Daniel Oscar Escalante Cicero

Expediente 492/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
492/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
09/05/2019

Partes del expediente

  • Daniel Oscar Escalante Cicero

Actuaciones

  1. Principal

    IV. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de veinticinco de abril del presente año, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Asimismo, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Finalmente, toda vez que de autos se advierte que la parte quejosa anexó a su escrito inicial de demanda de fecha once de abril del año en curso, diverso documento; por tanto, con fundamento en el párrafo tercero del citado punto, prevéngase a la parte quejosa para que acuda a este Tribunal con identificación oficial, a fin de recoger el documento que anexó a su demanda de amparo de mérito; en el entendido que de no hacerlo, dentro el plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, serán destruidos junto con el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. Es parte final del acuerdo dictado el día de hoy, en el presente juicio de amparo. Conste

  2. Principal

    IV. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por DANIEL OSCAR ESCALANTE CICERO, con el que cumple la prevención realizada mediante acuerdo de quince de abril del presente año, contra los actos que reclama del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y de otra autoridad. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el ordinal 113 del propio ordenamiento, deba desecharse de plano la demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones. En efecto, del contenido integral del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución de siete de marzo del año en curso, dictado en el expediente de investigación administrativo 06/2019, mediante el cual desecha la queja administrativa contra la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, del turno vespertino. En ese orden de ideas, se estima que en el caso, sobreviene la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5°, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, Constitucional, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; " Acorde con la reforma constitucional referida, el dos de abril de dos mil trece fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Amparo, cuyo artículo 5o., en la parte conducente establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley." "Artículo 107. . I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Ahora bien, resulta importante destacar que en cuanto al interés legítimo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se trata de una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, ya que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. Así, el interés legítimo solamente requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. Asimismo, indicó que el interés legítimo -mismo que tuvo su origen en el derecho administrativo, pero su uso se ha extendido a otras ramas jurídicas- implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Sin embargo, esta titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, requiere de un interés actual y real, no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple. De ahí que señaló que para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Cabe aclararse que tal parámetro de razonabilidad, no se refiere a los estándares argumentativos empleados por la Suprema Corte para analizar la validez de normas jurídicas, sino al hecho de que la afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa en sentido amplio debe ser posible, esto es, debe ser razonable la existencia de tal afectación. Por tanto, dicho término se refiere a la lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Así, mediante este interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, y si bien la misma es diferenciada al interés del resto de la sociedad, lo cierto es que no requiere provenir de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, tal situación goza de una lógica jurídica propia e independiente de alguna conexión o derivación con derechos subjetivos. En cualquier caso, resulta pertinente hacer una aclaración: la apreciación que el órgano competente realice del interés legítimo, a efecto de verificar su actualización en el procedimiento correspondiente, no depende de una manifestación del interesado, es decir, la sola afirmación de éste, en el sentido de que goza del interés suficiente, no basta para que el mismo se tenga por acreditado. En otras palabras, el hecho de que el interés legítimo implique un nivel de afectación menor al exigido en el interés jurídico, no significa que el mismo no deba acreditarse, aunque por otra parte, no existe ningún impedimento para que la autoridad, por medio de inferencias lógicas, arribe a la conclusión de que sí se ha actualizado el mismo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1979, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA NO TIENE INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR EN AMPARO INDIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LA DESECHA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA, QUINTANA ROO Y AFINES). La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, así como la del Estado de Quintana Roo, establecen a favor de los particulares el derecho a presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con los cuales se inicia, en su caso, el procedimiento de responsabilidad correspondiente, sin que éste tenga como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares, sino preservar la prestación óptima del servicio público de que se trate; de esta manera, el orden jurídico procesal estatal otorga al particular una mera facultad para formular quejas y denuncias por las conductas que considera incumplen con lo dispuesto en esas legislaciones, sin que ello dé lugar a exigir de la autoridad competente el sentido de la determinación que deba emitir, al no existir un vínculo con una norma de rango constitucional que prevea ese derecho, ni siquiera implícitamente, ya que subyace la facultad exclusiva del Estado en materia de responsabilidades administrativas; máxime que la queja administrativa implica revisar la conducta del funcionario público denunciado y no el procedimiento o proceso jurisdiccional en que se llevó a cabo dicha conducta; de ahí que, quien se ostente como parte en un proceso o procedimiento jurisdiccional carece de interés legítimo para impugnar en amparo indirecto la decisión de la autoridad competente de desechar la queja relativa." Así también, cobra aplicación al caso, por el criterio que sostiene, la tesis 450, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 498, tomo III, Administrativa, Jurisprudencia TCC, del Apéndice 2000, Novena Época, del tenor literal siguiente: "RESPONSABILIDAD OFICIAL, QUEJA ADMINISTRATIVA POR. EL DENUNCIANTE CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO.- El denunciante de faltas oficiales de funcionarios públicos carece de interés jurídico para impugnar a través del juicio de amparo la resolución emitida en favor del funcionario en el procedimiento respectivo porque la ley de la materia no tutela intereses particulares, sino públicos, de tal suerte que, en forma análoga a lo que sucede en materia penal, la acción del particular se agota en la denuncia respectiva, cuyo destino final queda al arbitrio exclusivo de la autoridad que de ella conozca.". Por otra parte, también requiere precisarse que aunque este tipo de interés sirve de manera especial para la protección de intereses colectivos y, por tanto, ha resultado adecuado para justificar la legitimación a entidades de base asociativa, lo cierto es que tal función no resulta exclusiva, sino que la posición especial en el ordenamiento jurídico, también puede referirse a una persona en particular. Esto es, si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. Por tanto, debe indicarse que el interés de que se trate, deberá ser interpretado en todo momento acorde a la naturaleza y funciones del proceso constitucional, convencional o legal del cual sea parte. De igual forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse como aquello que la doctrina conoce como derecho subjetivo; es decir, la facultad o potestad de exigencia consagrada en la norma objetiva de derecho, que conlleva a la conjunción de dos elementos: Una facultad de exigir y una obligación correlativa de cumplir dicha exigencia. Derecho que da lugar, entonces sí, a la procedencia del amparo. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En ese sentido, es necesario asentar que para la procedencia del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado afecte en forma personal y directa la esfera jurídica del quejoso, es decir, que haya un interés jurídico; término que la jurisprudencia ha identificado, con el derecho subjetivo, es decir, aquél derecho que derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Lo anterior, puesto que aún y cuando las leyes regulan una determinada situación abstracta en beneficio de la colectividad, no le otorgan al particular, el poder de exigir que esa situación abstracta se cumpla, puede decirse que sólo existe un interés simple, el cual no da lugar a la procedencia del juicio de garantías. En ese orden de ideas, este órgano de control constitucional estima que el hecho de que la parte promovente del amparo, tenga la posibilidad de formular una queja ante la Unidad Investigadora de la Contraloría del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, es una facultad o derecho al que le surge como relación correlativa, el deber de la autoridad de no impedirle el ejercicio de esa facultad y recibírsela, sin embargo, no le otorga el interés jurídico suficiente para promover el juicio de garantías contra su resolución, puesto que son cuestiones jurídicas independientes que no tienen relación, por lo que de ninguna manera se puede afirmar que el haber iniciado una queja administrativa contra algún servidor público de la administración de justicia del Estado de Yucatán, sea suficiente motivo para impetrar el juicio constitucional De ahí que esa facultad de denunciar se ve atendida con la recepción de su queja y con el dictado del acuerdo de siete de marzo de la presente anualidad, mismo que por esta vía se impugna, por lo que es claro que el derecho de la parte denunciante queda plenamente satisfecho, en virtud de que el sentido que rija la resolución en declararla improcedente, fundada o no, no incidiría ya en la esfera jurídica del que denuncia, pues su derecho únicamente obliga a recibirla, aun cuando sea en el sentido de declararla infundada, improcedente o desecharla, por parte del Servidor Público o bien el de remitirla a la autoridad competente para que resuelva lo que en derecho corresponda en relación con la denuncia de irregularidades. Cuenta habida que lo resuelto en la queja administrativa no trasciende al procedimiento respecto del cual aduce se cometieron diversas irregularidades, por lo que no se afecta su interés legítimo, en atención a lo establecido por la Segunda Sala en el sentido de que toda persona puede interponer ese recurso para iniciar el procedimiento disciplinario, pero no tiene como finalidad salvaguardar intereses particulares, sino preservar la prestación óptima del servicio público; de ahí que, la interposición de la queja administrativa no involucra un interés legítimo para instar el amparo respecto de su desechamiento, ya que en ella se revisa la conducta del funcionario público y no del procedimiento en que se realizó, por ende, si la pretensión del denunciante es que se siga adecuadamente, entonces es en este último donde tiene derechos que puede hacer valer para tal efecto. En las relatadas condiciones, se concluye que el acuerdo a través del cual desechó la queja administrativa que interpuso, dictada el siete de marzo de la presente anualidad, en autos del expediente de investigación 6/2019, no afecta su interés jurídico, en tanto que la facultad de formular quejas o denuncias contra servidores públicos, únicamente implica la obligación de la(s) autoridad(es) competente(s) de recibirlas, pero la ley no confiere a los denunciantes intereses particulares, sino públicos, en razón de que la actuación de los servidores públicos atañe al interés general y no al de un sólo individuo, por lo que la actuación de quien hace la denuncia o formula la queja, termina al hacerla o formularla. Así, es inconcuso que la participación de la persona que hace la denuncia o formula la queja, consiste solo en hacer del conocimiento de la autoridad competente los hechos y elementos necesarios para establecer el incumplimiento de las obligaciones que como funcionarios les compete, pues no se ve cómo esa determinación le produzca un agravio a sus intereses, ya que éste debe ser material, es decir, real y no subjetivo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, visible en la página 2365, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguiente: "QUEJA ADMINISTRATIVA DECLARADA INFUNDADA O IMPROCEDENTE. EL DENUNCIANTE CARECE DE INTERÉS JURÍDICO Y LEGÍTIMO PARA RECLAMAR EN AMPARO ESA DETERMINACIÓN Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA.El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juzgador de amparo está facultado para desechar de plano la demanda cuando advierta la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, entendida ésta como aquella plenamente demostrada, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones, de manera que aun de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base y de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 1/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1120 del Tomo XXIII, enero de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.", el denunciante de una queja administrativa declarada infundada o improcedente, carece de interés jurídico y legítimo para impugnar en amparo tal determinación, por lo que en ese caso debe desecharse de plano la demanda, al existir una causa notoria e indudable de improcedencia." Así como la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 1/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, consultable en la página 1120, cuyo rubro y texto son: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa". Así como, la tesis I.4o.A.572 A, visible en la página 1765, Marzo de 2007, publicada en del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. QUIEN PRESENTA UNA DENUNCIA O QUEJA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA INEXISTENCIA DE AQUÉLLA. En términos de los artículos 109, último párrafo, de la Constitución Federal y 10 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, cualquier interesado puede presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, las que serán atendidas y resueltas conforme a las normas y procedimientos establecidos, sin que dichas disposiciones -u otras de la citada ley- establezcan el derecho del denunciante o quejoso de exigir que se finque responsabilidad administrativa. En consecuencia, si no se prevé ese derecho subjetivo en favor de aquéllos, es inconcuso que carecen de interés jurídico para reclamar en amparo la resolución que determina la inexistencia de responsabilidad del servidor público denunciado pues, además, no se actualiza un perjuicio o agravio personal y directo en su esfera jurídica." Así como, la tesis I.5o.A.33.A, visible en la página 1481, Septiembre de 2005, publicada en del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO TIENE EL QUEJOSO QUE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DE QUEJA ADMINISTRATIVA PROMOVIDA EN CONTRA DE ALGÚN SERVIDOR PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. El artículo 214 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal enlista las personas que tienen a su alcance el derecho (acción) para denunciar la comisión de faltas de los servidores públicos pertenecientes a la administración de justicia del Distrito Federal. Ahora bien, el hecho de que tal artículo otorgue al inconforme la facultad de denunciar las posibles faltas en que incurran los servidores de la administración pública del Distrito Federal, no le otorga el interés jurídico suficiente para promover el juicio de garantías contra su resolución, puesto que son cuestiones jurídicas independientes que no tienen relación, por lo que de ninguna manera se puede afirmar que el haber iniciado una queja administrativa contra algún servidor público de la administración de justicia del Distrito Federal sea suficiente motivo para impetrar el juicio constitucional.". En consecuencia, se concluye que el acto que por esta vía se reclama, es decir, el acuerdo de siete de marzo de la presente anualidad, recaído a la queja administrativa interpuesta por el ahora quejoso, no afecta el interés jurídico del promovente; por consiguiente, dada la existencia de una causa notoria, indudable y manifiesta de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 113, 61, fracción XII, artículo 5°, todos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, Constitucional, se desecha la demanda de garantías promovida por Daniel Oscar Escalante Cicero, por su propio derecho, contra el acto que reclama del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con sede en esta Ciudad y de otra autoridad; determinación que se toma, además, en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio, y por ende, no cambiaría la naturaleza del acto reclamado en la presente instancia constitucional. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. Es parte final del acuerdo dictado el día de hoy, en el presente juicio de amparo. Conste

  3. Principal

    IV. Vista la demanda de garantías de cuenta, promovida por DANIEL OSCAR ESCALANTE CICERO, contra el acto que reclama del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Fórmese expediente, y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este juzgado. Ahora bien, a fin de estar en aptitud legal de proveer sobre la admisión de la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción III, y 114, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se previene al promovente, para que dentro del término de cinco días hábiles siguientes a aquél en que se le notifique el presente proveído: 1.- Indique si además de la autoridad que señala como responsables en el capítulo respectivo de su demanda, desea señalar al Titular de la Unidad Investigadora de la Contraloría del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, toda vez que de la lectura integral de la demanda, se advierte que fue ésta quien emitió el acuerdo de siete de marzo del año en curso, dictado en el expediente de Investigación Administrativa número 6/2019, que señala como acto reclamado, y en caso de ser así, deberá anexar una copia de demanda. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis CXI/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 242, del Tomo VIII, correspondiente al mes de diciembre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, Novena Época, bajo el rubro: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.- Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición." Hágase saber a la parte quejosa que deberá adjuntar las copias necesarias de su escrito aclaratorio de demanda para cada una de las partes en este asunto, en razón de que será parte integrante de la misma, en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la jurisprudencia número 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis número 9/2000, entre las sustentadas por el Séptimo y Octavo Tribunales Colegiados, ambos en Materia del trabajo del Primer Circuito, visible en la página 79, del Tomo XIII, del mes de abril, del año dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo y texto y rubro, son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Con el apercibimiento que de no cumplir dentro del término señalado con lo requerido anteriormente, se admitirá la demanda por la autoridad que señala en su demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral 114 en comento. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señaló en su demanda de garantías y como autorizados para tal fin, José Desiderio Salazar Díaz y Sergio Omar Salazar Escalante, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, así como a Alma Lorena de Guadalupe Paredes Pino, Ninive Joana Marrufo Ortiz, Paola Guadalupe Irigoyen Novelo y Alondra Guadalupe Kantun Pech, pero con las limitaciones que establece la parte final del segundo párrafo del aludido precepto legal, hasta en tanto acrediten el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, como lo solicita el ocursante, se concede la autorización para la utilización de medios tecnológicos para reproducir las constancias que obran en el presente juicio de garantías, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, estos es para que haga uso de aparatos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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