Daniel Francisco López Zea

Expediente 1429/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 30 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1429/2017
Año
2017
Actuaciones
30
Última actuación
21/06/2023

Partes del expediente

  • Daniel Francisco López Zea
  • Daniel Francisco López Zea y Otros.
  • Alejandra Guzmán Santiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco años previsto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para el efecto de realizar la depuración respectiva. Por tanto, de conformidad con lo instruido en la circular CAP/DGAD/7/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación de la Coordinación De Asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la desincorporación de este sumario, debiendo conservar la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el auto en el que se ordena el archivo como asunto concluido; y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, según corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes. Cúmplase.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco años previsto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para el efecto de realizar la depuración respectiva. Por tanto, de conformidad con lo instruido en la circular CAP/DGAD/7/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación de la Coordinación De Asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la desincorporación de este sumario, debiendo conservar la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el auto en el que se ordena el archivo como asunto concluido; y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, según corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes. Cúmplase.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé en el primer párrafo el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas manifestaran su inconformidad contra el proveído de nueve de abril de dos mil dieciocho, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: DEPURAR EXPEDIENTE PRINCIPAL 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. De los autos del presente expediente no se advierte que existan documentos originales en los términos que señala el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no tiene especial transcendencia jurídica, política, histórica, ni documental, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el segundo párrafo de la fracción V del artículo vigésimo primero del acuerdo citado en líneas que anteceden. DEPURAR CUADERNO ORIGINAL INCIDENTE 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. DESTRUIR DUPLICADO INCIDENTE 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. TRANSFERENCIA 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de abril de dos mil dieciocho. 1) Antecedentes. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente del que se desprende:  Que el veintidós de febrero de dos mil dieciocho (fojas 82 a 111), se dictó resolución definitiva en la que se determinó conceder la medida protectora solicitada por la parte quejosa, para los efectos ahí precisados.  Que por oficio 427/2018, de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintiséis siguiente, el 1. Juez de Control de la Región Dos, Distritos Judiciales de San Cristóbal y Bochil, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, comunicó que a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el veintitrés de marzo del presente año, dictó nueva resolución en la que negó la orden de aprehensión solicitada en contra del quejoso en la causa penal 79/2017 (fojas 168 a 175).  Que mediante proveído de veintiséis de marzo de la presente anualidad, se ordenó dar vista a las partes con la determinación dictada por la autoridad responsable, para que en el término de tres días expresaran lo que a su derecho conviniera; termino que se estableció en la certificación realizada por el secretario de acuerdos de éste Juzgado, vista que no fue desahogada. Con base a lo anterior, este órgano de control constitucional procede a resolver de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no puntualmente cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos o si existe imposibilidad para cumplirlo. CONSIDERANDO PRIMERO.- Efectos de la ejecutoria de amparo: Conforme al texto de la ejecutoria de amparo la protección de la Justicia Federal, se otorgó para que la autoridad responsable procediera de la siguiente manera: ".a) Deje sin efectos la orden de aprehensión de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, librada en la causa penal 79/2017, por cuanto hace al quejoso Daniel Francisco López Zea; y, b) En su lugar, con plenitud de jurisdicción, se pronuncie nuevamente en relación a la petición de captura del Ministerio Público; determinación que podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, es decir, deberá exponer cómo los datos de prueba aportados por la Fiscal del Ministerio Público permiten establecer en grado razonable, que se cometió un hecho ilícito (núcleo del tipo) y que existía la probabilidad de que el quejoso lo cometió; y, en consecuencia, valore los registros correspondientes, califique la pertinencia, idoneidad y suficiencia a fin de generar convicción para emitir el fallo respectivo, sin que pueda tomar en cuenta mayores datos de prueba a los inicialmente considerados. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos atribuidos a las autoridades ejecutoras, por no haberse reclamado por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de los actos reclamados a la ordenadora, respecto de los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal." De la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo este órgano jurisdiccional advirtió que la responsable transgredió los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 16 de la Constitución General de la República, pues incumplió su obligación de fundar y motivar adecuadamente la orden de captura librada en contra del quejoso, exigencias aplicables a cualquier actuación de la autoridad. SEGUNDO.- Acto de la autoridad. Por su parte, a ese respecto, el juez responsable por oficio 427/2018, remitió copia certificada de la determinación de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante la cual declaró insubsistente la orden de aprehensión de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, librada en la causa penal 79/2017, única y exclusivamente a favor del aquí quejoso, asimismo, emitió en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, nueva resolución en la que negó la orden de aprehensión en contra del peticionario Daniel Francisco López Zea, de la que se advierte que a fin de purgar los vicios formales, la responsable señaló los preceptos legales que estimó aplicables para sustentar su determinación, y expuso de manera razonada el porqué de la conclusión a la que arribó, tomando en consideración los datos de prueba inicialmente considerados, citando para tal efecto los preceptos legales en los que sustentó su determinación. TERCERO.- Análisis de cumplimiento. Ahora bien, procede determinar si la sentencia de amparo fue cumplida conforme a los efectos que este órgano jurisdiccional señaló, haciendo el examen de la copia certificada de la determinación remitida por la autoridad responsable, la cual tiene valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º. En lo que se refiere que el juez responsable dejará sin efectos la orden de aprehensión reclamada, única y exclusivamente por cuanto hace al quejoso Daniel Francisco López Zea; sí se llevó a cabo, pues se advierte del resolutivo primero de la resolución de veintitrés de marzo de la presente anualidad, declaró insubsistente y sin ningún valor jurídico la orden de captura de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, librada en la causa penal 79/2017 en contra del aquí peticionario de amparo. Por otra parte, respecto al inciso b), relativo a que en su lugar, con plenitud de jurisdicción, el juez responsable se pronunciara nuevamente en relación en relación a la petición de captura del Ministerio Público, la cual podría ser en el mismo sentido de la anterior; purgando los vicios formales que la afectaban, es decir, exponiendo cómo los datos de prueba aportados por la Fiscal del Ministerio Público permiten establecer en grado razonable, que se cometió un hecho ilícito (núcleo del tipo) y que existía la probabilidad de que el quejoso lo cometió; y en consecuencia, valorara los registros correspondientes, calificando la pertinencia, idoneidad y suficiencia a fin de generar convicción para emitir el fallo respectivo, sin tomar en cuenta mayores datos de prueba a los inicialmente considerados, si se cumplió, toda vez que la responsable el veintitrés de marzo del año en curso, con plenitud de jurisdicción determinó negar la orden de aprehensión en contra del aquí quejoso Daniel Francisco López Zea. Lo anterior, en virtud de que el juez responsable al realizar un análisis detallado con relación a la solicitud de la orden de aprehensión respecto a la necesidad de cautela, determinó que el Ministerio Público fue omiso en señalar los datos de prueba con los que se acreditara que, en el caso, resultaba necesaria la restricción de la libertad personal del imputado para hacerlo comparecer a la audiencia inicial, ya que solo se constriñó a manifestar que no obraba informe alguno de identificación del que se evidenciara un domicilio cierto y debidamente establecido del quejoso, o que contara con un arraigo laboral o empleo cierto, que implicaba una imposibilidad real de poder citarlo y formularle imputación, y que además el delito de violación que se le atribuía es de los que amerita prisión preventiva oficiosa. En ese sentido, las solas manifestaciones del Ministerio Público, resultaban insuficientes para acreditar la necesidad de cautela, pues si bien, no pasaba inadvertido que el ilícito por el cual solicitaba la orden de aprehensión es de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, no esgrimió argumento alguno para evidenciar que dicha circunstancia por sí misma, era suficiente para demostrar la necesidad de cautela que se requiere para la emisión de una orden de captura. Por lo que al no haber motivado el Ministerio Público su solicitud de manera correcta en relación a la necesidad de cautela como requisito para librar una orden de aprehensión, ya que no justificó debidamente la necesidad de afectar la libertad personal del imputado con la finalidad de que comparezca ante el Juez de Control a la audiencia de formulación de la imputación, negó la orden de captura solicitada. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento, sin excesos o defectos, a los lineamientos establecidos en el ejecutoria de amparo. Pronunciamiento: Toda vez que la autoridad responsable dió cumplimiento a la ejecutoria de amparo de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, en forma total, sin excesos ni defectos, así procede declararlo, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. Vista: Para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. Notifíquese.

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