Daniel Castañeda Alviar

Expediente 144/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
144/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
11/06/2018

Partes del expediente

  • Daniel Castañeda Alviar

Actuaciones

  1. Principal

    II. Uruapan, Michoacán, once de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, dentro del conflicto competencial 4/2018, suscitado entre el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León y este órgano jurisdiccional, para conocer de la demanda promovida por Daniel Castañeda Alviar, en la que textualmente se resolvió: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial. SEGUNDO. El juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato, es competente para seguir conociendo de la demanda de amparo promovida por Daniel Castañeda Alviar." Acúsese recibo. Por tanto, al no quedar materia pendiente sobre la cual resolver, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el cuaderno de antecedentes en que se actúa como asunto concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. De conformidad con el punto cuatro del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y conforme al punto vigésimo, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos seis meses contados a partir de la notificación de la presente determinación, pues no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    II. Uruapan, Michoacán, veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de cuenta, suscrito por el Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, del Décimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, por medio del cual informa que se admitió a trámite el conflicto competencial, entre el titular del juzgado Décimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato y el suscrito, respecto del juicio en que se actúa; lo que hace del conocimiento para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE...

  3. Principal

    II. Agréguese el oficio de cuenta, suscrito electrónicamente por el Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, de cuyo contenido se advierte que la Encargada del Despacho de dicho órgano jurisdiccional, insiste en fincar competencia a este Juzgado, respecto de la demanda de amparo promovida por Daniel Castañeda Alviar, radicada bajo su índice con el número 229/2018; de ahí que, determinó remitir los respectivos autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en turno, a efecto de que resuelva lo conducente; lo que hace del conocimiento de este tribunal para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE...

  4. Principal

    II. Téngase por recibido el oficio 8580, signado por el Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, al que acompaña el expediente del juicio de amparo 229/2018, promovido por Daniel Castañeda Alviar, contra actos del Encargado de la Coordinación General de Centros Federales, con sede en la Ciudad de México y otra autoridad. Acúsese recibo. Fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 144/2018-II. Del contenido de la constancias que integran el respectivo expediente de amparo, se advierte el proveído de catorce de marzo del presente año, en que el juez declinante estimó carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver de dicho juicio de garantías, al determinar que los actos se están ejecutando dentro del territorio en el que este Tribunal ejerce jurisdicción, específicamente en la localidad de Buenavista, Michoacán. Y que por tanto, no se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que otorgue la competencia para que ese órgano de control constitucional se encuentre en condiciones de conocer y resolver del juicio, al determinar que los actos reclamados son de naturaleza negativa con efectos positivos, lo cuales se están materializando en dicha localidad. Determinación de incompetencia que emitió, esencialmente, bajo el siguiente criterio: "[.] En el particular, se considera actualizada la segunda regla de competencia, esto es, que el juez de distrito que debe conocer de la presente reclamación es aquel en cuya jurisdicción se están ejecutando los efectos del acto reclamado que en este caso se trata del que ejerce jurisdicción en la ciudad de Uruapan, Michoacán. Para evidenciarlo, conviene traer a cuenta que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: La emisión del oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/10882/2018 emitido por la autoridad responsable, mediante el cual le negaron el goce de viáticos y el cese de su desempeño como oficial de Prevención Penitenciaria dentro del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán" Y señaló como autoridades responsables al encargado de la Coordinación General de los Centro Federales y al Coordinador General de los Centros Federales que tienen residencia en la ciudad de México. Sin que en el caso el peticionario hubiese señalado autoridad ordenadora o ejecutora en el lugar donde éste juzgado ejerce jurisdicción. En consecuencia, se considera que este Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato, resulta legalmente incompetente por razón de territorio (no de grado) para conocer y resolver el presente juicio. Ello, porque el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/10882/2018, de uno de marzo de dos mil dieciocho, emitido por la autoridad responsable, en el que el quejoso se le negó el goce de viáticos y cese de su desempeño como oficial en Prevención Penitenciaria, no obstante que es un acto negativo, lo cierto es que tiene efectos positivos, los cuales se están ejecutando en Buena Vista, Michoacán (lugar en el que presta su servicio el quejoso), demarcación en la que el suscrito carece de jurisdicción. [.]" Por lo que, con fundamento en el artículo 37, de la Ley de Amparo, el Juez declinante se declaró legalmente incompetente y ordenó remitir el expediente del juicio de amparo y anexos correspondientes al Juzgado de Distrito en el Estado, en turno, con sede en esta ciudad. No obstante lo anterior, quien resuelve, no comparte dicho criterio, para justificar que el suscrito sea legalmente competente para conocer del referido juicio de garantías, por las siguientes consideraciones: De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el promovente Daniel Castañeda Alviar, señaló como autoridades responsables, a las siguientes: Encargado de la Coordinación General de Centros Federales. Coordinador General de Centros Federales. Ambos con residencia en la Ciudad de México. Precisando como actos reclamados los siguientes: "a) Reclamo el Oficio Núm. SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/10882/2018 de fecha 01 de Marzo de 2018, firmado por el Encargado de la Coordinación General de Centros Federales.mediante el cual me niega la cesación del estatus legal de comisionado que he desempeñado durante casi dos años por órdenes de la misma, en el Centro Federal de Readaptación Social No. 17 'CPS Michoacán', lo cual solicité puesto que la separación de mi familia y de mi entorno personal ha rebasado el tiempo razonable. b) Reclamo el Oficio Núm. SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/10882/2018 de fecha 01 de Marzo de 2018, firmado por el Encargado de la Coordinación General de Centros Federales.por medio del cual me niega el pago de viáticos para el desempeño de la comisión de trabajo que me ordenó desempeñar en el Centro Federal de Readaptación Social No. 17 'CPS Michoacán', a partir del 21 de abril del 2016, comisión que posteriormente se amplió hasta nueva orden sin goce de viáticos y que a la fecha no ha concluido..." A efecto de sustentar la presente determinación, resulta oportuno precisar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece las reglas de competencia entre jueces de Distrito, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación del precepto invocado, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión se puntualizan en el siguiente orden: a) La primera, se encuentra contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda hipótesis que se contiene en el referido artículo 37, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un complemento a la primera regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y se siga ejecutando en uno diverso, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Finalmente, la tercera regla se desprende del último párrafo del precepto en comento, consiste en que cuando la los actos reclamados en el juicio de amparo no requieran de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Siguiendo los lineamientos expuestos, en primer término, se debe acudir al examen del tipo de actos reclamados; en segundo lugar, si dichos actos son de aquellos que tienen o no una ejecución material; y finalmente, determinar, a partir de esas bases, cuál de los criterios contenidos en el artículo 37 de la Ley de Amparo resulta aplicable para resolver el presente asunto. En el caso, en primer término analizaremos la primera y tercera de las reglas prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, a fin de evidenciar cuál es la que se actualiza. Hecho lo anterior, es de precisar que tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada, la intención del legislador al fijar dicha competencia fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito, al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, pues sólo de esa manera el gobernado puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Lo que sucede de la misma forma con los actos que no requieran ejecución material, pues en este caso, recae la competencia en el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo. Asimismo, es importante destacar que para la aplicación de la regla prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que sostiene el juez declinante se actualiza, basta que se trate de ejecutar el acto o que haya comenzado a ejecutarse con la intervención de la autoridad, aunque no se haya logrado su total materialización, para que de esa manera se surta la competencia del Juez de Distrito del lugar donde se presenta ese hecho. Así, contrario a lo que sostiene el juzgador declinante, atento a la naturaleza de los actos reclamados, se estima que se está en la regla tercera que regula el artículo 37 de la Ley de Amparo y que es la que atiende aquellas resoluciones o actos que no requieran de ejecución material, por lo que resulta ser legalmente competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo anterior es así, toda vez que, de la demanda de amparo se obtiene que el quejoso hace consistir los actos reclamados, esencialmente en la negativa de las autoridades responsables para cesar el estatus legal de comisionado que ha desempeñado como Oficial en Prevención Penitenciaria en el Centro Federal de Readaptación Social, número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista, Michoacán, así como la negativa para proporcionarle los viáticos correspondientes con motivo de sus labores en dicho Centro de Reclusión. No obstante, las negativas referidas constituyen por su naturaleza actos negativos carentes de ejecución, es decir, son actos meramente declarativos y, por ende, la competencia para conocer del juicio de amparo corresponde al Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Sin que en el caso se esté ante actos negativos con efectos positivos, como afirma el Juez declinante, o bien de carácter estrictamente positivo, ya que cualquiera de éstos producen un cambio en la realidad o modifican un estado de cosas existente, no así, los declarativos, al no alterar el estado de las cosas ni modificar el entorno o la esfera jurídica de un particular. Entonces, sí la autoridad responsable se negó a cesar la comisión del quejoso como Oficial en Prevención Penitenciaria en el Centro Federal de Readaptación Social, número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista, Michoacán; y a proporcionarle los viáticos correspondientes con motivo de sus labores en el referido Centro de Reclusión, no se provoca cambio alguno en el estado de las cosas, pues se mantiene la condición personal del solicitante respecto de la cesación y los recursos que solicita, por lo que se trata de actos declarativos que no ameritan ejecución material, por parte de determinada autoridad en calidad de ejecutora. Por ende, se concluye, que no existe acto de ejecución alguno que se deba materializar en contra del agraviado, en la jurisdicción donde este juzgado ejerce competencia legal, tampoco autoridad responsable que lo realice; de ahí que se estima que resulta legalmente competente el Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, para conocer de la demanda de garantías, dado que en su jurisdicción ésta fue presentada, acorde con el tercer párrafo del artículo 37, de la Ley de Amparo. Ilustra lo anterior, por las razones que la animan, la siguiente jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 68/2012 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2001260 1 de 1 Segunda Sala Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1 Pag. 604 Jurisprudencia(Común) COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA. La negativa referida constituye un acto negativo carente de ejecución y, por tanto, la competencia para conocer del juicio de amparo promovido en su contra corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que la dictó, al actualizarse la regla competencial establecida en el tercer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, porque constituye un acto meramente declarativo. Lo anterior es así, ya que los actos negativos con efectos positivos o los de carácter estrictamente positivo producen un cambio en la realidad o modifican un estado de cosas existente, en cambio, los declarativos no alteran el estado de las cosas ni modifican el entorno o la esfera jurídica de un particular. De ahí que, cuando la autoridad se niega a acordar favorablemente la solicitud de devolución de depósitos existentes en una subcuenta de vivienda ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no se provoca cambio alguno en el estado de las cosas, pues se mantiene la indisponibilidad del solicitante respecto de los recursos que solicita y se trata de un acto declarativo que no amerita una ejecución material. Es importante destacar que el mencionado artículo 37, párrafo tercero de la ley de la materia, debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad, sino que atiende a una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al concederle al gobernado la oportunidad de presentar la demanda de garantías en el lugar en que considere pertinente, cuando el acto que se combate no requiera ejecución material, como en el caso a estudio. Cobra aplicación al respecto la tesis de jurisprudencia: Tesis: 1a./J. 17/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2006529 1 de 1 Primera Sala Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I Pag. 500 Jurisprudencia(Común) COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 37, párrafo tercero, en relación con el 48, ambos de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, no acepta la competencia planteada y se ordena devolver el expediente del juicio de garantías 229/2018 al Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, para los efectos legales a que haya lugar, a quien respetuosamente se solicita se sirva informar el acuerdo que a ésta determinación recaiga. Con copia certificada de la demanda de amparo y de las principales constancias que integran el juicio de garantías de que se trata, fórmese cuaderno de antecedentes. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. NOTIFÍQUESE...

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