Daniel Eusebio Iturbide Lozada

Expediente 419/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 20 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
419/2019
Año
2019
Actuaciones
20
Última actuación
26/11/2020

Partes del expediente

  • Daniel Eusebio Iturbide Lozada
  • Juez Segundo de Primera Instancia, Xalapa, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación que dice: Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Téngase por rendido el oficio de cuenta, signado por el Coordinador Jurídico-apoderado legal del Ayuntamiento de Perote, Veracruz, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de once de noviembre del año en curso, remite el escrito de cinco de agosto del año en curso, en el cual da contestación al aquí quejoso a su escrito de queja de cuatro de agosto de dos mil veinte, así como la notificación realizada. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico la demanda de amparo que le dio origen, se advierte que el quejoso **********, señaló como acto reclamado lo siguiente: "a) Del PRESIDENTE MUNICIPAL DE PEROTE, VER, reclamo la falta, omisión e incumplimiento efectuado al artículo 8°, 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la falta de respuesta al escrito de queja de fecha 04 de agosto del 2020, en la cual manifiesto que el día 4 de junio del año 2020 presenté escrito dirigido al DIRECTOR DE LA OFICINA DE CATASTRO DE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PEROTE, VERACRUZ, en la cual solicite el cambio de titular respecto a la boleta catastral número ********** del predio rural lote **********, de la colonia progreso, del Municipio de Perote, Ver, y en la boleta número ********** del lote predio rural ********** y **********, de la colonia el **********, del Municipio de Perote, Ver; sin que la responsable hasta la fecha haya dado respuesta a la petición citada líneas arriba, violando así en perjuicio del suscrito el derecho de petición entre otras garantías y derechos humanos violados con la actitud omisa relatada de la autoridad que señalo como responsable. b) Del DIRECTOR DE LA OFICINA DE CATASTRO DE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PEROTE, VERACRUZ, reclamo la falta, omisión e incumplimiento efectuado al artículo 8°, 14, y 16 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que el día 4 de junio del año 2020 presenté escrito dirigido al DIRECTOR DE LA OFICINA DE CATASTRO DE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PEROTE, VERACRUZ, en la cual solicite el cambio del titular respecto a la boleta catastral número ********** del predio rural lote **********, de la colonia el **********, del Municipio de Perote, Ver, y en la boleta número ********** del lote predio rural ********** y **********, de la colonia el **********, del Municipio de Perote, Ver; sin que la responsable hasta la fecha haya dado respuesta a la petición." Ahora, la autoridad responsable apoderado legal del Ayuntamiento de Perote, Veracruz, al rendir su informe justificado y en oficio de cuenta, señaló lo siguiente: 1. Destacó que era cierto el acto reclamado. 2. Que el seis de octubre de la presente anualidad, el Encargado de Catastro del Ayuntamiento Constitucional de Perote, Veracruz, le dio contestación al aquí quejoso a su escrito de cuatro de junio de dos mil veinte. 3. Que el cinco de agosto de dos mil veinte, el Presidente Municipal, dio contestación al escrito de queja de cuatro de agosto del año en curso, notificando al aquí quejoso en la tabla de avisos en razón de que no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones. Para justificar su afirmación, adjunto a su informe justificado copia certificada del oficio sin número de dieciocho de agosto de dos mil veinte, por la que dio respuesta a la solicitud de cambio del titular respecto a la boleta catastral número ********** del predio rural lote **********, de la colonia el progreso, del Municipio de Perote, Veracruz, y en la boleta número ********** del lote predio rural ********** y **********, de la colonia el progreso, del Municipio de Perote, Veracruz, la contestación de cinco de agosto del año en curso y el acta de acta hechos relativa a dicha contestación, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues se trata de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En ese contexto, atento a que la garantía de derecho de petición no sólo encierra la obligación de dictar un acuerdo al escrito petitorio, sino que también obliga a que la respuesta sea dada a conocer al solicitante, la cual le fue notificada de manera personal y mediante tabla de avisos del Ayuntamiento Constitucional. Ahora, si se toma en consideración que se encuentra probado en autos que las autoridades responsables dieron respuesta a la parte quejosa, respecto del escrito de cuatro de junio del año en curso y del escrito del recurso de queja de cuatro de agosto de dos mil veinte, y que dichas respuestas le fueron notificada de manera personal y a través de la tabla de avisos del Ayuntamiento, respectivamente, realizándose el primero de estos con posterioridad al diez de septiembre de esta anualidad en que presentó la demanda de amparo, ello trae como consecuencia que los efectos de lo reclamado desaparezcan de forma inmediata, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación al derecho de petición reclamado. Se afirma lo anterior, atendiendo a que la pretensión de la parte quejosa fue que se proveyera en relación a su solicitud de cuatro de junio del año en curso, lo cual quedó probado con las copias certificadas de las constancias correspondientes remitidas por la autoridad responsable, y le fue notificada de manera personal el seis de octubre de dos mil veinte. En ese tenor, si el escrito de cuatro de junio del año en curso, en el cual el quejoso solicitó al Director de la Oficina de Catastro Municipal, con sede en Perote, Veracruz, el cambio del titular respecto a la boleta catastral número ********** del predio rural lote **********, de la colonia **********, del municipio de Perote, Veracruz, y en la boleta número ********** del lote predio rural ********** y **********, de la colonia **********, del municipio de Perote, Veracruz, se determinó que para el cambio de nombre solicitado tendría que ir acompañado con el documento que amparara el acto jurídico, con el cual comprobara la transmisión de dominio, como lo son las escrituras, título de propiedad, contrato de privado de compraventa o juicio de sucesión intestamentario en favor de la persona que solicita el cambio, como lo establece el artículo 28 del Reglamento de la Ley de Catastro del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y que dicha respuesta le fue notificada de manera personal el seis de octubre del año en curso al quejoso, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se colige que han cesado los efectos del acto reclamado. Por otro lado, si también se dolía la parte quejosa de la omisión de la responsable del Director de la Oficina de Catastro Municipal, con sede en Perote, Veracruz, de atender su solicitud de cuatro de junio de dos mil veinte y acudió a esta instancia constitucional con la pretensión de que se obligara a dicha autoridad a efecto de que se pronunciara en relación a la citada solicitud; luego, al existir constancia de que le dieron contestación y que se le notificó, tal y como ha quedado asentado en párrafos precedentes, es suficiente para concluir que cesaron los efectos del acto reclamado. En ese orden de ideas, es inconcuso que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De lo transcrito, se desprende como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella. Por tanto, no existe motivo para la emisión de la resolución del juicio de amparo, puesto que no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,2 de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,3 que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." (Lo subrayado es propio) De ahí, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Es ilustrativa, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito,4 de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Notifíquese personalmente al quejoso y por lista de acuerdos a las demás partes.

  2. Incidental

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos al tercero interesado, la determinación que dice: Téngase por recibido el oficio 363/2019-A, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al que adjunta el testimonio de la resolución dictada en el incidente de revisión 292/2019, de su índice, así como el original del incidente de suspensión 419/2019/IV-B, cuyo resolutivo establece: "ÚNICO. Se declara sin materia el recurso de revisión interpuesto por **********, contra la resolución interlocutoria dictada el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, por el Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto **********, promovido por el aquí recurrente." En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente; hágase del conocimiento de las partes la resolución de mérito, y agréguese el cuaderno de antecedentes al expediente original del incidente de suspensión, desglosándose del mismo, las copias con que se formaron, toda vez que éstas son susceptibles de destrucción, con fundamento en el artículo vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un expediente auxiliar, conforme al punto segundo, fracción XX del citado acuerdo. Ahora bien, toda vez que por auto de veintidós de julio del presente año, dictado en el juicio de amparo del que derivan los presentes cuadernos incidentales se ordenó su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, reservándose proveer lo correspondiente en relación al destino de cuadernos incidentales, hasta en tanto la superioridad se pronunciara respecto del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la suspensión definitiva, lo que en el caso ya aconteció; por tanto, se provee lo siguiente: En cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión provisional, por lo que se procederá a su depuración con posterioridad al VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO. Por su parte, procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo. Asimismo, hágasele del conocimiento al quejoso que una vez transcurrido el término de seis meses, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que la parte tercera interesada esté en condiciones de promover el incidente de reparación de daños y perjuicios, se dejará a su disposición el billete de depósito número N 708115, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, que ampara la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos cero centavos moneda nacional), con el cual pretendió garantizar la suspensión provisional del acto reclamado. En ese tenor, una vez fenecido el término en comento para promover el incidente de reparación de daños y perjuicios, previa vista a las partes, se dejará a la disposición del quejoso el billete respectivo; siendo menester precisar que el billete será endosado únicamente al quejoso, previa solicitud que al efecto realice por escrito, debiendo comparecer ante este órgano jurisdiccional a recibirlo, presentando identificación oficial vigente con fotografía y asentando en autos razón por su recibo para debida constancia. Asimismo, indíquesele a la parte quejosa que en caso de ser omiso en solicitar la devolución del billete en el término de dos años, a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación del proveído por el cual se deje a su disposición el precitado billete, operará la prescripción del referido billete de depósito a favor del Fisco Federal; lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, y 11 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Fiscal Vigésima Tercera en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Primer Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención a la integración de la carpeta de investigación UIPJ/DXI/FIS23/4457/2019, de su índice, solicita se le informe lo siguiente: 1. Si en el presente juicio de amparo 419/2019/IV-B, promovido por Daniel Eusebio Iturbide Lozada, se cuenta con el contrato de compraventa del inmueble ubicado en Volcán de Colima, número 35 (treinta y cinco), colonia Federal, de esta ciudad, de nueve de marzo de dos mil tres, celebrado entre el aquí quejoso y María Esther Galindo Rivera. 2. En caso afirmativo, se resguarde dicho documento, a efecto de que se señale fecha y hora en la que perito de la Dirección General de Servicios Periciales que se designado, deba apersonarse en el recinto de este juzgado de distrito a efecto de que se lleve a cabo prueba pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales, hágase del conocimiento de la Ministerio Público que por auto de quince de mayo de dos mil diecinueve (fojas 10 a 14), se radicó la demanda de amparo promovida por Daniel Eusebio Iturbide Lozada, bajo el juicio 419/2019/IV-B. Asimismo, la parte quejosa a través su escrito de demanda exhibió la documental consistente en el contrato de compraventa de nueve de marzo de dos mil tres, celebrado entre María Esther Galindo Rivera y Daniel Eusebio Iturbide Lozada, respecto del bien inmueble con las colindancias siguientes: al Noroeste en línea quebrada en veinticuatro metros con setenta y siete centímetros, y en diez punto sesenta y ocho metros con propiedad particular; al Suroeste en trece metros con veintinueve centímetros con propiedad particular; al Sureste en veintitrés metros con propiedad particular y al Noreste en diez metros con calle Volcán de Colima, de esta ciudad, constante en dos fojas; solicitando que éste se guardara en el secreto de este juzgado. Sin embargo, en dicho proveído de quince de mayo de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional precisó a la parte promovente que la Ley de Amparo, de los numerales 119 al 123, que específicamente regulan las pruebas en el juicio de amparo, no prevé que las probanzas tengan que ser resguardas en el secreto del órgano jurisdiccional; asimismo, que el Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la ley de la materia, en específico los numerales 103 y 119, únicamente establecen las circunstancias por las cuales el pliego de posiciones debe de ser guardado en esa modalidad. De ahí que, no había lugar de acordar favorable la referida solicitud para el efecto de guardar en el secreto de este juzgado, la documental ofrecida. No obstante lo anterior, para la debida conservación de la prueba documental anexada en el escrito de demanda, se ordenó obtener COPIA SIMPLE de la misma para ser agregada al presente juicio de amparo, el cual se colocó en un sobre cerrado resguardado en la secretaría de este juzgado. Luego, por auto de veintidós de julio de dos mil diecinueve, se proveyó el desistimiento ratificado del aquí quejoso; en consecuencia, se sobreseyó el presente juicio de amparo y, por ende, se ordenó el archivo del juicio de amparo en que se actúa como asunto totalmente concluido. Además, se proveyó la solicitud del quejoso en el sentido de que le devolvieran los documentos exhibidos en el presente juicio, así que conforme lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, al tratarse de un asunto concluido, se ordenó la devolución del documento solicitado; lo que sucedió el veintitrés de los cursantes, toda vez que dicho documento se devolvió a la autorizada de la parte quejosa. En tal virtud, únicamente puede otorgársele dicha información a la autoridad oficiante y no así que este juzgado de distrito resguarde el documento antes señalado, puesto que, como se adelantó, el documento exhibido con la demanda de amparo se devolvió a la autorizada de la parte quejosa el veintitrés de julio de dos mil diecinueve, conforme lo ordenado por auto de veintidós del mismo mes y año. Por lo expuesto, el suscrito se encuentra impedido para fijar fecha y hora para llevar a cabo la diligencia a la que hace alusión en el oficio que se provee.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos al tercero interesado, la determinación que dice: Visto el escrito y la diligencia secretarial de cuenta, de los cuales se advierte que el quejoso Daniel Eusebio Iturbide Lozada compareció ante la licenciada Citlalli del Carmen Reyes Morán, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, y ratificó el contenido y firma del referido escrito presentado en oficialía de partes de este juzgado el diecinueve de los cursantes, registrado bajo el número 11965, a través del cual, en primer lugar, se desiste expresamente de la demanda de amparo, por así convenir a sus intereses y, en segundo lugar, solicita la devolución de los documentos que exhibió en original con su escrito de demanda. En esas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 82/2016 (10a.) aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 462, Libro 32, Julio de 2016, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2012059, que establece: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios." Así también la jurisprudencia 2a./J. 33/2000, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 147, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 192108, de rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." En ese sentido, procede dejar sin efecto la fecha y hora para la continuación de la audiencia constitucional, fijada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Por lo expuesto, no ha lugar a continuar con el trámite del incidente de objeción de documento presentado por el tercero interesado Héctor Arturo Tablada Álvarez, puesto que en nada variaría el sentido de la presente determinación; esto es así, puesto que con dicha incidencia el citado tercero interesado pretendía generar convicción en el suscrito que el presente juicio de amparo era improcedente y, por tanto, debía sobreseerse el mismo. Por otra parte, atento al desistimiento expreso, se debe apuntar que el aquí quejoso no puede retractarse de él, tal y como lo estableció en la jurisprudencia número 2a./J. 161/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 687, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 163160, del tenor siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE SU RETRACTACIÓN UNA VEZ RATIFICADO ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, de rubro: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.", sostuvo que la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda de amparo tiene como objeto verificar la identidad de quien desiste, esto es, cerciorarse de que no se trate de un ocurso en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad. Ahora bien, la retractación de dicho desistimiento debe hacerse dentro del plazo de tres días previsto para su ratificación o durante el desarrollo de la diligencia relativa, en términos de la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo. De lo que se sigue que si el peticionario de garantías pretende abandonar su intención de desistir de la demanda de amparo después de ratificar el desistimiento ante la presencia judicial, no es posible que la retractación surta efectos a su favor, pues la sola ratificación actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 74 de la citada Ley; máxime que lo contrario atentaría contra la garantía de seguridad jurídica y el principio general de derecho consistente en que los actos jurídicos no pueden dejarse al arbitrio de una de las partes. Lo anterior es así, con independencia de que dicha retractación se presente antes del dictado de la sentencia definitiva correspondiente, en la medida en que la negativa a acordar favorablemente la abdicación emana de la naturaleza intrínseca que le inculca la ratificación previa del escrito de desistimiento, además de que, en todo caso, la sentencia que se emita al respecto y decrete el sobreseimiento tendrá carácter declarativo, al manifestar una causa legal que impide la continuación del juicio o que pueda resolverse la cuestión de fondo originalmente planteada." En consecuencia, con apoyo en los artículos 83, fracción III, 86 de la Ley de Amparo; y 356, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE EL PRESENTE AUTO HA QUEDADO FIRME. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído el presente juicio, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo; en el entendido de que se procederá para tal efecto con posterioridad al VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. Además, en cumplimiento al punto Décimo Primero del Acuerdo General conjunto a que se hace referencia en el párrafo que antecede, prevéngase a la PARTE TERCERA INTERESADA, para que de estimarlo conveniente solicite la devolución de las documentales que exhibió en el presente juicio; para lo cual cuenta con un lapso de noventa días; apercibida que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente. Ahora bien, en atención a la segunda petición del quejoso, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, devuélvase el documento que exhibió con su escrito de demanda y téngase por autorizados para recibirlos a los señalados en su escrito de cuenta, previo desglose y certificación que se deje en el expediente, quienes deberán firmar por su recibo, para debida constancia. Por otro lado, como se advierte de autos existen dos tomos de pruebas consistentes en copias certificadas del juicio natural que remitió el juez responsable con su informe en justificación de sus actos; sin embargo, toda vez que resulta innecesaria su conservación en este juzgado; por tanto, devuélvansele a la autoridad responsable Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, hágase del conocimiento lo expuesto al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, para que provea lo conducente en el toca 292/2019, de su índice, en el cual conoce del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la resolución interlocutoria de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo; en ese sentido, resérvese a proveer lo conducente en relación al destino de los mismos, hasta que la superioridad remita el original de dicho incidente.

Quedan 16 actuaciones en este expediente

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