Daniel Castellanos Salgado
Expediente 2773/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 2773/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 04/05/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Daniel Castellanos Salgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de mayo de dos mil quince. Se tiene por recibido el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual, solicita copia certificada de todo lo actuado en el juicio de amparo 2773/2014 y la devolución de la documental que adjunto a su escrito inicial de demanda; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. En atención a lo solicitado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2º, expídase a su costa la copia certificada que solicita, previa razón de recibo que se asiente en autos para constancia legal. Asimismo, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágasele la devolución de los documentos que exhibió la promovente en el escrito inicial de demanda, previo cotejo, toma de razón y recibo que quede en autos. En el entendido de que el horario para que se traslade personal de este Juzgado con la parte solicitante al negocio donde realizan el fotocopiado así como la devolución de la documental, es de nueve horas a diez horas con treinta minutos, los días lunes, miércoles y viernes; en atención a que es reducida la plantilla del personal que labora este tribunal federal, y a la carga excesiva de trabajo existente, además, de que incumplir con lo anterior, afectaría el normal desarrollo de las audiencias, diligencias y trámite de los procesos que se llevan a cabo de forma cotidiana habida cuenta que se ha considerado dejar de celebrar otras diligencias trascendentes. Se tienen por autorizados únicamente para los efectos de recoger las copias y documentales solicitadas a las personas propuestas para ello. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el Licenciado JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe.ammg
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de abril de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo, del que se advierte que se dio vista a la parte quejosa con las constancias que al efecto allegaron las autoridades responsables Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia por ausencia de las Titulares de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, con relación al cumplimiento dado al fallo protector y, debidamente notificada, no desahogó la vista contenida en el citado acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia terminada de engrosar el dos de junio de dos mil catorce, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a JOANA YADIRA ALARCÓN TRUJILLO, contra el contenido del artículo 77, fracciones II y IV, de Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, que disponen el cobro por derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el cinco de julio de dos mil seis, reclamados al Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", así como respecto al cobro de las cantidades $15,345.00 (quince mil trescientos cuarenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional) y de $2,469.00 (dos mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional) que respectivamente fueron en aplicación de las normas legales en cita y que reclamó a las autoridades, Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Subsecretaria de Ingresos de dicha Secretaría; en términos de lo precisado en el considerando sexto de esta sentencia. Por auto dictado el veintiséis de junio de dos mil catorce, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. En acatamiento a lo anterior, la Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia por ausencia de las Titulares de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, por oficio acordado el treinta y uno de julio de dos mil catorce, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector; para acreditar lo anterior, exhibió copia certificada del acuse de recibo del título de crédito 0040639, que se encuentra a disposición de la parte quejosa en las oficinas de la Tesorería General de Estado por la cantidad que hace un total de $17,734.29 (diecisiete mil setecientos treinta y cuatro pesos 29/100 moneda nacional), por concepto de pago improcedente de derechos de inscripción de una escritura pública ante el Instituto de Servicios de Registrales y Catastrales del Estado. Documentales que fueron expedidas por las autoridades en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Consecuentemente, al restituirle a la parte quejosa, el citado monto cobrado por la aplicación de las normas inconstitucionales en este juicio de amparo, la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de veinticuatro de febrero del dos mil quince, que en lo conducente establece: ...Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de febrero de dos mil quince. Se tiene por recibido el escrito presentado por Ismael Rodríguez Tapia, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación al informe justificado con relación a la ampliación de la demanda de amparo rendidos por el Presidente Municipal, Regidor de Servicios Públicos y Municipales, Protección de Patrimonio Cultural y Dirección Jurídica, todos del Municipio de Yautepec, Morelos; el que se agrega a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales conducentes. Se tienen por hechas las manifestaciones en vía de alegatos, formuladas por el autorizado de la parte quejosa; las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que el quejoso reclamó la omisión de citar a las partes para oír sentencia dentro del expediente administrativo SPM/01/09/2013. Con relación a lo anterior, la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, remitió copias certificadas del auto de trece de octubre de dos mil catorce, por medio del cual ordenó citar a las partes para oír sentencia definitiva dentro del expediente administrativo SPM/01/09/2013. Por su parte, mediante escritos recibidos por este Juzgado federal el veintiséis de diciembre de dos mil catorce, el quejoso manifestó que dicho acuerdo no había sido notificado por la autoridad responsable y amplió su demanda de amparo en contra de la omisión de dictar sentencia dentro del expediente administrativo SPM/01/09/2013, que fuera admitida por auto de veintinueve de diciembre de dos mil catorce. Al rendir su informe justificado con relación a la ampliación de la demanda de amparo, la autoridad responsable, remitió copias certificadas de la resolución definitiva de veintiséis de enero de dos mil quince dentro del expediente administrativo SPM/01/09/2013, el cual fue notificado a las partes el diez de febrero de dos mil quince. Constancias a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º De lo anterior se advierte que la molestia en la garantía de administración de justicia en los plazos y términos que fija la ley, reclamada por la parte quejosa, han cesado, ya que al haber emitido el acuerdo de trece de octubre de dos mil catorce, por medio del cual ordenó citar a las partes para oír sentencia definitiva; haber dictado la resolución definitiva de veintiséis de enero de dos mil quince dentro del expediente administrativo SPM/01/09/2013, última de las mencionadas notificadas a las partes el diez de febrero de dos mil quince; la autoridad hizo cesar las violaciones reclamadas respecto a la denegación de justicia que fue objeto la parte impetrante de garantías, con lo que actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Sin que constituya un obstáculo para arribar a la anterior determinación, la circunstancia de que no obre agregada en autos la constancia con que se acredite que la responsable haya notificado a la quejosa el el acuerdo de trece de octubre de dos mil catorce, por medio del cual ordenó citar a las partes para oír sentencia definitiva, puesto que al rendir el informe justificado acompañó copia certificada de dicha documental, con lo cual se dio vista a la parte quejosa mediante proveído de dieciocho de diciembre de dos mil catorce, aunado a lo anterior de que en escritos de veintiséis de diciembre de dos mil catorce el quejoso manifestó que el acuerdo emitido por la responsable no había sido notificado aún, además de que amplió su demanda de amparo en contra de la omisión de dictar sentencia, con lo cual el impetrante quedó enterado de la determinación emitida por la responsable. En lo conducente se invoca por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 605 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX enero de dos mil nueve, correspondiente a la Novena Época, cuyos rubro y texto se trascriben a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto.". (El énfasis es propio del suscrito juzgador) En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia constitucional. Apoya la anterior conclusión, la tesis 2a./J. 59/99, de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999 de la Novena Época, visible en la página 38. Asimismo, tiene apoyo la anterior consideración, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. En el mismo sentido, resulta aplicable a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, del rubro "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Cabe precisar que las tesis con que este juzgador apoya la presente determinación, se citan en estricta observancia de lo previsto por el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Sin que pase inadvertido para el suscrito Juzgador que el artículo 64 párrafo segundo de la Ley de amparo, establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, se tenga que dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, puesto que dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo, como indirecto; por tanto, en el juicio de amparo indirecto en primera instancia no existen órganos inferiores; máxime que el suscrito juzgador cuenta con la facultad de pronunciarse respecto a las causales de improcedencia que se adviertan en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto por el artículo 62 y que permiten por una parte sobreseer el juicio de amparo, o bien por la otra desechar de plano una demanda de amparo y, de aplicar dicha hipótesis contravendría al segundo supuesto, toda vez que al advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia impediría desechar de plano una demanda; que en todo caso, aplicaría cuando un órgano revisor en la segunda instancia, advierta una causal de improcedencia diversa y que no fue alegada por las partes, se procedería a dar vista en términos del artículo 64 párrafo segundo, con relación al artículo 93 fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia I.11o.C. J/2 (10a.), sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2660, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 2, Tomo IV, Enero de dos mil catorce, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y texto se trascribe a continuación: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SÓLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La norma en cuestión prevé que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior", se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga"; los enunciados reproducidos deben interpretarse copulativamente y no en forma disyuntiva, pues de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, tomo II, página mil cuatrocientos treinta y ocho, la palabra "ni", constituye una conjunción copulativa que enlaza vocablos con la característica de ser negativos; entonces, para poder dar vista al quejoso, es necesario que, en principio, se actualicen conjuntamente los supuestos siguientes: a) exista un Juez inferior, quien al resolver previamente el juicio de amparo, no se haya pronunciado sobre la causal de improcedencia que posteriormente se advierta de oficio; y, b) que tal causal no hubiera sido planteada por alguna de las partes. Entonces, para que cobre obligatoriedad la norma, es menester que se actualicen ambos componentes. En ese orden, se puede determinar a qué órganos jurisdiccionales les corresponde aplicar la norma, de acuerdo al tipo de juicio y a la instancia correspondiente, a saber: 1. Juicio de amparo indirecto en primera instancia; en este supuesto no existen órganos inferiores a los Juzgados de Distrito o a los Tribunales Unitarios de Circuito, pues son los únicos en resolver en esa etapa procesal, de acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley de Amparo y 29, 48 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que al advertir de oficio alguna causal manifiesta e indudable de improcedencia, lo aleguen o no las partes, están facultados para desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. 2. Juicio de amparo indirecto en segunda instancia o en revisión; en este caso sí existen órganos inferiores, ya que los competentes para resolver son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes son jerárquicamente superiores a los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, de una interpretación sistemática del segundo párrafo del artículo 64 con relación al numeral 93, fracciones I, II y III, de la invocada ley, se advierte que ambos coinciden con las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, esto es, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, es decir, los Jueces de Distrito y Magistrados Unitarios de Circuito; por tanto, si éstos, ya sea de oficio o a petición de alguna de las partes, acogieron o no una causal de improcedencia y, por tanto, sobreseyeron o no en el juicio de amparo o desecharon la demanda, la parte afectada tendrá oportunidad de impugnar dicha resolución y, sólo en el caso, en principio, de que el órgano revisor advierta una que no fue alegada por las partes ni estudiada por el órgano de amparo inferior, deberá dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, alegue lo que a su derecho convenga. 3. Juicio de amparo directo uniinstancial; en este supuesto no existen órganos inferiores; en efecto, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento, el Tribunal Colegiado de Circuito constituye el único órgano que resuelve en esa instancia, es decir, no existe un órgano jurisdiccional inferior a él que conozca de ese tipo de controversias y que la ley le otorgue la facultad de resolverlos; lo anterior, máxime que las sentencias dictadas por aquéllos, pueden ser impugnadas mediante el recurso de revisión, del que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien constituye un órgano superior y no inferior. 4. Juicio de amparo directo en revisión; en razón de lo expuesto, sí existe el órgano inferior (Tribunal Colegiado de Circuito); sin embargo, se estima que, por regla general, en el caso, no podría actualizarse el supuesto previsto en el artículo 64, segundo párrafo, de la propia ley, toda vez que la procedencia del recurso se limita a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin comprender otras, acorde con el artículo 81, fracción II, último párrafo, del ordenamiento en cita." Finalmente, no pasan inadvertidas las manifestaciones vertidas por el quejoso con relación a la resolución definitiva que refiere que no está dictada por las autoridades que aduce son las que debieron haber signado dicha resolución, pues el acto reclamado se limita únicamente al referido en su escrito inicial de demandada así como el de la ampliación, esto es la omisión de citar a las partes para oír sentencia, así como la omisión de dictar sentencia, dentro expediente administrativo SPM/01/09/2013, por tanto, la validez de dicha resolución que refiere se encuentra viciada, deberá hacerla valer en la vía y forma que estime conducente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que da fe. ..
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de febrero de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que el doce de enero se ordenó formar cuaderno de antecedentes con motivo del escrito signado por el autorizado del quejoso, en virtud de que el expediente principal se encontraba en el archivo, y al tener en cuenta que con esta fecha el expediente relativo, fue devuelto a la secretaría; en consecuencia se acuerda lo siguiente: Se tienen por recibidos los escritos de signado por el autorizado del quejoso, por medio del cual, solicita copia certificada de la resolución dictada en el juicio de amparo 2040/2012, asimismo, copia del auto que la declara firme; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. En atención a lo solicitado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2º, expídase a su costa la copia certificada que solicita, previa razón de recibo que se asiente en autos para constancia legal. En el entendido de que el horario para que se traslade personal de este Juzgado con la parte solicitante al negocio donde realizan el fotocopiado así como la devolución de la documental, es de nueve horas a diez horas con treinta minutos, los días lunes, miércoles y viernes; en atención a que es reducida la plantilla del personal que labora este tribunal federal, y a la carga excesiva de trabajo existente, además, de que incumplir con lo anterior, afectaría el normal desarrollo de las audiencias, diligencias y trámite de los procesos que se llevan a cabo de forma cotidiana habida cuenta que se ha considerado dejar de celebrar otras diligencias trascendentes. Se tienen por autorizados únicamente para los efectos de recoger la copia solicitada a las personas propuestas para ello. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el Licenciado JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.ammg
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes
- Daniel Bautista Contreras1509/2015
- Daniel Beltrán López643/2017
- Daniel Caballero Salgado1195/2014
- Daniel Cardenas Fuan1536/2023
- Daniel Carmona Santana1240/2016
- Daniel Carrizosa Valdéz1951/2014
- Daniel Cuevas Gonzalez234/2020
- Daniel de la O Salgado954/2018
- Daniel Diaz Reza1794/2017
- Daniel Díaz Reza337/2022
- Daniel Diaz Reza411/2019
- Daniel Díaz Suárez541/2016