Daniel Manzano Jaimes
Expediente 1673/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1673/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Daniel Manzano Jaimes
Actuaciones
- Incidental
El veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, Pamela Elizabeth Hernández López, Secretaria de este Juzgado da cuenta al Juez, con el oficio registrado en el libro de correspondencia con el folio 16964. Conste. Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Acusa recibo Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio referido en la cuenta secretarial, mediante el cual, la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, informa el contenido del acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés dictado en la causa penal 43/2023 de las de su índice, y acusa recibo de la copia de la causa penal 43/2023 de su índice, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Pamela Elizabeth Hernández López, Secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
En Apizaco, Estado de Tlaxcala, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Se ordena apertura de incidente Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con copia simple de la demanda de amparo, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1673/2023-II, promovido por Daniel Manzano Jaimes por propio derecho, contra actos del Ayuntamiento Municipal de Zacatelco, Tlaxcala y otras autoridades. Se requiere informe previo Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, en el entendido que se concretará a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyan, podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permita establecer el monto de las garantías correspondientes. Lo anterior, en la inteligencia que deberán rendir su informe previo, haciendo referencia al número de oficio que contesta, así como el nombre correcto de la parte quejosa y número del juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión, precisando sobre la certeza o no del acto reclamado Consecuencias de no rendir informe previo En términos del artículo 142 de la Ley de Amparo, se previene a las autoridades responsables que la falta de informe previo hará presumir cierto el acto reclamado para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva; asimismo, se les apercibe que en caso de no hacerlo, se les impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés. Requerimiento a las autoridades responsables Desde este momento, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 143 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término señalado con antelación (cuarenta y ocho horas), remitan a este órgano jurisdiccional copia certificada de los documentos necesarios para resolver sobre la suspensión definitiva, es decir, aquéllos que justifiquen lo expresado en el informe previo que rindan. De las notificaciones a las autoridades responsables Se hace saber a las autoridades responsables y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s) que, en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se les ordene realizar en este expediente, será por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Compulsa. Como se proveyó en el cuaderno principal, se ordena realizar la compulsa y certificación, de los documentos que adjuntó la parte quejosa a su demanda de amparo, para que consten en el cuaderno incidental. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7, tomo XXXII, septiembre de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97)". Así como la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 402, libro VI, marzo de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE ORDENARLA SI EL JUEZ FEDERAL OMITIÓ DISPONER, DE OFICIO, LA CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN A LA DEMANDA DE AMPARO". Por tanto, con apoyo en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que adjuntó la parte quejosa a su demanda de amparo, cuyo cotejo se ordenó en el expediente principal. Audiencia incidental Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Actos reclamados Ahora bien, la parte quejosa hace consistir los actos reclamados fundamentalmente en: Efectos para los cuales solicita la suspensión La parte quejosa solicita la suspensión conforme a lo siguiente: Atento a lo anterior, en la presente determinación se resolverá la procedencia de la suspensión únicamente en los términos en que fue solicitada; por similitud se cita la jurisprudencia del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA." Consideración previa Así, con el propósito de determinar la procedencia o improcedencia de la medida cautelar solicitada, es menester tener en cuenta el artículo 128 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para la concesión de dicha medida, cuyo contenido, dice: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." Del citado precepto legal se advierte que para conceder la suspensión provisional se requiere: a) que la solicite el quejoso; y b) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Al respecto, debe decirse que el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por la parte quejosa, supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, que el acreditamiento implica que corresponde al peticionario de amparo la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer al menos indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución de los actos reclamados, dado que la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. En el caso, para acreditar su interés suspensional, la parte quejosa exhibió como documental, el original de la factura número 117534, de veintiocho de octubre de dos mil cinco, respecto de un automóvil marca Atos by Dodge básico serie 2U276216, con lo cual se tiene por acreditado dicho interés para obtener la suspensión de los actos que reclama. Asimismo, se toma en cuenta que la parte quejosa solicitó expresamente la suspensión provisional, que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen las disposiciones de orden público. Se afirma lo anterior, porque como se señaló en términos de la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, uno de los requisitos para conceder la medida cautelar es que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y el artículo 129 de dicha legislación establece, entre otros casos, cuándo se siguen esos perjuicios o se contravienen disposiciones de orden público, cuyo contenido dice: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." Es de mencionar que en el caso a estudio no se está en ninguno de los supuestos que enumera el artículo 129 de la Ley de Amparo, que establece algunos de los casos en que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. Precisado lo anterior, con fundamento en los artículos 128, 130 y 131 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional a Daniel Manzano Jaimes, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, es decir, las autoridades responsables se abstengan de realizar cualquier acto de disposición del vehículo marca Atos by Dodge básico, serie 2U276216, cuya propiedad fue amparada con la factura número 117534, de veintiocho de octubre de dos mil cinco; lo anterior hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva. La concesión de la presente medida cautelar no surtirá efectos en caso de que el acto aquí reclamado provenga de autoridades diversas a las señaladas como responsables, sean violatorios de normas legales distintas a las reclamadas; así como tampoco en el supuesto de que la misma ya se haya ejecutado o se haya realizado con posterioridad a la presentación de la demanda. De igual modo el otorgamiento de la medida cautelar no tiene por efecto constituir derechos que no haya tenido la parte quejosa antes de la presentación de la demanda. Sin que haya lugar a fijar medida alguna para que surta efectos la suspensión del acto reclamado, pues hasta el momento se desconoce el procedimiento de donde deriva el acto reclamado. Consulta y notificaciones electrónicas. Ahora bien, con fundamento en los artículos 3 y 30 fracción II, de la Ley de Amparo, artículos 77 y 78, y considerando Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza la consulta y notificación del expediente electrónico a través de cualquiera de los usuarios "guesz111, KarinaLo y jazmingal", toda vez que se encuentran registrados; por tanto, el Actuario Judicial de la adscripción deberá realizar las notificaciones por la vía electrónica. Autorizados. Se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Karina López Bernardo, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito y a Guillermo Espíritu Zayas y Jazmín Hernandez Galeote, únicamente para recibir notificaciones por no contar con tal registro. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. De las notificaciones a las autoridades responsable. Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Cecilia Ángeles Serrano Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
El veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, da cuenta al Juez con el oficio registrado en el libro de correspondencia con el folio 16675. Conste. Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Autoridad informa Agréguese el oficio signado por el Director del Archivo de Notarias de la Consejería Jurídica del Estado de Puebla; mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de treinta y uno de octubre del año que transcurre, informa la imposibilidad que tiene para remitir el libro de registros, sellos y firmas de las personas titulares de las Notarías del Estado de Puebla, mismo que contiene sello, firma y escritura, procedente de Paulo Javier Rodríguez Cantellano. Se requiere información Atento a lo anterior, requiérase al Director del Archivo de Notarias de la Consejería Jurídica del Estado de Puebla, para que, en el término de tres días remita a este juzgado copia certificada de algún documento donde se desprenda la firma y sello procedente de la escritura de Paulo Javier Rodríguez Cantellano, apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el artículo 237, fracción I en relación con el diverso 259 de la ley de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
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