Daniel Evaristo Soto Hernandez

Expediente 678/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 1 actuación registrada, la última del 15 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
678/2017
Año
2017
Actuaciones
1
Última actuación
15/11/2017

Partes del expediente

  • Daniel Evaristo Soto Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a quince de noviembre de dos mil diecisiete. RADICACIÓN Y REGISTRO DE DEMANDA DE AMPARO Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, fórmese expediente bajo el número de juicio de amparo 678/2017-3A. ANÁLISIS DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal, en contra la resolución de seis de octubre de dos mil diecisiete, dictada por la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que confirmó el auto de formal prisión de ocho de junio de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 288/2016, del índice del Juez Quinto de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California. Ahora, como presupuesto procesal de orden público es pertinente analizar la competencia de este Juzgado, por lo que no puede quedar sujeta a voluntad de las partes, ante lo cual, se procede estudiar si, en el caso, se surte la competencia legal de este juzgado, para conocer de la demanda de amparo en comento. Como premisa fundamental a saber se cita el artículo 37, de la ley de amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal del artículo citado se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo sometidos a su consideración; reglas que se puntualizan a continuación: I. Por regla general, la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función del lugar en que residan las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; II. Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente el juez ante el que se presente la demanda; y, III. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Con base en lo anterior, y en atención a las reglas que para la fijación de la competencia prevé el artículo citado, se advierte que es la ejecución material del acto reclamado la originadora de la competencia jurisdiccional en el amparo, ya que si se trata de un acto que requiere ejecución material, entonces, se atenderá a la primera parte de dicho artículo dándose competencia al Juez de Distrito del lugar donde resida la autoridad responsable ejecutora. SE PLANTEA LEGAL COMPETENCIA Acorde a lo anteriormente expuesto, y a fin de procurar la pronta impartición de justicia a que se refiere el artículo 17 Constitucional, este órgano jurisdiccional considera que conforme al numeral 37 de la Ley de Amparo en vigor, la competencia para conocer del trámite del juicio de amparo se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno pues en su jurisdicción reside el juez que conoce del proceso penal que se instruye al quejoso, es decir, la causa penal 288/2016, del índice del Juez Quinto de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Estado de Baja California. En tal virtud, conforme a las citadas reglas de competencia, al permanecer el procesado a disposición del Juez de la causa, la ejecución material por regla general se da, precisamente, en el lugar de residencia de dicho Juez de la causa. Tiene apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J.118/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en su rubro y texto dice: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." Así como el diverso criterio sustentado por la citada Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 147/2005, cuyos rubro y texto se leen: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." Por lo expuesto y tomando en consideración que conforme al precepto 48 de la propia ley y de conformidad con el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, cuando ante un Juez de Distrito se promueva un juicio de amparo de que otro deba conocer, debe declararse incompetente de plano y ordena remitir los autos originales al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en Turno. En consecuencia, se procede a remitir la presente demanda y sus copias a la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, previo cuaderno de antecedentes de las citadas constancias que se forme; solicitándole el acuse de recibo correspondiente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARTE QUEJOSA Téngase a la parte quejosa señalando el domicilio que indica para efectos de oír y recibir notificaciones, y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indica. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de garantías; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17, Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA Atento a lo dispuesto por los artículos 3, fracción II, 8, 13 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XXII, 5, 6, 7, 8 y 9, Títulos Primero y Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales. Por otra parte, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Finalmente no resulta necesario notificar personalmente el presente proveído a la parte quejosa, en atención a la jurisprudencia P./J. 12/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primera, página cincuenta y cinco, cuyo rubro establece "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE".

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