Daniel Guajardo Treviño

Expediente 854/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
854/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Daniel Guajardo Treviño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Incidental

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. SE AGREGA OFICIO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, mediante el cual pretende devolver sin diligenciar el despacho 754/2023-II (comunicación oficial 1286/2023-II) del índice de este órgano jurisdiccional, derivado del proveído de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, enviado a fin de notificar a los terceros interesados dentro del presente juicio, el proveído en comento y requerirlos en los términos ahí precisados. Lo anterior, toda vez que la citada autoridad responsable, en su ocurso de cuenta, manifestó textualmente lo siguiente: ".enterado el suscrito de su contenido ordena devolverlo a su lugar de origen, toda vez que el mismo no se encuentra ajustado a derecho, puesto que no fueron agregadas las copias de traslado." Lo resaltado es propio. Ahora bien, de la multicitada misiva de cuenta se advierte que el diez de noviembre de la anualidad que transcurre, la Oficialía de Partes y Turno de los Juzgados de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, recibió el despacho en cuestión con un juego de copias de traslado, se ilustra: / SE REMITE DESPACHO DE NUEVA CUENTA. Por tanto y en obvio de mayores dilaciones procesales, mediante oficio que para el efecto se gire, remítase de nueva cuenta, con los traslados correspondientes, el despacho 754/2023-II (comunicación oficial 1286/2023-II) del índice de este órgano jurisdiccional, a la autoridad oficiante a fin de que de cabal cumplimiento a la diligencia encomendada en dicho despacho y, acontecido lo anterior, la remita debidamente diligenciada a este órgano Jurisdiccional. APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que de no acatar lo que se le solicita, se hará acreedora a una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 260, fracción I y 238 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y mediante oficio a la autoridad indicada.

  2. Incidental

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. AUTORIDAD ACUSA RECIBO. Agréguese a los autos el correo electrónico de cuenta que remite la autoridad responsable Magistrada de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, por medio del cual y en atención a su contenido, téngasele acusando recibo de la resolución interlocutoria dictada en la presente incidencia, en la que se negó la suspensión definitiva al quejoso ********************; de lo que se toma nota para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Incidental

    En Uruapan, Michoacán, siendo las once horas con cuatro minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia incidental prevista por el artículo 144 de la Ley de Amparo, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 854/2023-II, promovido por ********************, por su propio derecho. En audiencia pública la licenciada Mónica Montes Manrique, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, quien actúa asistida del licenciado Carlos Rafael Barrios Solís, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, se procedió a su celebración sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia: el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan por su importancia: copia de la demanda de amparo; auto de nueve de noviembre del año en curso, en el que se negó la suspensión provisional de los actos reclamados señalados por la parte quejosa; informe previo rendido por la autoridad responsable; así como las demás constancias que obran en autos. A lo que la Jueza acuerda, téngase por hecha la anterior relación de constancias de autos, para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo de pruebas: El Secretario hace constar que no fueron ofertados medios de convicción por ninguna de las partes. Sin existir prueba pendiente de admisión o desahogo, se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes presentó escrito que los contenga ni el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado presentó pedimento; con lo que se declara cerrada la fase de alegatos. Consecuentemente, se pasa al estudio de los autos y procédase a emitir la resolución que corresponda conforme a derecho; y, VISTOS, para resolver, el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 854/2023-II; y R E S U L T A N D O : I. SOLICITUD DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. ********************, por su propio derecho, solicitó la suspensión definitiva en contra de la autoridad y acto que a continuación se precisa: AUTORIDADES RESPONSABLES: N° AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO DEL INFORME 1 MAGISTRADA DE LA TERCERA SALA CIVIL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CON SEDE EN MORELIA. CIERTO II. APERTURA DEL INCIDENTE. Por acuerdo de nueve de noviembre del año en curso, se formó expediente único del presente incidente de suspensión, el cual quedó registrado bajo el número 854/2023-II, se solicitó a la autoridad responsable su informe previo y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental; la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, tiene competencia legal para conocer y resolver este incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 138 de la Ley de Amparo y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, señala como acto reclamado, el siguiente: La sentencia de nueve de agosto de dos mil veintitrés, dictada por la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, dentro del toca de apelación I-228/2023, mismo que confirma el incidente de ejecución de convenio deducido dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria, número 510/2009, sobre divorcio por mutuo consentimiento. TERCERO. EFECTOS PARA LOS QUE SOLICITA LA MEDIDA CAUTELAR. La parte promovente solicita la medida cautelar, para el efecto de que se deje sin efectos la sentencia de nueve de agosto de dos mil veintitrés, dictado por la autoridad responsable Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, dentro del toca de apelación I-228/2023 de su índice, del que derivan los actos reclamados. CUARTO. NIEGA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. En principio, debe establecerse que el marco jurídico que condiciona la procedencia de la suspensión del acto reclamado dentro del juicio de amparo, se prevé en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República y 128 de la Ley de Amparo, los que son del siguiente tenor literal: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: "X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con su ejecución, los que la suspensión origine a terceros perjudicados y el interés público." "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público." Del contenido de los preceptos transcritos, se desprende que para el otorgamiento de tal medida suspensiva, el juzgador de amparo debe atender a los siguientes requisitos: 1) que lo solicite el agraviado; 2) no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Bajo tales premisas y atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, conviene efectuar algunas reflexiones sobre lo que debe entenderse por alimentos, su naturaleza jurídica, los elementos que abarca, características y demás aspectos relacionados. La doctrina define el derecho de alimentos como la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra, deudor alimentario, lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo, del matrimonio, del divorcio y, en determinados casos, del concubinato. En ese contexto, los alimentos se hacen consistir en proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias personas por disposición imperativa de la ley, caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca; esto es, que dicho derecho de alimentación proviene de la ley y no de causas contractuales. Lo anterior tiene como base que el legislador ordinario reconoce que la obligación legal de proporcionar los alimentos se funda en el vínculo de solidaridad que enlaza a todos los miembros de una familia y en la comunión de intereses, pues su causa obedece a que las personas pertenecientes de un mismo grupo se deben recíproca asistencia. Esto es así, dado que la obligación alimenticia proviene o tiene su origen en un deber ético, el cual con posterioridad fue acogido por el derecho y se eleva a la categoría de una obligación jurídica provista de sanción, la cual, como ya quedó anotado, tiene como propósito fundamental proporcionar al (o los) familiar (es) lo suficiente y necesario para su manutención o subsistencia; debiendo entenderse este deber en su connotación más amplia, esto es, el de asegurar al deudor alimentista los medios de vida suficientes cuando éste carezca de la forma de obtenerlos y se encuentre en la imposibilidad real de procurárselos. El legislador ordinario reguló los alimentos de una persona como un derecho protegido, incluso en contra de la voluntad del propio titular y le otorgó las características de ser personalísimo, irrenunciable, imprescriptible e intransferible. Ante tales circunstancias, por lo que hace la sentencia interlocutoria de nueve de agosto de dos mil veintitrés, dictada dentro del toca de apelación número I-228/2023 de su índice, derivada de la resolución de nueve de junio de la anualidad que transcurre, misma que condena a ********************, a cumplir con la cláusula segunda del convenio aprobado en la resolución dictada dentro del expediente de divorcio por mutuo consentimiento del cual deriva el incidente de ejecución de convenio en comento; es decir, otorgar en propiedad en favor de sus citados hijos, para cuya ubicación, se tomará en cuenta la ubicación del empleo de su progenitora; asimismo, al pago de la cantidad de $221,072.47 (doscientos veintiún mi setenta y dos pesos 47/100 moneda nacional), correspondiente al cincuenta por ciento de las prestaciones que ha venido obteniendo el incidentado por el periodo comprendido entre el año dos mil diez y dos mil veintiuno, por concepto de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y reparto de utilidades, en favor de sus hijos Ana Daniela Guajardo Villamar y Carlos Eduardo Guajardo Villamar. Lo cual procede negar la suspensión definitiva solicitada, ya que a dicho acto le reviste el carácter de consumado y contra actos de esta naturaleza no es procedente conceder la medida cautelar, tomando como punto de partida el hecho de que la consumación de un acto se surte cuando éste ha sido real y materialmente ejecutado por la autoridad a la que se le atribuye, pues de concederse tal medida, se le estarían dando efectos restitutorios, los que son propios de la sentencia definitiva que llegare a dictarse en el juicio principal; en virtud de que la naturaleza del amparo es esencialmente restitutoria y, su efecto en el supuesto de concederse la protección de la Justicia Federal, sería el de reponer a la parte quejosa en el goce de su garantía violada, por lo que es evidente que no se pueden volver las cosas al estado en que se encontraban, porque ello es materia del fondo de la sentencia definitiva que se emita en el juicio principal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número II.3º. J/37, aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 51 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 60, Diciembre de 1992, Octava Época, Materia Común, que establece: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE." Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." Ahora, por lo que hace a las consecuencias jurídicas derivadas de la sentencia interlocutoria de nueve de agosto de dos mil veintitrés, emanada de la diversa resolución de nueve de junio de la anualidad que transcurre, misma que condena a ********************, a cumplir con la cláusula segunda del convenio aprobado en la sentencia dictada dentro del expediente de divorcio por mutuo consentimiento del cual deriva el incidente de ejecución de convenio en comento; esto es, otorgar en propiedad en favor de sus citados hijos, para cuya ubicación, se tomará en cuenta la ubicación del empleo de su progenitora; asimismo, al pago de la cantidad de $221,072.47 (doscientos veintiún mi setenta y dos pesos 47/100 moneda nacional), correspondiente al cincuenta por ciento de las prestaciones que ha venido obteniendo el incidentado (y deudor alimentista) por el periodo comprendido entre el año dos mil diez y dos mil veintiuno, por concepto de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y reparto de utilidades, en favor de sus hijos Ana Daniela Guajardo Villamar y Carlos Eduardo Guajardo Villamar. Implicaría la suspensión del pago de dichas obligaciones alimenticias, el cual es de orden público, en virtud de estar por encima de los intereses de un particular; se sostiene la premisa que antecede, ya que interesa a la sociedad colectivamente que el procedimiento continúe, por ende, se puede afectar el derecho a la jurisdicción pronta y expedita, tal y como lo establece nuestra carta magna, para lo cual se niega al promovente del amparo la suspensión definitiva que solicita. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia por contradicción número 522, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 343 del Apéndice de 1995, tomo VI, parte SCJN, Séptima Época, Materia Común, que dispone: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría." Puesto que el interés social está vinculado con la administración de las pensiones alimenticias, porque responden a una necesidad imperiosa e inaplazable, que tiende a la satisfacción urgente y actual de la subsistencia, y que expondría a las personas que tienen ese derecho a demoras que causarían daños y perjuicios de difícil reparación, de concederse la suspensión del acto reclamado, dado que en la obligación alimentaria derivada de la ley, deben imperar los principios de equidad y justicia. Además, se puntualiza que la institución de alimentos no fue creada por el legislador para enriquecer al acreedor o para darle una vida holgada y dedicada al ocio, sino simplemente para que pueda vivir con decoro y pueda atender a sus necesidades primordiales. De ahí que, al contravenir el orden público el acto en estudio, como se anticipó, procede negar la suspensión definitiva solicitada. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 26, tomo IV, Parte SCJN, Apéndice de 1995, que establece: "ALIMENTOS, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONTRA EL PAGO DE. Es improcedente conceder la suspensión contra el pago de alimentos porque, de concederse, se impediría al acreedor alimentario recibir la protección necesaria para su subsistencia, en contravención de las disposiciones legales de orden público que la han establecido y se afectaría el interés social; de donde resulta que se surte el requisito negativo exigido por la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo para negarla." Asimismo, se invoca la tesis I.5OC.71 C, aprobada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1052 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, Materia Civil, que dispone: "ALIMENTOS. IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONTRA EL AUMENTO DE LA PENSIÓN. En virtud de que al decretarse el aumento de la pensión alimenticia que reclama la recurrente, se tuvo en cuenta que la pensión concedida a la acreedora era insuficiente, resulta inconcuso que de concederse la suspensión al aumento decretado, se causarían perjuicios irreparables a dicha acreedora, por su incapacidad para cubrir sus necesidades con la primera pensión que se le fijó, independientemente de que se controvertirían disposiciones de orden público que establecen el pago de alimentos suficientes para sufragar las necesidades de los acreedores, y se afectaría el interés social, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, por lo que no procede la suspensión." Sin que a la parte quejosa le favorezca la apariencia del buen derecho y peligro en la demora respecto del acto reclamado, toda vez que no pueden estar por encima sus intereses personales a los que tiene la sociedad, en relación con el pago de alimentos que a todo gobernado le interesa se realicen, toda vez que se impediría a los acreedores alimentarios recibir la protección necesaria para su subsistencia, en contravención de lo dispuesto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis Aislada (Civil) proveniente de los Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 215245 1 de 1, Tomo XII, Agosto de 1993, Pág. 331, siguiente: "ALIMENTOS. NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE. De la lectura de las jurisprudencias cuyos rubros versan: "ALIMENTOS IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONTRA EL PAGO DE" Y "ALIMENTOS. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE PENSIONES CAÍDAS", consultables en las páginas 236, 237 y 261, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, salas y tesis comunes; se advierte que, si los actos reclamados cuya suspensión se solicita se refiere al pago de alimentos decretados por resolución judicial de manera provisional, y al cual el inconforme ha sido omiso en cumplir voluntariamente, la suspensión solicitada, resulta improcedente de conformidad con la primera de las tesis citadas, la que resulta aplicable por tratar esta lo relativo a pensiones alimenticias actuales que los acreedores no han recibido, en contravención a disposiciones de orden público; y no la segunda de las tesis mencionadas, porque esta se refiere a pensiones caídas, es decir, los alimentos que el acreedor alimentario dejó de recibir durante el tiempo anterior a la presentación de la demanda respectiva." Consecuentemente, por lo expuesto con anterioridad y con fundamento en el artículo 128, fracción II de la Ley de Amparo, no se justifica que se conceda a favor de la parte quejosa la medida cautelar en la forma solicitada, pues como se dijo, la suspensión de los actos reclamados procede concederla siempre y cuando con ella no se afecte el interés social y el orden público, y en el caso, hasta el momento no se justifica tal requisito. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA al quejoso ********************, por su propio derecho, la suspensión definitiva solicitada por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente interlocutoria. Notifíquese; y mediante oficio a la autoridad responsable.

  4. Incidental

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, quince de noviembre de dos mil veintitrés. INFORME PREVIO. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe previo que, vía correo electrónico, remite la Magistrada de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribual de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, con vista a las partes. Notifíquese.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · 4,104 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano