Daniel Juárez Flores

Expediente 490/2020 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 15 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
490/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
20/09/2021

Partes del expediente

  • Daniel Juárez Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que obra a foja 153 de autos, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término de diez días concedido al quejoso y, a las terceras interesadas mediante proveído de quince de junio de dos mil veintiuno, a fin de que expresaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento que dio la autoridad laboral responsable a la ejecutoria que concedió la protección constitucional, desahogando tal vista el quejoso. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, y con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En el caso, Daniel Juárez Flores, por propio derecho, solicitó la protección constitucional contra la sentencia dictada el cinco de noviembre de dos mil veinte, por la la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en el toca de apelación civil 13/2017 de su índice. Seguida la secuela procesal, mediante sesión ordinaria celebrada a través del sistema de videoconferencia en tiempo real el veinte de mayo de dos mil veintiuno este Tribunal Colegiado dictó el fallo correspondiente, en el cual concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: "En tales condiciones, al resultar fundado uno de los conceptos de violación formulados, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que, observando lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable: 1. Deje insubsistente la sentencia reclamada. 2. En su lugar, dicte otra, en la que reitere lo que no es materia de concesión. 3. Lo decidido en los juicios de amparo 522/2017 y 329/2019, del índice de este Tribunal Colegiado. 4. Por los motivos expuestos en la presente ejecutoria, prescinda de dejar a salvo los derechos de la actora para que los ejerza en la vía y forma procedente." Mediante oficio 3734/2021, este Órgano jurisdiccional remitió el testimonio de dicha ejecutoria, así como los autos que sirvieron para el conocimiento del asunto a la Sala civil responsable, para que informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se procedería en términos del precepto citado en último término. En acato a lo anterior, a través del oficio 364/2021, recibido en este Órgano Colegiado el nueve de junio de dos mil veintiuno, la responsable informó que por auto de tres anterior, dejó insubsistente la sentencia dictada el cinco de noviembre de dos mil veinte y ordenó traer los autos a la vista a fin de dictar la resolución correspondiente. Posteriormente, el quince de junio de dos mil veintiuno, se recibió el oficio 382/2021, por medio del cual la Sala responsable adjuntó copia certificada de la sentencia dictada el diez del mes y año en cita, la cual es materia de análisis en la presente resolución de cumplimiento. Ahora, de las constancias que obran en autos y de la sentencia dictada en cumplimiento, se aprecia que la autoridad civil responsable: A. Por auto de tres de junio de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la sentencia dictada el cinco de noviembre de dos mil veinte (foja 110 de autos cumplimiento del lineamiento "1."). B. En su lugar, dictó otra sentencia, en la que reiteró lo que no fue materia de concesión, esto es, que es inoperante la violación procesal que adujo el recurrente Daniel Juárez Flores (aquí quejoso), relativa a la declaración de parte a cargo de la actora Margarita Domínguez Cortez (hoy tercera interesada) [páginas 24-26 de la sentencia en revisión cumplimiento del lineamiento "2."]. C. Tomó en consideración lo decidido en los juicios de amparo 522/2017 y 329/2019, del índice de este Tribunal, en los que se estableció: (522/2017) "Por lo que se concluye que la nulidad del instrumento notarial conforme al cual se edifica la acción principal, sí puede ser analizada como excepción y, por ende, estudiada en el juicio de que se trata; máxime si también se entiende como soporte para acreditar la falta de legitimación de la actora. (329/2019) "De manera que si la Sala responsable consideró que la actora es poseedora del bien inmueble dominante y, por ende, que está legitimada para demandar la servidumbre legal de paso, porque del escrito de contestación advirtió que el enjuiciado confesó que la accionante y su consorte son quienes han poseído el predio dominante; luego, dicha consideración es ilegal. Es así, porque la circunstancia de que el promovente del amparo haya señalado en el escrito de contestación, que la actora y su cónyuge han poseído el predio urbano denominado "AHUEHUETITLA", y casa en él construida; ello no puede surtir efectos de confesión, dado que tal señalamiento no es un hecho propio del actor sino de su contraria; por tanto, tal expresión no es apta para justificar la posesión de la actora sobre la finca dominante y, por ende, la legitimación para demandar la servidumbre legal de paso respecto del fundo sirviente. Con base a lo anterior, la responsable, determinó que la actora principal no acreditó uno de los elementos de la acción confesoria (por los motivos que al respecto expuso), esto es, analizando la excepción de nulidad que opuso el demandado y sin considerar la confesión de este en el escrito de contestación, estableció que la actora no es la propietaria, poseedora o titular del predio dominante, por lo que la acción de servidumbre legal de paso que ejerció en contra de Daniel Juárez Flores, resultó improcedente En consecuencia, como la acción principal de servidumbre legal de paso que ejerció la actora resultó improcedente, por consiguiente, determinó que carece de legitimación activa para reclamar la constitución de la servidumbre sobre el predio del demandado principal y actor reconvencional y, por ende, que se encontraba libre de la servidumbre de paso reclamada por la accionante (páginas 28 vuelta-42 de la sentencia en examen, cumplimiento del lineamiento "3."). Para hacer patente lo anterior, a continuación, se plasma la parte conducente: "De la transcripción que antecede, así como a lo expuesto como agravio, se advierte que ciertamente el demandado opuso como excepción la nulidad del título base de la acción de la actora principal, con la finalidad de hacer notar que ante las irregularidades del instrumento notarial exhibido, la accionante MARGARITA DOMÍNGUEZ CORTEZ carece de legitimación para solicitar la servidumbre de paso que demanda, cuestiones que la Juez natural no analizó, motivo por el que esta Autoridad procede a analizar la procedencia de dichas excepciones. Al respecto, los artículos del 39 al 45 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tlaxcala, establecen: (Los transcribe). Por su parte, el artículo 1086 del Código Civil para el estado de Tlaxcala, establece: (Lo transcribe). De lo previsto por los artículos en cita, se obtiene que las excepciones son las defensas que emplea el demandado para impedir el curso de la acción o para destruirla, que deben proponerse al contestar la demanda y tienen que resolverse al pronunciarse la sentencia, que se requiere que el demandado tenga interés en que se oponga, y no está obligado a expresar el nombre de las que oponga; que tiene derecho a demandar una servidumbre legal de paso el propietario de una finca o heredad enclavada entre otras ajenas sin salida a la vía pública. Ahora bien, del contenido del documento base de la acción presentado por la actora con su escrito de demanda, consistente en el instrumento notarial número ocho mil ciento ochenta y nueve, volumen sesenta y cuatro, de fecha veintinueve de julio de dos mil once, que contiene la escritura pública relativa a los siguientes actos jurídicos: Repudio a la herencia, a solicitud de los señores JOSÉ ERNESTO ALBA DOMÍNGUEZ y JUDITH ALBA DOMÍNGUEZ; el nombramiento de albacea definitivo y declaración de herederos; la protocolización de inventarios y avalúos y la adjudicación parcial de bienes, respecto de la totalidad del predio urbano denominado "AHUEHUETITLA" y casa en él construida, ubicado en Primera Privada de los Pinos número seis, de la Localidad de San Buenaventura Atempa, Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, a favor de la señora MARGARITA DOMINGUEZ CORTEZ, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, bajo la partida número ciento treinta y tres, a fojas ceo treinta, sección cuarta, del Distrito Judicial de Hidalgo, de fecha cuatro de octubre de dos mil once; documental de la que se advierte que en la fracción V del capítulo de declaraciones se hizo constar lo siguiente: (Transcribe). De lo establecido en la documental en mención, resulta evidente que dentro del inventario exhibido por la albacea no fue presentado ningún título que acreditara los derechos de propiedad o posesión a favor del autor de la sucesión, respecto del predio denominado "AHUEHUETITLA", y casa en el construida, ubicado en Primera Privada de los Pinos número seis, de la Localidad de San Buenaventura Atempa, Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, y la Notario Público ante quien se tramitó el Juicio Sucesorio Intestamentario, no precisó que tuvo a la vista el documento o documentos que justificaran que el de cujus JOSÉ GASPAR ALBA MACÍAS y/o GASPAR ALBA MACÍAS, tenía legalmente los derechos de propiedad o posesorios del inmueble que se adjudicó la accionante, vulnerando con ello lo previsto por el artículo 93 de la Ley del Notariado para el Estado de Tlaxcala, vigente en el año dos mil once, que establece: (Lo transcribe). De lo previsto por la citada disposición legal, resulta evidente que como la Fedataria Pública ante quien se otorgó la escritura no tuvo a la vista el título que acreditara la propiedad o posesión del de cujus respecto del predio denominado "AHUEHUETITLA", y casa en él construida, ubicado en Primera Privada de los Pinos número seis, de la Localidad de San Buenaventura Atempa, Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, así como el antecedente necesario para justificarla, es indiscutible que el título base de la acción de la actora principal resulta nulo, por tanto, carece de eficacia probatoria para demostrar la propiedad o posesión respecto del referido inmueble y, por ende, la actora principal no tiene legitimación activa para demandar la servidumbre legal de paso al hoy apelante, por no ser la propietaria del predio. En consecuencia, como la actora principal MARGARITA DOMÍNGUEZ CORTEZ, no acreditó uno de los elementos de la acción confesoria, esto es, que sea la propietaria, poseedora o titular del predio dominante, la acción de Servidumbre Legal de Paso que ejerció en contra de DANIEL JUÁREZ FLORES, resulta improcedente. (.) El recurrente refiere, que en la sentencia combatida el juzgador natural omite analizar el fondo de su acción negatoria reconvencional bajo el argumento de que fue declarada procedente la acción confesoria ejercitada por la actora MARGARITA DOMÍNGUEZ CORTEZ, omitiendo abordar los medios de prueba ofrecidos y desahogadas para tal fin. De las constancias del expediente principal, se advierte que el demandado principal hoy apelante DANIEL JUÁREZ FLORES, aI dar contestación a la demanda interpuso reconvencionalmente acción negatoria para el efecto de que se declare que el predio de su propiedad de lo que fue la novena y última fracción del inmueble denominado "AHUEHUETITLA", ubicado en la Comunidad de San Buenaventura Atempa, perteneciente al Municipio de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, se encuentra libre de toda imposición de servidumbre o gravamen, sea de tránsito, paso o comunicación peatonal o vehicular, de aguas, o de otra similar en contra de la actora principal MARGARITA DOMÍNGUEZ CORTEZ, y con el carácter de terceros interesados MARÍA ELENA SÁNCHEZ COYOTZI y DANIEL HUERTA; misma que en la sentencia impugnada la Jueza la declaró improcedente bajo el argumento de que la actora principal acreditó su acción confesoria de servidumbre legal de paso. Ahora bien, respecto a la acción ejercida reconvencionalmente los artículos 899, 900 y 903 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, establecen lo siguiente: (Los transcribe). De lo establecido por los artículos en cita, se infiere que la acción negatoria tiene por objeto entre otras cuestiones, la declaración de que un predio está libre de una servidumbre, que es una acción real que compete al dueño poseedor civil o titular de un derecho real del inmueble y, se ejerce contra el dueño del predio dominante o contra el que pretende ser titular de los derechos reales. En consecuencia, como la acción principal de Servidumbre Legal de Paso que ejerció la actora MARGARITA DOMÍNGUEZ CORTEZ resultó improcedente por no acreditar uno de los elementos de la acción confesoria, consistente en que es la titular del derecho de propiedad o posesión del predio dominante y, por ende, carece de legitimación activa para reclamar la constitución de dicha servidumbre sobre el predio propiedad del demandado principal y actor reconvencional, es indiscutible que la novena y última fracción del inmueble denominado "AHUEHUETITLA" ubicado en la Comunidad de San Buenaventura Atempa, perteneciente al Municipio de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, propiedad de DANIEL JUÁREZ FLORES, se encuentra libre de la servidumbre de paso reclamada por la actora MARGARITA DOMINGUEZ CORTEZ, de lo que se concluye que es infructuoso valorar las pruebas ofrecidas por el actor reconvencional para acreditar su acción negatoria porque el resultado sería el mismo." D. Finalmente, prescindió de dejar a salvo los derechos de la demandante para ejercerlos en la vía y forma procedentes (páginas 43-45 de la sentencia en revisión, cumplimiento del lineamiento "4."). Consecuentemente, debe concluirse que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución del mismo, pues circunscribió su actuación a los efectos ahí precisados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Desahogo de vista del quejoso. Con la presente determinación se da respuesta al escrito que presentó el quejoso el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, en el que expresó lo siguiente: "(.) vengo a manifestar mi entera conformidad con la sentencia de fecha diez de junio del dos mil veintiuno, dictada por la autoridad responsable Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en virtud de que se observaron cabalmente los extremos para los cuales fue otorgada la concesión federal, solicitando se tome nota de lo anterior para los efectos conducentes a que haya lugar." En esa tesitura, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 196 de la ley invocada.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, trece de julio de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de quince de junio del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, haciéndolo el quejoso; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido, para los efectos legales procedentes, el escrito de cuenta mediante el cual, en conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, el quejoso Daniel Juárez Flores realiza manifestaciones respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dado por la autoridad responsable en el presente asunto. En conformidad con el precepto 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

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