Daniel Rangel Martínez
Expediente 212/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 15 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 212/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 25/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Daniel Rangel Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Incidental
1. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 2. Valoración. Toda vez que se concedió la medida cautelar en el original del presente incidente de suspensión, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 3. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a) del mencionado acuerdo general, destrúyase el duplicado del incidente de suspensión, una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido. 4. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control; y una vez que transcurran tres años, previa depuración, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
1. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base a las constancias que obran en el juicio. 2. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió en: i) El auto de vinculación a proceso dictado en contra de la parte quejosa el veintiuno de febrero de dos mil veinte, dentro de la causa penal 254/2020, por los delitos de robo con modalidad especialmente agravado cometido con violencia e intimidación en las personas, por ser cometido por tres o más personas, por haber sido cometido por un policía y abuso de autoridad en la categoría de abuso contra la tranquilidad personal, previstos y sancionados por los artículos 410, 415, fracciones I, II, V, IX y 212, fracción V, todos del Código Penal del Estado de Coahuila; así como la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa. La protección constitucional se concedió para los efectos siguientes: i) El Juez de Primera instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, deje insubsistente la determinación de veintiuno de febrero de dos mil veinte, decretada en la causa penal 254/2020, en la que vinculó a proceso al quejoso y le decretó prisión preventiva oficiosa. ii) En aras de velar y proteger los derechos de debido proceso y defensa del imputado, deberá reponer el procedimiento a partir de la audiencia de imputación que realizó el Ministerio Público, pero siguiendo los lineamientos argumentativos de la sentencia dictada en este juicio de amparo, otorgándole plenitud de jurisdicción en su decisión cuando resuelva la situación jurídica del impetrante. iii) Después de escuchar a las partes determine cuál medida cautelar deberá imponer al imputado Daniel Rangel Martínez, en la inteligencia que no se excluye la posibilidad de prisión preventiva, pero no con base en el argumento de que es oficiosa por disposición constitucional. iv) Para lo anterior, deberá cumplir con el requisito formal de que el funcionario ante quien se verifique la audiencia de imputación, sea el mismo que presida la continuación de la audiencia de vinculación a proceso. v) En el caso de que exista imposibilidad para ello, deberá justificarse de manera fehaciente las razones por las cuales el mismo juzgador no puede presidir ambas audiencias. 3. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, la Jefa de Causa del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, remitió constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia constitucional, documentales a las que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º. 3.1 Primer efecto. En cumplimiento al fallo protector, el juez penal responsable dejó insubsistente la resolución de veintiuno de febrero de dos mil veinte, dictada en la causa penal 254/2020, en la que vinculó a proceso al quejoso Daniel Rangel Martínez y le decretó prisión preventiva oficiosa. 3.2 Segundo efecto. De igual forma, ordenó reponer el procedimiento y señaló las once horas con treinta minutos del dieciocho de enero de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo la audiencia de vinculación a proceso en la causa penal 254/2020, en la cual el aquí quejoso fue vinculado a proceso por el hecho que la ley señala como delito de robo por haber sido cometido con violencia, en vivienda y por haber sido cometido por un elemento de la policía. 3.3 Tercer efecto. Asimismo, se le impusieron como medidas cautelares: i) la presentación periódica los días últimos de cada mes ante la Unidad de Medidas Cautelares, ii) prohibición de acercarse a la víctima, su esposo y sus menores hijos a una distancia de doscientos metros, iii) la suspensión temporal del ejercicio de labores con uso de arma de fuego y arma blanca, iv) la imposición de un localizador electrónico y v) supervisión y vigilancia de la Unidad de Medidas Cautelares, quedando inmediatamente en libertad. 4. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, se concluye que la responsable atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 5. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 6. Valoración. Toda vez que se concedió la protección constitucional en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 7. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 8. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control; y una vez que transcurran tres años, deberá realizarse la depuración y transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. 9. Incidente de suspensión. Toda vez que, en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original y; con apoyo en lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a) del mencionado acuerdo general, procédase a la destrucción de la copia del incidente una vez que se cumplan seis meses de archivo como asunto concluido. 10. Devolución de constancias. Finalmente, hágase devolución al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, del tomo I de pruebas, así como de un disco compacto en formato DVD, mismos que anexó al rendir su informe justificado, debiendo asentar el actuario de la adscripción en el oficio que notifique, la entrega del citado tomo y el disco compacto, con lo cual la autoridad responsable no se encontrará obligada a realizar el acuse correspondiente.
- Principal
El día de hoy queda debidamente notificada la parte quejosa por medio de lista de acuerdos del auto de veinticuatro de febrero del año en curso, lo anterior, por no acudir a notificarse de manera personal.
- Principal
. Promoción. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director del Centro Penitenciario Varonil de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector. 1.1 Acuerdo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con la anterior circunstancia dese vista a las partes para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su interés legal convenga.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
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