Daniel Ibarra Sanchez

Expediente 1147/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 23 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1147/2019
Año
2019
Actuaciones
23
Última actuación
28/10/2020

Partes del expediente

  • Daniel Ibarra Sanchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Visto el oficio de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito; en consecuencia, con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngasele informando que en cumplimiento a la vista ordenada el seis de marzo del año en curso, a través del oficio 10/2020, remitió la copia certificada del juicio de amparo en que se actúa al Supervisor de la Unidad de Atención Inmediara, Delegación San Luis Potosí, de la Fiscalía General de la República, a fin de que se dé inicio a la carpeta de investigación respectiva. Por otra parte, toda vez que no existen promociones por acordar ni diligencias por desahogar, devuélvanse los autos al archivo de este Juzgado. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa para que manifestara si ampliaba su escrito de demanda, sin que hasta la fecha realizara manifestación alguna; en tal virtud, se le hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en proveído de doce de diciembre de dos mil diecinueve, por lo que continúese con la tramitación del presente juicio de amparo en la forma en que hasta el momento está planteado. Por otra parte, del estado que guardan los autos se advierte que mediante proveído de diecinueve de diciembre de la presente anualidad, de oficio se ordenó la práctica y desahogo de la prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de que el diestro designado, determine si las firmas cuestionadas fueron plasmadas de puño y letra por el quejos Daniel Ibarra Sánchez, por lo que se mandó notificar a las partes, para que, dentro del plazo de tres días, designaran al profesional que se desempeñaría como perito en caligrafía y grafoscopía de su parte, y si lo consideran necesario ampliar el punto sobre el cual versaría la aludida prueba pericial. Asimismo, se desprende que el tercero interesado ****, fue emplazado a este asunto el veintiséis de diciembre del año en curso, sin embargo en el auto de veinticuatro de diciembre del año en curso, en el cual se ordenó su emplazamiento se omitió señalar que una vez realizado éste se debía notificar también el acuerdo de diecinueve de diciembre del año en curso. En virtud de lo anterior, a efecto de no dejar en estado de indefensión a ****, se instruye a la Actuaria Judicial de la adscripción le notifique personalmente al tercero interesado aludido el proveído de diecinueve de diciembre de la presente anualidad. Por otra parte, visto el oficio de cuenta; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase al Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, dando cumplimiento a lo solicitado por auto de diecinueve de diciembre del año en curso; con su contenido, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. En otro orden, respecto a su manifestación en el sentido de que en la carpeta penal ****, no existe constancia de recepción del auto admisorio de trece de noviembre del año en curso, dígasele que por un error se informó que el acuerdo de admisión se emitió en la data aludida, siendo lo correcto dos de diciembre de la presente anualidad, el cual se le hizo de su conocimiento a través del 21983/2019, el cual fue recibido por dicha autoridad el tres de diciembre del mismo año, tal como se advierte de la constancia de notificación que obra a foja sesenta y cinco de autos, lo que es asienta para los efectos legales que haya lugar. PROVEIDO DE DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE QUE DICE:"Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el quejoso reconoció como suyas y estampadas de su puño y letra las que obran en los escritos presentados el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve (foja 49), y nueve de diciembre de dos mil diecinueve (foja 76), y en virtud de que el suscrito observa que éstas pueden ser impresiones y no signaturas puestas de puño y letra, a fin de verificar su autenticidad y evitar la reposición del procedimiento de este asunto, de oficio se ordena la práctica y desahogo de la prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de que el diestro designado, determine si dichas firmas fueron plasmadas de puño y letra por el quejos Daniel Ibarra Sánchez. Lo anterior, dado que la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes, en tanto que dicha probanza, es el medio idóneo de prueba para comprobar la veracidad de las firmas en mención. Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1234, del Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, cuyo rubro y texto son: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada.". En las narradas condiciones, notifíquese ésta determinación a las partes, para que si así lo estiman procedente, dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, designen al profesional que se desempeñará como perito en caligrafía y grafoscopía de su parte; apercibidos que de no designar experto en la materia de su parte, se tendrán únicamente como tal al perito oficial. En consecuencia, con fundamento en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la ley de la materia, a efecto de designar al perito que fungirá con tal carácter por parte de este órgano jurisdiccional, se solicita al Delegado de la Fiscalía General de la República en esta ciudad, para que dentro del plazo precisado con antelación, proporcione el nombre de un perito en materia de caligrafía y grafoscopía, que pueda determinar sobre la firma cuestionada. Se hace del conocimiento de las partes, que pueden ampliar el punto sobre el que versara la aludida prueba pericial si así lo consideran necesario; para ello tendrán un plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se desahogará la aludida prueba únicamente sobre el punto indicado con anterioridad. Por otra parte, visto el informe justificado registrado con el folio 15809, signado por la Juez de Control adscrita al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede, San Luis Potosí, San Luis Potosí, de los que se advierte que no lo rindió respecto de todos los actos reclamados en este asunto, en consecuencia con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, contado a partir del día siguiente en que reciba el presente oficio, rinda su informe con justificación respecto de todos y cada uno de los actos reclamados precisados en el auto admisorio de trece de noviembre de dos mil diecinueve. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 260, fracción II, de la legislación en cita. En otro contexto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo agréguese a estos autos el informe justificado registrado con el folio 15991; con su contenido dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable Jueza de Control adscrita al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede, San Luis Potosí, San Luis Potosí, las documentales que anexó a su oficio de cuenta, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, guárdese por separado el disco versátil digital debidamente identificado; comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado, por lo que al no obrar en éste expediente, no será digitalizado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." En otro contexto, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso e), de la citada legislación, téngase como tercero interesado a Felipe Alfonso Magdaleno Rangel, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Homicidios y Feminicidios de la Fiscalía General del Estado, quien deberá ser emplazado por medio de oficio que al efecto se le envíe, de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso b), del ordenamiento legal en cita, remitiéndole copia de la demanda, haciéndole saber la hora y fecha que se fijaron para la celebración de la audiencia constitucional, para que si lo estima conveniente comparezca a este juicio a hacer valer lo que a su derecho convenga. Ahora, vistas las constancias remitidas por las autoridades responsables, se advierte que en términos del artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, también le resulta el carácter de tercero interesado a Luis Alberto Castañeda Torres, por ser la víctima en la causa penal RI/SLP/CP-1097/2019, de la cual deriva los actos reclamados, sin embargo de las constancias remitidas no se advierte el domicilio en el cual pueda ser emplazado al presente juicio. Consecuentemente, con fundamento en la fracción III, inciso b) del artículo 27 de la Ley de la Materia, requiérase a Felipe Alfonso Magdaleno Rangel, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Homicidios y Feminicidios de la Fiscalía General del Estado, para que en el término de tres días, que se le concede con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contado a partir del día siguiente en que se le notifique este auto, proporcione el domicilio actual y correcto del tercero interesado Luis Alberto Castañeda Torres. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo indicado, se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo. "

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa para que manifestara si ampliaba su escrito de demanda, sin que hasta la fecha realizara manifestación alguna; en tal virtud, se le hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en proveído de doce de diciembre de dos mil diecinueve, por lo que continúese con la tramitación del presente juicio de amparo en la forma en que hasta el momento está planteado. Por otra parte, del estado que guardan los autos se advierte que mediante proveído de diecinueve de diciembre de la presente anualidad, de oficio se ordenó la práctica y desahogo de la prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de que el diestro designado, determine si las firmas cuestionadas fueron plasmadas de puño y letra por el quejos Daniel Ibarra Sánchez, por lo que se mandó notificar a las partes, para que, dentro del plazo de tres días, designaran al profesional que se desempeñaría como perito en caligrafía y grafoscopía de su parte, y si lo consideran necesario ampliar el punto sobre el cual versaría la aludida prueba pericial. Asimismo, se desprende que el tercero interesado ****, fue emplazado a este asunto el veintiséis de diciembre del año en curso, sin embargo en el auto de veinticuatro de diciembre del año en curso, en el cual se ordenó su emplazamiento se omitió señalar que una vez realizado éste se debía notificar también el acuerdo de diecinueve de diciembre del año en curso. En virtud de lo anterior, a efecto de no dejar en estado de indefensión a ****, se instruye a la Actuaria Judicial de la adscripción le notifique personalmente al tercero interesado aludido el proveído de diecinueve de diciembre de la presente anualidad. Por otra parte, visto el oficio de cuenta; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase al Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, dando cumplimiento a lo solicitado por auto de diecinueve de diciembre del año en curso; con su contenido, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. En otro orden, respecto a su manifestación en el sentido de que en la carpeta penal ****, no existe constancia de recepción del auto admisorio de trece de noviembre del año en curso, dígasele que por un error se informó que el acuerdo de admisión se emitió en la data aludida, siendo lo correcto dos de diciembre de la presente anualidad, el cual se le hizo de su conocimiento a través del 21983/2019, el cual fue recibido por dicha autoridad el tres de diciembre del mismo año, tal como se advierte de la constancia de notificación que obra a foja sesenta y cinco de autos, lo que es asienta para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el escrito de cuenta, signado por Elpidio Vargas Briones autorizado en términos amplios de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa la presuncional en su doble aspecto (legal y humana), la instrumental de actuaciones, así como el disco compacto en el cual se resguarda copia simple de las audiencias celebradas el veinticuatro y veintinueve de octubre del año en curso (actos aquí reclamados), sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, guárdese por separado el disco versátil digital debidamente identificado; comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado, por lo que al no obrar en éste expediente, no será digitalizado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por otra parte, respecto de la inspección judicial y testimoniales que el autorizado de la parte quejosa ofrece, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, por los motivos que a continuación se indican: El artículo 119 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa. La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia. [.]". De la lectura del artículo transcrito, en la parte conducente, se advierte que las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deben ser ofrecidas cuando menos cinco días hábiles antes de la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia. Asimismo, se establece que dicho plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento, por lo que en esos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia. Ahora bien, de constancias de autos se desprende que mediante proveído de dos de diciembre del año en curso, se admitió la demanda de amparo materia del presente asunto, y se señalaron las diez horas con cuarenta minutos del veintitrés de diciembre del mismo año, para la celebración de la audiencia constitucional. Entonces, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, las pruebas de inspección judicial y testimoniales debieron ser ofrecidas a más tardar el trece de diciembre de dos mil diecinueve, toda vez que el plazo de cinco días -sin contar el de la audiencia y el del ofrecimiento de las pruebas- comprenden los días dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte de diciembre del año en curso, sin contar los días inhábiles. Sin embargo, en el caso, el autorizado en términos amplios del quejoso ofrece tales probanzas mediante escrito presentado el veintitrés de diciembre del año en curso en la oficina de correspondencia de este órgano jurisdiccional, según se advierte del sello respectivo que obra en este. Por lo tanto, si como ya se dio noticia, las probanzas de mérito debieron ser ofrecidas de conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, a más tardar el trece de diciembre de dos mil diecinueve (al tomar en cuenta la fecha de la audiencia constitucional) y fue ofrecida por la parte quejosa en data posterior, resulta claro que éstas fueron anunciadas extemporáneamente; en consecuencia, con fundamento en el numeral citado se desechan las pruebas inspección judicial y testimoniales precisadas en los incisos 2, d), e), f), g) y h), 5 y 9, del escrito de cuenta. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 132/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Marzo de 2010, página 610, que dispone: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA SU OFRECIMIENTO DEBEN CONSIDERARSE COMO HÁBILES LOS DÍAS DECLARADOS INHÁBILES EN EL INCISO C) DEL PUNTO PRIMERO DEL ACUERDO GENERAL 10/2006 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. El artículo 151 de la Ley de Amparo establece que las pruebas testimonial, pericial y de inspección ocular, deben anunciarse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia, es decir, a diferencia de la generalidad de los plazos previstos en el juicio de amparo, los cuales se cuentan hacia el futuro, el del ofrecimiento de las indicadas probanzas se computa de adelante para atrás, tomando como referencia el día fijado para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, conforme al inciso c) del punto Primero del Acuerdo General 10/2006 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de los días inhábiles y los de descanso, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 2009, el primer lunes de febrero, el tercer lunes de marzo y el tercer lunes de noviembre, deben considerarse como inhábiles para todo lo relacionado con los plazos procesales en los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, tratándose del cómputo del plazo para el ofrecimiento de las pruebas mencionadas, considerar inhábil cualquiera de los días señalados por el referido inciso c), redunda en un perjuicio para el oferente porque por un lado, se recorre el término del plazo al día hábil inmediato anterior y, por el otro, de haber realizado el ofrecimiento sin considerar como inhábil alguno de los días señalados con ese carácter en el aludido Acuerdo General, dicho ofrecimiento será extemporáneo. En ese sentido y tomando en cuenta que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que en caso de existir confusión respecto al cómputo correspondiente debe estarse a lo más favorable para el promovente del amparo, se concluye que a fin de no afectar los derechos de las partes, procede que el juez de Distrito, sólo para realizar el cómputo del plazo a que se refiere el artículo 151 de la Ley de Amparo, considere como hábiles los días a que se refiere el inciso c) del punto Primero del Acuerdo General señalado. Asimismo y para no afectar los derechos de las otras partes en el juicio de amparo indirecto, de no existir alguna causa de desechamiento, el juez deberá admitir la prueba y diferir la audiencia constitucional con la finalidad de que la autoridad responsable y la contraparte cuenten con el tiempo suficiente para conocer las pruebas ofrecidas y tomar las medidas pertinentes para su adecuada defensa". Respecto a su solicitud en el sentido de que se tengan como pruebas de su parte las documentales precisadas en los capítulo "1. PRIMERAS PRUEBAS LA DOCUMENTAL", y capítulo II, numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, las determinaciones tomadas en audiencia de veinticuatro y veintinueve de octubre del año en curso, por el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, sede San Luis Potosí, serán analizadas únicamente con la información proporcionada a éste en las audiencias aludidas (lo cual obra en el disco compacto que remitió como justificación a su informe), pues de lo contrario se vulneraría el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, previsto en el numeral 20, aparatado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Máxime que en el escrito de cuenta se indica que todas las pruebas documentales y testimoniales obran -en sus originales- en la carpeta de investigación CDI/FGE/SLP/UIHF/33149/2019, por lo que estas no pueden ser admitidas para resolver sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, emitidos en las preindicadas audiencias. Ilustra a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 64/2011 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, página 993, que dispone: "ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda". Así como la tesis II.1o.8 P (10a.) consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, página 2902, que es del tenor siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA DENTRO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA NO VULNERAR EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, DEBE LIMITARSE A ANALIZAR LOS DATOS DE PRUEBA VALORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El segundo párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo establece que en el amparo indirecto, el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Sin embargo, si el acto reclamado es una orden de aprehensión dictada dentro del sistema penal acusatorio, en la que el Juez de control valoró sólo los datos de prueba que hizo de su conocimiento el Ministerio Público, es inconcuso que el Juez de Distrito debe limitarse a analizar éstos, porque, de considerar otros elementos probatorios, vulneraría el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, lo que permite el equilibrio procesal entre los sujetos procesales". Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales de la parte quejosa tales constancias únicamente respecto de los actos reclamados consistentes en arraigo y su ejecución, traslado, incomunicación, malos tratos, golpes e instigación, así como la detención materializada el veintiuno de octubre del año en curso, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. En otro contexto, en relación a lo señalado por el autorizado de la parte quejosa, en el sentido de que "Bajo protesta de decir verdad que me causan agravios la conducta del Director de la Penitenciaria denominada la pila, pues el domingo 15 quince de diciembre de 2019 dos mil diecinueve me trasladaron a las 11 de la noche al cambio del campo sin respetar el término que se fijó por tres meses para que se resuelva mi situación y para el cierre de la investigación que fijo el propio Juez de Control para el día 29 veintinueve de enero del 2020 dos mil veinte." Dígasele que si lo que pretende a través de dicha manifestación es ampliar su escrito de demanda, ésta la deberá formular el directamente agraviado, en virtud de que la acción de amparo sólo puede ser ejercida por quien alega sufrir un agravio personal y directo, es decir, por el titular de la acción, para lo cual debe aplicar lo dispuesto por los artículos 108 y 110 de la ley de la materia, esto es por escrito en el que se cumpla con todos los requisitos que previene el primero de los citados, además de acompañar suficientes copias del escrito de ampliación de demanda, para estar en posibilidad de correr traslado a las partes. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Junio de 2011, página 68, que dispone: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional". En otro contexto, visto el oficio de cuenta signado por el tercero interesado Felipe Alfonso Magdaleno Rangel, Agente del Ministerio Público de Unidad de Investigación de Homicidios y Feminicidios de la Fiscalía General del Estado; téngasele desahogando el requerimiento formulado en proveído de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, de las constancias que remite el representante social se advierten como domicilios para localizar al tercero interesado Luis Alberto Castañeda Torres, el ubicado en (i) calle Fernando Celada, número 210, colonia Julián Carrillo, en esta ciudad o (ii) calle de la República número 1020, colonia Julián Carrillo, en esta ciudad. Consecuentemente, emplácese a Luis Alberto Castañeda Torres en cualquiera de los domicilios referidos, a quien deberá el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, correrle traslado con copia simple de la demanda de amparo y ampliación de ésta, escritos aclaratorios, así como de los autos admisorio, así como del presente, y le haga saber la fecha y hora que se fijaron para la celebración de la audiencia constitucional (once horas con diez minutos del ocho de enero de dos mil veinte) para que comparezca a este juicio. Asimismo, lo prevenga para que en el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y la aperciba que en caso de no hacerlo, las subsecuentes de carácter personal, se le harán por lista, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley en cita. Notifíquese; y personalmente al tercero interesado Luis Alberto Castañeda Torres.

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