Daniel Josué Pérez García
Expediente 733/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 733/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Daniel Josué Pérez García
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de trece de julio de dos mil dieciocho, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído trece de julio del año que transcurre, se sobreseyó fuera de audiencia, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. De igual manera y en virtud de que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, glósese el original del cuaderno incidental a los presentes autos, en el cual se negó la medida cautelar; en consecuencia, el original del incidente de suspensión, también es susceptible de destrucción. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en el expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Juez Tercero de Distrito en el Estado, de once de julio de dos mil dieciocho, dictado en el diverso juicio de amparo 712/2018 de su índice, por el que decretó la separación de juicios en dicho controvertido, y ordenó remitir a la oficina de Correspondencia copia certificada del aludido controvertido constitucional, así como del original del incidente de suspensión derivado del mismo, a efecto de que se turne al Juzgado de Distrito que correspondía y continúe con el trámite de la demanda de amparo por lo que se refiere a la omisión reclamada de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. En consecuencia, téngase por recibida la copia certificada del citado controvertido constitucional, promovido por Daniel Josué Pérez García, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el progresivo 733/2018-V, en ese tenor continúese con el trámite de la demanda de amparo únicamente por lo que se refiere a la omisión reclamada de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes al juicio de amparo 712/2018, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, del escrito inicial de demanda que promueve Daniel Josué Pérez García, se advierte que reclama de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en la Ciudad de México, el acto que preciso de la siguiente manera: ".la omisión de dar contestación en los (sic) término de tres días que menciona el artículo 23 del Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria y en consecuencia seguir con el Procedimiento de Reconocimiento de Refugiado mismo que se encuentra establecido en el Titulo Cuarto denominado Del Procedimiento de Reconocimiento, del Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria." Como antecedentes de dicho acto, señala bajo protesta de decir verdad lo siguiente: a) Que el tres de mayo del año en curso, ingresó ante el Delegado del Instituto Nacional de Migración, Delegación Federal, San Luis Potosí, su solicitud de cambio de entidad federativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, "y en consecuencia se seguirán el procedimiento de reconocimiento de Condición de Refugiado, así como el traslado del trámite correspondiente al otorgamiento de mi regularización por razones humanitarias"; sin embargo, dicho Delegado es omiso en enviar la mencionada solicitud a las autoridades competentes en el Estado de Veracruz. b) Que el cuatro de junio de dos mil dieciocho, volvió a ingresar su solitud de cambio de entidad federativa ante el referido Delegado del Instituto Nacional de Migración, Delegación Federal, San Luis Potosí, siendo este omiso en enviar la mencionada solicitud a las autoridades competentes en el Estado de Veracruz. c) Informa que el día doce siguiente se comunicó vía telefónica a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), solicitando información referente al trámite de cambio y autorización de entidad federativa para seguir con el procedimiento de refugiado que había ingresado desde el cuatro de abril del año en curso, habiéndosele informado que "el Instituto de Migración aún no les remitía" su solicitud, motivo por el cual acude a esta instancia a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Cabe destacar además, que el inconforme en el apartado de "Procedencia del amparo" contenido en su escrito de demanda, señala que en el supuesto de que el Delegado del Instituto Nacional de Migración de la Delegación Federal en San Luis Potosí, haya enviado la solicitud de cambio de entidad federativa a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a esta última le reclama la omisión precisada con antelación, es decir, la "omisión de dar contestación en los (sic) término de tres días que menciona el artículo 23 del Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria y en consecuencia seguir con el Procedimiento de Reconocimiento de Refugiado mismo que se encuentra establecido en el Titulo Cuarto denominado Del Procedimiento de Reconocimiento, del Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria." Asimismo, en sus conceptos de violación señala que a la fecha no ha recibido contestación alguna en relación con el traslado del trámite por parte de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, máxime que, reitera, realizó una llamada a la mencionada Coordinación el quince de junio del año en curso, y dicha autoridad le mencionó que "no había recibido ninguna solicitud por parte del suscrito". Agrega que en el caso reclama a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la omisión de dar contestación "dentro de los tres días siguientes a que hubiere recibido la solicitud de cambio de entidad federativa". De lo anteriormente expuesto es dable concluir que el quejoso reclama de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados con residencia en la Ciudad de México, la omisión de dar contestación en el término previsto por el Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, a su solicitud de cambio de entidad federativa, que según refiere presentó por conducto del Delegado del Instituto Nacional de Migración de la Delegación Federal en San Luis Potosí. Solicitud de cambio de entidad federativa que incluso, de conformidad con las propias manifestaciones formuladas por el quejoso en su ocurso inicial, aun no se encuentra en poder de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados con residencia en la Ciudad de México. Sobre tal base, el suscrito advierte que respecto de la omisión reclamada se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo preceptuado en los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Es decir, el juicio de amparo es procedente contra actos u omisiones de autoridades que violen derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que significa que mediante dicho juicio sólo pueden examinarse por los tribunales federales, actos o abstenciones provenientes de una autoridad que vulneren la esfera jurídica del gobernado. Lo que en el caso no acontece, en virtud de lo siguiente: En efecto, las notas que distinguen un acto u omisión de autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales, los cuales creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular u omita tal clase de actos, de manera tal que de realizarlos crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior acorde con la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 161133, visible en la página 1089 del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". En ese tenor, puede decirse que la "omisión" atribuida a la autoridad responsable Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en la Ciudad de México (omisión de dar contestación en el término previsto por el Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, a su solicitud de cambio de entidad federativa,) no configura acto de autoridad para efectos del juicio amparo, pues como quedó destacado con antelación, el quejoso no ha formulado ante dicha autoridad -Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en la Ciudad de México- la solitud cuya omisión en proveer reclama, ni la misma le ha sido remitida por parte del Delegado del Instituto Nacional de Migración de la Delegación Federal en San Luis Potosí, ante quien originalmente formuló la solicitud de tramite respectivo. En efecto para que se configure un acto de autoridad para efectos del juicio amparo, es indispensable que la relación de supra a subordinación tenga su nacimiento en la Ley y que con motivo de ella cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas u omita tales actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. Lo cual no acontece en el caso, pues ante la circunstancia de que a la autoridad señalada como responsable no se le haya formulada una solicitud por escrito, no se genera la aludida relación de supra a subordinación de la que surja una obligación (legal) por parte del ente del Estado a acceder a lo solicitado (en su caso dar una respuesta de manera fundada y motivada como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal), que de llevarla a cabo cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, pues para que esto se origine, el hoy quejoso tiene que instar a tal autoridad a través de un escrito, realizado de manera pacífica y respetuosa, como lo prevé el artículo 8 Constitucional. Al respecto, no pasa inadvertido para el suscrito la manifestación del quejoso en el sentido de que realizó la petición respectiva ante el Delegado del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad, quien debe de remitirla a la autoridad respectiva; sin embargo del contenido del anexo que acompaña a su escrito de demanda (foja 21) se advierte que en dicha solicitud manifestó lo siguiente: "Atendiendo al estado que guarda el presente trámite, y ya que ha sido autorizada mi regularización migratoria por razones humanitarias, manifiesto que dicho trámite lo inicie en la Delegación Local de este H. Instituto en Coatzacoalcos, Veracruz y mediante escrito presentado el 03 de mayo de 2018, solicite que se realizara el traslado del presente trámite migratorio a la Delegación Federal de este Instituto en la Ciudad de San Luis Potosí, manifestando BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que a la presente fecha no se ha resuelto el trámite ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, por lo que adjunto al escrito la constancia Expedida el 22 de marzo de 2018, sin que a la fecha se haya realizado el traslado de mi trámite, ya que no me han notificado el mismo, por lo anterior solicito tenga a bien, solicitar a la Delegación Federal Veracruz, el traslado del trámite a fin de que en esta Delegación de San Luis Potosí, concluya el procedimiento iniciado, pues como referí en un inicio ya fue autorizada la regularización y me están solicitando la presentación de 3 fotografías, y ya que por falta de recursos económicos por lo calidad de migrante no puedo trasladarme a la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, a concluir el trámite." Como se puede desprender de lo anterior, a través del escrito presentado ante el Delegado Federal del Instituto de Migración en San Luis Potosí, San Luis Potosí, el quejoso le peticionó tuviera a bien solicitar a la Delegación Federal Veracruz, el traslado del trámite respectivo a fin de que en dicha Delegación de San Luis Potosí, se concluyera el procedimiento iniciado. Como se advierte, a través de la petición formulada por el quejoso al Delegado Federal del Instituto de Migración en esta ciudad San Luis Potosí, en ningún momento le solicitó remitiera el trámite respectivo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en la Ciudad de México, por el contrario, su petición giró en torno a que se solicitara a la Delegación Federal Veracruz, el traslado del trámite a fin de que en la Delegación de San Luis Potosí se concluyera el mismo. Todo lo anterior, especialmente que no se está ante una omisión de autoridad para efectos del juicio de amparo, respecto a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en la Ciudad de México, se corrobora con los anexos que la Delegada Federal del Instituto Nacional de Migración acompañó al informe que rindió sobre la suspensión de plano decretada en el diverso juicio de amparo 712/2018 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, cuya copia certificada obra agreda en autos, de los cuales se desprende: Que atento a lo peticionado por el hoy quejoso, el día cuatro de junio del año en curso, remitió a la Delegada en Veracruz de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (y no a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en la Ciudad de México), vía correo electrónico, la solicitud formulada por el dicho promovente; esta última quien en la propia fecha informó mediante la misma vía a la mencionada Delegada Federal del Instituto Nacional de Migración, que "el extranjero en referencia incurrió en abandono de trámite, ya que salió de la entidad federativa de Veracruz sin autorización, en breve enviaremos el acuerdo mediante el cual se da por concluida su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado" Lo expuesto con antelación, evidencia de manera inconcusa, que la solicitud formulada por el quejoso ante la Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad de San Luis Potosí, no se remitió para su tramitación a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en la Ciudad de México, autoridad que señala como responsable, sino más bien a la Delegada de dicha Comisión en Veracruz, quien de conformidad con los correos electrónicos que se allegaron al sumario, informó lo relativo al trámite formulado por el aquí quejoso. En consecuencia, partiendo de dicha premisa (en el sentido de que la solicitud que formuló el quejoso no fue directamente de manera escrita a la autoridad señalada como responsable en este asunto ni el trámite que refiere fue remitido a dicha autoridad de la Ciudad de México) ergo, la falta de respuesta que atribuye a la responsable no puede ser considerada como omisión de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por lo que resulta notoriamente improcedente el presente juicio de amparo indirecto que se promueve respecto a la referida "omisión", por actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el proemio de la demanda; téngase como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Roberto Gómez Maravilla, Ángel de Jesús Ortega, Saúl Vázquez Tovar, Mayra Anel Rincón Arvizu, Andrea Flores Salmerón, Avelicia Bañares Rosete y María de Jesús Anguiano Esteban, con números de cédulas 5193983, 2453617, 2092117, 3745691, 6133168, 1466849 y 5319143, respectivamente, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con la copia certificada del original del incidente de suspensión relativo juicio de amparo 712/2018, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, que se acompañó al oficio de cuenta, fórmese el cuaderno respectivo y guárdese por separado. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente.
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