Daniel Delgado Ramos
Expediente 143/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 25 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 143/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 21/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Daniel Delgado Ramos
- Fernando Garcia Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio de la autoridad responsable Juez Penal Municipal de Tehuacán, Puebla; en atención a su contenido, se provee lo siguiente: Se le tiene acusando recibo del oficio E-676-1, mediante el cual, se le notificó lo actuado el quince de agosto de dos mil diecisiete, y se le devolvieron las documentales relativas a la causa penal ******************** (anexos I y II). Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la suspensión solicitada, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. En otro orden, devuélvanse las copias certificadas relativas a la causa penal *******(anexos I y II) a la autoridad responsable Juez Penal Municipal de Tehuacán, Puebla; requiriéndola para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Apercibida que de no cumplir, de conformidad con los artículos 237 fracción I, 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación.
- Principal
VISTOS, los autos del presente juicio de amparo 143/2017-E, para resolver el incidente de objeción de documento planteado por el tercero interesado Fernando García Sánchez; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Promoción del incidente de objeción de firma de la demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete en la oficialía de partes de este juzgado (fojas 52 a 55), el tercero interesado Fernando García Sánchez (por conducto de sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo) objetó de falsa la firma que calza la demanda de amparo que dio inicio a esta instancia constitucional (fojas 3 a 9). SEGUNDO. Audiencia constitucional. El veintinueve de marzo de dos mil diecisiete se suspendió la audiencia constitucional para tramitar el incidente de objeción de documentos aludido en los términos a que se refiere el artículo 122 de la Ley de Amparo (fojas 56 a 58). TERCERO. Trámite del incidente. En acuerdo de once de abril de dos mil diecisiete (foja 76), se tuvo por designada a María del Rosario Castillo García como perito oficial en materia de grafoscopía y, el veinticinco de abril siguiente, la perito citada compareció ante este juzgado para aceptar y protestar el cargo conferido. En acuerdos de veintisiete de abril (foja 94) y veintitrés de mayo de dos mil diecisiete (fojas 102 y 103), se tuvo a las partes por adheridas al dictamen pericial que rindiera la perito oficial María del Rosario Castillo García, en virtud de que el tercero interesado Fernando García Sánchez, no presentó a la perito Sagy Rosalba Díaz Pimentel, que nombró en su escrito de objeción de documentos, a efecto de que aceptara y protestara el cargo conferido; y, el quejoso Daniel Delgado Ramos no designó perito de su parte ni adicionó el cuestionario propuesto por el oferente de la prueba pericial. En acuerdo de cuatro de julio de dos mil diecisiete (foja 143) se tuvo por rendido el dictamen en grafoscopía de la perito oficial María del Rosario Castillo García (124 a 142), el que ratificó ante la presencia de la suscrita juzgadora el doce de julio de dos mil diecisiete (foja 147), con el que se le dio vista a las partes mediante acuerdo de trece de julio siguiente (foja 148). CUARTO. Cita para audiencia. En acuerdo de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, se fijó día y hora para la continuación de la audiencia constitucional en la etapa en que fue suspendida; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este incidente de objeción de documento, por serlo para conocer del juicio de amparo del que derivó, esto es, por razón de materia y territorio, pues en el juicio principal se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Es fundado el incidente de objeción de documentos planteado por el tercero interesado Fernando García Sánchez, por las razones que a continuación se exponen. Previo a la valoración de las pruebas ofrecidas por las partes para sostener o desvirtuar la autenticidad del documento cuestionado (demanda de amparo) es menester dilucidar si tal documento es susceptible de ser objetado de falso. Para ello, se estima necesario citar el contenido del artículo 122 de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 122. Si al presentarse un documento por una de las partes otra de ellas lo objetare de falso en la audiencia constitucional, el órgano jurisdiccional la suspenderá para continuarla dentro de los diez días siguientes; en la reanudación de la audiencia se presentarán las pruebas relativas a la autenticidad del documento. En este caso, si se trata de las pruebas testimonial, pericial o de inspección judicial se estará a lo dispuesto por el artículo 119 de esta Ley, con excepción del plazo de ofrecimiento que será de tres días contados a partir del siguiente al de la fecha de suspensión de la audiencia." El precepto reproducido dispone la forma en que deberá sustanciarse el incidente de falsedad de documentos durante la tramitación del juicio de garantías, previendo al efecto que si al presentarse algún documento por una de las partes, otra de ellas lo objetare de falso, el Juez de Distrito deberá suspender o diferir la audiencia para substanciar el incidente respectivo en el que se recibirán y valorarán las pruebas relativas a la autenticidad del documento. Ahora bien, para estar en condiciones de determinar a qué documentos se refiere el artículo 122 de la Ley de Amparo, se transcriben los numerales 129 y 133 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que textualmente disponen: "Artículo 129. Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones." La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes. "Artículo 133. Son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo 129." Otro aspecto que se estima pertinente analizar, dado que la objeción de falsedad de un documento puede estar referida a lo manifestado en él, o bien, a su autenticidad, es la distinción entre el contenido y el continente del documento, es decir, la declaración expresada en el documento y el documento mismo, pues puede resultar falso uno y verdadero lo otro o viceversa, ya que la finalidad del documento es probar la existencia de la declaración en él contenida, no su eficacia. Lo anterior porque los documentos, para estimarse como tal, deben contener, entre otros requisitos de forma, la firma del suscriptor, de ahí que, para determinar si el documento cuya autenticidad se cuestiona puede impugnarse en términos del artículo 122 de la Ley de Amparo se debe partir de la naturaleza del mismo, distinguiendo para ello el contenido y el continente, en virtud de tratarse de la exteriorización de la voluntad de quienes los suscriben. En ese sentido, debe señalarse que, en el caso, el incidentista objetó de falsa la firma que se encuentra estampada en la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de garantías (foja 9) y que se atribuye a Daniel Delgado Ramos, en su carácter de quejoso y que, por su naturaleza, es un documento privado, según se advierte de lo dispuesto en los artículos 129 y 133 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo, pues el documento no proviene de un funcionario público revestido de fe pública, sino que fue suscrito por un particular y, como tal, puede ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad (continente) mediante el incidente previsto en el artículo 122 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 148/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO. EL ESCRITO RELATIVO REVISTE EL CARÁCTER DE DOCUMENTO PRIVADO, POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE, JURÍDICAMENTE, DE SER OBJETADO DE FALSO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien en ningún precepto de la Ley de Amparo, se establece qué debe entenderse por documento privado, resulta aplicable supletoriamente al ordenamiento invocado el Código Federal de Procedimientos Civiles, que en su artículo 129 determina que son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; mientras que en el diverso artículo 133 del propio ordenamiento legal se indica que los documentos privados son los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo 129, entre los cuales quedan comprendidos los escritos elaborados por particulares, en los que aparezca la firma o el signo que refleje la voluntad del suscriptor del documento. En consecuencia, el escrito inicial de demanda de amparo participa de las características de un documento privado, porque proviene de un particular y en él aparece la firma o signo que refleja la voluntad de su suscriptor, de ahí que sea susceptible jurídicamente de ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad, sin que sea obstáculo para la anterior conclusión el hecho de que el artículo 153 de la Ley de Amparo disponga que sólo serán objetables de falsos "los documentos" que presentaren las partes en el juicio de amparo, porque esa acepción comprende también las promociones presentadas por ellas, pues constituyen documentos, atento lo cual se encuentran sujetas a la impugnación de falsedad, de acuerdo a lo dispuesto en el precepto últimamente citado." Establecido lo anterior, este Juzgado de Distrito se ocupa de analizar el material probatorio relativo a esta incidencia. En relación con la firma que calza la demanda de amparo y que se atribuye al quejoso Daniel Delgado Ramos, el actor incidentista ofreció, entre otras, la prueba pericial en grafoscopía, la cual resulta ser la idónea para establecer la autenticidad de la firma que se redarguye de falsa, en virtud de que la grafoscopía es la disciplina que trata de la identificación de la escritura manuscrita por medio de técnicas fundamentadas en la observación de sus características constitutivas, estructurales, morfológicas y particularismos de detalle. Cobra aplicación la tesis aislada VI.1o.C.175 C sustentada por el Primer Tribunal Colegido en Materia Civil del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "FIRMA. PARA DETERMINAR SU FALSEDAD SE REQUIERE DE LA PERICIAL RELATIVA EN GRAFOSCOPIA Y CALIGRAFÍA AUN CUANDO SEA NOTORIA SU DISCREPANCIA CON LA AUTÉNTICA. Conforme al artículo 1194 del Código de Comercio, corresponde al actor probar los hechos constitutivos de su acción y al demandado de sus excepciones; esto trae consigo que en los casos en que se argumente la falsedad de una firma estampada en un documento, deba demostrarse con las pruebas idóneas para ello, entre las que se encuentra la pericial en grafoscopia y caligrafía, sin importar que a simple vista se adviertan notorias diferencias entre la firma cuestionada y la auténtica, atendiendo a que, para determinar lo relativo, se requieren conocimientos científicos y técnicos especiales que no son propios de los juzgadores, y que no pueden ser reemplazados con una confrontación a simple vista, pues existe la posibilidad de que, aun discrepando, las firmas pertenezcan a una misma persona." En ese tenor, en el dictamen con número de folio 11000 (fojas 124 a 142) la perito oficial María del Rosario Castillo García expuso y concluyó lo siguiente: "Planteamiento del problema Determinar si la firma que como de Daniel Delgado Ramos localizada en el escrito inicial de demanda de amparo, corresponde o no por su ejecución al puño y letra de la ya mencionada persona. (.) Descripción de los documentos base de cotejo Para dar respuesta al estudio encomendado se señalaron las firmas a nombre de Daniel Delgado Ramos localizadas en los siguientes documentos. "1. Muestra de escritura y firmas elaborada ante presencia judicial de fecha 01 de junio de 2017, constante de 3 fojas útiles por su anverso. 2. Credencial para votar con fotografía con clave de elector DLRMDN67072121H700, año de registro 1991, con 08 reposiciones, emisión 2016 y número de OCR 1938019069928. Documentos que tuve a la vista en original en las instalaciones del Juzgado para su debido estudio, confronta y toma de impresiones fotográficas (.) El estudio y descripción de los Gestos Gráficos se realiza de acuerdo a la ubicación de los elementos gráficos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, siguiendo el desarrollo de dichos elementos para lo cual se procede analizar, fijar, seleccionar y describirlos, obteniendo un "PATRÓN" que se CONFRONTA entre sí, de esta manera se pone en evidencia si los GESTOS GRÁFICOS de las firmas BASE DE COTEJO se reproducen en las firmas CUESTIONADAS, obteniendo los siguientes resultados en lo referente a las características del orden general: CARACTERÍSTICAS DEL ORDEN GENERAL FIRMAS APORTADAS COMO BASE DE COTEJO A NOMBRE DE DANIEL DELGADO RAMOS DIRECCIÓN ASCENDENTE PRESIÓN MIXTA TENSIÓN MEDIA VELOCIDAD CON TENDENCIA ALTA HABILIDAD ESCRITURAL BUENA PROPORCIÓN DIMENSIONAL PROPORCIONADA INCLINACIÓN DIVERGENTE ALINEAMIENTO BÁSICO IMBRICADO ESPACIOS INTERGRAMMALES REGULARES ESPACIOS INTERLINEALES ESTRECHOS En el grupo de gestos gráficos: GRUPO DE GESTOS GRÁFICOS FIRMAS APORTADAS COMO BASE DE COTEJO A NOMBRE DE DANIEL DELGADO RAMOS GRAMAS "D" 1.- TRAZO INICIAL DESCENDENTE, "CABALGANTE" A LA CIMA DEL TRAZO MAGISTRAL. 2.- TRAZO MAGISTRAL CURVO EN SU TERCIO INFERIOR GRAMAS "a" 3.- ELABORADO EN DOS MOMENTOS GRÁFICOS. 4. CIMA DEL TRAZO MAGISTRAL COLOCADA POR ARRIBA DE LA CIMA DEL TRZO A MANERA DE 2OVOIDE". GRAMA "n" 5.- CIMA CURVA GRAMA "n" 5 (sic).- CIMA SMIANGULOSA. 6.- TRAZO MAGISTRAL EMPASTADO CON EL CUERPO DEL GRAMA. GRAMA "d" 7.- FINAL ACERADO GRAMAS "o" 8.- FINAL PROLONGADO, ACERADO "EMPALMADO" POR ARRIBA DEL INICIO DEL GRAMA GRAMA "m" 9.- CUERPO DEL GRAMA ELABORADO A MANERA DE "ARCOS" TRAZO A MANERA DE GRAMA "C" DE GRAN DIMENSIÓN 10.- TRAZO MAGISTRAL DESCENDENTE, EN "DIAGONAL". 11.- INICIO CURVO, CORTO, ACERADO, COLOCAO EN LA CIMA. 12.- TRAZO FINAL COLOCADO POR DEBAJO DE LA BASE DE LOS GRAMAS QUE SE LEEN "Ramos" A MANERA DE LÍNEA BASE. TRAZO A MANERA DE GRAMA "R" DE GRAN DIMENSIÓN 13.- CIMA DEL TRAZO MAGISTRAL COLOCADA POR ARRIBA DE LA CIMA DEL GRAMA 2C". 14.- CIMA CURVA DEL GRAMA COLOCADA POR ARRIBA DE LA CIMA DEL GRAMA "C". 15.- CAMBIO DE DIRECCIÓN SEMIANGULOSA COLOCADA POSPUESTA AL TERCIO INFERIOR DEL TRAZO MAGISTRAL. 16.- FINAL "FILIFORME", "ACERADO" TRAZOS HORIZONTALES 17 DOS. PUNTO DE RUBRICACIÓN 18.- COLOCADO A LA ALTURA FINAL DEL GRAMA "R" Posteriormente procedí a realizar similar estudio con la firma cuestionada, obteniendo los siguientes resultados en lo referente a las características del orden general: CARACTERÍSTICAS DEL ORDEN GENERAL FIRMA CUESTIONADA QUE COMO DE DANIEL DELGADO RAMOS DIRECCIÓN ASCENDENTE PRESIÓN MIXTA TENSIÓN FIRME VELOCIDAD ALTA HABILIDAD ESCRITURAL BUENA PROPORCIÓN DIMENSIONAL DESPROPORCIONADA INCLINACIÓN ERGUIDA ALINEAMIENTO BÁSICO PREDOMINA RECTILÍNEO ESPACIOS INTERGRAMMALES ESTRECHOS ESPACIOS INTERLINEALES REGULARES En el grupo de gestos gráficos: GRUPO DE GESTOS GRÁFICOS FIRMA CUESTIONADA QUE COMO DE DANIEL DELGADO RAMOS DANIEL DELGADO RAMOS GRAMAS "D" 1. TRAZO INICIAL ASCENDENTE, COLOCADO "ARRIBA" DE LA CIMA DEL TRAZO MAGISTRAL. 2.- TRAZO MAGISTRL PREDOMINA RECTO. GRAMAS "a" 3.- ELABORADO EN UN MOMENTO GRÁFICO. 4.- CIMA DEL TRAZO MAGISTRAL COLOCADA A LA ALTURA DE LA CIMA DEL TRAZO A MANERA DE "OVOIDE". GRAMA "n" 5.- CIMA SEMIANGULOSA. 6.- TRAZO MAGISTRAL SEPARADO DEL CUERPO DEL GRAMA, SIN EMPASTAMIENTOS. GRAMA "d" 7.- FINAL ENLAZADO MEDIANTE SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD AL GRAMA "o". GRAMA "o" 8.- FINAL ACERADO COLOCADO POR DEBAJO DEL INICIO DEL GRAMA. GRAMAS "m" 9.- CUERPO DEL GRAMA ELABORADO A MANERA DE 2GUIRNALDA". TRAZO A MANERA DE GRAMA "C" DE GRAN DIMENSIÓN 10.- TRAZO MAGISTRAL ASCENDENTE, "CURVO". 11.- INICO CON DESCARGA DE TINTA, PROLONGADO, COLOCADO POR DEBAJO DE LA CIMA. 12.- TRAZO FINAL COLOCADO POR DEBAJO DE LA BASE DE LOS GRAMAS QUE SE LEEN "Ramos", DE MANERA QUE SE APRECIAN "CABALGANTES" AL MISMO. TRAZO A MANERA DE GRAMA "R" DE GRAN DIMENSIÓN 13.- CIMA DEL TRAZO MAGISTRAL COLOCAD POR DEBAJO DE LA CIMA DEL GRAMA "C". 14.- CIMA CURVA DEL GRAMA COLOCADA POR DEBAJO DE LA CIMA DEL GRAMA "C". 15.- CAMBIO DE DIRECCIÓN CURVA COLOCADA ANTEPUESTA AL TERCIO INFERIOR DEL TRAZO MAGISTRAL. 16.- FINAL 2RECTO", "ACERADO". TRAZOS HORIZONTALES 17.- TRES. PUNTO DE RUBRICACIÓN 18.- COLOCADO A LA ALTURA DEL FINAL DEL GRAMA "R". Posteriormente procedía realizar una confronta de los resultados obtenidos quedando como sigue en lo referente a características del orden general: CARACTERÍSTICAS DEL ORDEN GENERAL FIRMAS APORTADAS COMO BASE DE COTEJO A NOMBRE DE DANIEL DELGADO RAMOS FIRMA CUESTIONADA QUE COMO DE DANIEL DELGADO RAMOS DIRECCIÓN ASCENDENTE ASCENDENTE PRESIÓN MIXTA MIXTA TENSIÓN MEDIA FIRME VELOCIDAD CON TENDENCIA ALTA ALTA HABILIDAD ESCRITURAL BUENA BUENA PROPORCIÓN DIMENSIONAL PROPORCIONADA DESPROPORCIONADA INCLINACIÓN DIVERGENTE ERGUIDA ALINEAMIENTO BÁSICO IMBRICADO PREDOMINA RECTILÍNEO ESPACIOS INTERGRAMMALES REGULARES ESTRECHOS ESPACIOS INTERLINEALES ESTRECHOS REGULARES Grupo de gestos gráficos: GRUPO DE GESTOS GRÁFICOS FIRMAS APORTADAS COMO BASE DE COTEJO A NOMBRE DE DANIEL DELGADO RAMOS FIRMA CUESTIONADA QUE COMO DE DANIEL DELGADO RAMOS DANIEL DELGADO RAMOS GRAMAS "D" 1.- TRAZO INICIAL DESCENDENTE, "CABALGANTE" A LA CIMA DEL TRAZO MAGISTRAL. 2.- TRAZO MAGISTRAL CURVO EN SU TERCIO INFERIOR 1. TRAZO INICIAL ASCENDENTE, COLOCADO "ARRIBA" DE LA CIMA DEL TRAZO MAGISTRAL. 2.- TRAZO MAGISTRL PREDOMINA RECTO. GRAMAS "a" 3.- ELABORADO EN DOS MOMENTOS GRÁFICOS. 4. CIMA DEL TRAZO MAGISTRAL COLOCADA POR ARRIBA DE LA CIMA DEL TRZO A MANERA DE 2OVOIDE". 3.- ELABORADO EN UN MOMENTO GRÁFICO. 4.- CIMA DEL TRAZO MAGISTRAL COLOCADA A LA ALTURA DE LA CIMA DEL TRAZO A MANERA DE "OVOIDE". GRAMA "n" 5.- CIMA SMIANGULOSA. 6.- TRAZO MAGISTRAL EMPASTADO CON EL CUERPO DEL GRAMA. 5.- CIMA SEMIANGULOSA. 6.- TRAZO MAGISTRAL SEPARADO DEL CUERPO DEL GRAMA, SIN EMPASTAMIENTOS. GRAMA "d" 7.- FINAL ACERADO 7.- FINAL ENLAZADO MEDIANTE SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD AL GRAMA "o". GRAMAS "o" 8.- FINAL PROLONGADO, ACERADO "EMPALMADO" POR ARRIBA DEL INICIO DEL GRAMA 8.- FINAL ACERADO COLOCADO POR DEBAJO DEL INICIO DEL GRAMA. GRAMA "m" 9.- CUERPO DEL GRAMA ELABORADO A MANERA DE "ARCOS" 9.- CUERPO DEL GRAMA ELABORADO A MANERA DE 2GUIRNALDA". TRAZO A MANERA DE GRAMA "C" DE GRAN DIMENSIÓN 10.- TRAZO MAGISTRAL DESCENDENTE, EN "DIAGONAL". 11.- INICIO CURVO, CORTO, ACERADO, COLOCAO EN LA CIMA. 12.- TRAZO FINAL COLOCADO POR DEBAJO DE LA BASE DE LOS GRAMAS QUE SE LEEN "Ramos" A MANERA DE LÍNEA BASE. 10.- TRAZO MAGISTRAL ASCENDENTE, "CURVO". 11.- INICO CON DESCARGA DE TINTA, PROLONGADO, COLOCADO POR DEBAJO DE LA CIMA. 12.- TRAZO FINAL COLOCADO POR DEBAJO DE LA BASE DE LOS GRAMAS QUE SE LEEN "Ramos", DE MANERA QUE SE APRECIAN "CABALGANTES" AL MISMO. TRAZO A MANERA DE GRAMA "R" DE GRAN DIMENSIÓN 13.- CIMA DEL TRAZO MAGISTRAL COLOCADA POR ARRIBA DE LA CIMA DEL GRAMA 2C". 14.- CIMA CURVA DEL GRAMA COLOCADA POR ARRIBA DE LA CIMA DEL GRAMA "C". 15.- CAMBIO DE DIRECCIÓN SEMIANGULOSA COLOCADA POSPUESTA AL TERCIO INFERIOR DEL TRAZO MAGISTRAL. 16.- FINAL "FILIFORME", "ACERADO" 13.- CIMA DEL TRAZO MAGISTRAL COLOCAD POR DEBAJO DE LA CIMA DEL GRAMA "C". 14.- CIMA CURVA DEL GRAMA COLOCADA POR DEBAJO DE LA CIMA DEL GRAMA "C". 15.- CAMBIO DE DIRECCIÓN CURVA COLOCADA ANTEPUESTA AL TERCIO INFERIOR DEL TRAZO MAGISTRAL. 16.- FINAL 2RECTO", "ACERADO". TRAZOS HORIZONTALES 17 DOS. 17.- TRES. PUNTO DE RUBRICACIÓN 18.- COLOCADO A LA ALTURA FINAL DEL GRAMA "R" 18.- COLOCADO A LA ALTURA DEL FINAL DEL GRAMA "R". De lo anterior se desprende que NO se REPRODUCEN LOS GESTOS GRÁFICOS de las firmas BASE DE COTEJO en la FIRMA CUESTIONADA, en virtud de que se encontraron DIECISIETE DIFERENCIAS, lo que me permite emitir una opinión categórica al respecto. (.) CONCLUSIÓN ÚNICA: NO CORRESPONDE POR SU EJECUCIÓN AL PUÑO Y LETRA DE DANIEL DELGADO RAMOS LA ELABORACIÓN DE LA FIRMA A SU NOMBRE LOCALIZADA EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA DE AMPARO, DE FECHA TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, LO ANTERIOR CON RELACIÓN A LAS FIRMAS A NOMBRE DE LA YA MENCIONADA PERSONA APORTADAS COMO BASE DE COTEJO, POR LAS RAZONES DE ÍNOLE TÉCNICO ALUDIDAS EN EL CUERPO DEL PRESENTE DICTAMEN.." (Fojas 126 a 131). Opinión pericial a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y que resulta suficiente para tener por acreditada la objeción de documento planteada. Ello es así, pues el dictamen pericial, reproducido en lo conducente, que rindió la perito oficial María del Rosario Castillo García, crea convicción plena en quien resuelve porque al dictaminar en la materia de grafoscopía, la experta fijó con toda claridad el planteamiento del problema, estableció cuáles fueron los elementos (firmas) indubitables y dubitada, dio una explicación teórica de los problemas a resolver y de los fundamentos científicos de las materias en que emitió sus opiniones, indicó los métodos y técnicas utilizados e indicó los instrumentos de apoyo que utilizó, además, es preciso indicar que para emitir su opinión en grafoscopía, la perito partió de las características generales y particulares de la firma dubitada y las indubitables, para poder establecer las coincidencias y discrepancias que logró apreciar, las cuales explicó mediante el empleo de fotografías y tablas; ello aunado al respaldo de razones técnico-científicas que expuso en el dictamen de que se trata, pues señala con precisión las diferencias de orden general y particular detectadas en las firmas mediante los cuadros comparativos que se han reproducido. Por ello, las razones científicas y técnicas expuestas en el dictamen correspondiente sirven para decidir, de acuerdo con una sana crítica de su contenido, que tal opinión pericial merece valor probatorio pleno. Es así, pues no existe en autos motivo alguno para dudar de la imparcialidad y honestidad de la perito oficial, es decir, no existe razón para estimar que no se condujo con lealtad, probidad o veracidad. Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 40/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se reproduce: "PRUEBA PERICIAL EN GRAFOSCOPÍA. EL USO DE LOS AVANCES TECNOLÓGICOS QUE POSIBILITAN LA CAPTURA Y EDICIÓN DE LAS IMÁGENES PLASMADAS EN LOS DOCUMENTOS ANALIZADOS POR EL PERITO, ES INSUFICIENTE PARA NEGARLE VALOR PROBATORIO AL DICTAMEN CORRESPONDIENTE. Al valorar la prueba pericial, el Juez debe partir de la base de que el perito es una persona experta en la materia sobre la que dictamina, que es honesta y se conduce conforme a su leal saber y entender en la materia sobre la que dictamina, pues se presupone que ha estudiado cuidadosamente el tema sometido a su consideración, por lo que también debe presumirse que no tiene la intención de engañar al juzgador, en tanto el peritaje plasmado en su dictamen obedece a un acto realizado conscientemente, libre de coacción, violencia, dolo, cohecho o seducción. En ese sentido, si bien la valoración de la prueba pericial se deja al prudente arbitrio del juzgador, sólo las razones científicas, técnicas o artísticas expuestas en los dictámenes correspondientes deben servir para decidir, de acuerdo con una sana crítica de su contenido, si merecen o no valor probatorio. Ahora bien, el hecho de que el juzgador deba partir de esa presunción no debe considerarse como una limitante de su libertad de apreciación, pues es evidente que en uso de ella, sí puede negar valor probatorio a un dictamen cuando considere que existe un motivo para dudar del desinterés, imparcialidad y honestidad del perito, es decir, cuando existan razones para estimar que no se condujo con lealtad, probidad o veracidad; sin embargo, para negarle eficacia con base en alguna de estas razones, los motivos deben ser lo suficientemente serios y graves para poner en duda la honestidad del perito. Por tanto, cuando se tacha de falsa una firma y se ofrece la prueba pericial en grafoscopia, el simple hecho de que en el desempeño de la función encomendada el perito haga uso de los avances tecnológicos, como cámaras digitales que pueden conectarse a una computadora para transferir su información y proceder a su impresión, lo que a su vez puede permitir que a través de ciertos programas de cómputo puedan editarse las imágenes capturadas en dichas cámaras, no es un motivo suficiente para negar valor al dictamen correspondiente, pues si bien es cierto que el uso de esos dispositivos permite alterar la imagen capturada hasta el grado de distorsionarla, e incluso prefabricar una imagen o insertar otra que corresponda a un documento diverso, también lo es que tal posibilidad, por sí sola, es insuficiente para restarle valor probatorio al dictamen, pues aunque el juzgador tiene libertad de valoración en este tipo de pruebas, dicha libertad debe basarse en una sana crítica, por lo que debe haber datos suficientes que permitan presumir que el perito actuó con falta de lealtad, probidad o veracidad, es decir, deben existir motivos que realmente pongan en tela de juicio el desinterés, la imparcialidad y la honestidad del experto en la materia y que, por ende, el peritaje plasmado en el dictamen correspondiente no está libre de coacción, violencia, dolo, cohecho o seducción." Cierto, del dictamen que se analiza se advierte que en el análisis que realizó la perito oficial tomó como elementos de comparación y cotejo la firma cuestionada; asimismo, manifestó que aplicó los métodos analítico, sintético, descriptivo, comparativo y demostrativo; con lo que concluyó que la firma que aparece en la demanda de amparo (dubitada), no corresponde por su ejecución al puño y letra de Daniel Delgado Ramos, a quien se atribuye, en relación con las firmas aportadas como base de cotejo por la persona citada en diligencia de uno de junio de dos mil diecisiete (fojas 107 a 112). No se inadvierte que la opinión pericial emitida por la perito oficial María del Rosario Castillo García fue rendida en singular; sin embargo, tal circunstancia es insuficiente para restarle valor probatorio, en virtud de que ello se debe a que el quejoso omitió designar perito de su parte o, en su caso, ampliar el cuestionario al tenor del cual se desarrolló tal experticia; asimismo, el incidentista (tercero interesado), no presentó a la perito designada en su escrito de objeción para que aceptara y protestara el cargo conferido, por lo que a ambas partes se les tuvo por adheridas al dictamen de la perito oficial. Entonces, el que solo se haya rendido un dictamen pericial obedece exclusivamente a la conducta procesal de las partes, por lo que tal circunstancia no es motivo para negarle o restarle valor probatorio a la peritación rendida, máxime que tal dictamen es objetivo, independiente y concluyente, además de que su resultado no fue desvirtuado con otras probanzas. Al respecto, cobra aplicación el criterio sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la tesis que a continuación se transcribe: "OBJECIÓN DE FALSEDAD DE DOCUMENTOS. EL INCIDENTE RELATIVO PUEDE TRAMITARSE CON UN SOLO DICTAMEN PERICIAL Y AUN CON BASE EN COPIAS FOTOSTÁTICAS DEL DOCUMENTO CUESTIONADO, A CONDICIÓN DE QUE NO HAYA SIDO POSIBLE LOCALIZAR EL ORIGINAL Y EL PERITAJE RESULTE OBJETIVO, INDEPENDIENTE, CONCLUYENTE Y SU CONTENIDO NO SE ENCUENTRE DESVIRTUADO CON OTRAS PROBANZAS (LEY DE AMPARO ANTERIOR A LAS REFORMAS PUBLICADAS EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE).A fin de establecer la autenticidad o falsedad de una firma cuestionada, dentro de un juicio de amparo, el Juez de Distrito puede válidamente apoyarse sólo en el dictamen pericial emitido por el diestro auxiliar, y aun con base en copias fotostáticas del documento cuestionado, lo anterior, siempre y cuando las partes no hayan propuesto perito de su parte y no haya sido posible localizar el original del referido documento, en cuyo caso, la peritación en cita debe ser objetiva, independiente, concluyente y su contenido no debe estar desvirtuado con otras probanzas, máxime si el experto en cita se concretó a advertir y describir la existencia de discrepancias gráficas del orden general y no particular entre la copia cuestionada y los documentos indubitados, lo cual resulta acorde con la materia de su análisis, ante la ausencia del original del documento dubitado." En ese contexto, es dable concluir que la prueba pericial sometida a análisis, es suficiente para tener por acreditada la objeción planteada, en virtud de resulta ser la idónea para acreditar el extremo propuesto, consistente en que la firma que calza la demanda de amparo que dio inicio a esta contienda constitucional no fue plasmada por Daniel Delgado Ramos. Se afirma lo anterior en virtud de que la prueba pericial cumple con una doble función, que es, por una parte, verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común del Juez y de la gente, sus causas y sus efectos y, por otra, suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos, para formar la convicción del Juez sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente. Sirven de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.3o.C. J/33 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, la cual es su rubro y texto señalan lo siguiente: "PRUEBA PERICIAL, VALORACIÓN DE LA. SISTEMAS. En la valoración de las pruebas existen los sistemas tasados o legales y pruebas libres, o de libre convicción. Las pruebas legales son aquellas a las que la ley señala por anticipado la eficacia probatoria que el juzgador debe atribuirles. Así, el Código de Comercio en sus artículos 1287, 1291 a 1294, 1296, 1298 a 1300, 1304 y 1305, dispone que la confesión judicial y extrajudicial, los instrumentos públicos, el reconocimiento o inspección judicial y el testimonio singular, hacen prueba plena satisfechos diversos requisitos; que las actuaciones judiciales, los avalúos y las presunciones legales hacen prueba plena, y que el documento que un litigante presenta, prueba plenamente en su contra. Por otra parte, las pruebas de libre convicción son las que se fundan en la sana crítica, y que constituyen las reglas del correcto entendimiento humano. En éstas interfieren las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del Juez, que contribuyen a que pueda analizar la prueba con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. Esos principios se encuentran previstos en el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, al establecer que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, exponiendo cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica y de su decisión. De modo que salvo en aquellos casos en que la ley otorga el valor probatorio a una prueba, el Juez debe decidir con arreglo a la sana crítica, esto es, sin razonar a voluntad, discrecionalmente o arbitrariamente. Las reglas de la sana crítica consisten en su sentido formal en una operación lógica. Las máximas de experiencia contribuyen tanto como los principios lógicos a la valoración de la prueba. En efecto, el Juez es quien toma conocimiento del mundo que le rodea y le conoce a través de sus procesos sensibles e intelectuales. La sana crítica es, además de la aplicación de la lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones de experiencia de que todo hombre se sirve en la vida. Luego, es necesario considerar en la valoración de la prueba el carácter forzosamente variable de la experiencia humana, tanto como la necesidad de mantener con el rigor posible los principios de la lógica en que el derecho se apoya. Por otra parte, el peritaje es una actividad humana de carácter procesal, desarrollada en virtud de encargo judicial por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por su experiencia o conocimientos técnicos, artísticos o científicos y mediante la cual se suministran al Juez argumentos y razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos, también especiales, cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente y requieren esa capacidad particular para su adecuada percepción y la correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus causas y de sus efectos o, simplemente, para su apreciación e interpretación. Luego, la peritación cumple con una doble función, que es, por una parte, verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común del Juez y de la gente, sus causas y sus efectos y, por otra, suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos, para formar la convicción del Juez sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente. Por otra parte, en materia civil o mercantil el valor probatorio del peritaje radica en una presunción concreta, para el caso particular de que el perito es sincero, veraz y posiblemente acertado, cuando es una persona honesta, imparcial, capaz, experta en la materia de que forma parte el hecho sobre el cual dictamina que, además, ha estudiado cuidadosamente el problema sometido a su consideración, ha realizado sus percepciones de los hechos o del material probatorio del proceso con eficacia y ha emitido su concepto sobre tales percepciones y las deducciones que de ellas se concluyen, gracias a las reglas técnicas, científicas o artísticas de la experiencia que conoce y aplica para esos fines, en forma explicada, motivada, fundada y conveniente. Esto es, el valor probatorio de un peritaje depende de si está debidamente fundado. La claridad en las conclusiones es indispensable para que aparezcan exactas y el Juez pueda adoptarlas; su firmeza o la ausencia de vacilaciones es necesaria para que sean convincentes; la lógica relación entre ellas y los fundamentos que las respaldan debe existir siempre, para que merezcan absoluta credibilidad. Si unos buenos fundamentos van acompañados de unas malas conclusiones o si no existe armonía entre aquéllos y éstas o si el perito no parece seguro de sus conceptos, el dictamen no puede tener eficacia probatoria. Al Juez le corresponde apreciar estos aspectos intrínsecos de la prueba. No obstante ser una crítica menos difícil que la de sus fundamentos, puede ocurrir también que el Juez no se encuentre en condiciones de apreciar sus defectos, en cuyo caso tendrá que aceptarla, pero si considera que las conclusiones de los peritos contrarían normas generales de la experiencia o hechos notorios o una presunción de derecho o una cosa juzgada o reglas elementales de lógica, o que son contradictorias o evidentemente exageradas o inverosímiles, o que no encuentran respaldo suficiente en los fundamentos del dictamen o que están desvirtuadas por otras pruebas de mayor credibilidad, puede rechazarlo, aunque emane de dos peritos en perfecto acuerdo. Por otra parte, no basta que las conclusiones de los peritos sean claras y firmes, como consecuencia lógica de sus fundamentos o motivaciones, porque el perito puede exponer con claridad, firmeza y lógica tesis equivocadas. Si a pesar de esta apariencia el Juez considera que los hechos afirmados en las conclusiones son improbables, de acuerdo con las reglas generales de la experiencia y con la crítica lógica del dictamen, éste no será conveniente, ni podrá otorgarle la certeza indispensable para que lo adopte como fundamento exclusivo de su decisión, pero si existen en el proceso otros medios de prueba que lo corroboren, en conjunto podrán darle esa certeza. Cuando el Juez considere que esos hechos son absurdos o imposibles, debe negarse a aceptar las conclusiones del dictamen." Así mismo, el incidentista aportó como elementos probatorios la instrumental pública de actuaciones y presuncional legal y humana, las que por sí solas no resultan idóneas para demostrar la objeción planteada, pero que adminiculadas con la prueba pericial analizada previamente generan convicción plena en la suscrita juzgadora, pues la primera de ellas consiste en las actuaciones practicadas en este incidente, entre las que destaca la opinión pericial aludida; así como las presunciones humanas, que derivan de los hechos objetivos probados que, en el caso, como ya se vio, resultan suficientes para acreditar la falsedad que plateó el tercero interesado Fernando García Sánchez. Por lo anterior, SE DECLARA FUNDADO EL INCIDENTE DE OBJECIÓN DE DOCUMENTOS que hizo valer el tercero interesado Fernando García Sánchez. Por lo expuesto y fundado se R E S U E L V E ÚNICO. Se declara fundado el incidente de falsedad de documento propuesto por el tercero interesado Fernando García Sánchez, en relación con la demanda de amparo que dio origen a este juicio de amparo y que la firma que la calza no fue estampada por Daniel Delgado Ramos. Notifíquese la presente resolución a todas las partes junto con la sentencia definitiva que se emita en este juicio de amparo 143/2017. Así lo resolvió y firma María Eugenia Gómez Villanueva, Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, ante la secretaria Nahieli Avendaño Palacios, que autoriza y da fe. Resuelto el incidente, en la misma fecha (veinticuatro e julio de dos mil diecisiete) se declara cerrado el período de pruebas y se continúa con el desahogo de la audiencia constitucional: Abierto el periodo de alegatos, la Secretaria hace constar que las partes no formularon alegatos y que la Agente del Ministerio Público Federal adscrita no formuló pedimento. A lo anterior, la Jueza acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes para ejercer ese derecho; con fundamento en el artículo 124 de la Ley que rige al juicio de amparo, se da por concluido el periodo de referencia y al no existir más promociones que acordar ni pruebas por desahogar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional; Acto seguido la Jueza de Distrito dicta sentencia. S E N T E N C I A R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 143/2017 contra los actos precisados en el considerando segundo y por las razones expuesta en el diverso quinto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de julio de dos mil diecisiete. Vista la comparecencia de cuenta, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar y, atento a su contenido, téngase a María del Rosario Castillo García, perito oficial designada por esta autoridad, dando cumplimiento al requerimiento formulado en acuerdo de cuatro de julio de dos mil diecisiete (foja 143), pues ratifica en todas sus partes y reconoce como puesta de su puño y letra la firma que calza el dictamen pericial rendido por su parte, (fojas 124 a 142); en consecuencia, téngase por rendido en tiempo y forma su dictamen, el que será tomado en consideración en el momento procesal oportuno. Así mismo, de conformidad con el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a las partes, por el término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga respecto del referido dictamen.
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