Daniel Rangel Martínez

Expediente 283/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
283/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
24/06/2019

Partes del expediente

  • Daniel Rangel Martínez
  • Daniel Rangel Martínez y Otros.
  • Cristian Rolando Rodarte López
  • Cristian Rolando Rodarte López y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vistos; agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el sobre devuelto por la Oficina Postal de Correos de esta ciudad, que contiene el oficio dirigido a la siguiente autoridad responsable: OficioAutoridad responsable:Devuelto con la leyenda:8020/2019-FCOComandante de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, con sede en Acuña, Coahuila de Zaragoza."No existe autoridad" Sin que se considere necesario realizar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que mediante proveído de treinta de abril del año en curso (fojas 45 a 49), se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio.

  2. Principal

    Causa ejecutoria la sentencia. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa ***, *** y ***, se inconformaran con el auto de treinta de abril del año en curso (fojas 45 a 49), en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes, toda vez que no les produce agravio el sentido de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 81, fracción I, inciso d) y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, se declara que dicho auto ha causado estado. II. Se ordena el archivo correspondiente. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y se ordena archivar el presente juicio como asunto concluido. III. Valoración del expediente principal. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, como lo establece la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  3. Principal

    El día de hoy queda notificada la parte quejosa *** y su autorizado, por medio de la presente lista de acuerdos, del auto de treinta de abril de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio de amparo 283/2019, por no haberse presentado a recibir la notificación de manera personal al local de este Juzgado de Distrito.

  4. Principal

    Vistas las razones actuariales de cuenta de veintiséis del mes y año en curso, se advierte que el quejoso directo ***, ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por el licenciado José Alberto Vásquez Figueroa. Asimismo, de la referida constancia de notificación se advierte que el quejoso manifestó que se encontraba físicamente bien y que al momento de su detención no fue objeto de tortura, malos tratos o cualquier otro acto prohibido por la ley; por tanto, se tiene únicamente como acto reclamado, la privación de su libertad de que fueron objeto. Sin que se estime necesario emitir mayor proveído respecto a la reiteración del quejoso directo ***, de ratificar la demanda de amparo promovida a su favor, ya que por auto de veintidós de los actuales, se acordó su admisión. Por otro lado, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable siguiente: Autoridad responsable: Agente del Ministerio Publico Unidad de Investigación Mesa I. Fiscalía General del Estado. Acuña, Coahuila de Zaragoza. Del cual, se advierte que por acuerdo de catorce de abril de dos mil diecinueve, dictado en autos de la carpeta de investigación 00612/ACU/UIACU/2019, a las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos, ordenó la libertad de los quejosos directos ***, *** y ***. I. Antecedentes del juicio de amparo. Mediante oficio 1046/2019, el Juez del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza, remitió por incompetencia el cuadernillo de amparo 12/2019, con la demanda de amparo promovida por el licenciado ***, en favor de ***, *** y ***, contra las autoridades responsables siguientes: Oficio Autoridad responsable: 8019/2019-fco 1. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado Primera Mesa de Investigación, con sede en Acuña, Coahuila de Zaragoza. 8020/2019-fco 2. Comandante de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, con sede en Acuña, Coahuila de Zaragoza. Por los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad e incomunicación en su contra por las autoridades señaladas como responsables. Actos que estimó violatorios de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 1°, 14, 16, 22 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; precisó que no existe tercero interesado; narró los antecedentes del acto reclamado; y, expuso los conceptos de violación que estimó pertinentes. Por auto de trece de abril de dos mil diecinueve, el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza, ordenó por conducto del Notificador de su adscripción, la búsqueda de los quejosos directos, decidiendo suspender de plano el acto reclamado. En constancia de notificación y razón actuarial de esa misma data (foja 19), se advierte que los quejosos directos ***, *** y ***, ratificaron la demanda de amparo promovida a su favor. Además, los quejosos directos manifestaron respectivamente, encontrarse físicamente bien y que no fueron objeto de golpes, azotes, tortura, malos tratos o incomunicación, aunado a que el fedatario judicial no apreció lesiones en los quejosos de mérito, y al no acreditarse la existencia de los citados actos, se tuvo únicamente como acto reclamado la privación de la libertad de que fueron objeto. II. Admisión. Luego, por auto de veintidós de abril del año que transcurre (fojas 21 a 25), se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número de juicio de amparo indirecto 283/2019; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, y se le dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional. Asimismo, se requirió por conducto de la Actuaria de la adscripción, la ratificación del escrito de demanda por parte de los quejosos directos. En esa tesitura, de la constancia de notificación realizadas de veintitrés y veintiséis del mes y año en curso, se advierte que los quejosos directos ***, *** y ***, respectivamente, ratificaron la demanda de amparo instaurada en su nombre; asimismo, la Actuario hizo constar que los referidos quejosos manifestaron encontrarse bien y que no fueron objeto de golpes, tortura, malos tratos ni de otro acto prohibido por la Ley, por parte de sus captores. Como se adelantó, del informe justificado de cuenta, se advierte que el Agente del Ministerio Publico Unidad de Investigación Mesa I, de la Fiscalía General del Estado, con sede en Acuña, Coahuila de Zaragoza, mediante proveído de catorce de abril de dos mil diecinueve, a las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos, en autos de la carpeta de investigación 00612/ACU/UIACU/2019, acordó la libertad de los quejosos directos ***, *** y ***, lo que se corrobora de la constancia que se digitaliza a continuación: Documental a la que se le otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo conforme a su numeral 2, ya que fue expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y tres, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, con registro número 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Lo cual se corrobora con las constancias de notificación realizadas por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado Federal, de veintitrés y veintiséis del mes y año en curso, al constituirse en el domicilio particular señalado para oír y recibir notificaciones por el promovente, se advierte que los quejosos directos ***, *** y ***, respectivamente, ratificaron la demanda de amparo instaurada en su nombre; asimismo, se hizo constar que los referidos quejosos manifestaron encontrarse bien y que no fueron objeto de golpes, tortura, malos tratos ni de otro acto prohibido por la Ley, por parte de sus captores. V. Causal de sobreseimiento. Conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el numeral 61 de la citada Ley, la cual de actualizarse, provoca el sobreseimiento del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trecientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". La parte quejosa reclamó la privación ilegal de la libertad; sin embargo, este Juzgado advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Asimismo, es ilustrativa al caso la tesis 2a./J. 59/99, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que se encuentra probado en autos que el Agente del Ministerio Publico Unidad de Investigación Mesa I, de la Fiscalía General del Estado, con sede en Acuña, Coahuila de Zaragoza, mediante proveído de catorce de abril de dos mil diecinueve, a las veintiún a horas con cuarenta y cinco minutos, en autos de la carpeta de investigación 00612/ACU/UIACU/2019, acordó la libertad de los quejosos directos ***, *** y ***, lo que implica la desaparición total del acto reclamado. Apoya lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina treinta y ocho, tomo IX, Junio, de mil novecientos noventa y nueve, del Seminario Judicial de la Federación, con rubro y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento. VI. Se deja sin efectos la fecha y hora de la audiencia constitucional. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las doce horas con diez minutos del veintidós de mayo del año en curso (foja 23).

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