Daniel Arturo López Alegria

Expediente 29/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
29/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
03/06/2019

Partes del expediente

  • Daniel Arturo López Alegria

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio 4171/2019, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, al que adjunta testimonio de la resolución dictada con motivo del recurso de queja número 60/2019, de su índice, interpuesto por la autoridad responsable Director General, el Consejo Técnico Interdisciplinario y el Jefe de Custodios, todos adscritos al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, en contra del auto de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, misma que resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO. Se declara sin materia el recurso de queja." En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente; háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y devuélvanse los autos al archivo como está ordenado en proveído de nueve de abril del presente año.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra del auto dictado el catorce de marzo de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, al haberse únicamente sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio, y concedido la suspensión de plano, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la depuración del mismo; en el entendido de que será con posterioridad al NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. Lo anterior hágasele del conocimiento del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, para los efectos legales a que haya lugar el expediente de queja 60/2019, de su índice. Por otro lado, agréguese para que obre como corresponda el pedimento de cuenta, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, mediante el cual solicita se difiera la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; al respecto, dígasele que no ha lugar a señalar nueva fecha para la audiencia constitucional, en virtud de que por auto de catorce de marzo de dos mil diecinueve, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Asimismo, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada de las constancias que señala y hágase entrega a la Fiscal Federal adscrita, quien deberá firmar por su recibo en autos para debida constancia.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos del que se advierte que el quejoso, señaló como acto reclamado lo siguiente: La resolución de inconformidad de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, la cual confirmó el correctivo disciplinario de uno de noviembre de ese mismo año, consistente en setenta y seis días de restricción de tránsito a los límites de su estancia, así como la restricción de la visita familiar en sólo una hora a la semana. Ahora, a juicio de quien esto resuelve, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI , de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61 . El juicio de amparo es improcedente: ( . ) XXII . Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; ( . ) " Para fijar el alcance de la causa de improcedencia prevista en el numeral invocado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que debe tenerse presente que, por regla general, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos humanos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, ya que el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia del Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. En relación con la causa de improcedencia prevista en el numeral transcrito, el Máximo Tribunal del país estableció que el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Cabe destacar, que la causa de improcedencia invocada tiene como base la imposibilidad de que se realicen o se continúe la ejecución o los efectos del acto reclamado, por haber dejado de existir la materia del mismo; de ahí que, la no realización de los efectos del acto impugnado en el caso previsto en la fracción XXII , es mucho más restringida que en la hipótesis a que se refiere la fracción XXI , ambas del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que está subordinada a una condición: que deje de existir el objeto o la materia del acto reclamado. Además, la distinción entre ambas causas de improcedencia, radica en que, por lo que se refiere a la cesación, requiere de la actividad o participación de la autoridad respectiva, que es la única que puede hacer cesar los efectos del acto autoritario; mientras que para la actualización de la causa establecida en el artículo 61, fracción XXII , de la Ley de Amparo, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando, por haber dejado de existir totalmente el objeto o materia del acto, lo que incluso puede acontecer por causas ajenas a la voluntad de la autoridad de mérito. Es aplicable a la anterior consideración, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada identificada con el número 2a . XLVIII /98, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. " Así, la fracción XXII , del artículo 61, de la Ley de Amparo, establece como presupuestos necesarios para que se actualice tal causal de improcedencia los siguientes: A . - Que subsista el acto reclamado; y, B . - Que no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Bajo este orden de ideas, debe recordarse que el acto reclamado en el presente juicio, lo constituye la resolución de inconformidad de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, la cual confirmó el correctivo disciplinario de uno de noviembre de ese mismo año, consistente en setenta y seis días de restricción de tránsito a los límites de su estancia, así como la restricción de la visita familiar en sólo una hora a la semana. Ahora bien, resulta conveniente presentar el contexto en el que se actualiza la causa de improcedencia invocada, como enseguida se expone: El acto reclamado se hace consistir en la resolución de inconformidad de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, la cual confirmó el correctivo disciplinario de uno de noviembre de ese mismo año, consistente en setenta y seis días de restricción de tránsito a los límites de su estancia, así como la restricción de la visita familiar en sólo una hora a la semana. El quejoso Daniel Arturo López Alegría, egresó por traslado, del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente" , con residencia en Cerro de León, Municipio de Villa Aldama, Veracruz al Centro Federal de Readaptación Social número 18, "CPS Coahuila" , según se desprende del oficio SEGOB/CNS/OADPRS/26546/2018, de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, signado por el Coordinador General de Centros Federales en suplencia del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, y del acta administrativa de traslado 316/2019, de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Por oficio OADPRS/CPF5/DG/3961/2019, el Encargado de la Dirección Jurídica por ausencia del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente" , con residencia en Cerro de León, Municipio de Villa Aldama, Veracruz, informó que ya no había objeto para la aplicación del correctivo disciplinario impuesto al quejoso Daniel Arturo López Alegría, en razón de haber sido trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 18, "CPS Coahuila" . Como puede advertirse, la inconformidad de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, a través del cual se confirmó el correctivo disciplinario de uno de noviembre de ese mismo año que constituye el acto reclamado , tiene plena subsistencia legal, puesto que dicho correctivo no fue declarado sin efectos, por lo que, es un acto válido y legítimo; por tanto, se cumplió con el primer requisito de la causal de improcedencia que se analiza, el cual se ha identificado en el inciso " a " que antecede (Que subsista el acto reclamado) . De igual forma, se colmó el diverso requisito señalado en el inciso " b " , puesto que aun cuando subsiste tal correctivo, no puede surtir efecto legal o material alguno por haberse trasladado al quejoso del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente" , con residencia en Cerro de León, Municipio de Villa Aldama, Veracruz al Centro Federal de Readaptación Social número 18, "CPS Coahuila" ; por lo que, el análisis de la constitucionalidad de la determinación de veinte de diciembre de dos mil dieciocho no tendría razón de ser, puesto que el correctivo disciplinario ya no se ejecuta. De modo que, la situación jurídica de la que emanaba el acto reclamado jurídicamente impide que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia número 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII , de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En tal virtud, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo indirecto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V , en relación con el diverso 61, fracción XXII , de la Ley de Amparo, dado que ha dejado de existir la materia del acto reclamado, del tal manera que aun cuando subiste el mismo, este ya no puede producir efecto legal alguno. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a. /J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. - De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III , ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. " En mérito de lo anteriormente expuesto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las DIEZ HORAS DEL NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Asimismo, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitieron las autoridades responsables con posterioridad a la admisión; de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías. " Finalmente, toda vez que el quejoso Daniel Arturo López Alegría, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 18, "CPS Coahuila" con fundamento en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 298, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2° de la ley de la materia, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en Saltillo, Coahuila, en turno, que conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, es quien ejerce jurisdicción territorial en el domicilio del impetrante de amparo, solicítesele se sirva notificar el presente proveído al aludido quejoso en el lugar de su reclusión. Por otro lado, en aras de la pronta y expedita impartición de justicia, estatuida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de agilizar el trámite del presente asunto, envíese a su destino la comunicación oficial de que se trata, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. De igual modo, solicítese al órgano jurisdiccional al que por razón de turno le corresponda diligenciar el exhorto de mérito, que una vez desahogada la solicitud, remita la totalidad de la comunicación oficial respectiva, únicamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo mencionado, por lo que su envío por la vía ordinaria resulta innecesaria. Finalmente, con el objeto de no retardar el trámite en el presente asunto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales aun en horas y días inhábiles.

  4. Principal

    Agréguese para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por el Encargado de la Dirección Jurídica por ausencia del Director General del Centro Penitenciario Federal Número 5 "Oriente", con residencia en Cerro de León, Municipio de Villa Aldama, Veracruz, mediante el cual informa que con motivo del traslado del aquí quejoso, ha quedado sin efectos el correctivo disciplinario impuesto, sin embargo, omitió remitir las constancias con las que acreditara tal cuestión; por tanto, resulta necesario requerir a la referida autoridad responsable, para que dentro del improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de que sean notificadas del presente proveído, remita las constancias con las que acredite que el correctivo disciplinario de uno de noviembre de dos mil dieciocho, fue dejado sin efectos, lo anterior con lo dispuesto en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ya que este órgano jurisdiccional tiene la obligación de allegarse de las constancias necesarias para resolver el presente controvertido, o informe a este juzgado la imposibilidad jurídica que se le presente para cumplir con lo requerido Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo así se le impondrá una multa, equivalente a cincuenta días de unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso numeral 259, ambos de la Ley de amparo. En consecuencia, se procede a diferir de oficio la audiencia constitucional fijada para esta fecha y se señalan las DIEZ HORAS DEL NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo. Ahora bien, toda vez que el quejoso Daniel Arturo López Alegría, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 18, "CPS Coahuila" con fundamento en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 298, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2° de la ley de la materia, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en La Laguna, Torreon, Coahuila, en turno, que conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, es quien ejerce jurisdicción territorial en el domicilio del impetrante de amparo, solicítesele se sirva notificar el presente proveído al aludido quejoso en el lugar de su reclusión, haciéndole entrega de la copia autorizada del mismo. Por otro lado, en aras de la pronta y expedita impartición de justicia, estatuida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de agilizar el trámite del presente asunto, envíese a su destino la comunicación oficial de que se trata, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. De igual modo, solicítese al órgano jurisdiccional al que por razón de turno le corresponda diligenciar el exhorto de mérito, que una vez desahogada la solicitud, remita la totalidad de la comunicación oficial respectiva, únicamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo mencionado, por lo que su envío por la vía ordinaria resulta innecesaria. Finalmente, con el objeto de no retardar el trámite en el presente asunto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales aun en horas y días inhábiles.

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