Daniel Marcos Solorio
Expediente 364/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 364/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 29/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juez del Juzgado de Primera Instancia Auxiliar en Materia Oral Familiar Especializado en Atención a Violencia Contra la Mujer por Razón de Género, Morelia, Michoacán
- Daniel Marcos Solorio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Visto el estado que guarda el expediente electrónico, del que se aprecia que no se encuentra vinculada electrónicamente la sentencia; atento a ello, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y II, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la autorización de dicha sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que queden debidamente integradas las constancias electrónicas de este trámite. Por otro lado, se advierte que a la fecha, no han sido notificadas las partes de la citada sentencia; en esa virtud, se ordena notificarles dicha determinación. Asimismo, gírese atento oficio vía electrónica, a las autoridades responsables, adjuntándoles copia simple de la mencionada sentencia.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Visto el estado que guarda el expediente electrónico, del que se aprecia que no se encuentra vinculada electrónicamente la sentencia; atento a ello, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y II, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la autorización de dicha sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que queden debidamente integradas las constancias electrónicas de este trámite. Por otro lado, se advierte que a la fecha, no han sido notificadas las partes de la citada sentencia; en esa virtud, se ordena notificarles dicha determinación. Asimismo, gírese atento oficio vía electrónica, a las autoridades responsables, adjuntándoles copia simple de la mencionada sentencia.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA BRENDA BARRIENTOS PANIAGUA, LA SIGUENTE SENTENCIA Y PROVEÍDO: contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Visto el estado que guarda el expediente electrónico, del que se aprecia que no se encuentra vinculada electrónicamente la sentencia; atento a ello, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y II, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la autorización de dicha sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que queden debidamente integradas las constancias electrónicas de este trámite. Por otro lado, se advierte que a la fecha, no han sido notificadas las partes de la citada sentencia; en esa virtud, se ordena notificarles dicha determinación. Asimismo, gírese atento oficio vía electrónica, a las autoridades responsables, adjuntándoles copia simple de la mencionada sentencia. SENTENCIA. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo I- 364/2021, promovido por Daniel Marcos Solorio1, por alegada violación de los artículos 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juzgado Auxiliar en Materia Oral Familiar Especializado en Atención de Violencia Familiar y Violencia Contra la Mujer por razón de género del distrito judicial de Morelia, Michoacán, este órgano jurisdiccional ha decidido: Sobreseer en el juicio. Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: Primero. Consideración previa. El dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, el suscrito juez fue adscrito a este órgano jurisdiccional en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de siete de julio del año en curso, sin que, previo a la emisión de esta sentencia, tal incorporación se haya informado a las partes. Sin embargo, se considera que esa falta de notificación no causa agravio alguno a los interesados, tanto porque este nuevo titular estima no encontrarse en alguna causa de impedimento para resolver el asunto, cuanto porque el trámite de la vista mencionada únicamente dilataría la impartición de justicia, tomando en cuenta que se actúa en un expediente en el que, a pesar de que la audiencia constitucional fue celebrada hace meses, no se ha dictado sentencia, sino hasta ahora; cuestión que, cabe precisar, no es responsabilidad del juzgador de reciente adscripción, como sí lo es, en cambio, remediar tal omisión con el pronto dictado del fallo. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes pudiesen alegar lo que a su interés convenga en un eventual recurso de revisión, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, de rubro "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO", si acaso estimaren que existe una causa que impida a este juzgador resolver, aunque para ello también deberán considerar que para evitar la interposición de recusaciones sin fundamento el legislador ha dispuesto que en el escrito relativo no sólo han de manifestarse, bajo protesta de decir verdad, los hechos que la fundamentan, sino también que se exhiba en billete de depósito la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada, según se desprende del artículo 59 de la Ley de Amparo. Segundo. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. La parte quejosa reclama lo siguiente:2 La diligencia de ejecución de las medidas cautelares decretadas en la resolución de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, dentro del expediente relativo a "Medida cautelar, separación personas 281/21". Tercero. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es competente para conocer de este juicio, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo; 48, 54 fracción III, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal3, ya que el acto reclamado se trata de una resolución emitida por juez del fuero común en materia civil y sus efectos se materializan dentro de la jurisdicción territorial de esta potestad federal. Cuarto. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó demostrada. Es cierto el acto reclamado, pues así se desprende del contenido del informe justificado rendido y se corrobora con la copia digitalizada del expediente "Medida cautelar, separación personas 281/21", las que tienen valor probatorio pleno con base en lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo. Quinto. Análisis de causas de improcedencia. La procedencia del juicio es un presupuesto procesal que debe ser analizado por el juzgado aún de oficio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo; y este juzgador advierte, de oficio, que se actualiza la prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la ley citada, porque el acto reclamado ya fue ejecutado, surtió plenamente sus efectos, e incluso el procedimiento en que se emitió ya se decretó la conclusión; y por tanto, las posibles violaciones que se hubieran cometido se consumaron de manera irreparable. En efecto, el apartado normativo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]". Ahora, conforme a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado de esta causa de improcedencia, el cambio de situación jurídica como causal de improcedencia se produce cuando: a. El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o administrativo seguido en forma de juicio. b. Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones en el juicio de amparo. d. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no constitucional. Ahora, el primer requisito se encuentra cumplido, ya que el acto reclamado emana de un procedimiento judicial. En efecto, las medidas cautelares constituyen una institución dentro de los procesos judiciales, que tienen por objeto (i) proteger la integridad de las partes y demás intervinientes en el proceso, (ii) garantizar que los objetos y las pruebas no se destruyan, oculten o desaparezcan, (iii) impedir que un mandato de autoridad se ejecute cuando ello pueda dejar irreparablemente consumada una situación jurídica; o, (iv) el restablecimiento provisional de un derecho, cuando ello sea física y jurídicamente posible. Tales medidas -a diferencias de otras medidas de protección- sólo pueden ser impuestas por un juez o tribunal formal y materialmente constituido, dado que su efecto inmediato es restringir los derechos o imponer obligaciones especiales, vinculadas al proceso judicial, y sólo pueden ser impuestas cuando existe, razonablemente hablando, necesidad de guardar la seguridad de las personas que son parte o intervienen de alguna forma en el proceso judicial, o garantizar cualquiera de los objetos enunciados en el párrafo que precede. La necesidad de la cautela por su parte, es el juicio de valoración que el juez realiza aún de manera provisional, respecto de los derechos debatidos en el juicio, los efectos que los actos a juzgar podrán producir sobre ellos, y la ponderación entre tales derechos, las disposiciones de orden público y la afectación al interés social. Análisis provisional -teoría de la apariencia del buen derecho-, que surge a partir de la vista provisional que el juez debe realizar para deducir aunque sea de manera indiciaria la existencia "aparente" del derecho deducido en el juicio y la posibilidad de los supuestos fácticos que lo violan, desconocen o restrinjan son reales. En el caso particular, del estudio integral de las constancias que la autoridad responsable remitió como complemento al informe justificado se advierte que el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, la Jueza de Primera Instancia Auxiliar en Materia Oral Familiar especializada en atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer por razón de género, emitió una medida cautelar, con el objeto de proteger a la tercera interesada, por un período de ochos días a efecto de que tuviera las condiciones necesarias para que, en ese plazo, promoviera una demanda, denuncia o querella ante autoridad competente en contra de su cónyuge. La medida cautelar consistió en: i. La reincorporación de Brenda Barrientos Solorio, al domicilio conyugal. ii. La salida del quejoso, en cuanto esposo de la solicitante, del mismo domicilio. iii. La prohibición para el quejoso de acudir al domicilio en donde habita la peticionaria de la medida y sus hijos, los lugares en donde se encuentre. iv. La prohibición de acercarse a las personas descritas a una distancia menor a cien metros. v. Se abstenga de realizar actos de violencia, por cualquier medio, en contra de la peticionaria de la medida y sus hijos. Asimismo, la medida cautelar quedó sujeta a un plazo de ocho días lapso en el cual, la peticionaria debía acreditar ante el órgano que la decretó haber presentado la demanda, denuncia o querella y se apercibió que en caso de no hacerlo quedaría sin efecto y se volverían las cosas al estado que guardaban. De ahí entonces, que el acto reclamado emana de un procedimiento judicial, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veintisiete de abril de dos mil veintiuno) se pronunció una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo, ya que en data diecinueve de mayo de dos mil veintiuno se emitió un acuerdo en que se declaró sin efectos las medidas cautelares, dejando a salvo los derechos de las partes para que las hicieran valer en la vía y términos de la ley correspondiente, y se ordenó la remisión del expediente al archivo En virtud de lo anterior, no podría decidirse sobre la constitucional del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica, así como las determinaciones que posteriormente se emitieron, las guardan autonomía con la determinación de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, dado que el fundamento y los supuestos fácticos de las resoluciones posteriores son diferentes, esto es, la medida cautelar se emitió con base en la necesidad de proteger los derechos de la peticionaria y de sus menores hijas, mientras ejercía alguna acción legal en contra del quejoso; mientras que los acuerdos posteriores tiene fundamento en el incumplimiento de la obligación de ejercer una acción en contra de su cónyuge. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia invocada. Al respecto cobra aplicación la tesis CXI/964 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio Por lo anteriormente expuesto se. RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Daniel Marcos Solorio contra los actos que reclamó a la Jueza de Primera Instancia Auxiliar en Materia Oral Familiar especializada en atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer por razón de género, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo.
- Principal
En Morelia, Michoacán, siendo las dieciséis horas del diecinueve de julio de dos mil veintiuno día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 364/2021-I-D; estando en audiencia pública Alberto Roldán Olvera, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistido del Secretario Juan Francisco Orozco Córdova, que da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaro abierta sin la asistencia de las partes ni de quien legalmente las represente. RELACIÓN DE CONSTANCIAS Enseguida, el Secretario da lectura de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario hacer mención de cada una de ellas, en atención a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL" El Juez acuerda: Téngase por ofrecidos los medios de convicción que refiere para ser tomados en consideración al momento procesal oportuno PRUEBAS A continuación, se abre el período probatorio y el Secretario certifica: que obran las documentales que la parte quejosa y la autoridad responsable allegaron al juicio, y que no existen pruebas pendientes por admitir o desahogar. El Juez acuerda: Se tienen por ofrecidas, admitidas las documentales y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. Al no existir prueba pendiente por desahogar, se cierra este periodo. ALEGATOS Se abre el período de alegatos: Se hace constar que las partes se abstuvieron de formularlos. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 144, última parte, de la nueva ley de la materia, téngase por omisas a las partes en formular alegato alguno, con lo cual se cierra dicha etapa. No habiendo prueba por desahogar ni promoción por acordar, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede a dictar la sentencia que en derecho proceda, una vez que las labores del juzgado lo permitan. Doy fe.
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