Daniel Enrique Lopez Palma
Expediente 442/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 34 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 442/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 12/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Daniel Enrique Lopez Palma
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hayan recurrido la sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en esta instancia, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Sin que obste a la anterior determinación el hecho de que no se cuente con los talones postales de notificación relativos a los oficios 14229, 14230, 14231, 14232, 14233, 14234, 14235, 14236, 14237, 14238, 14239, 14240, 14241 y 14242, dirigidos por este Juzgado a las autoridades responsables Director General de Policía y Tránsito Municipal de los Mochis, Sinaloa, Procurador General de Justicia de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Juzgado de Garantías de Juicios Orales y Procesos Penales del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con residencia en La Paz, Baja California Sur, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en La Paz, Baja California Sur, Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en La Paz, Baja California Sur, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en La Paz, Baja California Sur, Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en La Paz, Baja California Sur, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Partido Judicial de La Paz, Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal en el Partido Judicial de La Paz, Procurador General de Justicia en el Estado de Baja California Sur, por conducto de los Agentes del Ministerio Público a su cargo, Subprocuradora de Atención del Menor y la Mujer (LA SAMM), del Estado de Baja California Sur, por conducto de los Agentes del Ministerio Público a su cargo, Director de la Policía Ministerial en la ciudad de la Paz, Baja California Sur, Comandante de Aprehensiones de la Policía Ministerial del Estado de Baja California Sur, por conducto de los Agentes de la Policía Ministerial del Estado a su cargo, respectivamente, mediante los cuales se les notifica la sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el presente juicio, toda vez que de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo estarán legitimadas para recurrir el fallo que afecte el acto que de ellas se haya reclamado, y en el caso, se desprende que dicha sentencia no afecta el acto reclamado a dichas autoridades. De igual forma, es aplicable la Jurisprudencia XX. J/74, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable a fojas ochenta y cuatro, Núm. 83, Noviembre de 1994, Novena Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ". En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el cual quedó firme el sobreseimiento decretado, en virtud de los razonamientos expresados en líneas que preceden. Además, se hace la indicación que le presente asunto carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por otra parte, se advierte que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, pues se concedió y negaron las suspensiones provisional y definitivas solicitadas, acorde con al segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el original del cuaderno incidental, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual manera, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el cuaderno principal del presente juicio de garantías, al antedicho Centro. Por otro lado, en términos de la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, una vez que transcurran seis meses a partir de que se dictó la interlocutoria respectiva, procédase a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. También, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
- Principal
PRIMERO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Daniel Enrique López Palma, contra el acto reclamado a las autoridades que quedaron precisadas en el cuerpo de esta resolución y por lo expuesto en los considerandos tercero y cuarto de este fallo.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Con vista a las partes agréguese a los autos el informe justificado que remite la Subprocuradora de Atención a Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual y la Familia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz, respecto del informe solicitado a la autoridad Subprocuradora de Atención del Menor y la Mujer ( LA SAMM), del Estado de Baja California Sur, por conducto de los Agentes del Ministerio Público a su cargo; lo anterior, a efecto de que las partes se impongan con la anticipación debida de su contenido y, en su oportunidad, hágase nueva relación en la audiencia constitucional correspondiente, de conformidad con lo previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En consecuencia, toda vez que no ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto del informe justificado que hoy se agrega a los presentes autos; se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, como nueva fecha para su celebración. Tiene aplicación a lo anterior, la Tesis XXVII.3o.7 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la página mil cuatrocientos cincuenta y uno de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes." Por otra parte, agréguense únicamente para que obren como correspondan las razones actuariales de cuenta, de las cuales se advierte que fueron devueltos los talones postales relativos a los oficios 11290, 10620, 10461 y 11766, dirigidos a la autoridad responsable Subprocuradora de Atención del Menor y la Mujer (LA SAMM) del Estado de Baja California Sur, por conducto de los Agentes del Ministerio Público a su cargo, en virtud de que la misma cambio de domicilio; sin que sea necesario proveer al respecto en virtud de que en esta fecha se recepcionó el informe a ella solicitado.
- Incidental
ÚNICO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA A DANIEL ENRIQUE LÓPEZ PALMA.
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