Daniel Murillo Cerda

Expediente 28/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
28/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
24/01/2019

Partes del expediente

  • Daniel Murillo Cerda

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad; atento a su contenido, se le tiene informando que dicho tribunal aceptó conocer de la demanda de amparo promovida por Daniel Murillo Cerda, la cual dio origen al expediente en que se actúa, en virtud de la incompetencia planteada por este juzgado. Atento a lo anterior, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, SE ORDENA SU ARCHIVO definitivo y en virtud de que carece de relevancia documental e histórica, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I, del punto vigésimo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expediente Generados en los Juzgados de Distrito, se toma nota que es susceptible de DESTRUCCIÓN; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Visto el oficio que remite la Secretaria del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, al que adjunta los autos originales del amparo indirecto 2/2019 del índice de dicho tribunal, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Daniel Murillo Cerda, por conducto de su apoderado jurídico Ramón Filiberto Ortiz García; oficio en el que comunica que ese órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por el citado quejoso; acúsese recibo. Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento, fórmese expediente y regístrese con el número IV-28/2019, en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora, vista la demanda de amparo promovida por Daniel Murillo Cerda, por conducto de Ramón Filiberto Ortiz García, contra el acto del Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Ahora, el artículo 112 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito o tribunal unitario de circuito dentro del término de veinticuatro horas deberá resolver si la admite o desecha. En el caso, el promovente señala como acto reclamado, el siguiente: El auto de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, dentro del juicio oral mercantil número 71/2018, mediante el cual desechó la demanda presentada por la parte quejosa. En ese orden, este juzgador estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión, por razón de la instancia o vía intentada por la parte quejosa, virtud a que los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, respectivamente disponen: El artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a). Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior". Asimismo, el precepto 170, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley". Ahora, es importante establecer que en el juicio de amparo, las reglas de competencia se sitúan en tres ámbitos, a saber: La instancia o vía intentada por la parte quejosa (amparo indirecto y directo). En caso del amparo directo, conforme a lo que establece el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano competente es un tribunal colegiado. La materia (civil, penal, laboral y administrativa). En el amparo directo, la materia para conocer de un amparo está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el particular específico en el ordinal 37, fracción I, inciso b) de la citada ley. El territorio, regulado por el artículo 34 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 1a. II/92, cuyo contenido es el siguiente: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto". Lo hasta aquí expuesto, permite dilucidar que cuando se promueve el juicio de amparo contra una determinación que ponga fin al procedimiento en definitiva, debe intentarse en la vía directa de conformidad con la fracción I, del artículo 170 de la Ley de Amparo, lo que en la especia acontece. Lo anterior, en razón de que la parte quejosa reclama un acto en el que la autoridad responsable determinó desechar la demanda mercantil que dio origen al expediente 71/2018, la cual constituye una resolución que, por su naturaleza, trajo como consecuencia poner fin al juicio oral mercantil de origen, al desechar el escrito de demanda. En ese contexto, se considera que el acto reclamado, encuadra en la hipótesis contemplada por el artículo 170, fracción I, en relación con el 34, ambos de la Ley de Amparo, es decir, la vía correcta para combatirlo sería la del juicio de amparo directo por tratarse de una determinación que pone fin al juicio. Máxime que, en el caso, el auto de desechamiento dictado en el sumario de origen, no admite recurso, en términos de los artículos 1390 Bis y del Código de Comercio que dispone: "Artículo 1390 Bis.- Se tramitarán en este juicio todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía. Contra las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procederá recurso ordinario alguno. No obstante, las partes podrán solicitar al juez, de manera verbal en las audiencias, que subsane las omisiones o irregularidades que se llegasen a presentar en la substanciación del juicio oral, para el sólo efecto de regularizar el procedimiento. Asimismo, el juez podrá ordenar que se subsane toda omisión que notare en la substanciación, para el solo efecto de regularizar el procedimiento. Si las partes estimaren que la sentencia definitiva contiene omisiones, cláusulas o palabras contradictorias, ambiguas u oscuras, las partes podrán solicitar de manera verbal dentro de la audiencia en que se dicte, la aclaración o adición a la resolución, sin que con ello se pueda variar la substancia de la resolución. Contra tal determinación no procederá recurso ordinario alguno". Y en el caso, como lo indicó la parte quejosa, el juicio de origen se trata de un juicio oral mercantil en el que se reclamó la nulidad de diversas operaciones bancarias las cuales en suma no superan la cantidad establecida en dicho numeral. Asimismo, se considera que tampoco procedería el diverso medio de impugnación consistente en el recurso de revocación, toda vez que el auto que constituye el acto reclamado no se trata de una determinación de mero trámite, toda vez que con el mismo se da por concluido el juicio oral mercantil subyacente. Por lo que al no admitir medio de impugnación, es inconcuso que la sentencia impugnada debe ser analizado por el tribunal colegiado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IX.2o.C.A.3 C (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, visible en la página 2215, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, de la Décima época del Semanario Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: "DEMANDA PRESENTADA EN LA VÍA ORAL MERCANTIL. CONTRA EL ACUERDO QUE LA DESECHA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO. El segundo párrafo del artículo 1390 Bis del Código de Comercio establece que contra las determinaciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procederá recurso ordinario alguno (encuadrándose dentro de éstas los decretos, autos y resoluciones); de ahí que por disposición expresa de la ley, el acuerdo que desecha la demanda intentada en la vía oral mercantil, no admite recurso alguno y al tratarse de una resolución que pone fin al juicio, en su contra procede el juicio de amparo directo, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo". De ahí que pueda afirmarse que el auto de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho que desechó la demanda promovida en la vía oral mercantil por la parte quejosa dentro del expediente 71/2018, del índice del juzgado responsable, se trata de una determinación que pone fin al juicio. Consideraciones por las cuales este juzgado de distrito estima respetuosamente que carece de competencia para conocer del acto reclamado consistente en el auto de veinticuatro de octubre del año en curso, dictado por el juez responsable. Por tanto, con fundamento en el numeral 47 de la Ley de Amparo, remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, para que en observancia a las disposiciones contenidas en dicho precepto, tenga a bien determinar si el asunto en comento es de su competencia y, en su caso, se sirva acusar el recibo correspondiente. Con copia de las constancias que integran el expediente en que se actúa, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y autorizando únicamente para esos efectos a los profesionistas que indica, toda vez que su cédula profesional no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De ser necesario, se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Se autoriza a la secretaria firmar los oficios emanados de este asunto. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: DANIEL MURILLO CERDA. Visto el oficio que remite la Secretaria del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, al que adjunta los autos originales del amparo indirecto 2/2019 del índice de dicho tribunal, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Daniel Murillo Cerda, por conducto de su apoderado jurídico Ramón Filiberto Ortiz García; oficio en el que comunica que ese órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por el citado quejoso; acúsese recibo. Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento, fórmese expediente y regístrese con el número IV-28/2019, en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora, vista la demanda de amparo promovida por Daniel Murillo Cerda, por conducto de Ramón Filiberto Ortiz García, contra el acto del Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Ahora, el artículo 112 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito o tribunal unitario de circuito dentro del término de veinticuatro horas deberá resolver si la admite o desecha. En el caso, el promovente señala como acto reclamado, el siguiente: El auto de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, dentro del juicio oral mercantil número 71/2018, mediante el cual desechó la demanda presentada por la parte quejosa. En ese orden, este juzgador estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión, por razón de la instancia o vía intentada por la parte quejosa, virtud a que los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, respectivamente disponen: El artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a). Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior". Asimismo, el precepto 170, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley". Ahora, es importante establecer que en el juicio de amparo, las reglas de competencia se sitúan en tres ámbitos, a saber: La instancia o vía intentada por la parte quejosa (amparo indirecto y directo). En caso del amparo directo, conforme a lo que establece el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano competente es un tribunal colegiado. La materia (civil, penal, laboral y administrativa). En el amparo directo, la materia para conocer de un amparo está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el particular específico en el ordinal 37, fracción I, inciso b) de la citada ley. El territorio, regulado por el artículo 34 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 1a. II/92, cuyo contenido es el siguiente: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto". Lo hasta aquí expuesto, permite dilucidar que cuando se promueve el juicio de amparo contra una determinación que ponga fin al procedimiento en definitiva, debe intentarse en la vía directa de conformidad con la fracción I, del artículo 170 de la Ley de Amparo, lo que en la especia acontece. Lo anterior, en razón de que la parte quejosa reclama un acto en el que la autoridad responsable determinó desechar la demanda mercantil que dio origen al expediente 71/2018, la cual constituye una resolución que, por su naturaleza, trajo como consecuencia poner fin al juicio oral mercantil de origen, al desechar el escrito de demanda. En ese contexto, se considera que el acto reclamado, encuadra en la hipótesis contemplada por el artículo 170, fracción I, en relación con el 34, ambos de la Ley de Amparo, es decir, la vía correcta para combatirlo sería la del juicio de amparo directo por tratarse de una determinación que pone fin al juicio. Máxime que, en el caso, el auto de desechamiento dictado en el sumario de origen, no admite recurso, en términos de los artículos 1390 Bis y del Código de Comercio que dispone: "Artículo 1390 Bis.- Se tramitarán en este juicio todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía. Contra las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procederá recurso ordinario alguno. No obstante, las partes podrán solicitar al juez, de manera verbal en las audiencias, que subsane las omisiones o irregularidades que se llegasen a presentar en la substanciación del juicio oral, para el sólo efecto de regularizar el procedimiento. Asimismo, el juez podrá ordenar que se subsane toda omisión que notare en la substanciación, para el solo efecto de regularizar el procedimiento. Si las partes estimaren que la sentencia definitiva contiene omisiones, cláusulas o palabras contradictorias, ambiguas u oscuras, las partes podrán solicitar de manera verbal dentro de la audiencia en que se dicte, la aclaración o adición a la resolución, sin que con ello se pueda variar la substancia de la resolución. Contra tal determinación no procederá recurso ordinario alguno". Y en el caso, como lo indicó la parte quejosa, el juicio de origen se trata de un juicio oral mercantil en el que se reclamó la nulidad de diversas operaciones bancarias las cuales en suma no superan la cantidad establecida en dicho numeral. Asimismo, se considera que tampoco procedería el diverso medio de impugnación consistente en el recurso de revocación, toda vez que el auto que constituye el acto reclamado no se trata de una determinación de mero trámite, toda vez que con el mismo se da por concluido el juicio oral mercantil subyacente. Por lo que al no admitir medio de impugnación, es inconcuso que la sentencia impugnada debe ser analizado por el tribunal colegiado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IX.2o.C.A.3 C (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, visible en la página 2215, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, de la Décima época del Semanario Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: "DEMANDA PRESENTADA EN LA VÍA ORAL MERCANTIL. CONTRA EL ACUERDO QUE LA DESECHA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO. El segundo párrafo del artículo 1390 Bis del Código de Comercio establece que contra las determinaciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procederá recurso ordinario alguno (encuadrándose dentro de éstas los decretos, autos y resoluciones); de ahí que por disposición expresa de la ley, el acuerdo que desecha la demanda intentada en la vía oral mercantil, no admite recurso alguno y al tratarse de una resolución que pone fin al juicio, en su contra procede el juicio de amparo directo, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo". De ahí que pueda afirmarse que el auto de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho que desechó la demanda promovida en la vía oral mercantil por la parte quejosa dentro del expediente 71/2018, del índice del juzgado responsable, se trata de una determinación que pone fin al juicio. Consideraciones por las cuales este juzgado de distrito estima respetuosamente que carece de competencia para conocer del acto reclamado consistente en el auto de veinticuatro de octubre del año en curso, dictado por el juez responsable. Por tanto, con fundamento en el numeral 47 de la Ley de Amparo, remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, para que en observancia a las disposiciones contenidas en dicho precepto, tenga a bien determinar si el asunto en comento es de su competencia y, en su caso, se sirva acusar el recibo correspondiente. Con copia de las constancias que integran el expediente en que se actúa, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y autorizando únicamente para esos efectos a los profesionistas que indica, toda vez que su cédula profesional no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De ser necesario, se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Se autoriza a la secretaria firmar los oficios emanados de este asunto. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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