Daniel Ortega González
Expediente 143/2020 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 27 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 143/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 28/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Daniel Ortega González
- César Alejandro Angulo López y Otros.
- César Alejandro Angulo López
- Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Agréguense las copias certificadas de las resoluciones emitidas por este tribunal colegiado el quince del mes y año en curso, en los recursos de inconformidad 7/2021 y 8/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, de las que se advierte que se declararon infundadas las inconformidades interpuestas por Daniel Ortega González, contra el auto de dieciséis de febrero del año en curso, que declaró cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto, y con el diverso de diecisiete de dicho mes, que declaró infundada la denuncia de repetición del acto reclamado, De autos se advierte que no existe trámite pendiente por realizar; de ahí que, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Ahora, tomando en consideración que el presente asunto no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de dicho numeral. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, once de marzo de dos mil veintiuno. De la certificación secretarial de cuenta se advierte que con esta fecha se admitió a trámite el recurso de inconformidad interpuesto por Daniel ********************por propio derecho, parte quejosa en el expediente en que se actúa, en contra del auto de diecisiete de febrero del año en curso, dictado en el expediente en que se actúa, mismo que se registró con el número 8/2021. Atento a lo anterior, una vez que se resuelva dicho recurso, agréguese copia certificada de la resolución correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe. MRA/mmz
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. De la certificación secretarial de cuenta se advierte que con esta fecha se admitió a trámite el recurso de inconformidad interpuesto por Daniel Ortega González, por propio derecho, parte quejosa en el expediente en que se actúa, en contra del auto de dieciséis de febrero del año en curso, dictado en el expediente en que se actúa, mismo que se registró con el número 7/2021. Atento a lo anterior, una vez que se resuelva dicho recurso, agréguese copia certificada de la resolución correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se advierte que mediante escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, el quejoso Daniel Ortega González denunció la repetición del acto reclamado por parte de la autoridad responsable en el presente juicio de amparo. Por auto de presidencia dictado el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el escrito de denuncia, se corrió traslado a la responsable Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, y se le requirió para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, rindiera el informe respectivo y adjuntara las constancias que estimara pertinentes. Mediante oficio 634/2020-II los Magistrados integrantes de dicha Sala rindieron informe en el sentido que no existe repetición del acto reclamado, y por diverso oficio 652/2020 el secretario de acuerdos de ese mismo órgano allegó copia certificada de la notificación practicada al quejoso respecto de la sentencia dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Luego, por acuerdo de siete de diciembre de dos mil veinte se ordenó proceder al dictado de la resolución correspondiente a dicha denuncia. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, específicamente el Considerando Décimo Segundo, en el que, entre otros, se modifica la fracción IV, respecto del Punto Cuarto, y se adiciona una fracción IV, respecto del Punto Octavo, se hará el análisis correspondiente a la denuncia de repetición del acto reclamado. I. La denuncia de repetición del acto reclamado fue realizada dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 199 de la Ley de Amparo, ya que la resolución que se considera reiterativa del acto fue notificada al aquí quejoso el treinta de octubre de dos mil veinte, como se advierte de la constancia que remitió la responsable. Notificación que surtió efectos en esa propia fecha, según se advierte del artículo 111 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala y conforme a la jurisprudencia P./J. 11/2017 (10a.), por lo que tal plazo trascurrió de tres al veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Plazo del que se excluyen los días siete, ocho, catorce, quince, dieciséis, veintiuno y veintidós de noviembre del mismo año, por haber sido inhábiles ante la responsable en términos del precepto 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Luego, si la denuncia se presentó el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, es claro que se promovió de manera oportuna. II. Conforme a los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, y 199 de la Ley de Amparo, el examen para resolver dicha denuncia se circunscribe a analizar si la responsable, en nuevas actuaciones, repitió en idénticos términos el acto reclamado, no si existe exceso o defecto en el cumplimiento pretendido, pues esto fue materia de la revisión oficiosa que se hizo en auto de dieciséis de febrero del año en curso en términos del artículo 196 de la misma legislación, sin que se advirtiera tal exceso o defecto. Resulta orientadora de esta consideración la tesis aislada 2a. CXXI/2017 (10a.), registro 2014929, visible en la página 1245 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, agosto de 2017, Tomo II, Décima Época, Materia Común, sostenida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. CUANDO EN ÉL SE ESTUDIA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN LA DENUNCIA DE REPETICIÓN DE ACTO RECLAMADO, SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE ATAÑEN ÚNICAMENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO". Cuando se combate la resolución dictada en la denuncia de repetición de acto reclamado vía recurso de inconformidad, los agravios en los que se aduce que la responsable incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo son inoperantes, pues esa cuestión es ajena a la materia de dicha denuncia, ya que únicamente atañe al cumplimiento de la sentencia y, por tanto, no impacta en la configuración de la figura de repetición del acto reclamado, que es su objeto de estudio. Lo anterior, en virtud de que la materia del recurso, en este caso, se circunscribe a examinar si la responsable repitió, en idénticos términos, el acto reclamado". Es por ello que resultan inoperantes los argumentos que se hacen valer en el escrito de denuncia de repetición del acto reclamado, en los que de manera general se aduce que existe defecto en el cumplimiento pretendido por la responsable; ya que tal examen no es dable en esta resolución, sino que el mismo tiene cabida en el pronunciamiento que se hace para determinar si se acató o no el fallo protector. Defecto que, al margen que no haya sido planteado para oponerse al cumplimiento, no fue advertido como tal en el análisis que por separado se hizo en auto de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. III. Por otra parte, del escrito de denuncia se advierte que para considerar que la responsable repitió el acto reclamado en la parte que fue materia de concesión, el quejoso expone, en síntesis, lo siguiente: 1. La responsable omite realizar el estudio de los daños y perjuicios a partir de la disposición legal donde se originan, que son los artículos 1412, 1413 y por vía de consecuencia el artículo 1418 del Código Civil de esta Entidad. 2. Resulta ilegal que la Sala responsable identifique los elementos de la acción de daños y perjuicios, ya que en agravios no se planteó dicha acción para que ameritara su estudio, con lo que se trasgredió lo dispuesto en el artículo 542, fracción I, del Código Civil local. 3. La Sala nuevamente evadió el estudio frontal del agravio planteado, pues lo que realizó fue un estudio de la acción de daños y perjuicios, la cual nunca fue ejercitada de manera principal ni accesoria. Invoca como apoyo el criterio de rubro: "AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, FALTA DE ESTUDIO". 4. No tiene aplicación la jurisprudencia I.4o.C. J/1, de rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION. PARA OBTENER SU PAGO DEBE EJERCITARSE LA ACCION CORRESPONDIENTE Y EXPRESAR LOS HECHOS RELATIVOS", ya que la misma hace referencia a la acción de daños y perjuicios, y la misma no fue planteado en agravios. 5. La responsable estudió la acción de daños y perjuicios, sin entender el planteamiento hecho en agravios, y evadió dar respuesta fundada, motivada y de manera frontal. 6. No se realiza una lectura total de la ejecutoria de amparo, ya que la responsable no puede entender el planteamiento hecho en agravios; lo que hace ilegal y violatorio de derechos tal pronunciamiento, y se retarda la impartición de justicia. IV. Los anteriores argumentos resultan inoperantes, porque se advierte que están encaminados a exponer vicios de legalidad en la sentencia emitida en cumplimiento al fallo protector, en la parte en que se reservó a la responsable libertad de jurisdicción; toda vez que cuestionan la forma en que la Sala estimó procedente contestar los agravios del recurso de apelación en los que el aquí quejoso buscó controvertir la absolución respecto del pago de daños y perjuicios; pero no a evidenciar que en la nueva sentencia pudieran estarse replicando las consideraciones que ya fueron declaradas violatorias de derechos del quejoso, que es esencialmente lo que cabe examinar en esta resolución. Al no oponerse a las disposiciones de la actual Ley de Amparo, por analogía se invoca como apoyo la tesis aislada 2a. XXIX/2010, registro 164586, visible en la página 847 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, Materias Común, sostenida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, que dice: "INCONFORMIDAD POR DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS ENCAMINADOS A ALEGAR VICIOS DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA, EN DONDE SE RESERVÓ A LA RESPONSABLE LIBERTAD DE JURISDICCIÓN. Conforme al artículo 108 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad por denuncia de repetición del acto reclamado consiste en examinar la legalidad de la resolución del Juez de Distrito o del Tribunal Colegiado de Circuito que declara infundada dicha repetición, analizando si la autoridad responsable, en un nuevo acto, reiteró los vicios de inconstitucionalidad advertidos en la ejecutoria protectora, con el objeto de garantizar el respeto a las sentencias de amparo revestidas de la firmeza de cosa juzgada. En consecuencia, los planteamientos tendentes a controvertir la resolución emitida en cumplimiento a la sentencia amparadora, en donde se reservó libertad de jurisdicción a la responsable, deben declararse inoperantes, al constituir temas ajenos a la inconformidad y susceptibles de control a través de otros medios legales". V. Ahora bien, considerando que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es una cuestión de orden público, al margen que hayan sido desestimados los argumentos expuestos por el quejoso en el escrito de denuncia, debe decirse que en las consideraciones expuestas con libertad de jurisdicción por la Sala responsable, como forma de atender los agravios del recurso de apelación con los que el aquí quejoso buscó controvertir la absolución del reclamo de pago de daños y perjuicios, no se advierte que exista esencialmente una reiteración del acto reclamado en la parte que fue materia de concesión. Por el contrario, se observan una serie de argumentos en los cuales se apoyó la responsable para considerar no probado el pago de daños y perjuicios, que evidentemente difieren de aquellos que se plasmaron en el acto reclamado y que se consideraron violatorios de derechos. Basta mencionar que, para absolver del pago de aquellos dos conceptos, en la sentencia reclamada se indicó lo siguiente: 1. Las prestaciones no se fundamentan en los artículos 1401, 1403, 1412 y 1413 del Código Civil vigente. 2. Si el apelante demanda el pago de daños y perjuicios por virtud del incumplimiento del contrato, debió dar las bases para su cálculo, pero como no lo hizo, su pretensión resulta imprecisa. 3. Es equivocado el argumento del apelante en el sentido que no se encontraba obligado a señalar y precisar a cuánto asciende el monto de los perjuicios por tratarse de una prestación accesoria a la principal; ello, porque las partes revelan los hechos en la demanda y el juez aplica el derecho e impone una condena como lo establece el artículo 5 del Código de Procedimientos Civiles local. 4. El recurrente debió exteriorizar el monto de esta prestación accesoria y no omitirlo para su cuantificación en sentencia, ya que no se trata de intereses moratorios causados después de dictada la sentencia. 5. No se puede condenar en forma genérica porque ello trastoca el espíritu del artículo 476 de la legislación procesal invocada, que prevé que toda sentencia debe ser clara y fundada en ley. 6. Las pruebas aportadas en el juicio no pueden "compurgar" los defectos y oscuridad de que adolezca la demanda, porque se deja en estado de indefensión a la parte demandada para hacer valer sus excepciones, defensas y pruebas para demostrar lo contrario, y ello resultaría ilegal. 7. La manifestación en el sentido que la condena líquida debe hacerse en ejecución de sentencia, no tiene sustento legal, porque en el incidente de ejecución sólo se litigará la cuantificación líquida de la condena, pero no el fallo definitivo ni sus puntos resolutivos. 8. No asiste razón al inconforme cuando dice que es causa de responsabilidad civil el solo incumplimiento del contrato. 9. El pago de daños y perjuicios debe ventilarse a través de la acción de responsabilidad civil, que es una acción totalmente diversa a la existencia de un contrato verbal de prestación de servicios profesionales, "por lo que lo expresado por el recurrente no puede valorarse como agravio o gravamen deducido de la sentencia hoy recurrida". Mientras que en la nueva sentencia emitida el veintiocho de octubre de dos mil veinte, para absolver de los propios reclamos, en resumen, se indicó lo siguiente: a) Por el incumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales se condenó al pago de honorarios a razón del 35% de la suerte principal de cada uno de los juicios ejecutivos; por lo que los incrementos de las sentencias, posteriores a la revocación del cargo, constituyen un elemento independiente al derecho del apelante. b) Los artículos 1401 y 1403 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, establecen lo que debe entenderse por daños y perjuicios, y de ellos se advierte que para probar un daño debe fundarse sobre hechos concretos realizados en el pasado, porque se trata de comprobar la disminución del patrimonio causado por el evento daños a fin de determinarlo de manera exacta. c) Respecto al interés no se tiene una base para su demostración, al estar frente a actos futuros que dejaron de realizarse y en consecuencia tampoco la privación de la ganancia lícita como consecuencia de los actos u omisiones imputables a una persona. d) En virtud de ellos, los daños y perjuicios deben ser consecuencia directa e inmediata del hecho origen de la responsabilidad, ya sea que se hayan causado (daño) o que necesariamente deban causarse (perjuicios). e) Los elementos de la acción de daños y perjuicios son: 1. La existencia de una obligación; 2. La falta de cumplimiento de la misma por el demandado; 3. La relación de causalidad entre la falta de cumplimiento y los hechos que constituyen el daño y perjuicio; 4. El menoscabo que el patrimonio del actor haya sufrido con los hechos dañosos, y 5. La privación de una ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación. f) Para el caso importan los elementos marcados con los números 3 a 5; en cuanto al primero de éstos, el apelante tiene que demostrar la relación directa entre la falta de cumplimiento y los hechos que constituyen los daños y perjuicios; por tanto, está obligado a acreditar la existencia del hecho y del daño o perjuicio, pero sobre todo la causa inmediata y directa entre ambos. g) Por tanto, no le asiste razón al recurrente Daniel Ortega González cuando manifiesta como agravio que el pago de daños y perjuicios debe ser entendido como consecuencia directa del incumplimiento del contrato verbal de prestación de servicios profesionales y que por lo mismo no se encontraba obligado a demostrar de manera independiente su procedencia por tratarse de una cuestión accesoria de la acción principal. La responsable invocó también como fundamentos de sus nuevas consideraciones diversas tesis aisladas y jurisprudencias. Por ende, no podría considerarse que exista identidad entre la parte de la sentencia reclamada que fue materia de concesión (examen del reclamo de daños y perjuicios) y aquélla que se pronunció con libertad de jurisdicción en acatamiento al fallo protector, ya que su fundamentación y motivación es esencialmente distinta, aun cuando ambas concluyen en el mismo sentido; por consiguiente, tampoco se repite la misma infracción a derechos fundamentales. Orienta esta consideración, al no oponerse tampoco a las disposiciones de la actual Ley de Amparo, la tesis aislada 2a. XL/95, registro 200806, publicada en la página 236 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo I, junio de 1995, Novena Época, Materias Común, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "REPETICION DE ACTO RECLAMADO. NO EXISTE CUANDO LA NUEVA RESOLUCION QUE DICTO LA RESPONSABLE CON LIBERTAD DE JURISDICCION ES SIMILAR EN SU SENTIDO A LA QUE FUE MATERIA DE AMPARO, PERO CON DIFERENTE MOTIVACION. No se incurre en repetición de acto reclamado cuando la nueva resolución que dicte la responsable con plenitud de jurisdicción declare que los agravios resultan inoperantes e insuficientes con fundamento en el análisis de cuestiones que no fueron materia de examen en el acto materia del amparo, puesto que al no constreñir la ejecutoria a resolver en determinada forma, debe concluirse que la responsable tiene amplias facultades para pronunciarse en el sentido que legalmente estime procedente". VI. Finalmente, esta autoridad considera inoperantes los argumentos del denunciante, en los que reiteradamente expresa calificativos personales contra la autoridad responsable, que se advierte son tendentes a demeritar su labor jurisdiccional, lo mismo que a cuestionar la actuación pública de sus integrantes, al utilizar las siguientes frases: ".derivado del sopor que la invadía en el momento de dar cumplimiento" , "continúa alardeando", "de donde deriva el mamotreto de cumplimiento", "para poder corregir los dislates de la sala responsable", "se dedican a firmar los proyectos que se pasan entre magistrados y esperar la quincena para cobrar, y mientras están conectados a la ubre pública lo demás es lo de menos", y "es del dominio público que existen laborando en un porcentaje importante en dicho tribunal los HIJOS, NIETOS, YERNOS, NUERAS, ESPOSOS, ESPOSAS, CONCUBINOS, CONCUBINAS, PAREJAS SENTIMENTALES, AMIGOS, COMPADRES, ETC. ETC. DE JUECES Y MAGISTRADOS". Tal calificación obedece a que con estos señalamientos se desatiende la naturaleza de la figura de denuncia de repetición del acto reclamado que, se reitera, se circunscribe a analizar si la responsable, en nuevas actuaciones, repitió en términos esencialmente idénticos el acto reclamado; no a calificar la actuación personal pública de los integrantes de dicha Sala, ya que tales cuestiones podrían ser dilucidadas a través de los canales legales correspondientes, no en esta vía. Es así que esta autoridad califica como infundada la denuncia de repetición del acto reclamado, promovida por el quejoso Daniel Ortega González.
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