Daniel Fernando Gaxiola Ibarra y Otros.
Expediente 210/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 210/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 08/08/2022
Partes del expediente
- Daniel Fernando Gaxiola Ibarra y Otros.
- Daniel Fernando Gaxiola Ibarra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ocho de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, con el que remite testimonio de la ejecutoria dictada dentro de la queja ********************, de su índice, así como copia certificada del juicio de amparo ********************, de la estadística de este juzgado, en la que determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se declara infundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido de once de marzo de dos mil veintidós, dictado por la Juez Séptimo de Amparo y Juicios Federales en el Estado, con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto ********************. TERCERO. Se desecha la demanda de amparo promovida por ******************** contra la autoridad y acto precisado en el resultando primero de esta ejecutoria." Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido y remítase el acuse de recibo a la superioridad. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. 4. Destrucción. Respecto de las copias certificadas que devuelve la autoridad oficiante, se ordena su destrucción para evitar así la dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al Actuario Judicial adscrito a este órgano de control constitucional. 5. Devolución de documentos. Toda vez que en autos constan documentos exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del precepto 21, del acuerdo general en comento, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días hábiles, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que para dar cumplimiento a lo antes ordenado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, podrá ingresar al micrositio "Servicios jurisdiccionales" que está disponible en el Portal de Servicios en Línea, a fin de agendar una cita y generar un Código QR con el que podrán ingresar a este órgano jurisdiccional en el día y hora que la "Agenda OJ" le genere; en el entendido que para tal efecto, deberá cumplir los lineamientos establecidos en el artículo 7 del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuatro de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio remitido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual acusa recibo del diverso comunicado 6578/2022 del índice de este juzgado, e informa que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de once de marzo de dos mil veintidós, radicándolo con el número *** de su estadística. De lo que este Juzgado toma conocimiento. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por ***, apoderado legal de ***, por el cual interpone RECURSO DE QUEJA contra el auto de once de marzo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se rinde informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que este órgano de control constitucional emitió el acuerdo de once de marzo de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia. Por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, el original y copia del escrito del recurso de queja, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente y el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación del medio de impugnación interpuesto. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en el sentido de notificar a la totalidad de las partes la interposición de la queja, puesto que el recurso es contra el desechamiento de la demanda y, por ende, no se dio intervención a las demás partes. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de marzo de dos mil veintidós. DESAHOGO DE PREVENCIÓN Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la diligencia de ratificación de diez de marzo de dos mil veintidós, de la que se advierte que ***, ratificó el contenido del escrito registrado con el número de folio 3032, por el que dio cumplimiento a la prevención realizada en proveído de veinticuatro de febrero del año en curso, exhibiendo copia certificada del instrumento notarial novecientos veinticuatro, volumen diecisiete, de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, pasado ante la fe del licenciado ***, titular de la Notaría Pública número tres de la ciudad de Tecate, Baja California, con el que acredita la personalidad con la que comparece a juicio. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; y el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: La resolución de veintisiete de enero de dos mil veintidós, en el toca civil ***, emitida por la Sala Regional Colegiada Mixta Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que revocó el auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el expediente ***, por el que se ordenó la acumulación del citado expediente, al diverso *** del índice del Juzgado Trigésimo Octavo de lo Familiar de la Ciudad de México. Ello es así, pues se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, del mismo ordenamiento, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" El primer precepto transcrito prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando tal consecuencia resulte de alguna disposición de la ley. El segundo numeral prevé la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta contra actos judiciales emitidos dentro de juicio (intraprocesales), que tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, en el entendido de que se considerarán de imposible reparación aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe señalar, que con anterioridad a la promulgación de la actual Ley de Amparo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, había establecido como criterios orientadores para determinar lo que debía entenderse por actos de imposible reparación, los siguientes: a) Como regla general, se estableció que los actos dictados dentro de juicio tenían una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectaban de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos del gobernado (vida, libertad, propiedad o posesión, etcétera); y, b) De manera complementaria, se consideró que los actos procesales tenían una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectaban a las partes en grado predominante o superior (por ejemplo: cuando se decidía una cuestión de personalidad o competencia, entre otros). Corrobora lo anterior, la tesis P. LVII/2004, cuyo rubro se transcriben a continuación: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Como puede apreciarse de la nota comparativa, a diferencia de la vigente disposición normativa, la interpretación efectuada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 114, fracción IV, de la anterior Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, no solamente consideró como actos de imposible reparación dictados dentro de juicio, los que implicaran afectación de derechos sustantivos, sino también las llamadas violaciones de carácter adjetivo, cuyas consecuencias repercutieran de manera exorbitante en el proceso. En ese sentido, se admitía la procedencia del amparo indirecto contra resoluciones que dirimieran cuestiones de personalidad de las partes en el juicio, como una excepción a la regla general de que el amparo procedía cuando la ejecución de los actos reclamados afectara derechos sustantivos, indicando la jurisprudencia relativa que si bien la cuestión de personalidad se vinculaba a una excepción de carácter eminentemente procesal o adjetiva, su resolución contraria a la ley podía confirmar una violación procesal en grado predominante o superior, porque el efecto que tendría la sentencia que la declaraba improcedente, sería la continuación del juicio; y si en el amparo se consideraba que esa resolución era incorrecta, la consecuencia sería que se dictara una resolución en sentido contrario cuyos efectos determinarían la terminación anticipada del juicio, siempre y cuando la resolución definitiva no versara sobre la personalidad de la parte actora y la hubiese declarado fundada, puesto que en esos casos, su efecto habría sido dar por terminado el juicio y lo procedente sería el amparo directo. En efecto, hasta antes del tres de abril de dos mil trece, en que entró en vigor la actual Ley de Amparo, el criterio prevaleciente sobre el alcance de la procedencia del amparo indirecto en tratándose de actos de ejecución irreparable fue que si bien era acertada la distinción entre actos dentro del juicio que afectaran de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, y aquéllos que sólo afectaran derechos adjetivos o procesales, como un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trataba de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución era de imposible reparación, mientras que la segunda hipótesis, por no tener esas características, debían reservarse para ser reclamadas en amparo directo; también era cierto que se consideró que tal criterio no era absoluto pues debía aceptarse de manera excepcional, que el amparo indirecto procedía contra algunas violaciones formales, adjetivas o procesales (como las cuestiones de personalidad), cuando afectaran a las partes en grado "predominante" o "superior"; afectación que se consideró debía determinarse objetivamente. Sobre ese criterio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un número considerable de pautas que introdujeron orden y seguridad en esta materia. Por vía de ejemplo, se incluyeron como violaciones procesales que podían considerarse como de ejecución irreparable en amparo indirecto, diversos temas como la denuncia de juicio a terceros, la competencia y la personalidad, entre otros. El sustento de estos criterios emanaba de la consideración genérica de que al no prever el legislador un concepto determinado sobre la irreparabilidad de los actos, se dejaba al arbitrio de los Tribunales Federales el determinar el alcance de ese concepto. Así, destaca la Jurisprudencia P./J. 4/2001, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO". Empero, esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que por una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento; la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo, y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por tanto, es claro que la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, que carecía del concepto de "actos de imposible reparación", dejó de tener vigencia, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable, contenido en la legislación vigente; ello, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En el caso, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de veintisiete de enero de dos mil veintidós, en el toca civil ***, emitida por la Sala Regional Colegiada Mixta Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que revocó el auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el expediente ***, por el que se ordenó la acumulación del citado expediente, al diverso *** del índice del Juzgado Trigésimo Octavo de lo Familiar de la Ciudad de México. Sin embargo, la referida actuación no irroga a las partes un perjuicio de imposible reparación, en razón que dicha determinación sólo produce efectos intraprocesales que pueden repararse sí se obtiene resolución definitiva favorable. En efecto, la actuación reclamada al estar directamente vinculada con la tramitación del juicio de origen (controversias del orden familiar), se traduce en una violación adjetiva que únicamente repercute en el procedimiento y no genera a las partes una afectación material, pues si el oferente obtiene sentencia favorable, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si le fuera desfavorable, podría reclamarla en amparo directo, haciendo valer las violaciones que estime pertinentes. Esto es, se trata de actos procesales que no tienen una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos que prevén los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano. Lo anterior, ya que la resolución combatida no vulnera los derechos fundamentales previstos en las garantías individuales del quejoso, pues la acumulación solicitada fue exclusivamente para lograr la economía de los juicios y evitar el dictado de sentencias contradictorias; sin embargo, el hecho de que se niegue la acumulación de autos solicitada, no priva del derecho de defensa que en cada uno de los procedimientos tienen consagrados las partes, ni altera las cuestiones debatidas en los mismos, ya que dicha resolución únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales. Resulta aplicable al caso por identidad jurídica substancial, por el espíritu que la rige y únicamente en lo conducente, la tesis 3a. 43, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." Asimismo, corrobora lo anterior, la tesis I.1º.A.7 K, pronunciada por Tribunales Colegiados de Circuito del rubro siguiente: "RESOLUCIÓN RECAÍDA A UN RECURSO INTERPUESTO CONTRA UN ACTO INTRAPROCESAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA SI LA DETERMINACIÓN RECURRIDA EN LA VÍA ORDINARIA NO TIENE UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Así también, la jurisprudencia P./J. 49/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene por rubro: "ACUMULACIÓN. LA RESOLUCIÓN SIN ULTERIOR RECURSO QUE DECLARA IMPROCEDENTE ESE INCIDENTE NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO." En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo por notoria improcedencia. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Como lo solicita la promovente y con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, devuélvase la documental que exhibe con la que acredita la personalidad con la que promueve. En ese sentido, se hace de su conocimiento que para tal efecto y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, podrá ingresar al micrositio "Servicios jurisdiccionales" que está disponible en el Portal de Servicios en Línea, a fin de agendar una cita y generar un Código QR con el que podrá ingresar a este órgano jurisdiccional en el día y hora que la "Agenda OJ" le genere; en el entendido que para tal efecto, deberá cumplir los lineamientos establecidos en el artículo 7 del citado Acuerdo General. Asimismo, el artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). En consecuencia se niega la devolución del resto de los documento que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. Notifíquese.
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