Daniel Bernal Saucedo

Expediente 582/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
582/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
24/10/2018

Partes del expediente

  • Daniel Bernal Saucedo

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintiséis de septiembre pasado, en la que SE CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Daniel Bernal Saucedo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. REQUERIMIENTO Y APERCIBIMIENTO. Ahora, tomando en consideración que se concedió el amparo a la parte quejosa, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para que en consideración al ordinal 192 párrafo segundo de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copia certificada que acredite lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del tiempo señalado, le será impuesta una multa, conforme al artículo 258 de la ley antes citada; y si aun así es omiso se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. EFECTOS PARA LOS QUE SE CONCEDIÓ EL AMPARO. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento del Tribunal responsable que la obligación que le fue impuesta en la ejecutoria de amparo es para el efecto siguiente: ".En consecuencia, lo procedente es otorgar al quejoso DANIEL BERNAL SAUCEDO, la protección constitucional solicitada, para el efecto de que acatando los términos establecidos en la ley, continúe con el trámite del juicio ordinario laboral 289/2017, realice las gestiones necesarias a fin de emplazar a juicio a la parte demandada y de de resultar procedente, ordene que tenga verificativo la fase procesal que corresponda; sin que haya lugar a conceder el amparo a fin de que la autoridad responsable cierre la instrucción y emita el laudo respectivo, toda vez que los alcances de la concesión deben limitarse en función de la etapa procedimental, en que se sitúa el acto reclamado, de ahí que lo conducente sea que la responsable continúe con la tramitación del juicio por la fase que corresponda, acatando los términos de ley, ello a fin de respetar y cumplir lo que la garantía individual en cuestión exige y, por tanto, resarcir así al impetrante de garantías en el pleno goce de la misma, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo.". NO TIENE SUPERIOR JERÁRQUICO Sin que en la especie sea el caso proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la nueva Ley de Amparo, puesto que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, no tiene superior jerárquico que le ordene cumplir con el fallo protector, y que sea por tanto su corresponsable por la falta de cumplimiento del mismo. Por su contenido jurídico e ilustrativo se invoca la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2000099 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 36/2011 (10a.) Página: 3515 JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. Contradicción de tesis 375/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito. 9 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adriana Cecilia Saulés Pérez. Tesis de jurisprudencia 36/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciséis de noviembre de dos mil once. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    c Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de veinticuatro de agosto del año en curso, dictado en el expediente del juicio de amparo VIII-582/2018, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la ley de amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las DIEZ HORAS DEL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo VIII-582/2018 promovido por DANIEL BERNAL SAUCEDO contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado (Foja 22-30) Coordinador del Área de Actuaría del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. (Foja 22-30) EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que llegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, adjuntó como sustento de su informe justificado la documental consistente en: Copia certificada de las actuaciones que integran el expediente 289/2017. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de la partes formuló alegato alguno. EL JUEZ: Se tiene por concluido tal periodo, y por perdido el derecho de las partes a formular alegato alguno, se da por terminada la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número VIII-582/2018, promovido por Daniel Bernal Saucedo, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el doce de julio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, remitido el mismo día, por razón de turno a este órgano jurisdiccional, Daniel Bernal Saucedo por medio de su apoderado, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. La parte promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos humanos protegidos en los artículos 14, 16, 17 y 123 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por auto de trece de julio del año en curso, este juzgado admitió a trámite la demanda, misma que quedó registrada bajo el número VIII-582/2018; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama la omisión de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la Litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable, en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión de emplazar a juicio a la parte demandada, así como la omisión de llevar a cabo dentro del juicio ordinario laboral número 289/2017 el desahogo de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Por otro lado, del contenido del informe justificado rendido por el Presidente y Coordinador del Área de Actuaría del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, se advierte que es cierto el acto reclamado consistente en la omisión de emplazar a juicio, así como de llevar a cabo el desahogo de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. Por su aplicación, es de invocarse la jurisprudencia, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por otro lado, efecto de acreditar sus aseveraciones, la autoridad responsable remitió copia certificada de diversas actuaciones. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte promovente del amparo expresó como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda, mismos que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, la cual es del siguiente rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". SÉXTO. ESTUDIO DE FONDO. El único concepto de violación aducido es esencialmente fundado. Ahora bien, previo al pronunciamiento que este órgano de control realice, es preciso señalar que el estudio del acto reclamado en la demanda de amparo debe realizarse de manera exhaustiva en todos los apartados que contenga la demanda de amparo, esto a fin de que el órgano de control constitucional esté en aptitud de impartir una justicia completa e integral atendiendo a las solicitudes del gobernado, debiendo analizar el que la actuación de la autoridad responsable siempre sea en apego al respeto de los derechos humanos de la persona, y en caso de que se advierta alguna inconformidad que pueda vulnerarlos realizar el pronunciamiento respectivo. Precisado lo anterior, se tiene que la parte quejosa reclama medularmente la violación en su perjuicio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que efectivamente ha acontecido. Ahora bien, resulta correcta la apreciación del ahora solicitante de la tutela constitucional, pues efectivamente la actitud omisa de la autoridad responsable, resulta violatoria de la garantía de pronta impartición de justicia tutelada por el artículo 17 de la Constitución Federal, por lo siguiente. De la exégesis del precepto constitucional transcrito, se desprende la obligación para los tribunales encargados de la impartición de justicia de dictar sus resoluciones en forma pronta y expedita, imponiéndosele a la autoridad jurisdiccional sujetarse para ello a los términos que se establezcan en la ley que rija el acto. A fin de corroborar lo anterior conviene señalar que el artículo 99 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, en lo medular dispone que, en una sola audiencia, se recibirán las pruebas y alegatos de las partes y se pronunciará la resolución correspondiente. En ese orden, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, informó que es cierto el acto reclamado, situación que se corrobora con las constancias remitidas por la misma, se advierte que se encuentra radicado el expediente ordinario laboral 289/2017, promovido por la parte impetrante del amparo, y que en el mismo se dictó el auto de veinte de junio del año en curso, en el cual se señalaron las nueve horas del doce de septiembre de la presente anualidad, a efecto de que tuviera verificativo la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, sin que a la fecha se cuente con constancia en la que se evidencie el pronunciamiento de auto diverso. En ese contexto, evidente resulta que el Presidente del Tribunal responsable inobservó lo establecido en el artículo 17 Constitucional en cuanto refiere que la impartición de justicia debe ser pronta, pues si en el expediente natural se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, debió haberse dictado laudo de inmediato, dado que de autos no se advierte que hubiere ordenado la práctica de diligencias posteriores, así como el emplazamiento de la parte demandada, conforme lo dispone el artículo 99 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios. Cabe mencionar, que de las constancias remitidas en su informe de ley, se advierte que el veinte de junio del año en curso, señalo fecha para el desahogo de la audiencia de prueba, alegatos y resolución. Sin embargo, debe decirse que el referido proveído no justifica el proceder del Tribual responsable, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que son inaplicables de manera supletoria los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo a la Ley Burocrática (actualmente Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios), precisamente porque está última legislación prevé un procedimiento diferente para la emisión de sus laudos, diverso al de la codificación obrera citada en primer término. En efecto, el artículo 99 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios señala el procedimiento a seguir, del que destaca que aquél se reducirá a la presentación de la demanda y contestación y a una sola audiencia en la que se presentarán pruebas y alegatos, y se pronunciará resolución, a menos que se requiera la práctica de diligencias posteriores. Así, no obstante que la responsable realizó una actuación no prevista en la legislación que rige el acto, esto es, que por auto de veinte de junio de la presente anualidad, señaló fecha para el desahogo de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, sin que a la fecha obre constancia alguna que evidencie el pronunciamiento de auto alguno posterior al mencionado. En ese sentido, si desde el veinte de junio de dos mil diecisiete, el tribunal responsable tuvo por recibida la demanda planteada por el aquí quejoso y hasta el veinte de junio del año en curso se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, de ahí que dichos términos exceden en demasía al que alude el artículo 99 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, por ende, es que la abstención que se reclama en esta vía constitucional resulte violatoria de la garantía que pregona el artículo 17 Constitucional relativa a la impartición de justicia pronta y expedita. En consecuencia, lo procedente es otorgar al quejoso DANIEL BERNAL SAUCEDO, la protección constitucional solicitada, para el efecto de que acatando los términos establecidos en la ley, continúe con el trámite del juicio ordinario laboral 289/2017, realice las gestiones necesarias a fin de emplazar a juicio a la parte demandada y de de resultar procedente, ordene que tenga verificativo la fase procesal que corresponda; sin que haya lugar a conceder el amparo a fin de que la autoridad responsable cierre la instrucción y emita el laudo respectivo, toda vez que los alcances de la concesión deben limitarse en función de la etapa procedimental, en que se sitúa el acto reclamado, de ahí que lo conducente sea que la responsable continúe con la tramitación del juicio por la fase que corresponda, acatando los términos de ley, ello a fin de respetar y cumplir lo que la garantía individual en cuestión exige y, por tanto, resarcir así al impetrante de garantías en el pleno goce de la misma, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 732, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Lo anterior, a fin de restituir a la impetrante en el goce de la garantía individual violada, de conformidad con el numeral 77, fracción II, de la Ley de la Materia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a********************en contra del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, con base a las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe. ireriarantxa

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En tal virtud, para dar margen a que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere para las DIEZ HORAS DEL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

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