Daniel Padilla Peralta
Expediente 290/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 290/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Daniel Padilla Peralta
- Agente del Ministerio Público Adscrito A la Unidad de Atención Integral A las Mujeres de la Sub-Procuraduria de Justicia Región B del Estado de Guanajuato
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo para interponer el recurso de queja en contra del proveído de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, en el cual se desechó la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicho auto ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo en cita, el presente expediente en SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
CONSTANCIA. TODA VEZ QUE EL QUEJOSO NO ACUDIO A ESTE JUZGADO PARA SER NOTIFICADO DEL PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE LOS ACTUALES, NO OBSTANTE EL AVISO QUE PARE ELLO SE LE DEJÓ, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, EL CUAL DICE: Téngase por recibida la demanda de amparo que promueve ., por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres de la Subprocuraduría de Justicia Región "B", del Estado de Guanajuato y Subjefe de Grupo de la Policía Ministerial adscrito a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, ambos con residencia en esta ciudad, que considera violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20, apartado a y b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 290/2016-I, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, una vez analizado el escrito de demanda de garantías, se evidencia que conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, en la especie, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que motiva su desechamiento. Cierto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Ahora bien, del capítulo de actos reclamados, se aprecia que el quejoso reclama de manera esencial lo siguiente: "IV.- La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame: a).- En relación al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, de la Sub-Procuraduría de Justicia Región "B" del Estado de Guanajuato, son los siguientes: La práctica de diversas diligencias ministeriales y/o actos de investigación y el recabo de diversos datos de prueba, dentro de la carpeta de investigación número 3692/2016 que se tramita ante la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, con sede en esta ciudad, sin ser debidamente notificado y/o comunicado el suscrito (en mi carácter de inculpado y/o señalado como posible autor o partícipe del hecho punible), con la finalidad de que se me diera la legal intervención para designar a mi abogado defensor, con la finalidad de ejercer una defensa adecuada y técnica en mi representación, y que son los siguientes: 1.- El acuerdo de inicio de la carpeta de investigación---2016, emitida La acta de lectura y explicación de derechos a la víctima/ofendido, realizada por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral de las Mujeres, de fecha 21 de enero de 2016. 2.- La notificación de inicio de la carpeta de investigación al defensor público, practicada por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral de las Mujeres, de fecha 21 de enero de 2016. 3.- La acta de lectura y explicación de derechos a la víctima/ofendido, practicada y levantada por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral de las Mujeres, de fecha 21 de enero de 2016. 4.- La denuncia o querella de la víctima/ofendido, recibida por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral de las Mujeres, con fecha 21 de enero de 2016. 5.- La orden emitida al perito psicológico en turno adscrito a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, para realizar un peritaje psicológico, emitida por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral de las Mujeres, con fecha 21 de enero de 2016. 6.- El informe rendido por el perito psicóloga adscrita a la Unidad de Atención Integral de las Mujeres, de fecha 21 de enero de 2016. 7.-La orden emitida al Director de Policía Municipal de Irapuato, Guanajuato, emitida por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral de las Mujeres, de fecha 21 de enero de 2016. 8.- La ampliación de declaración de denunciante, recibida por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral de las Mujeres, de fecha 26 de enero de 2016. 9.- La notificación practicada por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral de las Mujeres, de fecha 26 de enero de 2016. 10.- La notificación a la psicóloga adscrita a la Unidad de Atención Integral de las Mujeres, Irapuato, Región B, practicada por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral de la Mujeres, de fecha 26 de enero de 2016. 11.- El acta de entrevista de menor de edad ofendido, practicada y levantada por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral de las Mujeres, de fecha 26 de enero de 2016. 12.- La notificación a la psicóloga adscrita a la Unidad de Atención Integral de las Mujeres, Irapuato, Región B, practicada por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral de la Mujeres, de fecha 26 de enero de 2016. 13.- El acta de entrevista de menor de edad ofendido, practicada y levantada por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral de las Mujeres, de fecha 26 de enero de 2016. 14.- El acta de entrevista de testigo practicada y levantada por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral de las Mujeres, de fecha 26 de enero de 2016. 15.- La orden emitida al Director de Policía Municipal de Irapuato, Guanajuato, emitida por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral de las Mujeres, de fecha 26 de enero de 2016. 16.- La orden de realizar informe psicológico emitido al perito psicólogo en turno de la Unidad de Atención Integral de la Mujeres, por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral de las Mujeres, de fecha 26 de enero de 2016. 17.- El informe rendido por la Perito Psicóloga adscrita a la Unidad de Atención Integral de las Mujeres, Lic. Araceli María Elena Gutiérrez Sánchez, de fecha 26 de enero de 2016. 18.- La orden de realizar informe psicológico emitido al perito psicólogo en turno de la Unidad de Atención Integral de la Mujeres, por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral de las Mujeres, de fecha 26 de enero de 2016. 19.- El informe rendido por la Perito Psicóloga adscrita a la Unidad de Atención Integral de las Mujeres, Lic. ---, de fecha 26 de enero de 2016. 20.- El informe psicológico Núm. IR-0139/2016, rendido por la Perito Psicóloga adscrita a la Unidad de Atención Integral de las Mujeres, Psic. ---, de fecha 2 de febrero de 2016. 21.- El informe psicológico Núm. IR-0178/2016, rendido por la Perito Psicóloga adscrita a la Unidad de Atención Integral de las Mujeres, Psic..., de fecha 3 de febrero de 2016. 22.- La orden emitida al perito psicológico en turno adscrito a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, para realizar un peritaje psicológico, emitida por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral de las Mujeres, con fecha 17 de febrero de 2016. 23.- El informe rendido por la Lic. --- Perito Psicóloga adscrita a la Unidad de Atención Integral de las Mujeres, de fecha 17 de febrero de 2016. 24.-La notificación practicada por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral de las Mujeres, de fecha 2 de marzo de 2016. 25.- La orden emitida al Subjefe de Grupo de Policía Ministerial adscrito a la Unidad de Atención Integral de las Mujeres, de fecha 29 de febrero de 2016. 26.- El acta de entrevista de testigo recabada por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral de las Mujeres, de fecha 10 de marzo de 2016. 27.- El informe psicológico Núm. IR-0252/2016, rendido por la Perito Psicóloga adscrita a la Unidad de Atención Integral de la Mujeres, Psic. ---, de fecha 10 de marzo de 2016. 28.- El acta de entrevista de testigo practicada y levantada por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral de la Mujeres, de fecha 29 de marzo de 2016. b).- Del Subjefe de Grupo de Policía Ministerial adscrito a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres de Irapuato, Guanajuato. Grupo Irapuato, son los siguientes: La práctica de diversas diligencias ministeriales y/o actos de investigación, y el recabo de diversos datos de prueba, dentro de la carpeta de investigación número ---2/2016 que se tramita ante la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, con sede en esta ciudad, en atención y/o cumplimiento a la orden emitida por el Agente del Ministerio de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, de fecha 29 de febrero de 2016, sin que se realizara la debida notificación y/o comunicación al suscrito (en mi carácter de inculpado), ni se me diera la legal intervención ni la del defensor que yo designara para ejercer la defensa adecuada y técnica en mi representación." De lo expuesto, se aprecia que el impetrante hace consistir el acto reclamado en la tramitación de la carpeta de investigación en su contra, sin que se le de intervención en ella. Atento a lo anterior, del estudio respectivo de la demanda de garantías, se advierte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 , en relación con el diverso 107 , fracción V, ambos de la Ley de Amparo vigente. En efecto, de conformidad con el numeral 107, fracción V, de la Ley en cita, el juicio de garantías procede ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, se refiere a aquellos actos que realizados durante la secuela del juicio afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales previstas en la Carta Magna. En efecto, del escrito que se recibe, se advierte que consiste en el inicio y todo lo actuado en la averiguación previa iniciada con motivo de denuncia o querella en contra del quejoso, pues señala cada una de las determinaciones tomadas por la representante social en su integración. Ahora, el acto reclamado encuentra constitucionalmente su fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial..." Dicha norma constitucional consagra como derecho de seguridad jurídica el consistente en que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esa función. Así, la investigación de los delitos se manifiesta en dos periodos: a) El denominado de averiguación o investigación previa; y b) El relativo a aquél en que el Ministerio Público figura como parte en el procedimiento judicial. En el caso, el que importa es el periodo relativo a la averiguación previa, en la cual única y exclusivamente corresponde al Ministerio Público llevar al cabo todas las diligencias necesarias para la comprobación de los elementos que constituyen la materialidad del delito y la probable responsabilidad del inculpado, para en su caso, ejercer la acción penal correspondiente, ya sea que solicite la orden de aprehensión o la apertura del procedimiento judicial, en que se resolverá la situación jurídica del inculpado, desde luego, ajustándose a lo dispuesto en los artículos 16 y 19 constitucionales. En tales condiciones, el acto reclamado consistente en lo actuado en la integración de la averiguación previa referida, es decir, la integración de ésta, se encuentra dirigido a la investigación por parte del representante social de los hechos denunciados, probablemente delictuosos, lo cual es de interés público, ya que la sociedad está interesada en la investigación de los hechos que pueden constituir un delito y la persecución del delincuente. Bajo ese contexto, la actuación del Ministerio Público para la integración de una averiguación previa, en sí misma, no causa un daño o perjuicio al gobernado, pues tal cuestión, en su momento, quedaría supeditada a la decisión del órgano jurisdiccional que, en su caso, conozca de la consignación respectiva, el cual puede o no librar la orden de aprehensión que se solicite, salvo que en la fase indagatoria se ordenaran actos que invadan la esfera jurídica del particular, es decir, que vulneren derechos sustantivos, como sería, entre otros, que se le prive de la libertad, de sus posesiones o derechos, lo que no se advierte de la demanda que haya sucedido. Luego, se afirma que el acto reclamado no tiene sobre las cosas o las personas una ejecución que sea de imposible reparación porque conforme a la jurisprudencia citada en párrafos que anteceden, aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa actúa como autoridad, con el dictado de autos y proveídos, así como el desahogo de diligencias para tal fin, no causa daño o perjuicio al gobernado, a menos que en ellos se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos, lo que en el caso no acontece, pues el acto que aquí reclama como se dijo, se hace consistir sustancialmente en el inicio y todo lo actuado en una averiguación previa iniciada en contra del quejoso. Luego, con base en lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto reclamado no hace que tenga sobre las cosas o las personas una ejecución de imposible reparación, para el efecto de hacer procedente el presente juicio de amparo indirecto, pues al encontrarse la averiguación previa para integrarse, no se sabe si dicho representante social determinará ejercitar acción penal en contra del aquí quejoso, o bien dictar el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal. Y se afirma lo expuesto aun cuando el impetrante en su causa de pedir alega violaciones al debido proceso, en su parte relativa al acceso a la defensa efectiva; empero, en contrario a la que señala de las constancias que allegó no se aprecia que la responsable le hubiere efectuado alguna determinación que ataque su derecho humano, por el contrario, de autos se constata que el aquí quejoso estuvo asistido por defensor público y no solicitó la asistencia de uno diverso. En razón de expuesto, resulta improcedente el juicio de garantías en que se señale como en el presente asunto, actos relacionados con el inicio para integrarse la averiguación previa, toda vez que si bien es cierto, la sociedad está interesada en el desahogo de las diligencias encaminadas a la correcta integración de una averiguación previa por ser disposiciones de orden público e interés social, también verídico es que el acto que por esta vía reclama la parte quejosa, no es de aquellos que tengan sobre las cosas o personas una ejecución de imposible reparación. Ello es así, toda vez que los actos que producen ejecución irreparable dentro del juicio son cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución o los Tratados Internacionales en que nuestro país forma parte, y no como en el caso acontece, es decir, en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, como lo es el inicio de averiguación previa. Por otra parte, es de mencionar que en el caso, el acto reclamado no se trata de resolución del Ministerio que confirme el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, caso en el que el juicio de amparo podría ser procedente conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente. Por ello, el acto aquí reclamado puede no trascender a la esfera jurídica del quejoso, ya que existe la posibilidad de que pueda obtener resolución favorable, quedando entonces sin afectación alguna su esfera jurídica. Ahora, suponiendo sin conceder, que el sentido afectatorio del acto reclamado trascienda de tal forma a la resolución que se dicte en esa instancia y sea contraria al interés del peticionario de garantías, éste tiene posibilidad de señalar dicha situación como violación a las leyes del procedimiento al momento de promover el juicio de amparo directo correspondiente, en términos de lo dispuesto por los artículos 171, 172, fracción III, y 174 de la Ley de Amparo vigente. En consecuencia, se desecha de plano la demanda de garantías respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, consistentes en el inicio y todo lo actuado en la averiguación previa iniciada con motivo de denuncia o querella en contra de los quejosos. Téngase como domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ---, en virtud de que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo vigente, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo.
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