Daniel Diaz Reza
Expediente 411/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 411/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Daniel Diaz Reza
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
- Principal
AVISO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del uno de abril del dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, uno de abril de dos mil diecinueve. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo que promueve DANIEL DÍAZ REZA, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 411/2019-IV-B. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Ahora, de su análisis integral del escrito de cuenta, se desprende que el acto reclamado es la omisión de girar oficio al Instituto Nacional Electoral a efecto de que proporcione el domicilio en el que pueda ser notificada Elsa Gómez López, para el desahogo de la toma de muestras, mismo que fue ordenado por auto de veintiuno de febrero del año en curso, dentro del expediente 01/121/16. Por consiguiente, dado que las causales de improcedencia son una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que si se actualiza, en este asunto, la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, éste interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Tales dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Ahora bien, con relación a dicho artículo y fracción, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la Jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) destacó que el amparo indirecto resulta procede contra aquellos actos dentro de un procedimiento jurisdiccional cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose estos como actos que pueden producir una afectación material a derechos sustantivos; dicho de otra manera, que sus consecuencias impidan de forma actual el ejercicio de ese derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; así, por regla general resulta improcedente contra actos cometidos dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun en caso de que se reclamen violaciones a los artículos 8, 14 y 17 Constitucionales, ya que no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, habida cuenta que no se trata de una afectación autónoma, sino que se presenta dentro del procedimiento. Asimismo, para la procedencia del amparo, dicha jurisprudencia señaló dos excepciones, a saber: Que el juzgador advierta una abierta dilación en el procedimiento, y Que exista una paralización total. Así, en el caso de que una demanda de amparo encuadre en las excepciones anteriormente transcritas, el juicio de amparo será procedente. La citada jurisprudencia es del rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.". Ahora bien, si el quejoso hace valer como acto reclamado la omisión de girar oficio al Instituto Nacional Electoral a efecto de que proporcione el domicilio en el que pueda ser notificada Elsa Gómez López, para el desahogo de la toma de muestras, mismo que fue ordenado por auto de veintiuno de febrero del año en curso, dentro del expediente 01/121/16. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la jurisprudencia al resolver la Contradicción de Tesis 294/2018 que para que proceda el juicio de amparo indirecto contra dilaciones de actos procesales en materia laboral deben transcurrir cuarenta y cinco días desde la fecha en la que concluyó el plazo en el que legalmente debieron pronunciarse o diligenciarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª/J.33/2019 (10ª), sustentada por la Segunda Sala, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Jurisprudencia (común, laboral), Décima época, número de registro 2019400, cuyo rubro es: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS." En ese sentido de la demanda de amparo, se desprende: El quejoso aduce que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, dictó acuerdo el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, en el expediente 01/121/16, en el que ordenó girar oficio al Instituto Nacional Electoral a efecto de que proporcione el domicilio donde pueda ser notificada Elsa Gómez López. La demanda de amparo fue recibida el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Entre el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, fecha en que se debió girar el oficio al Instituto Nacional Electoral y la fecha de presentación de la demanda de amparo veintinueve de marzo del año actual, han transcurrido treinta y seis días. Consecuentemente, se estima que no se está en el caso de excepción que haga procedente el juicio de amparo, dado que no han transcurrido los cuarenta y cinco días señalados jurisprudencialmente para que se considere que existe una abierta dilación, concepto que en la jurisprudencia invocada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emplea para distinguir entre el retraso y una abierta dilación. Por lo expuesto, es inconcuso que el acto reclamado consistente en la omisión de girar oficio al Instituto Nacional Electoral a efecto de que proporcione el domicilio en el que pueda ser notificada Elsa Gómez López, para el desahogo de la toma de muestras, mismo que fue ordenado por auto de veintiuno de febrero del año en curso, por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, dentro del juicio obrero 01/121/16; no produce una afectación de imposible reparación, pues únicamente produce una lesión jurídica formal o adjetiva. Además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan los requisitos para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, lo que en el caso no acontece. Apoya a la anterior determinación, la tesis 2a. L/2015 (10a.), publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 19, junio de dos mil quince, con número de registro 2009477, cuyo rubro es "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD.". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, este interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda promovida por DANIEL DÍAZ REZA. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la CALLE NO REELECCIÓN NÚMERO 16, EDIFICIO PASAJE TAJONAR, PRIMER PISO, DESPACHO UNO, COLONIA CENTRO, CUERNAVACA, MORELOS, asimismo, se tiene por autorizados en los términos propuestos a las personas y profesionistas precisados en el escrito de cuenta. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
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