Daniel Chavez Tolentino

Expediente 315/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
315/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
02/05/2017

Partes del expediente

  • Daniel Chavez Tolentino

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de quince de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual SE DESECHÓ la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de abril de dos mil diecisiete. Visto, agréguese a los autos el oficio del Juez de lo Penal de Xicotepec de Juárez, Puebla, por medio del cual, atento a lo requerido mediante proveído de treinta de marzo de dos mil diecisiete, devuelve diligenciado el despacho 203/2017 deducido del presente asunto; en consecuencia, téngase por notificado al quejoso Daniel Chávez Tolentino del referido auto, así como del diverso de quince de marzo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo anterior, dese de baja el despacho 203/2017 del índice de este juzgado en el libro de gobierno.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el auto de quince de marzo de dos mil diecisiete -por el que se desechó la demanda de amparo- fue notificado a la parte quejosa por medio de lista, al haber señalado los estrados de este juzgado como domicilio para oír y recibir notificaciones; sin embargo, de su escrito inicial de demanda se advierte que el promovente Daniel Chávez Tolentino se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Xicotepec de Juárez, Puebla. En consecuencia, a efecto de no dejar al quejoso en estado de indefensión, al no haberse enterado del contenido del auto de quince de marzo de dos mil diecisiete, se ordena notificarle de manera personal el aludido acuerdo en el centro penitenciario donde se encuentra recluido. Para tal efecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su artículo 2, gírese atento despacho (vía estafeta) al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Xicotepec de Juárez, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al diligenciario o diligenciaria de su adscripción, a efecto de que notifique al quejoso el presente acuerdo, así como el diverso de quince de marzo de dos mil diecisiete, para lo cual deberá ceñirse a las formalidades establecidas en el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, esto es, única y exclusivamente, deberá realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Xicotepec de Juárez, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al aquí quejoso Daniel Chávez Tolentino, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 315/2017-A-; d) Notifique a la parte quejosa la presente resolución, así como la diversa de quince de marzo de dos mil diecisiete. e) Le corra traslado con copia autorizada de las aludidas resoluciones; y, f) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En ese orden, dígase al juez requerido que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, las constancias que acrediten que se practicó la diligencia de mérito; apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo vigente. Queda a cargo de la Secretaría encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. El proveído de quince de marzo de dos mil diecisiete, en lo conducente dice: "San Andrés Cholula, Puebla, quince de marzo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de garantías presentada por Daniel Chávez Tolentino, contra actos de la 1. Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y otra autoridad; fórmese expediente de amparo y regístrese bajo el número 315/2017-A, en el Libro de Gobierno de este juzgado. Signifíquese a las partes que el presente asunto se tramitará de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Del estudio integral de la demanda de garantías, se advierte que el acto reclamado a las autoridades responsables consiste en: -La sentencia de quince de junio de dos mil dieciséis, dictada dentro del toca de apelación 974/2015, del índice de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en la que se confirma la diversa de cuatro de septiembre de dos mil quince, dictada por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Xicotepec de Juárez Puebla, en la que se declaró improcedente e infundado el incidente de declaración judicial de prueba ilícita por violación de derechos fundamentales y en consecuencia su exclusión como medio probatorio. Así mismo, de los antecedentes narrados en la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa manifiesta que no ha sido sentenciado desde hace más de cuatro años. En ese sentido, conforme a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ello porque en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos preceptos de la Ley de Amparo en vigor, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". Por su parte, el ordinal 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". De una interpretación sistemática de las normas transcritas, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando en éste se reclamen actos dentro del procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Así, conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, el juicio constitucional indirecto sólo procede contra actos procesales de imposible reparación. Entendiéndose por "actos procesales de imposible reparación", las actuaciones cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución Federal por medio de las garantías individuales. Por lo mismo, esa afectación, o sus efectos, para que sean considerados de imposible reparación no deben destruirse con el solo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Y, por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, como sucede en la especie. Máxime que los actos reclamados no pueden considerarse como actos de imposible reparación, pues no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sirve de apoyo en lo conducente la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Sobre la base expuesta, es evidente que el acto que se pretende combatir en esta instancia constitucional sólo produce efectos meramente intraprocesales que no causan en sí mismos, un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, ya que, evidentemente, no afectó sus derechos de propiedad, ni de posesión, sino sólo produce efectos intraprocesales. Por tanto, la suscrita Jueza de Distrito concluye que la resolución que la resolución de quince de junio de dos mil dieciséis (dictada dentro del toca de apelación 974/2015, del índice de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla), en la que se confirmó la diversa de cuatro de septiembre de dos mil quince, dictada por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Xicotepec de Juárez Puebla, que declaró improcedente e infundado el incidente de declaración judicial de prueba ilícita por violación de derechos fundamentales y en consecuencia su exclusión como medio probatorio, no es impugnable a través del juicio de amparo indirecto, pues no encuadra en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo contenida en el artículo 107, fracción III, inciso b) Constitucional en relación con el diverso precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, aplicadas estas fracciones a contrario sentido, porque, simplemente, no le causa a la parte peticionaria de garantías un daño de imposible reparación dentro del juicio, según las razones que ya fueron precisadas. Efectivamente, de acuerdo al concepto de irreparabilidad que ha sido desarrollado en este auto, el acto combatido que ahora se analiza no es impugnable en amparo indirecto, pues se trata de un acto intraprocesal, pues el quejoso trata de excluir un elemento de prueba para que no sea tomado en consideración en la sentencia definitiva. Por lo que, al tratarse de un acto intraprocesal que obliga a que el procedimiento continúe hasta el dictado de la sentencia en el que se analicen las pruebas ofrecidas en el juicio de origen; que de resultar favorable a los intereses de la hoy parte quejosa, la posible afectación que reclama quedaría reparada; y, en caso contrario, si la sentencia fuera en contra del afectado y esa violación procesal trascendiera al resultado del fallo final, la parte quejosa podría reclamarla a través del juicio de amparo directo en términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del numeral 173, fracción VIII de la Ley de Amparo vigente. En efecto, la fracción VIII del artículo 173 de la ley de la materia, establece uno de los supuestos jurídicos, que debe ser impugnable en amparo directo, y que a saber dice: "ARTICULO 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: (.) VIII. Se le desechen los recursos que tuviere conforme a la ley, respecto de providencias que afecten partes substanciales del procedimiento y produzcan indefensión de acuerdo con las demás fracciones de este mismo artículo; (.)." De lo transcrito se desprende que constituye una violación procesal el que se le desechen los recursos que tuviere conforme a la ley, respecto de providencias que afecten partes substanciales del procedimiento y produzcan indefensión de acuerdo con las demás fracciones del referido artículo, pues, una vez resuelto de manera definitiva el proceso penal de origen, si la sentencia le fuere favorable a la parte inculpada (hoy promovente), la posible violación que reclama habría desaparecido, y si le fuese adversa, tal resolución la puede reclamar en amparo directo que en su oportunidad promueva, como violación procesal. Además, la consecuencia del acto reclamado de ninguna manera afecta en grado predominante o superior los derechos procesales de la parte indiciada en el proceso generador del acto reclamado, pues no puede considerarse que con la resolución que reclama se haya variado en forma alguna la litis de origen. Luego, la actuación reclamada corresponde a actos dentro de juicio, de carácter intraprocesal, que no tiene una ejecución de imposible reparación, por lo que no procede en su contra el juicio de amparo indirecto, ya que no se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente; y en cambio, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 173, fracción VIII de la mencionada ley, como ya se dijo, se trata de una violación intraprocesal impugnable vía amparo directo que, en su caso, se promueva contra la sentencia. Consecuentemente, al actualizarse de modo indudable y manifiesto la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo en vigor, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS con fundamento en el artículo 113 de la citada ley. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír notificaciones los estrados de este Juzgado, los cuales, técnicamente no constituyen un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, no ha lugar a tenerlo señalando domicilio en esta ciudad para oír notificaciones y en esas condiciones realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. Por otra parte, téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente a Arcadio Hernández Cortes, por tener registrada su cédula de licenciado en derecho en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos a las demás personas que refiere por así haberlo manifestado. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. "

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla; visto su contenido, téngasele informando las gestiones a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y al efecto informa que: -Dejó sin efectos la resolución reclamada de diecisiete de junio de dos mil ocho mediante el cual hizo efectiva la garantía exhibida por el quejoso en la causa penal 60/2018 e su índice. - Ordenó girar oficio al Director General de Administración del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, para el efecto de que instruya a quien corresponda deje sin efectos lo ordenado mediante oficio 5918 de fecha diecisiete de junio de dos mil ocho, mediante el cual se hizo efectiva la cantidad de $ 4,000.00 cuatro mil pesos cero centavos moneda nacional que exhibió el quejoso para garantizar su libertad condicional. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que en el improrrogable término de tres días, contado a partir de que tenga conocimiento del presente proveído, remita, el acuse de recibo del oficio que giró al Director General de Administración del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, en el cual le notificó el auto de trece de marzo de dos mil diecisiete dictado en la causa penal 60/2008 de su índice. En el entendido que de no hacerlo así, este Juzgado continuará con el trámite de ejecución conducente, en términos de los artículos 193, 196 y demás relativos de la Ley de Amparo, esto es: (i) hará efectivo a la autoridad responsable Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, el apercibimiento de multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, decretado en el auto de nueve de marzo de dos mil diecisiete. De igual forma, (ii) ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, del Sexto Circuito, a fin de que continúe con el procedimiento de inejecución de sentencia; y, (iii) formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria, el cual, al ser de orden público, no puede suspenderse, lo anterior de conformidad con la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, agréguese a los autos el diverso oficio signado por la Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla en representación del Fiscal General del Estado de Puebla, y anexo, atento a su contenido, téngase a dicha autoridad, informando las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento con el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo; de lo que se toma conocimiento en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo.

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