Daniel Oscar Escalante Canto

Expediente 747/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
747/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
20/08/2021

Partes del expediente

  • Daniel Oscar Escalante Canto
  • Maria Yessica Loria Carrillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa para que se inconformara con el proveído de veintitrés de julio anterior, que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejerció ese derecho, téngase a ésta por conforme con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo, por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, el mismo debe conservarse, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse, tal como lo establece el propio numeral antes invocado. Atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I, inciso b), del citado artículo 18, éste debe ser depurado. De igual modo, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 20 del capítulo Octavo del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que ya obran el oficio de veinticuatro de junio próximo pasado, remitido por el Jefe del Departamento de Amparo y Derechos Humanos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, así como el diverso oficio INSEJUPY/ONMOBD/DJ/AR/766/2021, suscrito por la registradora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, y anexos que acompañaron, respectivamente, mismos que ya obran glosados a los presentes autos, con los que informaron lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria concesoria de amparo; y dado que mediante proveído de catorce anterior, se dio vista a las partes con dicha documentación, para que en el término de tres días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, esta Juzgadora Federal, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraran en este expediente y de los datos aportados por las responsables, sin que a la presente fecha hubieren hecho manifestación al respecto; consecuentemente, se procede a resolver si, de acuerdo con las constancias de autos, la invocada sentencia concesoria ha sido cumplida, o no; lo antes expuesto encuentra apoyo en lo establecido en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En este sentido es importante asentar que por sentencia definitiva dictada el once de junio de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a los quejosos Daniel Oscar Escalante Canto y María Yessica Loria Carrillo. Asimismo, por auto de dos de julio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la citada resolución, requiriendo a las autoridades responsables que dieran cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. De manera que las autoridades responsables estaban obligadas a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "a) La autoridad ministerial responsable deje sin efectos la determinación reclamada, contenida en el oficio FECC/UILECC/M11/294/2020, de veintiocho de febrero de dos mil veinte, librado en la carpeta de investigación C1/10/2019. b) Emita nueva resolución, en la que, de acuerdo con los lineamientos señalados a lo largo de esta sentencia, determine que carece de facultades para ordenar la cancelación o inmovilización de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad del folio electrónico 1182623, de conformidad con los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 138 y 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dada la naturaleza del medio de investigación decretado como providencia precautoria, y los derechos fundamentales afectados con dicho acto de molestia, como es el de la posesión, ya que ello debe ser solicitado por la víctima, el ofendido o el Ministerio Público ante el Juez de Control. En el entendido de que la autoridad registral responsable ejecutora, en estricto acatamiento de la presente sentencia concesoria de amparo, deberá dejar insubsistente el cierre de partida registral derivado del oficio de marras." Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que las autoridades responsables, dieron cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ello, cuenta habida que el Fiscal responsable, por determinación de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, emitida en la indagatoria C1/000010/2019, dejó sin efectos las medidas decretadas en el oficio FECC/UILECC/M11/294/2020, de veintiocho de febrero de dos mil veinte, relativas a la cancelación o inmovilización de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad del folio electrónico 1182623; en tanto que la autoridad registral responsable, el dieciocho de junio siguiente, tomó nota de la cancelación antes ponderada, realizando el asiento respectivo con número de inscripción 2861139. De ahí que las autoridades responsables, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ha dado cabal cumplimiento al fallo protector, cuenta habida que dejaron sin efectos las medidas que inmovilizaron y cancelaron el folio registral que ampara el predio defendido por la parte quejosa, realizando, por tanto, el asiento respectivo. Por tanto, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que ya obran el oficio de veinticuatro de junio próximo pasado, remitido por el Jefe del Departamento de Amparo y Derechos Humanos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, así como el diverso oficio INSEJUPY/ONMOBD/DJ/AR/766/2021, suscrito por la registradora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, y anexos que acompañaron, respectivamente, mismos que ya obran glosados a los presentes autos, con los que informaron lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria concesoria de amparo; y dado que mediante proveído de catorce anterior, se dio vista a las partes con dicha documentación, para que en el término de tres días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, esta Juzgadora Federal, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraran en este expediente y de los datos aportados por las responsables, sin que a la presente fecha hubieren hecho manifestación al respecto; consecuentemente, se procede a resolver si, de acuerdo con las constancias de autos, la invocada sentencia concesoria ha sido cumplida, o no; lo antes expuesto encuentra apoyo en lo establecido en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En este sentido es importante asentar que por sentencia definitiva dictada el once de junio de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a los quejosos Daniel Oscar Escalante Canto y María Yessica Loria Carrillo. Asimismo, por auto de dos de julio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la citada resolución, requiriendo a las autoridades responsables que dieran cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. De manera que las autoridades responsables estaban obligadas a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "a) La autoridad ministerial responsable deje sin efectos la determinación reclamada, contenida en el oficio FECC/UILECC/M11/294/2020, de veintiocho de febrero de dos mil veinte, librado en la carpeta de investigación C1/10/2019. b) Emita nueva resolución, en la que, de acuerdo con los lineamientos señalados a lo largo de esta sentencia, determine que carece de facultades para ordenar la cancelación o inmovilización de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad del folio electrónico 1182623, de conformidad con los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 138 y 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dada la naturaleza del medio de investigación decretado como providencia precautoria, y los derechos fundamentales afectados con dicho acto de molestia, como es el de la posesión, ya que ello debe ser solicitado por la víctima, el ofendido o el Ministerio Público ante el Juez de Control. En el entendido de que la autoridad registral responsable ejecutora, en estricto acatamiento de la presente sentencia concesoria de amparo, deberá dejar insubsistente el cierre de partida registral derivado del oficio de marras." Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que las autoridades responsables, dieron cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ello, cuenta habida que el Fiscal responsable, por determinación de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, emitida en la indagatoria C1/000010/2019, dejó sin efectos las medidas decretadas en el oficio FECC/UILECC/M11/294/2020, de veintiocho de febrero de dos mil veinte, relativas a la cancelación o inmovilización de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad del folio electrónico 1182623; en tanto que la autoridad registral responsable, el dieciocho de junio siguiente, tomó nota de la cancelación antes ponderada, realizando el asiento respectivo con número de inscripción 2861139. De ahí que las autoridades responsables, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ha dado cabal cumplimiento al fallo protector, cuenta habida que dejaron sin efectos las medidas que inmovilizaron y cancelaron el folio registral que ampara el predio defendido por la parte quejosa, realizando, por tanto, el asiento respectivo. Por tanto, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio firmado por la Registradora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, y anexo que acompaña, con el que atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional, e informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa en este asunto, con la documentación de cuenta, así como con la diversa remitida por el Jefe de Departamento de Amparo y Derechos Humanos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y anexos que adjuntó, misma que fue agregada en proveído de veintiocho de junio anterior; ello, por el término de tres días hábiles, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Apercibida que de no hacer manifestación alguna, dentro de ese plazo, esta Juzgadora Federal resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo.

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