Daniel de la Torre Flores

Expediente 659/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 1 actuación registrada, la última del 22 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
659/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
22/08/2019

Partes del expediente

  • Daniel de la Torre Flores

Actuaciones

  1. Principal

    CERTIFICACIÓN: Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, certifica y hace constar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal del Gobierno del Estado de Zacatecas declaró que las vacaciones del primer semestre del año dos mil diecinueve, se otorgarán del veintidós de julio al dos de agosto del presente año, para todos los servidores públicos, lo cual se puede constatar en el oficio SFP/SR/DCI/066/2019, signado por el director de Asuntos Contenciosos de la Secretaría de la Función Pública. Doy fe. La Secretaria Lic. Rebeca Isabel Medina Becerra. CUENTA. El veintidós de agosto de dos mil diecinueve, se da cuenta con lo siguiente: La circunstancia de que los licenciados Víctor Torres Bañuelos, Mario Armando de Loera Barrios y Arnulfo Rayas González (1092373, 7016339 y 1001565) tienen registrada sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con la circunstancia de que los licenciados Eduardo Fernando Noyola Núñez (5765795), Amuraby Gutiérrez Torres (6786631) María Guadalupe Gaytán García (1880815), Michell Blanca Magnolia García del Real (08718740) y María Olivia Landa Benitez (2655056), cuentan con cédula profesional registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de agosto de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Daniel de la Torre Flores, contra actos de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 25 y 31, fracción IV constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 659/2019 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. En el caso, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo planteado, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que es del texto literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del referido precepto legal se advierte que el juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables: H. Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas; Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas; y, Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas. Titular de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: "Lo es el Decreto número 113, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas el día 29 de diciembre de 2018, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera del Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios y de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, vigente a partir del 01 de enero de 2019, en específico el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, así como los efectos que éste causa en los diversos artículos 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 la misma ley. De la H. Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas: a) La discusión, aprobación, sanción y expedición del Decreto 113, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas el día 29 de diciembre de 2018. 2. Del Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas: b) La promulgación Decreto Número 113, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas el día 29 de diciembre de 2018. 3. Del C. Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas: c) La recaudación del impuesto adicional para la infraestructura. 3. Del Titular de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas: d) El cobro del Impuesto Adicional para la Infraestructura. [.] En ese contexto, este resolutor considera que en la especie se patentiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17 de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Por su parte, el numeral 18 de la ley reglamentaria en consulta establece que el plazo genérico de quince días que para promover el juicio de amparo señala el numeral 17 de esa propia legislación, se computará: a) A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa del acto o resolución que reclame; y, b) A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del citado artículo 17 en el que se computará a partir del día de en que entre en vigor la norma que se impugne. Establecido lo anterior, se tiene que en el caso a estudio se actualiza la hipótesis que se indica en el inciso b), es decir, la que se refiere a que el plazo para instar la acción constitucional debe computarse a partir del día siguiente al en que la parte quejosa haya tenido conocimiento o se ostente sabedora del acto reclamado o de su ejecución; y que en el caso particular se concretó en el momento en que la parte quejosa realizó el pago por concepto del impuesto adicional de infraestructura que constituye el acto que reclama. Para ilustrar lo anterior, se invocan los criterios siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA LAS. EL ACTO DE AUTOLIQUIDACION DE UNA CONTRIBUCION COLOCA AL PARTICULAR EN EL SUPUESTO DE LA LEY RECLAMADA Y LO VINCULA A ELLA, EMPEZANDO A PARTIR DE ESE MOMENTO, A CAUSARLE PERJUICIOS Y A CORRER EL TERMINO DE QUINCE DIAS PARA IMPUGNARLA. El artículo vigésimo cuarto transitorio de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, prevé el pago de una sobretasa del 10 % respecto del impuesto sobre la renta para el ejercicio fiscal correspondiente al año de mil novecientos ochenta y tres. Ahora bien, si el quejoso presentó su declaración relativa al pago de la sobretasa del 10 % y este documento fue recibido por la oficina federal de Hacienda correspondiente, debe estimarse que el artículo en cuestión empezó a causarle perjuicios al quejoso a partir del momento en que se vinculó a la ley colocándose en su supuesto; es decir, cuando formuló su autoliquidación y las autoridades fiscales le recibieron la declaración correspondiente, por ende también empezó a correr el término de quince días a que se refiere el artículo 21 de la ley de la materia para promover el juicio de amparo en contra del precepto reclamado y su aplicación.". "DEMANDA DE AMPARO CONTRA LEYES. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE TUVO LUGAR EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR EL GOBERNADO. De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, el término para promover la demanda de garantías es, por regla general, de quince días, el cual debe computarse desde el día siguiente a) al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; b) al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o, c) al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el supuesto del inciso a), cuando el acto de aplicación provenga de la autoridad, el plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, mientras que en las hipótesis precisadas en los incisos b) y c) implica que no exista una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, por lo que el término debe computarse a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. En consecuencia, si la quejosa impugna una ley con motivo del primer acto de aplicación realizado por ella, resulta incuestionable que el plazo de quince días se inicia a partir del día siguiente al en que se autoaplicó la norma; por tanto, si a la fecha de su presentación ya había fenecido dicho plazo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo.". Al respecto, se destaca la circunstancia de que en el escrito inicial de demanda la parte quejosa del amparo, señaló como actos reclamados la aprobación y expedición del decreto legislativo 113, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del estado de Zacatecas, particularmente los artículos 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. Asimismo, manifestó que el pago realizado por tales conceptos se efectuó el doce de julio de dos mil diecinueve, como se observa del ticket folio 20324662 (16), que exhibió la parte promovente del amparo. Lo expuesto por el garante en los términos antes indicados, constituye una confesión con valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto por los numerales 199 y 200 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Es aplicable al respecto, la tesis consultable en la página 353, Volumen 205-216, Séptima Parte, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA PRESENTAR LA, CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días, que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, pues si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que, si el Juez de Distrito, con base en esa manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal proceder es correcto, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa de la fecha en que tuvo conocimiento el acto reclamado." Conforme lo anterior, es evidente que el quejoso tuvo conocimiento de los actos que ahora reclama en su escrito de demanda desde el doce de julio de dos mil diecinueve. Entonces, la fecha que ha de tomarse en cuenta para el inicio del cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo es la de quince de julio de dos mil diecinueve; por lo que el plazo de quince días que la ley precisa para promover la demanda de amparo, concluyó el dieciséis de agosto del año en curso, sin contar el primer periodo vacacional concedido a las autoridades responsables, comprendido del veintidós de julio al dos de agosto del presente año, lo cual se puede constatar en el oficio SFP/SR/DCI/066/2019, signado por el director de Asuntos Contenciosos de la Secretaría de la Función Pública, así como los diversos días veinte, veintiuno de julio, tres, cuatro, diez y once de agosto de dos mil diecinueve, por ser sábados y domingos. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada por la parte quejosa el veinte de agosto de dos mil diecinueve, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas, es indudable, que se realizó fuera del plazo legal previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 14, publicada en la página 11 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE.- Se presumen así, para los efectos del amparo los actos del orden común y administrativo que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.". Sólo resta decir que en el presente asunto no se actualiza ninguna de las excepciones que establecen las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, que consignan: [.] I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". En las relatadas condiciones, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17 de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 113, de esa propia legislación, se desecha de plano la demanda que se plantea por Daniel de la Torre Flores. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. En otro aspecto, como lo solicita el impetrante de amparo, téngase como autorizados con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Eduardo Fernando Noyola Núñez (5765795), Amuraby Gutiérrez Torres (6786631) María Guadalupe Gaytán García (1880815), Michell Blanca Magnolia García del Real (08718740) y María Olivia Landa Benitez (2655056), cuentan con cédula profesional registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por no contar con ese requisito se tiene como autorizado únicamente para recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de los autos a Ma. Dolores Talamantes Hernández y Claudia Yesenia García Lara, por así solicitarlo el quejoso y como domicilio para tal fin el ubicado en calle Tres (3), número ciento nueve letra "D" (109-D), colonia Boulevares de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.

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