Daniel Diaz Montes de Oca
Expediente 643/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 643/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Daniel Diaz Montes de Oca
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante el cual informa que el veintisiete de febrero de la presente anualidad, se admitió el recurso de revisión interpuesto por ******************** autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la quejosa ********************, el cual quedó registrado bajo el número ********************/2023 de su índice. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 55/2022-V del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por , contra los actos reclamados al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán y otras autoridades. PRIMERO. Demanda de amparo El diez de octubre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por , contra los actos reclamados al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, y otras autoridades, consistente en diversas disposiciones del Reglamento de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, las cuales reclama con motivo de su primer acto de aplicación en la boleta de infracción [.] SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. [.] TERCERO. Certeza de los actos reclamados Es cierto el acto reclamado al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Además, la existencia de las normas generales se corrobora con el propio ordenamiento legal, ya que una norma jurídica no es objeto de prueba, lo que se acredita plenamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo. [.]Por otra parte, si bien el Director Jurídico de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, lo negó, lo cierto es que su existencia se constata con la fotocopia certificada expedida por la responsable que adjuntaron a su informe justificado. Asimismo, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Públicas del Estado, manifestó ser cierto el acto reclamado, cuestión que se corrobora con la documental anexa a su informe justificado. Documentales que conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuenta con valor probatorio pleno. CUARTO. Oportunidad para ejercer la acción de amparo La demanda de amparo se presentó dentro del plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para normas generales que se reclaman con motivo de su primer acto de aplicación. En efecto, los artículos 17, 18, 61, fracción XIV y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio -autoaplicativas- o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida -heteroaplicativas-. Ahora, de la interpretación sistemática de las normas citadas, para efectos de la procedencia del juicio de amparo contra normas heteroaplicativas, el gobernado debe impugnar su primer acto concreto de aplicación, el cual, de acuerdo con diversos criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede tener origen, por regla general, en tres formas: a) Por la actuación de la autoridad que por disposición de la ley es la encargada de su aplicación. b) Por la actuación del propio agraviado que por exigencia de la ley se coloca por sí mismo en los supuestos previstos en la norma. c) Por parte de un particular en su carácter de tercero que actúa por mandato de la ley. Es así, porque cuando en el juicio de amparo se impugna una ley con motivo de su aplicación concreta, es una exigencia ineludible que la acción constitucional que en contra de ella se ejerza, se haga, precisamente, con motivo de su primer acto específico de individualización y no del segundo o ulteriores actos. En ese sentido, tratándose de leyes heteroaplicativas, conforme a la técnica que rige al juicio de amparo, no cualquier acto posterior de aplicación de la ley puede dar pauta para que el particular impugne su constitucionalidad, sino que dicho acto de ejecución de la norma general que se refiere sólo al primero y no al segundo o subsecuentes actos de aplicación, y además, debe causar perjuicio al quejoso. Bajo esa óptica, en el caso se reclama con motivo de su primer acto de aplicación de los artículos 13, fracción I, 448, 449, 451, 463 y 470 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán. En ese contexto, el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días contados a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento del acto de aplicación. La quejosa señala que el primer acto de aplicación ocurrió el veinte de septiembre de dos mil veintidós, fecha en la que el oficial de tránsito adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, suscribió la boleta de infracción de folio , en la cual aplicó los preceptos reclamados. En ese contexto, si la demanda se presentó el diez de octubre de dos mil veintidós, ante Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, es decir, en el penúltimo día del plazo de quince días, se considera que su promoción se realizó dentro del plazo legal. QUINTO. Causas de improcedencia La improcedencia es un concepto que se relaciona con la falta de oportunidad, fundamento o derecho de un acto jurídico, o bien, con la falta de pertinencia, admisibilidad u oportunidad de un acto o pretensión. En el caso del juicio de amparo, en términos del artículo 62 de la ley de la materia, su estudio es de orden público y, por ende, se hace obligatorio aun de oficio, en cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes En cumplimiento a lo anterior, este apartado se abordarán los que invocaron las autoridades responsables al rendir su informe con justificación. Al rendir su informe con justificación, el Consejero Jurídico en representación del Gobernador del Estado de Yucatán señaló que el juicio de amparo es improcedente, ya que la quejosa carece de interés jurídico para reclamar la infracción de tránsito, pues no demostró que el pago que realizó fue en consecuencia del acto reclamado, por lo que no acreditó la afectación del derecho del cual se dice titular el peticionario de amparo. Es infundada la causa de improcedencia. En efecto, como requisito de procedencia del juicio de amparo, el interés jurídico tiene su origen constitucional en el principio de instancia de parte agraviada, previsto en la fracción I del artículo 107, de la Constitución General. Es desarrollado en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente en los artículos 5, fracción I, y 61, fracción XII. Conforme al actual modelo del juicio de amparo, quien o quienes comparezcan a solicitar la protección de la Justicia de la Unión, deberán ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: 1. Ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en su esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad. 2. En caso de que no se cuente con tal interés, el actual modelo de procedencia del juicio constitucional, prevé la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. En ese sentido, la parte quejosa tiene la carga de demostrar que el acto reclamado afectó en forma real y directa un derecho subjetivo tutelado, es decir, tiene que probar la afectación a su interés jurídico, lo que involucra, desde luego, la titularidad de tal derecho. Expuesto lo anterior, adverso a lo sostenido por la autoridad responsable, la quejosa sí cuenta con interés jurídico para reclamar la infracción de tránsito contenida en la boleta de infracción de folio , de veinte de septiembre de dos mil veintidós, ya que, si bien solo exhibió copias simples de documentos con los que acredita la propiedad del vehículo, así como el original del recibo de pago del cual se advierte que el folio de pago tiene relación con la boleta de infracción reclamada. Ahora bien, en la boleta de infracción mencionada se señala que la multa se realizó en el vehículo de la marcha , Tipo , Modelo , con número de serie , datos que coinciden con la factura que exhibió el quejoso con lo que se demuestra la afectación a su derecho subjetivo. Sin que se advierta otra causal de improcedencia, se entrara al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. SEXTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado En términos del artículo 78 de la Ley de Amparo, el análisis de la materia constitucional se realizará de la siguiente manera: 1. se examinará la constitucionalidad de las normas generales impugnadas, y 2. de ser necesario, se estudiará la boleta de infracción. Además, el análisis del que se habla, se realizará bajo la óptica del estricto derecho, aplicado a los conceptos de violación contenidos en la demanda de amparo. Constitucionalidad de las normas generales reclamadas En los conceptos de violación, la quejosa argumenta que los artículos 13, fracción I, 448, 449, 451, 463 y 470 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, son contrarios al artículo 14 de la Constitución, ya que transgreden su derecho de audiencia. Es infundado el concepto de violación, pues las normas reclamadas no vulneran el derecho fundamental de audiencia reconocido por el artículo 14 Constitucional. A fin de demostrar lo anterior, es necesario conocer el contenido de las normas generales impugnadas: Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán Artículo 13. Los agentes, en el ámbito de su competencia, tendrán las siguientes facultades y obligaciones en materia de Tránsito y Vialidad: I. Vigilar el cumplimiento de la Ley y de este Reglamento, interviniendo en la prevención y sanción de las infracciones a los mismos; (.) Artículo 448. En los términos de la Ley y este Reglamento, las personas que contravengan las disposiciones de Tránsito y Vialidad, serán acreedoras a las sanciones de: I. Amonestación o apercibimiento; II. Multa; III. Arresto hasta por 36 horas; IV. Suspensión de licencia o permiso de conducir; V. Revocación de licencia o permiso de conducir, y VI. Retención de vehículos. Artículo 449. Para la aplicación de las sanciones establecidas en la ley, deberá atenderse a los siguientes parámetros: I. La clasificación de la infracción; II. La reiteración (sic) la infracción; III. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar donde se cometa la infracción; IV. El peligro creado para consigo y para los demás Usuarios de la Vía Pública, y V. La condición económica del infractor. Artículo 451. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de una a quince unidades de medida y actualización; las graves con multas de dieciséis a veinticinco unidades de medida y actualización; y las muy graves, de noventa a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en el Catálogo de Sanciones, previsto en el Anexo I de este reglamento. La cuantía de la multa se determina aplicando la cantidad en pesos que corresponda, a un día de salario mínimo vigente en la ciudad de Mérida, Yucatán, al día de la comisión de la infracción, multiplicada por el número de días fijado en el Catalogo de Sanciones. El monto de la multa será determinado de la siguiente manera: I. Si un conductor contraviene una disposición de Tránsito o Vialidad por vez primera, y no contraviene algunas de las disposiciones previstas en las fracción IV del artículo 449 de este Reglamento, se le podrá aplicar el monto mínimo previsto para esa conducta en el Catálogo de Sanciones; II. Si el conductor contraviene por segunda ocasión la misma disposición de Tránsito o Vialidad de un nivel de la clasificación, señalada en el Artículo 444 de este Reglamento, y además, contraviene alguna de las disposiciones, establecidas en las fracción IV del artículo 449 de este Reglamento, se le podrá aplicar el monto que resulte de dividir entre dos, la suma de la sanción mínima y máxima correspondiente, y III. En el caso de que un conductor contravenga por tercera ocasión la misma disposición de Tránsito o Vialidad de un nivel de la clasificación, señalada en el Artículo 444 de este Reglamento, y contravenga lo dispuesto en la fracción IV del artículo 449 del propio Reglamento, se le podrá aplicar el monto máximo que corresponda a la infracción. Artículo 463. Las sanciones por infracciones a la Ley y este Reglamento, serán impuestas por el Agente que tenga conocimiento de las conductas infractoras, y se harán constar por cuadruplicado en las boletas autorizadas por la Secretaría, las cuales deberán contener: I. Fundamento Jurídico: a) Artículo que prevé la infracción cometida a la Ley o a este Reglamento, y b) Artículos que establecen la sanción impuesta por las violaciones de la Ley o este Reglamento. II. Motivación: a) Día, hora, lugar, y breve descripción de la conducta infractora; b) Nombre y domicilio del infractor, salvo que éste no se encuentre presente o no los proporcione; c) Placas de circulación o, en su caso, número de permiso para circular; d) Número y tipo (sic) permiso o licencia de conducir o, en su caso, del permiso para aprender a conducir, y e) Nombre, número de placa, adscripción y firma del Agente que impuso la sanción. Cuando se trate de varias infracciones cometidas por un mismo Conductor, el Agente las asentará en la boleta respectiva, precisando la sanción que corresponda a cada una de ellas. Artículo 470. La contravención a las disposiciones de la Ley y este Reglamento, serán sancionadas en la forma establecida en la tabla de sanciones del Catálogo de Infracciones del Anexo I de este Reglamento. Los preceptos citados describen las sanciones que la autoridad podrá imponer a quien contravenga con las disposiciones de la Ley y su reglamento. Precisado lo anterior, el punto central del reclamo consiste en determinar si el sistema normativo vulnera el principio de seguridad jurídica, lo cual, como se anunció, no es así, ya que las boletas de infracción de tránsito son actos administrativos definitivos, respecto de los cuales el derecho de audiencia es garantizado mediante la oportunidad de recurrir la sanción impuesta. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos precedentes que el derecho de audiencia, reconocido en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, no es de carácter absoluto, sino que existen supuestos en los que por la naturaleza de la actividad administrativa y su impacto en la esfera jurídica de los particulares, el derecho fundamental de ser oído y vencido en juicio, puede otorgarse con posterioridad a la emisión del acto de autoridad correspondiente. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 62/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto siguiente: "MULTAS FISCALES. TRATÁNDOSE DE LAS IMPUESTAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, TANTO FORMALES COMO SUSTANTIVAS, NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Tratándose de las multas fiscales impuestas por la comisión de infracciones vinculadas directamente tanto con la obligación de pagar las contribuciones que el Estado impone de manera imperativa y unilateral (obligaciones sustantivas), como con la relativa a los medios de control en la recaudación, cuyo objeto es facilitar la gestión tributaria (obligaciones formales), no rige la garantía de previa audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que los particulares pueden ser escuchados en su defensa con posterioridad al acto de autoridad. Lo anterior es así, pues conforme a las ejecutorias emitidas por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las que derivó la jurisprudencia 110, publicada en la página 141 del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el rubro: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE. EN MATERIA IMPOSITIVA, NO ES NECESARIO QUE SEA PREVIA.", la referida excepción se justifica porque la facultad económica coactiva constituye una atribución del fisco que le permite hacer efectivos los créditos a favor de la hacienda pública, por lo cual, la subsistencia del Estado y sus instituciones debe prevalecer frente al derecho de los particulares a ser escuchados antes del acto de autoridad, máxime que éste puede impugnarse mediante los recursos y juicios procedentes. De ahí que si las multas fiscales son actos derivados de la mencionada facultad económica estatal, la garantía de audiencia se respeta si con posterioridad a la cuantificación de la sanción los contribuyentes son escuchados en su defensa, lo cual se cumple en tanto que tienen un plazo de cuarenta y cinco días para promover el recurso de revocación ante la misma autoridad, o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para desvirtuar los hechos que se les imputan como omitidos (la contribución o la formalidad exigida) antes de que inicie el procedimiento administrativo de ejecución." Criterio que resulta aplicable al ejercicio de la potestad sancionadora de la administración pública establecida en el artículo 21, párrafo cuarto, constitucional, que versa sobre la aplicación de sanciones por infracción a los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente pueden consistir en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o trabajo a favor de la comunidad, dado el carácter ejecutorio de esas determinaciones, en tanto que imponen deberes y restricciones a los particulares, que deben hacerse efectivos aun contra su voluntad. En ese tenor, tratándose de la determinación de infracciones a los reglamentos de tránsito de vehículos e imposición de las sanciones correspondientes, no necesariamente debe regir el derecho de audiencia previa, por lo que el afectado puede ser escuchado en su defensa con posterioridad a la emisión del acto de autoridad. En ese sentido, los artículos reclamados que regulan la facultad de los Agentes de Tránsito para imponer sanciones cuando adviertan una violación a las reglas de circulación vehicular, no infringen el derecho de audiencia previa reconocido por el artículo 14 de la Constitución Federal, porque no se trata de actos administrativos definitivos que se agotan en un solo momento, por lo que no es posible obligar a la autoridad, a tener que instaurar, en todos los casos, un procedimiento previo, lo que incluso no sería acorde con la naturaleza ejecutoria de esos actos administrativos. Además, la necesidad jurídica de que la audiencia sea previa al acto de autoridad, se presenta cuando éste es privativo de las propiedades, posesiones o derechos del particular, característica que no se da en la aplicación de infracciones de tránsito. En estos casos, basta con que posteriormente, se le dé oportunidad de defensa, requisito con el cual cumple el Reglamento de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, ya que en el artículo 482 reconoce la procedencia del recurso de revisión en contra de las sanciones que se impongan con motivo de las violaciones al reglamento. Así, ante lo infundado del concepto de violación, es que debe negarse la protección constitucional a , contra actos reclamados al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán y Congreso del Estado, consistente en los artículos 13, fracción I, 448, 449, 463 y 470 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán. Es aplicable por su sentido jurídico, la jurisprudencia PC.VI.A. J/3 A (10a.) sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de rubro y texto: "RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL PROPIETARIO DEL VEHÍCULO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE VIALIDAD PARA EL ESTADO DE PUEBLA, CON MOTIVO DE LA MULTA POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO. AUNQUE IMPLICA UN ACTO PRIVATIVO, NO REQUIERE SE LE CONCEDA AUDIENCIA PREVIA A SU IMPOSICIÓN. Esta norma general dispone que tratándose de infracciones captadas por cualquier dispositivo o medio tecnológico, el propietario del vehículo con que se comete es responsable solidario para efectos del cobro de la falta. Sin embargo, a pesar de tratarse de un acto privativo, dado que queda obligado y debe responder con su patrimonio, no resulta exigible que la prerrogativa fundamental de audiencia se le otorgue en forma previa, porque de supeditarse la recaudación del ingreso respectivo a que previamente se le escuche, se causaría una afectación al Estado, dado que la obligación garantizada tiene la naturaleza de un aprovechamiento y, como tal, es un ingreso ordinario e integra la hacienda pública, según el Código Fiscal de esa misma entidad federativa. Además, la posibilidad de desahogar una fase previa, en que se dirima el punto jurídico relativo a la responsabilidad solidaria, operaría en detrimento de la eficacia de las diversas normas que sancionan las faltas y transgresiones a las disposiciones de la Ley de Vialidad y su Reglamento, lo que afectaría al interés colectivo, que se ve beneficiado con la seguridad en el tránsito y vialidad que dichas disposiciones buscan preservar. Así, basta con que, posterior a tenerlo con ese carácter, se le dé oportunidad de defensa, como se regula de manera sistemática en ese propio precepto y otros del mismo ordenamiento." II. Estudio de la constitucionalidad de la boleta de infracción. Boleta de infracción Con relación a la legalidad de la boleta de infracción de folio , de veinte de septiembre de dos mil veintidós, elaborada por un Agente de Tránsito adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, el peticionario del amparo arguye que vulnera el derecho humano de legalidad reconocido en el artículo 16 de la Constitución. Es fundado el concepto de violación, ya que en la boleta de infracción reclamada, la responsable no apuntó las razones que la condujeron para imponer la multa máxima que establece el Catálogo de Infracciones del Anexo I, Grupos 3-A, que hace alusión el artículo 470 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán. En efecto, el artículo 16, primer párrafo, de la Norma Suprema, reconoce la garantía de legalidad como herramienta para salvaguardar los bienes jurídicos del gobernado, frente al acto de autoridad; en esencia, consiste en que las autoridades están obligadas a expresar en sus actos, el fundamento legal y las razones que los motivan; es decir, todo acto de autoridad que implique molestia en la esfera de derechos del gobernado debe estar apoyado en las disposiciones legales aplicables, y expresar las razones que así lo justifiquen. En el sistema jurídico mexicano, tradicionalmente, la fundamentación de un acto de autoridad consiste en la cita del precepto legal aplicable al caso concreto. La motivación reside en el razonamiento contenido en el mismo acto de autoridad, según el cual quien lo emitió llegó a la conclusión de que el acto concreto al cual se dirige está ajustado exactamente a las prevenciones de determinados preceptos legales. Al respecto es ilustrativa la jurisprudencia 11 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Acorde a la norma suprema, los artículos 13, fracción I, y 463, del reglamento vial del Estado de Yucatán, establecen la facultad de los agentes de tránsito para prevenir y sancionar las infracciones viales, así como requisitos de validez que deben observarse para la emisión de la boleta de infracción que contenga una sanción en materia de tránsito. Por su parte, el artículo 451 del citado reglamento de tránsito, dispone la forma en que serán calificadas las infracciones de tránsito para determinar la cuantía de multa. Establece que las infracciones leves serán sancionadas con multa de uno hasta quince salarios mínimos; las graves con multas de dieciséis a veintiuno salarios mínimos; y las muy graves, de noventa y cinco a cien salarios mínimos, de conformidad con lo previsto en el Catálogo de Sanciones, previsto en el Anexo I del Reglamento. Asimismo, dispone que la cuantía de la multa se determina aplicando la cantidad en pesos que corresponda, a un día de salario mínimo vigente en la ciudad de Mérida, Yucatán, al día de la comisión de la infracción, multiplicada por el número de días fijado en el Catálogo de Sanciones. Respecto al monto de la multa, establece que los parámetros para fijar la cuantía son: Si un conductor contraviene una disposición de tránsito o vialidad por vez primera, y no contraviene algunas de las disposiciones previstas en la fracción IV del artículo 449 del Reglamento, se le podrá aplicar el monto mínimo previsto para esa conducta en el Catálogo de Sanciones. Si el conductor contraviene por segunda ocasión la misma disposición de tránsito o vialidad de un nivel de la clasificación, señalada en el artículo 444 del reglamento, y además, contraviene alguna de las disposiciones, establecidas en las fracción IV del artículo 449 del reglamento, se le podrá aplicar el monto que resulte de dividir entre dos, la suma de la sanción mínima y máxima correspondiente. En el caso de que un conductor contravenga por tercera ocasión la misma disposición de tránsito o vialidad de un nivel de la clasificación, señalada en el artículo 444 del reglamento, y contravenga lo dispuesto en la fracción IV del artículo 449 del propio Reglamento, se le podrá aplicar el monto máximo que corresponda a la infracción. En todos los casos señalados, la autoridad competente podrá aplicar multas diversas a la mínima, media y máxima, conforme a las circunstancias particulares del hecho o accidente de tránsito, pero no deberá rebasar el parámetro de clasificación de la infracción que corresponda a la misma. Ahora, del análisis de las constancias allegadas al juicio de amparo, se obtiene que el Policía de Tránsito suscribió la boleta de infracción reclamada, porque consideró que se infringió el artículo 73, del Reglamento de Tránsito de la Entidad, ya que el quejoso circulaba con placas expedidas para diverso vehículo. Asimismo, indicó que la infracción de tránsito era sancionada con multa en términos del artículo 470, en relación con el catálogo de Infracciones del Anexo I, Grupo 3-A, del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, por lo que impuso una multa de dieciocho Unidades de Medida y Actualización. La actuación del oficial de tránsito vulnera la garantía de legalidad, ya que el Anexo I, Grupo 3-A, del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, dispone que las multas oscilan entre dieciséis a dieciocho días de salario, en los supuestos siguientes: (i) Primera sanción en un año, 16 días de salario mínimo. (ii) Segunda sanción en un año, 17 días de salario mínimo. (iii) Tercera sanción en un año, 18 días de salario mínimo. Sin embargo, en ninguna parte de la boleta de infracción reclamada, expresó los motivos y razones que tomó en consideración para imponer el monto máximo que prevé Anexo I, Grupo 3-A, del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán. Así, en lo relativo a la individualización de la sanción impuesta, la autoridad responsable no colmó los requisitos formales de fundamentación y motivación, lo que provoca incertidumbre jurídica en el gobernado, pues el vicio formal detectado le impide conocer los preceptos legales en los cuales dicha autoridad apoyó su actuación, así como las razones, motivos y elementos que consideró para graduar la multa, situación que incuestionablemente constituye una violación al principio de legalidad que consagra el artículo 16 del Pacto Federal. Es así, pues como se precisó, la norma constitucional invocada impone a todas las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, lo que se traduce en que se deben expresar los fundamentos de derecho y los motivos de hecho que sean considerados para su dictado; además debe existir siempre adecuación entre unos y otros, todo lo anterior con la finalidad de que el gobernado conozca los hechos que se le atribuyen, así como la ley aplicada por la autoridad para emitir en su contra el acto de molestia, para el efecto de que esté en posibilidad de impugnarlo si considera que la cita y aplicación de dichos fundamentos fueron incorrectos, o bien, que los hechos no fueron acordes con la motivación citada. De modo que al no cumplir con la exigencia que impone el numeral en comento, la autoridad responsable violentó el derecho fundamental de legalidad en perjuicio de la parte quejosa, al emitir un acto que no está fundado y motivado en cuanto a la individualización de la sanción impuesta, en esa medida, es fundado el concepto de violación aducido, por lo que debe concederse el amparo solicitado para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. En ese contexto, es evidente la autoridad responsable transgredió en perjuicio de la parte quejosa el principio de legalidad establecido en el numeral 16 de la Carta Magna, pues al realizar la determinación de la cuantía de la multa no expresó motivo que justificara la imposición de la cuantía máxima, ya que no motivó la individualización de la multa impuesta. Apoya lo considerado la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "MULTAS. SU IMPOSICIÓN DEBE FUNDARSE Y MOTIVARSE DE MANERA INDIVIDUALIZADA, PRUDENTE Y ADECUADA." En ese panorama, ante lo fundado de los conceptos de violación planteados, lo procedente es otorgar la protección constitucional solicitada por el quejoso, para los efectos que se precisarán en el considerando inmediato. SÉPTIMO. Efectos de la protección constitucional El artículo 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, establece una regla especial relativa a la forma en que debe analizarse en la sentencia definitiva el acto reclamado en los asuntos del orden administrativo, atinente a que deben considerarse la fundamentación y motivación que, en su caso, haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado para complementar aquél en esos aspectos, en términos de último párrafo del artículo 117. Por tanto, si a pesar de esa complementación persiste la falta o insuficiencia de dichos requisitos formales, el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración; conclusión a la que se arriba del análisis integral tanto de los artículos 117 y 124 de la propia ley, así como del proceso legislativo que les dio origen. En ese orden de ideas, en la especie, el quejoso promovió la demanda de amparo aduciendo falta de fundamentación y motivación de la boleta de infracción, la cual resultó ilegal en virtud de que la autoridad responsable no justificó su actuación. En ese contexto, resulta importante puntualizar que de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable no podrá subsanar los vicios formales advertidos que llevaron a conceder el amparo (fundamentación y motivación), pues ante la falta de complementación de esos aspectos en el informe justificado, debe considerarse que dicho acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 23/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO SE ACTUALIZA RESPECTO DE LOS EMITIDOS EN FORMA UNILATERAL. La porción normativa que establece: "En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración.", debe entenderse referida exclusivamente a los actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, cuyos efectos son directos e inmediatos, toda vez que cualquier acto administrativo, que recae a una solicitud de parte interesada, o bien, al ejercicio de un derecho de acceso a la información, de acceso a la justicia y de audiencia y defensa, invariablemente -de considerar que contiene un vicio que lo torna inconstitucional- debe subsanarse (a través de un nuevo acto) en la parte que corresponde a la afectación del derecho relativo, pues de lo contrario, quedaría inaudita la violación alegada bajo el argumento de que la autoridad responsable, al rendir su informe de ley, no complementó la fundamentación y motivación del acto reclamado y que, por tanto, existe "un impedimento para reiterarlo", lo que no es acorde con el objetivo del juicio de amparo de restituir al gobernado en el pleno goce del derecho violado y obligar a la autoridad responsable a respetarlo." En las relatadas condiciones, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se impone conceder para los efectos siguientes: Se deje insubsistente la boleta de infracción de folio de veinte de septiembre de dos mil veintidós, suscrita por el Agente adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. Se gestione la devolución de la cantidad de $ , que el quejoso erogó por concepto de la multa de tránsito, según se advierte en el recibo de pago de folio , de veinte de septiembre de dos mil veintidós, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a , respecto del acto reclamado al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, consistente en los artículos 13, fracción I, 448, 449, 451 y 470 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, por las razones indiadas en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a , respecto del acto reclamado al Agente adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, y otra autoridad, consistente en la boleta de infracción de folios , de siete de julio de dos mil veintidós, y la devolución de $ cobrados en por la multa, por las razones indicadas en el considerando sexto y para los efectos del último considerando de este fallo. NOTIFIQUESE. [...]
- Principal
Se notifica por lista de estrados a la parte quejosa el acuerdo de 16 de febrero de 2023 con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, mismo que refiere: Merida, Yucatan, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Radicación. Con la demanda de amparo promovida físicamente por ***, contra actos de la Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de ********************, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 643/2023-III. Precisión del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente reclama de la Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de ********************, y otras autoridades, lo siguiente: [.] Incompetencia legal. En primera instancia debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio es obligatorio, previo a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerse se contravendrían las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la ley de amparo, se procede a analizar si se tiene o no competencia legal para conocer de la demanda de amparo, a fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. [.] Del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez ante quien se presente la demanda; c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, en el presente caso, se surte la primera de las hipótesis que prevé el primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo, esto es, en donde deba ejecutarse el acto reclamado, pues si bien el acto reclamado constituye un acto omisivo, sus consecuencias jurídicas se materializarán en diversa entidad federativa. Al respecto, debe precisarse que los actos omisivos o abstenciones son aquéllos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer, ya sea de fuente legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el justiciable. El estudio de la presente resolución se circunscribirá a éstos. Para efectos de explicar de manera clara la naturaleza de los actos omisivos, la Primera Sala resolvió en el amparo en revisión 1241/1997, que para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta. Es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión, es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta, pasando por alto la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido. En adición, debe tenerse en cuenta que al resolver el amparo directo en revisión 978/2007 la Primera Sala precisó que no deben confundirse las nociones de no hacer y omisión, pues la diferencia entre ellas es que los estados de inacción -no hacer- no están conectados con alguna razón que suponga el incumplimiento de algún deber, mientras que las omisiones sí lo están. Así, muchas de las cosas que no hacemos no tienen alguna repercusión en términos normativos; en cambio, aquellas cuestiones que no hacemos, pero que por alguna razón teníamos el deber de hacerlas, constituyen omisiones. En esa línea, para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente. Bajo ese contexto, el quejoso reclama, en esencia, una omisión con ejecución material, por lo cual este juzgado federal carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, toda vez que, como ya se dijo, sus consecuencias jurídicas se materializarán en diversa entidad federativa. En efecto, el acto reclamado por la parte quejosa es susceptible de constituir una omisión con ejecución material, por la situación especial en que refiere encontrarse, derivado del vínculo objetivo e indisoluble entre: a) El trámite de la solicitud de cancelar el certificado parcelario y la expedición del título de propiedad correspondiente, que se desarrolla ante la Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de ********************, con sede en Chetumal, pues es ante dicha autoridad donde se presentó dicha solicitud. b) La obligación de las autoridades responsables cancelar el certificado parcelario y la expedición del título de propiedad correspondiente, derivado de la citada solicitud. En efecto, se insiste, la omisión de realizar la cancelación del certificado parcelario y la expedición del título de propiedad correspondiente, en el proceso administrativo correspondiente si bien es un acto omisivo, lo cierto es que trae aparejada una ejecución material. Ello en la medida que, con la omisión de las autoridades administrativas de realizar la cancelación y expedir el título de propiedad en breve plazo, se vulnera el derecho de acceso a la justica de manera pronta y expedita, en perjuicio de las partes en el procedimiento administrativo. Esto es, el omitir dar continuidad al procedimiento administrativo, es tanto como si la autoridad emitiera un acto que vulnerara los derechos señalados. Razón por la cual no puede afirmarse que la omisión de realizar la cancelación del certificado parcelario y la expedición del título de propiedad correspondiente es una decisión meramente declarativa que no tiene efecto alguno o que no conlleve consecuencia alguna. Por el contrario, con la omisión se genera una afectación que no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado. Si ello no fuera así, la restitución del derecho a través de la concesión del amparo cuando se reclame la omisión de realizar la cancelación del certificado parcelario y la expedición del título de propiedad correspondiente no involucraría un "hacer", que es expedir el título de propiedad al quejoso lo más pronto posible. De esta manera llegamos a la conclusión de que la omisión de realizar la cancelación del certificado parcelario y la expedición del título de propiedad correspondiente en el procedimiento administrativo, si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada- lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo. De ahí que nos encontremos ante un acto omisivo con efectos positivos. Por tanto, la consecuencia material que se produce en la esfera jurídica de la parte promovente, se producirá en el inmueble que defiende la parte quejosa ubicado en la parcela********************del Ejido de ********************Municipio de ********************Estado de ********************, lo que conlleva un principio de ejecución, ya que de esa manera se materializan los "efectos positivos" que tiene la omisión apuntada, lo que trae como consecuencia que la omisión reclamada tenga una ejecución material en aquél municipio que se encuentra fuera del ámbito competencial en el que ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. Por ende, se actualiza la primera regla de competencia establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, relativa a que es Juez competente el del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, a saber corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de ********************, con residencia en Cancún, que por razón de turno corresponda. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 24/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1873, Undécima Época, con registro digital 2023548, que es del tenor literal siguiente: [.] Por ende, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase la demanda de amparo y su copia, al Juzgado de Distrito en el Estado de ********************, con sede en Cancún, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la misma residencia y se solicita de la manera más atenta al órgano federal que conozca de la demanda, comunique a este juzgado federal, lo que tenga a bien determinar. Consideración adicional. No es obstáculo a lo anterior, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al resolver el conflicto competencia 5/2022, del cual incluso la parte quejosa exhibió su versión pública; sin embargo, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en el diverso conflicto competencial 5/2022, resolvió en sentido opuesto, a saber, que los actos reclamados a la Delegación del Registro Agrario Nacional, respecto a la omisión de dar trámite a una solicitud de cancelación de certificado parcelario y, de ser conducente, la expedición de un título de propiedad, conllevan implícitamente una ejecución material, por lo que no se trata de una simple omisión, debiendo realizar tales actos la autoridad ante quien se presentó la solicitud de referencia, la cual se encuentra ubicada en el estado de ********************, por lo que determinó que será competente para conocer del juicio de amparo el Juzgado de Distrito en esa entidad; criterio que este juzgador comparte, como se expresó en párrafos precedentes. Domicilio y autorizados. Ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa en su demanda de amparo, y como sus autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, a ******************** y a ********************, en virtud de que acreditaron el registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a la diversa persona que refiere, con las limitaciones que establece el citado numeral, por así haberlo solicitado expresamente. Acceso electrónico. Como solicita la parte promovente, y toda vez que el usuario "********************" se encuentra registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al citado usuario para consultar el presente expediente en línea. Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento del Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, para que en términos del artículo 87 del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes para el permiso y acceso a la consulta y notificaciones en comento. Juicio en línea. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este. Asimismo, se invita a las partes a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. [...] NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. [.]
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