad perseguida por el juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 261 de la Ley de Amparo y 222 del Código Nacional de Procedimientos Penal, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, se ordena dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, con tales hechos, en razón de que podrían ser constitutivos de algún delito. Además, se ordena remitirle copia certificada del expediente en que se actúa, así como del tomo de pruebas que obra por separado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultada en el libro 45, agosto de dos mil diecisiete, tomo I, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de rubro "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA" QUINTO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. SEXTO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Captúrese la presente sentencia el día de su publicación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con la certificación secretarial respectiva y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio...

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y analizadas las constancias que remitió la autoridad responsable Juzgado Primero Menor Mixto de esta Ciudad, se advierte la existencia del citatorio de dos de julio y la diligencia de emplazamiento de tres de julio siguiente, ambas de dos mil veinte del juicio ejecutivo mercantil especial civil ***; y de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, se advierte que el quejoso reclamó la falta de emplazamiento a dicho juicio. Asimismo, de sus conceptos de violación se desprende que la parte quejosa indicó que se dolía de la falta de emplazamiento dictada dentro de la demanda promovida en su contra. En consecuencia, con fundamento en el artículo 111, fracción II, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta la notificación del presente acuerdo, manifieste si tiene interés en ampliar su demanda de amparo respecto al acto reclamado consistente en el citatorio de dos de julio y la diligencia de emplazamiento de tres de julio siguiente, ambas de dos mil veinte del juicio ejecutivo mercantil especial civil ¨***. De hacerlo, deberá cumplir con los requisitos previstos en los artículos 108 y 110 de la legislación de la materia, esto es, indicar el acto que se le atribuye a la autoridad por la que amplía la demanda, además de expresar, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen sus antecedentes, y de estimarlo pertinente, señalar los preceptos constitucionales violados y formular conceptos de violación. En el entendido que deberá exhibir tantas copias de la demanda y del escrito de ampliación, como sean necesarias, para que se distribuyan entre las demás partes y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 1a./J. 106/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional". Se apercibe a la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna al respecto en el término concedido, se continuará con el trámite de este juicio conforme fue planteado en su escrito inicial de demanda. En consecuencia, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que procede a diferirla y, en su lugar se señalan las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo, la cual se fija atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este Juzgado.

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