Daniel González Delgado
Expediente 1266/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1266/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 02/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Daniel González Delgado
- Juez de Ejecución de Sanciones En Turno, Con Sede En Cieneguilas, Zacatecas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
En dos de febrero de dos mil diecisiete, el licenciado Héctor Hugo mejorada Bedolla, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, certifica: Transcurrió el término de tres días concedido al quejoso en auto de trece de enero del año en curso, a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el cumplimiento otorgado a la sentencia dictada en el presente asunto. Tras una revisión del expediente en el que se actúa, se advierte que no se exhibieron documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se hace constar que se aperturó incidente de suspensión, en el que se negó la medida cautelar solicitada; asimismo no se exhibió billete de depósito. No existen tomos de prueba o constancias que devolver a las partes. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, dos de febrero de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta a la juez con el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico, con la certificación que antecede. Conste. El secretario Lic. Héctor Hugo Mejorada Bedolla Zacatecas, Zacatecas, dos de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos de los que se advierte que mediante proveído de trece de enero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con el oficio y anexos allegados por la autoridad responsable Jueza de Ejecución de Sanciones de la capital, mediante el cual informó el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente expediente, a fin de que en el término de tres días hábiles manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que a la fecha haya realizado exposición alguna. En tal virtud, vistas las constancias que integran el presente cuaderno, esta Juzgadora procede emitir determinación en cuanto al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo en los siguientes términos: El veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional dictó concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitado por el quejoso Daniel González Delgado, en los términos siguientes: ". . . En las relatadas condiciones, procede conceder la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que el Juez de Ejecución de Sanciones de la Capital, con residencia en Cieneguillas, Zacatecas, de inmediato, proceda a notificar al quejoso DANIEL GONZÁLEZ DELGADO, la contestación que se dio a la petición presentada el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, esto es, el contenido de los proveídos de ocho y veintinueve de noviembre del año en curso; situación con la que se restituye al quejoso en el goce del derecho humano aquí considerado transgredido, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. En el entendido de que la notificación personal al quejoso deberá realizarse en el lugar de su reclusión."... Así, el efecto principal de la concesión de amparo se concreta en la obligación de notificar personalmente al quejoso, en el centro de reclusión en el que se encuentra, los proveídos de ocho y veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, que recayeron a la petición formulada el día cuatro del propio mes y año. En proveído de veintinueve de diciembre de dos mil quince (sic), se recibió oficio signado por la Jueza de Ejecución de Sanciones de la capital, por el que informó sobre el cumplimiento otorgado al fallo protector del amparo, por lo que se determinó que una vez que causara ejecutoria el indicado fallo, se acordara lo que en derecho procediera. Posteriormente, con fecha trece de enero de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la citada sentencia al no haber sido impugnada por alguna de las partes en el plazo concedido para tal efecto, y se determinó que no era necesario requerir a la autoridad responsable para que otorgara cumplimiento a la sentencia protectora, toda vez que en proveído de veintinueve de diciembre pasado, se tuvo recibido el oficio signado la Jueza de Ejecución de Sanciones de la capital, al que acompañó copia certificada del auto de veintisiete de diciembre citado, así como de la notificación practicada el quejoso, respecto de los proveídos de ocho y veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplió con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas por la Jueza de Ejecución de Sanciones de la capital, consistentes en copia certificada del auto de veintisiete de diciembre citado, así como de la notificación practicada el quejoso, respecto de los proveídos de ocho y veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, se advierte que dio cabal cumplimiento a todos los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo; esto es, notificó al quejoso la contestación que dio a la petición presentada el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, es decir, el contenido de los acuerdos antes precisados, en el lugar de su reclusión (fojas 89 y 90). Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo, pues de acuerdo a lo expuesto, se ha restituido al quejoso en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis VI.1o.P.27 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 832 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA." Finalmente, atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de depuración, en términos del punto segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años, conservando en su oportunidad, la demanda y sentencia. PROVIDENCIAS SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otro lado, al haberse negado la suspensión definitiva en el incidente relativo al presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo citado, se determina que el original del cuaderno correspondiente es susceptible de destrucción en el lapso de tres años a que se refiere ese apartado; por lo que deberá glosarse al cuaderno principal una vez que este último se envíe físicamente al archivo; debiendo hacerse igualmente la anotación en la carátula tanto del cuaderno principal como del incidente. En el entendido de que el duplicado de dicho incidente es susceptible de destrucción, conforme al contenido del punto vigésimo, fracción III, del propio Acuerdo General. Dicho cuaderno deberá guardarse por separado hasta en tanto transcurra el término de seis meses que se indica en el aludido apartado. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Bjm
- Principal
En trece de enero de dos mil diecisiete, la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, ------------------------------------------------------------------------------------ C E R T I F I C A:---------------------------- Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió del veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis al once de enero del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Tribunal Federal el veintiséis de diciembre pasado.- DOY FE. En la misma fecha, la Secretaria licenciada María Concepción García Jacobo, doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, TRECE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, en la que se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; por tanto, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia y 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Ahora bien, en el presente asunto resulta innecesario requerir a la autoridad responsable para que otorgue cumplimiento a la sentencia protectora de garantías, toda vez que en proveído de veintinueve de diciembre pasado, se tuvo por recibido el oficio signado la Jueza de Ejecución de Sanciones de la capital, al que acompañó copia certificada del auto de veintisiete de diciembre citado, así como de la notificación practicada el quejoso, respecto de los proveídos de ocho y veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis; en consecuencia, con el contenido del oficio y anexos antes relacionados, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días exponga lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obran en el expediente, y los datos aportados por la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe. Bjm
- Principal
En veintinueve de diciembre de dos mil quince, se da cuenta al Secretaria encargada del despacho con un oficio registrado con el número 21433 y anexos que se adjuntan.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Jueza de Ejecución de Sanciones de la capital, con residencia en Cieneguillas, Zacatecas, mediante el cual, informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de garantías; y en atención a su contenido, una vez que cause ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio, acuérdese lo que en derecho proceda. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/7984/2016, signado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Bjm.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de garantías 1266/2016-1, estando en audiencia pública la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/7984/2016, signado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, se procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el Secretario procede a dar lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas, en aplicación a la Jurisprudencia siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas.". En relación con lo anterior, la Secretaria encargada del despacho acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas, por rendido el informe justificado de la autoridad señalada como responsable, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo en vigor. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, en el cual de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 119 de la Ley de la Materia invocada, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, las documentales que remitió las autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del expediente 60/2015. Cerrado el período probatorio, se pasa a la etapa de alegatos, se hace constar que no fueron formulados por las partes. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se pasa a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1266/2016-1; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. En escrito presentado el uno de diciembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Daniel González Delgado, por su propio derecho, formuló demanda de amparo indirecto, contra la autoridad, acto y por violación a derechos fundamentales contenidos en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridad Responsable Juez de Ejecución de Sanciones de la Capital con residencia en Cieneguillas, Zacatecas. Acto reclamado: "IV. ACTO RECLAMADO. El día 04 de noviembre formule escrito por mi propio derecho y fue recibido por el juzgado de ejecución de sanciones a las 12:30 hrs y se hace caso a mi respetuosa petición donde solicitó me sea practicada pericial médica a efecto de que se determine que padezco una enfermedad que me impide valerme por mí mismo y que la autoridad responsable me conceda la sustitución de la pena de prisión por una medida de seguridad en atención a mi precario estado de salud, haciendo caso omiso." Preceptos constitucionales que se estiman violados. Los quejosos señalaron como derechos humanos violados, los contemplados en los artículos 1, 4, 14, 16, 17, 18, 21 y 22 Constitucionales. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, su titular dictó proveído el cinco de diciembre de dos mil dieciséis, en que se ordenó su admisión y registro con el número 1266/2016-2; se pidió informe justificado a las autoridad señalada como responsable; se dio intervención al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; se fijó día y hora para su desahogo, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse una omisión de una autoridad administrativa residente dentro de la demarcación territorial en que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme las jurisprudencias del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión de dar contestación a la petición presentada el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis. TERCERO. Existencia, certeza o presunción del acto reclamado. Una vez precisado el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará su inexistencia, certeza o presunción, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." La autoridad responsable Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Capital, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado y, en esencia manifestó, que si se dio contestación en tiempo y forma, mediante auto de ocho de noviembre de dos mil dieciséis, en el que atendiendo a la naturaleza de la petición del sentenciado se determinó dar vista a la Defensora Pública a fin de que precisará la petición del sentenciado siguiendo las reglas de la Ley del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones del Estado; vista que se tuvo por evacuada mediante proveído de veintisiete de noviembre del año en curso. Asimismo, señaló que en atención a ello, se determinó la reserva del acuerdo correspondiente, dada la suspensión definitiva otorgada a la quejosa Estefana Casas Reyes, en el juicio de amparo número 547/2016-I. Circunstancias que ponen de manifiesto que la autoridad responsable si bien es cierto que ya dio contestación a la petición recibida el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, también lo es que, la vista ordenada a la Defensora Pública y la reserva del acuerdo emitidas por escrito deben ser notificadas al solicitante, lo que necesariamente debe ser verificado sí ocurrió o no; por tanto, debe tenerse por cierto el acto reclamado, pues no basta que se haya emitido respuesta, sino también que se haya notificado al quejoso. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de los rubros y textos siguientes: "PETICION. NOTIFICACION DE ACUERDOS.- La notificación de un acuerdo no depende exclusivamente de la autoridad que lo dicta, cuya buena fe no está a discusión; es evidente que si no se demuestra que la citada notificación se llevó a efecto, la solicitante está en lo justo en invocar como infringido en su perjuicio el artículo octavo constitucional." "PETICION. NOTIFICACION AL INTERESADO.- No es exacto que, acordada una solicitud, sea inminente la notificación de ese acuerdo al interesado, porque puede suceder que se omita dicha notificación. Si no se demuestra que se notificó al peticionario el acuerdo recaído a su solicitud, debe concluirse, que fue infringido el artículo 8o. constitucional." "PETICIÓN, DERECHO DE, EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. EL MINISTERIO PÚBLICO ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES.- El Ministerio Público, durante la fase de averiguación previa, está obligado a respetar el derecho de petición del ofendido y del inculpado, consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Federal, y por consiguiente, a notificarles los acuerdos correspondientes, excluyendo obviamente las actuaciones que por su naturaleza deben permanecer en sigilo, a fin de no entorpecer su función de investigación y persecución de los delitos." CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la presunción del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, tampoco la encargada del despacho, después de analizar las actuaciones de este juicio de garantías, advierte su existencia de manera oficiosa. QUINTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Es fundado el concepto de violación en que se aduce que la autoridad responsable ha sido omisa en dar contestación por escrito a su petición, suplido en su deficiencia, en términos de lo previsto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, pues ha transcurrido un tiempo prudente, desde que se recibió su petición a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, si bien es cierto, sí se dio contestación, no se realizó notificación alguna. En efecto, de autos se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional en realidad vulnera el derecho humano previsto en el artículo 8º constitucional, porque la autoridad responsable no ha dado respuesta a la solicitud presentada por el quejoso Daniel González Delgado, mediante la cual solicitó le fuera practicada pericial médica a fin de saber si tiene algún padecimiento y que el juez de Ejecución de Sanciones le conceda la sustitución de la pena de prisión. Ahora bien, a fin de evidenciar la violación constitucional aquí destacada, es pertinente tomar en consideración el imperativo contenido en el artículo 8° de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. - - - A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. (.)." El precepto constitucional transcrito, consagra la garantía de seguridad jurídica conocida como "derecho de petición" que impone la obligación a las autoridades (funcionarios y empleados públicos), a quienes se dirija la petición correspondiente, contestarla mediante acuerdo por escrito y dar a conocer la respuesta en breve término al peticionario. Así las cosas, de lo antes expuesto, se logran evidenciar los siguientes requisitos para que se cumpla con el derecho de petición y que son: 1.- La presentación de una solicitud por escrito o verbal ante una autoridad, en forma pacífica y respetuosa; 2.- Que en tal solicitud se pida algo, es decir, que la petición elevada a la autoridad contenga la solicitud de una conducta de dar o de hacer a la que el peticionario estima tener derecho o que la autoridad se pronuncie sobre determinada situación que corresponda a su competencia; 3.- Que a tal petición deberá recaer una contestación también por escrito, congruente con lo solicitado; y 4.- Que la respuesta al derecho de petición deberá ser notificada al peticionario, lo cual deberá quedar debidamente probado por la autoridad ante quien se presentó la solicitud. Asimismo, es importante destacar, que el breve término es aquél en que racionalmente pude estudiarse una petición y acordarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del rubro y texto siguiente: "PETICION, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término" a que se refiere el artículo 8 constitucional, es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse." Luego, si el Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Capital, con residencia en Cieneguillas, Zacatecas, si bien es cierto exhibió copias certificadas de diversas constancias, entre ellas, de los acuerdos de ocho y veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, también lo es que dicha autoridad transgredió en perjuicio de la parte quejosa el artículo 8° constitucional, pues a pesar de que el solicitante presentó ante esa dependencia, tal y como se advierte del acuse de recibo del escrito recibido el cuatro de noviembre del año en curso; aquélla no acreditó que tal respuesta haya sido notificada de manera personal al sentenciado Daniel González Delgado. Lo anterior es así, pues con independencia de que la citada autoridad informe que mediante proveído de ocho de noviembre de dos mil dieciséis, haya ordenado dar vista a la Defensora Pública del sentenciado por el término de setenta y dos horas, a fin de que manifestara lo respectivo a los intereses de su representado, también lo es que, era necesario que el sentenciado aquí quejoso fuera notificado del acuerdo que recayó a su petición. Ante ello, la omisión de notificar el contenido de los proveídos de ocho y veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis en breve término, vulneró el derecho humano contenido en el artículo 8º constitucional. En las relatadas condiciones, procede conceder la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que el Juez de Ejecución de Sanciones de la Capital, con residencia en Cieneguillas, Zacatecas, de inmediato, proceda a notificar al quejoso DANIEL GONZÁLEZ DELGADO, la contestación que se dio a la petición presentada el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, esto es, el contenido de los proveídos de ocho y veintinueve de noviembre del año en curso; situación con la que se restituye al quejoso en el goce del derecho humano aquí considerado transgredido, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. En el entendido de que la notificación personal al quejoso deberá realizarse en el lugar de su reclusión. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE PROBAR QUE DICTÓ LA RESOLUCIÓN A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO. La sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso, no es bastante para tenerlos por no ciertos, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido que se le formuló una solicitud por escrito, corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la contestación respectiva y de que se hizo del conocimiento del peticionario, sin que sea admisible arrojar sobre éste la carga de probar un hecho negativo, como lo es el de que no hubo tal contestación." "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. - El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo". Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, 77 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a Daniel González Delgado, en contra del acto y autoridad que quedaron precisados en el resultando primero, para los efectos indicados en la parte final del considerando quinto de esta sentencia. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/7984/2016, signado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. L'JMZG.
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