Daniel González Martínez
Expediente 689/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 689/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Daniel González Martínez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de septiembre de dos mil dieciocho. VISTO ESTADO DE AUTOS; CAUSA ESTADO. Vista la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías promovida por Daniel González Martínez; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de antecedentes de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ARTÍCULO 1/2009 En consideración a lo anterior y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente cuaderno de antecedentes de amparo no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se estima que el presente cuaderno de antecedentes de amparo, encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del aludido acuerdo, por lo que se estima que el mismo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ante Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.-Dva
- Principal
Por lista notifico a la parte promovente el siguiente auto: Morelia, Michoacán, veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta, signado por Daniel González Martínez. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. Del contenido íntegro de la demanda de garantías, se obtiene que el acto reclamado a los integrantes del pleno de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, consiste en la dilación procesal dentro del juicio ordinario laboral 956/2016, específicamente, que la junta no se ha pronunciado en relación al incidente de justas causas promovido el veinticinco de mayo del año en curso, con motivo de la incomparecencia del actor y aquí quejoso a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Derivado de lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que la demanda de amparo en análisis resulta improcedente, por la razón que se expondrá a continuación. Los artículos 61, fracción XXIII, 62, 107 fracción V, y 113 todos de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los preceptos legales transcritos, se tiene que en el juicio de amparo, los órganos jurisdiccionales competentes deben examinar de manera oficiosa el escrito inicial de demanda, a efecto de verificar la actualización de alguna causa de improcedencia; además, que el aludido juicio constitucional resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando se promueve contra actos cuyos efectos no sean de imposible reparación. Ahora, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que de conformidad con el legislador, existen dos condiciones para que los actos se estimen de imposible reparación dentro de un procedimiento; la exigencia de que se trate de actos que "afecten materialmente derechos" y, que esos derechos tengan la categoría de "sustantivos", esto es, aquellos que se encuentran tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; lo cuales son opuestos a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", puesto que la afectación que producen no es actual, sino que ello depende de que llegue o no a trascender en el sentido de la resolución que se emita en el juicio o procedimiento. En ese sentido, señaló el Máximo Tribunal cuando un particular reclama una afectación a su esfera jurídica en un procedimiento jurisdiccional, derivado de violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Federal, los actos reclamados no deben considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de naturaleza adjetiva, porque no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentre, sino que ello ocurre precisamente dentro del mismo; por tanto, estimó que en esos asuntos no se actualiza un caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo indirecto. Lo anterior, porque respecto a procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción del particular, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conoce del juicio o procedimiento emita un fallo sobre lo pretendido por aquél; por tanto, que ésta debe respetar los plazos y términos que establece la ley de la materia, y que las partes reciban respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, concluyó el Máximo Tribunal, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Tales razonamientos dieron origen a la jurisprudencia que se transcribe: "Época: Décima Época Registro: 2011580 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) Página: 1086 AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Contradicción de tesis 325/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo Cuarto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 16 de marzo de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco". En ese contexto, si en el caso, el acto reclamado consiste en la dilación procesal dentro del juicio ordinario laboral 956/2016 del índice de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, específicamente, que la junta no se ha pronunciado en relación al incidente de justas causas promovido el veinticinco de mayo del año en curso, con motivo de la incomparecencia del actor y aquí quejoso a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; entonces, es factible considerar que se actualiza la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Es así, pues en el decir del quejoso con la omisión en que incurre la responsable, se transgrede en su agravio la garantía prevista por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no respetarse los plazos y términos que prevé la ley de la materia, para continuar con la dilación procesal; sin embargo, dicha circunstancia por regla general no constituye un acto en juicio de imposible reparación, pues no afecta de modo directo e inmediato un derecho sustantivo tutelado por medio de las garantías individuales. En efecto, el artículo 17 Constitucional mencionado, establece en lo conducente que en los Tribunales se impartirá justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; esto es, el mencionado precepto protege al gobernado al establecer que los tribunales deben resolver controversias de su competencia conforme a las reglas señaladas en las leyes orgánicas y de procedimientos respectivas. Por tanto, cuando el acto reclamado consiste en la tutela de los plazos y términos fijados en las leyes secundarias, como en el caso acontece, por regla general es improcedente el juicio de amparo, porque no se viola de manera directa e inmediata un derecho sustantivo protegido por la Constitución, salvo en aquellos casos en que se observe una abierta paralización del proceso. Máxime, que de la demanda de amparo se desprende que el amparista expuso a manera de antecedentes, que promovió demanda en contra de Arcelormittal Hierro, sociedad anónima de capital variable, y Héctor Gudiño Hernández, en cuanto representante de dicha moral, la cual correspondió conocer a la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, quedando registrada como el juicio ordinario laboral 956/2016. Luego, una vez admitida la demanda y llevada a cabo la audiencia inicial, el once de enero de la presente anualidad tuvo verificativo, sin la comparecencia del actor y aquí quejoso, la diversa de ofrecimiento y admisión de pruebas, por lo que el veinticinco de mayo del año en curso, se promovió incidente de justas causas, sin que a la fecha se haya pronunciado al respecto la junta responsable. Dichas manifestaciones vertidas por el peticionario del amparo en su escrito de demanda, merecen valor probatorio pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los preceptos 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sobre al particular se citan las jurisprudencias cuyo contenido y datos de localización son los siguientes: "Época: Novena Época Registro: 186676 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Julio de 2002 Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 2a./J. 50/2002 Página: 64 AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR. Si existe prueba plena en cuanto a que el acto de aplicación de la ley que se tilda de inconstitucional en la demanda de amparo, por su fecha de emisión, no fue el primero en el que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso, es inconcuso que puede determinarse la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Ahora bien, para el desechamiento de la demanda respectiva el Juez de Distrito puede basar su determinación de que no se está en presencia del primer acto de aplicación en diversos medios de convicción, entre los que pueden encontrarse las propias manifestaciones que el quejoso haya realizado en su demanda o en los escritos aclaratorios, pues éstas constituyen una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues tiene la eficacia convictiva suficiente para demostrar que no reclama el primer acto de aplicación de la ley y que, por ende, se actualiza de manera manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo, en términos ya sea de las fracciones III, IV o XII, párrafo primero, del artículo 73 de la citada ley, según sea el caso; la primera, por ser la ley reclamada materia de otro juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolver; la segunda, por haber sido la norma general materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías; o, la tercera, por no haberse reclamado la ley en el juicio constitucional con motivo de su primer acto de aplicación dentro del plazo que establece el artículo 21 de la legislación de la materia. En consecuencia, es dable desechar la demanda de garantías por cuanto hace a la ley, con independencia de que la demanda pueda admitirse por los actos de aplicación relativos, si éstos se combaten por vicios propios y no se esté en el caso de que la reclamación de la ley represente una hipótesis de excepción al principio de definitividad. Contradicción de tesis 4/2002-PL. Entre las sustentadas por el Primero y el Décimo Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 24 de mayo de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el asunto Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco." De igual forma se invoca en lo conducente, la jurisprudencia del texto literal y datos siguientes: "Época: Octava Época Registro: 214035 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XII, Diciembre de 1993 Materia(s): Común Tesis: Página: 857 DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESION EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa". Amparo en revisión 132/93. Anselmo José Zanella García. 4 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: María del Rocío F. Ortega Gómez". Así, la circunstancia de que el veinticinco de mayo del año en curso, se haya promovido incidente de justas causas en el controvertido laboral de origen, con motivo de la incomparecencia del actor y aquí quejoso a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas llevada a cabo el once de enero de dos mil dieciocho, por una parte pone en evidencia que el juicio de origen no está paralizado y además, si bien, a la fecha de promoción de la presente demanda (veinticuatro de agosto actual), no se ha proveído al respecto, esto es, aproximadamente tres meses, no es determinante para concluir que eventualmente se estén vulnerando derechos sustantivos de forma directa, al tampoco estimarse una abierta dilación en el proceso, puesto que al efecto la jurisprudencia trascrita con antelación pone de manifiesto que cuando se da una afectación al artículo 8° Constitucional dentro de un procedimiento, no se afecta el derecho sustantivo que prevé dicho normativo, porque no se surte de forma independiente, sino dentro de un proceso en el que la quejosa es parte. En esos términos, si bien el amparista se duele de la dilación en que ha incurrido la responsable, lo cierto es que, al ser parte el quejoso dentro del juicio laboral de origen, tal dilación se torna en una violación intraprocesal, y por ende, no afecta derechos sustantivos. Determinación que se adopta, en atención a que la jurisprudencia invocada resulta ser vinculante para este juzgador, por disposición del artículo 217 de la Ley de Amparo; en lo conducente, por las razones que contiene, se cita la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2011703 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 30, Mayo de 2016, Tomo III Materia(s): Común Tesis: PC.IV.L. J/3 K (10a.) Página: 2094 JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN RETROACTIVA. El artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo prevé que la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 5157/2014, del cual derivó la tesis aislada 2a. XCII/2015 (10a.), de título y subtítulo: "JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO.", sostuvo que la jurisprudencia tiene el carácter de una norma general, porque constituye una fuente relevante para el derecho, en virtud de que permite tanto a gobernantes como a gobernados, conocer la forma en que opera el sistema jurídico a través del entendimiento no sólo de reglas relevantes, sino de los principios implicados y perseguidos por el derecho. Ahora, de los artículos 94, párrafo décimo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 215 a 224 de la Ley de Amparo, se advierte que la jurisprudencia constituye una fuente formal del derecho, ya que a través de ella se refleja un criterio uniforme de interpretación y aplicación de las normas jurídicas, esto es, por regla general tiene como fin establecer el alcance o significado de la ley o norma general, pero no es una norma nueva, sino que sólo establece el verdadero alcance de una norma previamente existente. Asimismo, una vez que una tesis de jurisprudencia se considera de aplicación obligatoria, los órganos jurisdiccionales deben ceñirse a su sentido, sin que puedan cuestionar su contenido o proceso de integración, pues ello es propio del órgano que emitió el criterio vinculante. De ese modo, se concluye que para que se genere la aplicación retroactiva de la jurisprudencia, debe existir una jurisprudencia anterior de la cual derive el derecho adquirido de manera previa a la aplicación de la nueva, sin que pueda admitirse que el hecho de afectar simples expectativas de derecho se traduzca en perjuicio para el justiciable; de ahí que su aplicación puede realizarse a hechos originados antes o después de su surgimiento, en tanto haya acontecido durante la vigencia de la norma o no exista una interpretación contraria a la aplicada. Contradicción de tesis 3/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Cuarto, ambos en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. 29 de marzo de 2016. Mayoría de dos votos de los Magistrados José Luis Torres Lagunas y Guillermo Erik Silva González, con ejercicio de voto de calidad del primero de los nombrados en su carácter de presidente. Disidentes: Alfredo Gómez Molina y Alejandro Alberto Albores Castañón. Ponente: José Luis Torres Lagunas. Secretaria: Angélica Lucio Rosales." Ahora, no pasa por alto para este órgano de control constitucional, que la jurisprudencia 2ª./J. 48/2016 (10ª), faculta al juez de amparo, para que en caso de advertir una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, proceda a admitir la demanda; sin embargo, en el caso concreto no se considera actualizada dicha excepción, porque ya se dijo que si bien pudiera ser que la responsable no ha acatado los términos de la Ley Federal del Trabajo, lo cierto es, que en el estado procesal en que se encuentra el juicio de origen y del tiempo transcurrido desde su última actuación, se concluye que no se materializan esas hipótesis. Lo anterior es así, pues el retraso aducido por el quejoso no excede del lapso de seis meses en que eventualmente podría resolverse un juicio de amparo y que válidamente puede tomarse como un parámetro objetivo para determinar si existe o no una abierta dilación o una paralización total de un juicio laboral, puesto que resulta un hecho notorio para este juzgado, derivado del conocimiento de asuntos similares que las cargas laborales de los tribunales laborales, y en específico la junta aquí responsable, normalmente son muy amplias, lo que se constata, por ejemplo, al atender al número consecutivo del juicio laboral de origen, es decir, 956/2016, por lo que hasta el momento, conforme a los datos que se desprenden de la demanda que son prueba plena, no se advierte la existencia de una abierta dilación ni de la paralización total del asunto; además, de admitir a trámite el juicio de amparo, podría incluso llegar a repercutir en una afectación de derechos de terceros, puesto que se obligaría a la responsable a dar prioridad al juicio en donde el quejoso es parte, frente a otros anteriores. Asimismo, válidamente puede sostenerse que el trámite y resolución del juicio de amparo con los posibles recursos que se interpongan, generaran un atraso mayor al procedimiento natural, lo que derivará en un perjuicio para la propia quejosa. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Daniel González Martínez, por su propio derecho, contra actos de los integrantes del pleno de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.Dva
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes
- Daniel Barriga Gómez716/2023
- Daniel Bautista Coronel1104/2019
- Daniel Bernal Saucedo582/2018
- Daniel Espinosa Correa370/2023
- Daniel González Martínez644/2020
- Daniel González Martínez504/2019
- Daniel Hernández Martínez1019/2017
- Daniel Ibarra Baltazar1029/2018
- Daniel Ipata Sánchez236/2023
- Daniel Leal Sánchez y Otros.364/2020
- Daniel Medina Cano264/2022
- Daniel Mora Torres178/2022