Daniel Issachar Pérez Pérez, Socio y Gerente General

Expediente 1181/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1181/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
02/03/2022

Partes del expediente

  • Daniel Issachar Pérez Pérez, Socio y Gerente General

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dos de marzo de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado remite ejecutoria. Agréguese el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 1181/2021-Vll, del índice de este órgano jurisdiccional, así como copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 9/2022, de su índice, misma que en su único punto resolutivo establece lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja." En tal virtud, acúsese el recibo correspondiente; asimismo, se ordena destruir las copias con las que se integró el cuaderno de antecedentes con motivo del recurso interpuesto, a excepción de las constancias originales las cuales deberán glosarse al presente asunto. Además, comuníquese a la parte quejosa Daniel Issachar Pérez Pérez, en su carácter de Socio y Gerente General de la persona moral Comercializadora Fet, Sociedad Anónima de Capital Variable, que la Superioridad declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra el auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno. Se ordena archivo. Ahora bien, háganse las anotaciones en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental. Atento a lo anterior, se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Devolución de documentos originales. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos o billetes de depósito al no constar en autos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno.****************************************Quejoso interpone recurso de queja.****************************************Agréguese a los autos el escrito signado por ********************, en su carácter de Socio y Gerente General de la persona moral ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable, en atención a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de seis de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo.****************************************En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito y, por ende, remítase al Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en Turno, el presente expediente, para la substanciación del recurso de queja, sin que haya lugar a distribuir copias entre las partes, ya que no han sido emplazadas dado el desechamiento de la demanda; manifestando en vía de informe que es cierto el acto impugnado.****************************************Por tanto, con diversa copia del escrito de recurso de queja, fórmese el cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto; una vez notificado el presente proveído a la parte promovente, remítanse las constancias precisadas dentro del plazo que prevé el artículo 101 de la Ley de Amparo, al citado tribunal colegiado.****************************************Notifíquese personalmente a la parte promovente ****************************************Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, seis de diciembre de dos mil veintiuno. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Daniel Issachar Pérez Pérez, en su carácter de Socio y Gerente General de la persona moral Comercializadora Fet, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra actos de la Magistrada Unitaria de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1181/2021-VI. Desechamiento. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la lectura del numeral referido, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En el caso, se estima que actualiza la causal de improcedencia prevista en el primer párrafo del artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;" El segmento normativo transcrito, previene dos hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, a saber: El amparo es improcedente contra resoluciones emanadas de un juicio de amparo; y, El juicio de amparo no procede en tratándose de los actos de ejecución de una resolución derivada de un juicio de amparo. En el primer caso de improcedencia, esto es, cuando se pretende impugnar una resolución judicial emanada de otro juicio de amparo, independientemente de que sean actos o resoluciones emanados de Juzgados de Distrito, de Tribunales Unitarios o de Tribunales Colegiados de Circuito. Así, en contra de los autos, decretos y sentencias dictadas en un procedimiento de amparo por un Juez o Magistrado federal, no procederá un nuevo amparo, porque la teleología de la norma es evitar una cadena interminable de juicios de garantías, dotando de definitividad a los asuntos ventilados ante los tribunales de la federación como instancia extraordinaria. La segunda hipótesis contenida en la fracción de improcedencia materia de análisis, se refiere a los actos encaminados a dar cumplimiento a cualquier resolución que derive del proceso constitucional, inclusive tratándose del acatamiento a una ejecutoria de amparo, supuesto en el cual el juicio de amparo es improcedente, no obstante que se vaya a afectar a personas extrañas al juicio de garantías del que deriva la resolución por cumplimentar. Sin que la anterior disposición implique la indefensión de las partes que intervienen dentro de un juicio de amparo, ya que la propia legislación reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Carta Magna, estipula un sistema de recursos susceptibles de hacerse valer, para el caso de que alguna de las partes se inconformara con los autos, decretos o sentencias derivadas del cauce de amparo -juez constitucional-, o bien, en cumplimiento de los mismos -autoridad responsable-. Ilustra respecto al motivo de improcedencia materia de análisis, la tesis II.2o.C.48 K, perteneciente a la novena época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo X, Octubre de 1999, página 1235; con rubro y texto: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS JUICIOS DE GARANTÍAS, Y TAMBIÉN CONTRA LO RESUELTO EN LOS RECURSOS SURGIDOS EN ELLOS. Del artículo 73 fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de garantías, pues tanto las resoluciones principales o sentencias, como las de trámite, autos, decretos o proveídos dictados en un juicio constitucional, no pueden ser reclamados mediante otro juicio de esta naturaleza, porque ello implicaría juicios de amparo contra actos de otros juicios de amparo, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables. Consecuentemente, debe decirse que esta causal de improcedencia abarca también las resoluciones que se dicten en los recursos que en el juicio de amparo surjan como son el de revisión, queja o reclamación, puesto que estos medios de impugnación, igualmente forman parte del amparo mismo, y de esta manera se comprenden en la causal de mérito." También, la tesis XII.1o.4 K, perteneciente a la novena época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo III, Enero de 1996, página 305, con rubro y texto siguiente: "JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS EMITIDOS EN OTRO JUICIO DE GARANTIAS, AUNQUE SEA INTERPUESTO POR UNA PERSONA QUE NO ES PARTE EN ESTE ÚLTIMO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. De la lectura del precepto legal citado se advierte que establece la improcedencia del juicio de amparo en contra de actos emitidos en otro de la misma naturaleza, independientemente de que quien lo promueva sea o no parte en el juicio de donde provenga el acto o resolución reclamada, lo cual resulta explicable tomando en cuenta que a los jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de garantías; y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictadas en otro juicio de amparo, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional; pues en todo caso, si los jueces federales al tramitar o resolver un juicio de garantías incurren en irregularidades, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que la Ley de Amparo establece, los que pueden ser interpuestos por el afectado aunque no sea parte en el juicio respectivo." Sentado lo anterior, a fin de evidenciar la actualización de la causal de improcedencia perfilada con antelación, conviene tener en cuenta que la parte quejosa relató bajo protesta de decir verdad los siguientes antecedentes del acto reclamado: "ANTECEDENTES: (.). 6. En la misma fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve se resolvió la vinculación a proceso de los imputados D. César Olivares Zarate y María Antonieta Cuecuecha Sánchez. 7. Mediante escrito de fecha veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, el abogado defensor particular de D. César Olivares Zarate y María Antonieta Cuecuecha Sánchez, interpuso recurso de apelación en contra del auto que resolvió la vinculación a proceso de los imputados, dictado con fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve por el Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. 8. Con fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, fue radicado el recurso de apelación número 27/2019-3 por el Magistrado Unitario de la Sala Penal Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 9. Mediante auto de fecha trece de mayo de dos mil diecinueve, se ordena traer los autos a la vista a fin de dictar la sentencia que en derecho corresponda. 10. Con fecha veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, se resolvió el recurso de apelación citado en el punto inmediato anterior, notificándoseme en esa misma fecha, en el que se revocó la resolución recurrida de fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, dictándose así auto de no vinculación a proceso en favor de D. César Olivares Zarate y María Antonieta Cuecuecha Sánchez. 11. Mediante escrito de fecha diecisiete de junio de dos mil diecinueve, el que suscribe presenté demanda de amparo indirecto en contra de la resolución de fecha veintinueve de mayo de dos mil diecinueve descrita con antelación. 12. Con fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve, fue radicado el amparo indirecto número 540/2019, en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 13. En fecha treinta de septiembre de dos mil diecinueve, se resolvió el amparo indirecto citado en el punto inmediato anterior, notificándoseme en fecha cuatro de octubre de dos mil diecinueve, en el que se resolvió que se sobreseyó debido a la certeza del acto reclamado y a que existía una causa de improcedencia, por otro lado, se le concedió el amparo y protección de la justicia federal en consideración al estudio de los conceptos de violación y en los efectos del mismo (.). 14. Con fecha trece de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió el recurso de revisión, promovido por D. César Olivares Zárate y María Antonieta Cuecuecha Sánchez. 15. Con fecha once de febrero de dos mil veinte, el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, resolvió los autos del expediente auxiliar 27/2020, formado con motivo de la remisión del amparo en revisión 347/2019, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en el Estado de Tlaxcala, interpuesto por D. César Olivares Zárate y María Antonieta Cuecuecha Sánchez, en contra de la sentencia dictada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, Tlaxcala, correspondiente al juicio de amparo indirecto tramitado bajo el número 540/2019. 16. En fecha diez de marzo de dos mil veinte, el señor D. César Olivares Zárate, presentó amparo indirecto en contra de la resolución de fecha veintiséis de febrero del año dos mil veinte dictada dentro del toca penal 27/2019-3, del Sistema Penal Acusatorio, dictada por el Magistrado Unitario (.) de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. 17. Con fecha once de marzo de dos mil veinte, fue radicada la demanda de amparo con el número 210/2020-I en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 18. Con fecha treinta de marzo de dos mil veintiuno, se resolvió el amparo indirecto en el párrafo inmediato anterior, mismo que se me notificó en fecha seis de abril de dos mil veintiuno, en donde se determinó que la Justicia de la Unión no amparó ni protegió al D. César Olivares Zarate. 19. En fecha veintiocho de abril de dos mil veintiuno, el señor D. César Olivares Zárate, interpuso recurso de revisión en contra de la resolución de fecha treinta de marzo de dos mil veintiuno que emitió el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 20. En fecha uno de junio de dos mil veintiuno, se radicó el recurso de revisión en Primero Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con el número 97/2021. 21. En fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se resolvió el recurso de revisión, en la que se revocó la sentencia recurrida, amparando y protegiendo al señor D. César Olivares Zárate contra el acto reclamado del Magistrado Unitario de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, consistente en la resolución de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte dictado dentro el toca de apelación 27/2019 y por lo que toca al recurso de revisión adhesivo promovido por el que suscribe, se declaró infundado. 22. Con fecha diez de noviembre de dos mil veintiuno, la Magistrada Unitaria de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, dictó una nueva resolución en la que absuelve a D. César Olivares Zárate, sentencia la cual hoy se recurre." De lo anterior, se aprecia que el acto reclamado deriva de una resolución dictada dentro del recurso de revisión 97/2021 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en el que dicho Colegiado determinó revocar la sentencia recurrida, concediendo al quejoso (aquí tercero interesado) el amparo solicitado y respecto al recurso de revisión adhesivo promovido por el representante legal de la parte quejosa, se declaró infundado. Es importante destacar las consideraciones que tuvo la Superioridad al resolver el recurso en comento, pues al abordar el estudio del asunto determinó conceder el amparo solicitado al advertir que en relación al quejoso D. César Olivares Zárate no se satisfizo uno de los requisitos para dictar auto de vinculación a proceso, ya que los hechos y los datos de prueba que la Ministerio Público describió al formular imputación, no permiten establecer razonablemente la existencia del delito de fraude, previsto en el artículo 338, fracción V, del Código Penal del Estado de Tlaxcala, que se le pretende atribuir; al caso señaló lo siguiente: "(.) Como se ve, las autoridades de instancia determinaron indiciariamente que el hoy recurrente, mediante engaño, se hizo de un lucro indebido, pues sostuvieron que la forma en que realizó la compra de los equipos de cómputo hace patente que no tenía la intención de cumplir con ese contrato desde el momento en que se celebró, toda vez que el indiciado pidió un crédito, y manifestó a la víctima que tenía problemas económicos, que iba a participar en una licitación lanzada por el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, y que en caso de ganar esa licitación, de inmediato le pagaría el crédito; siendo que no cumplió con el pago respectivo. Sobre el particular, la apreciación de los hechos controvertidos que acogieron tanto el Juez de Control como el Tribunal de Alzada no justifican razonablemente la existencia del delito que le pretenden poner a cuenta al ahora recurrente, pues los sucesos que describen hacen referencia a una policitación, esto es, la propuesta realizada por el quejoso de celebrar un contrato de compraventa sobre bienes muebles, así como las condiciones a que estaría sujeto ese convenio; y también informan la presencia de un adeudo a cargo del indiciado, al no haber cubierto el crédito que le otorgó la empresa víctima, para poder pagar los equipos de cómputo que le fueron vendidos. Así, las circunstancias de hecho relativas a la manera en cómo se desarrolló el citado negocio jurídico entre el impetrante con la querellante y el mero incumplimiento de dicho contrato por parte del primero de los mencionados, no permiten sostener indiciariamente que desde la celebración de ese contrato el inculpado no tenía la intención de pagar el precio de los bienes que adquirió con motivo de aquél y que, por ende, a través del engaño se hizo de un lucro indebido. Por otro lado, la narración de los hechos en que la representación social sustentó la formulación de imputación, hacen alusión a que el quejoso, como representante de Comac Computadoras, Sociedad Anónima de Capital Variable, informó a la empresa víctima que tenía problemas económicos, esto es, que se encontraba en bancarrota; de modo que debe considerarse que la querellante tuvo conocimiento de la situación financiera de aquélla previamente a que entregara a crédito los equipos de cómputo aludidos, lo cual permite sostener que ésta aceptó el riesgo de impago. Siendo así, no puede tenerse por actualizado el engaño cuando la presunta víctima, desde antes de realizar el acto de disposición patrimonial, fue informada de la situación económica en que se encontraba la persona moral que representa el imputado pues ello hacía probable que incumpliera el pago de las mercancías y, a pesar de ello, aceptó realizar el negocio que se le propuso, es decir, llevó a cabo el contrato bajo su propio riesgo. En esa virtud, si bien es cierto que en el sistema acusatorio penal para el dictado de un auto de vinculación no es necesario acreditar los elementos del cuerpo del delito de que se trate; pues conforme a la tesis jurisprudencial 35/2017 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable. También lo es, que la emisión de tal determinación no debe llegar al extremo de vincular a proceso a una persona únicamente con la intención de la persona que denuncia, pues de lo contrario cualquier señalamiento sobre la comisión de un delito respecto de cierta persona, sería suficiente para vincularla a proceso, dejando de lado el estándar probatorio mínimo con que deben apreciarse los datos de prueba referidos por el ministerio público al formular imputación, a fin de decidir si tales datos permiten establecer indiciariamente la existencia de un hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que los indiciados lo cometieron o participaron en su comisión. Por tanto, es esencial también que al analizar la imputación, el juzgador haga un ensayo argumentativo simple, en el que ponga de manifiesto que en el mundo fáctico, con razonable grado de aproximación, posiblemente se perpetró un hecho que la ley señala como delictivo, pues de ser lícito, sólo se estaría ante una mera conducta humana socialmente cotidiana. Dicho de otro modo, aun cuando conforme al actual estándar probatorio, para la emisión de un auto de vinculación a proceso es innecesaria la acreditación de la totalidad de los elementos del delito, ese estándar no debe conducir al extremo de que baste la denuncia o querella para que se considere que existió el hecho delictuoso, pues una cosa es la pertinencia de la prueba, y otra, su contundencia; por lo cual, es indispensable que los datos de prueba permitan concluir que el hecho imputado encuadra en alguna descripción típica. Así, como el hecho que se imputa al quejoso no irrumpe en el campo de lo ilícito resulta innecesario sujetarlo a una investigación formalizada con todas las consecuencias que puede acarrear la misma, incluso desde el punto de vista social. Ello, pues tal investigación sería infructuosa, porque como ya se expuso con antelación, los datos de prueba expuestos por la Ministerio Público durante el desahogo de la audiencia inicial, generan la certidumbre que la compraventa de los equipos de cómputo se dio a través de la figura del crédito que Comercializadora Fet, Sociedad Anónima de Capital Variable, le concedió al peticionario de amparo, como representante de Comac Computadoras, Sociedad Anónima de Capital Variable. De modo que, el adeudo que exista en favor de la empresa mencionada en primer orden, sólo puede dar lugar al ejercicio por parte de la tercera interesada de las acciones civiles o mercantiles que a fin de proteger sus derechos considere oportunas ejercer ante los tribunales competentes. Conforme a lo antes expuesto, resulta innecesario entrar al estudio de la probable intervención del imputado D. César Olivares Zárate, en la comisión del hecho delictuoso que se les imputa. En conclusión, el auto de vinculación a proceso reclamado resulta violatorio de los derechos fundamentales de exacta aplicación de la ley penal, seguridad jurídica, fundamentación y motivación protegidos por los artículos 14, 16 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (.) Ante la conclusión alcanzada, resulta procedente revocar la sentencia sujeta a revisión a fin de conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso D. César Olivares Zárate, para el efecto de que la autoridad responsable: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada. 2. Emita una nueva en la que: a) Determine que en relación al quejoso D. César Olivares Zárate no se satisfizo uno de los requisitos para dictar auto de vinculación a proceso, ya que los hechos y los datos de prueba que la Ministerio Público describió al formular imputación, no permiten establecer razonablemente la existencia del delito de fraude, previsto en el artículo 338, fracción V, del Código Penal del Estado de Tlaxcala, que se le pretende atribuir. b) Hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho corresponda. De lo anterior, se concluye que la Superioridad consideró que el hecho que se imputa al tercero interesado no irrumpe en el campo de lo ilícito, por lo que resulta innecesario sujetarlo a una investigación formalizada con todas las consecuencias que puede acarrear la misma. Ello en atención a los datos de prueba expuestos por la Ministerio Público durante el desahogo de la audiencia inicial, los cuales generaron la certidumbre que la compraventa de los equipos de cómputo materia de los hechos se dio a través de la figura del crédito que Comercializadora Fet, Sociedad Anónima de Capital Variable, le concedió a D. César Olivares Zárate, como representante de Comac Computadoras, Sociedad Anónima de Capital Variable. De ese modo, señaló que el adeudo que exista en favor de la empresa quejosa, sólo puede dar lugar al ejercicio de acciones civiles o mercantiles. De ahí que haya considerado innecesario entrar al estudio de la probable intervención del imputado D. César Olivares Zárate, en la comisión del hecho delictuoso que se le imputa. Así, la determinación que pretende combatir la parte quejosa en esta instancia constitucional, está ceñido enteramente al cumplimiento de la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en el recurso de revisión 97/2021, es decir, no hay posibilidad de combatirlo desde ningún punto de vista. Entonces, como se explicó con antelación, no es factible someter a un nuevo análisis constitucional las decisiones de una autoridad jurisdiccional federal en funciones de tribunal constitucional, ello en aras de la seguridad jurídica que debe prevalecer y de no propiciar una cadena interminable de procedimientos de amparo. Como ya se dijo, opera la improcedencia del presente juicio de amparo indirecto, ya que se promueve en contra de actos emitidos en otro de la misma naturaleza, independientemente de que quien lo promueva sea o no parte en el juicio de donde provenga el acto o resolución reclamada, ya que la ley no distingue, lo cual resulta explicable tomando en cuenta que a los juzgadores federales, compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de garantías; y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictadas en otro juicio de amparo, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional. De igual manera de manera analógica es aplicable la Tesis IV.1o./K sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 503, Tomo VII, Febrero de 1998,, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, SE REFIERE A QUE CUALQUIER RESOLUCIÓN DE TRÁMITE O DEFINITIVA, DICTADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS, ES INATACABLE MEDIANTE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Si en un juicio de amparo el acto reclamado lo constituye la admisión, tramitación, resolución y demás consecuencias emanadas de un juicio de garantías, la instancia resulta improcedente a la luz del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, puesto que dicha causa no sólo alude al fallo definitivo que en el juicio respectivo se pronuncie, como inatacable en la vía constitucional, sino también a toda resolución dictada en el citado juicio de garantías, inmersa en él, ya sea el auto admisorio de demanda o cualquier otro auto de tramitación, dado que no dejan de ser simples resoluciones. Es decir, la prohibición de ejercitarse o deducirse la acción de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de garantías, no se encuentra restringida o limitada a ser precisamente el fallo como resolución culminatoria del juicio respectivo, sino también significa que cualquier resolución de trámite o definitiva es inatacable mediante el juicio constitucional." Por consiguiente, si el acto reclamado lo es una resolución dictada en cumplimiento a una ejecutoria dictada dentro de un juicio de amparo indirecto en revisión, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por consecuencia, procede desechar la demanda de amparo. Se ordena resguardo de documentos. Ahora bien, respecto a las documentales remitidas por el promovente, se ordena su resguardo en la secretaría de este Juzgado Federal previa copia certificada que obre en autos, por lo tanto, manténgase por separado como anexo, y procédase a elaborar la caratula de identificación respectiva. Consulta de expediente electrónico y notificación Con fundamento en los artículos 3 y 30 fracción II, de la Ley de Amparo, artículos 77 y 78, y considerando Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario huteca toda vez que el mismo se encuentra registrado, en la inteligencia de que el Actuario de la adscripción deberá realizar las notificaciones por la vía electrónica. Autorizados. Asimismo, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Hugo Rene Temoltzin Carreto, Erica Sánchez Hernández, Herrera Leal Ana Karen y Lucero Sánchez Sarmiento, toda vez que cuentan con cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a María Guadalupe Sánchez Muñoz, Juan Carlos Muñoz Quintero y Fernando Guadalupe Jaramillo Sánchez, la primera por no contar con dicho registro y los demás por así solicitarlo expresamente. Señala correo electrónico y número telefónico. Asimismo, se tiene a la parte promovetne señalando correo electrónico y número telefónico; los cuales en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toman en cuenta únicamente para mantener comunicación no procesal dentro del presente juicio de amparo. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafo sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. De las notificaciones a las autoridades responsable. Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Jorge Arciniega Alcaraz Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

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