Daniel Darío Ruiz López

Expediente 630/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
630/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
30/06/2023

Partes del expediente

  • Daniel Darío Ruiz López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de junio de dos mil veintitrés. Causa estado. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este juicio el siete de junio de dos mil veintitrés, sin que lo haya hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobresee en el presente juicio constitucional, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; comuníquese a las autoridades responsables esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Tomos de pruebas. Atendiendo a la certificación de cuenta, en el asunto en que se actúa no existen tomos de pruebas por separado que se deban devolver a las partes. Remisión al archivo de trámite. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º fracciones VII y IX y 8º fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se considera que el presente es un asunto total y definitivamente concluido y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el mismo, se ordena su remisión al ARCHIVO DE TRÁMITE. Valoración documental. Con fundamento en el artículo 20, fracción I, del citado Acuerdo General, debido a que el siete de junio de dos mil veintitrés, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, determinación que causó ejecutoria en esta fecha, se determina que el presente expediente es DESTRUIBLE. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que el mismo NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Criterios que deberán hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 34 segundo párrafo del mencionado Acuerdo General; sin que en el caso obre documento original que deba devolverse. Destrucción. Una vez que se cumplan TRES AÑOS de haberse ordenado el archivo de este expediente como asunto concluido, esto es, a partir del UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTISÉIS, y antes de la visita de inspección que corresponda, deberá procederse a su destrucción. Acontecido lo anterior, se deberá de remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese por medio de lista; y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de junio de dos mil veintitrés. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la responsable las documentales que acompaña, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Contenido. Del contenido de dicho informe se advierte que no son ciertos los actos que se le reclaman a la referida autoridad toda vez que así lo manifestó al rendir su informe de ley. Domicilio para oír y recibir notificaciones y delegados. Como lo solicita la autoridad oficiante, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, ténganse como delegados y domicilio de su parte los que menciona. Correo electrónico. Ténganse a la autoridad responsable, por señalando como correo electrónico el que menciona. Sobreseimiento fuera de audiencia. Del estado de autos se advierte que la parte quejosa reclama del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, la omisión de dictar acuerdo a la promoción recibida el seis de marzo de dos mil veintitrés, relativa al requerimiento al cumplimiento y ejecución del laudo, dentro del expediente laboral ********************. Sin embargo, del anexo que acompañó la autoridad responsable junto con su informe justificado, al cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se advierte que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la Junta responsable, el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictó un acuerdo dentro del expediente ********************, mediante el cual se acordó lo peticionado, esto es, se despachó auto con efectos de mandamiento en forma en requerimiento al cumplimiento del laudo dictado en dicho juicio. Por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos de la omisión reclamada han desaparecido de modo absoluto, pues el acto en estudio ya fue subsanado por la citada responsable, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sobreseimiento fuera de audiencia. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No escapa a la atención de la suscrita, que del anexo que allegó a este asunto la responsable, no se advierte la constancia de notificación respectiva, por la que se notificó a la parte quejosa el proveído de cuatro de mayo de dos mil veintitrés; sin embargo, como en la especie se reclama una violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no haber acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita; debe decirse que con el dictado de dicha determinación se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía individual infringida como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación del acuerdo correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8° de la Carta Magna. Sin efecto audiencia. En virtud de lo anterior, queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del doce de junio de dos mil veintitrés, en autos del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por lista; y por oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.

  3. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de mayo de dos mil veintitrés. Se agrega escrito. Visto el escrito aclaratorio signado por ********************, en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento a la prevención formulada por este Juzgado el veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por ********************, en su carácter de apoderado jurídico de ********************, contra la omisión del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistente en la omisión de dictar acuerdo a la promoción recibida el seis de marzo de dos mil veintitrés, relativa al requerimiento al cumplimiento y ejecución del laudo. Incidente de suspensión. Sin tramitarse incidente de suspensión al no haberse solicitado expresamente. Solicitud de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de la materia, pídase informe justificado a la autoridad responsable, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio en el que se le solicita. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable jurisdiccional que al término de quince días que concede el artículo 117 de la Ley de Amparo, no le serán descontados los plazos que prevé la legislación que las rija y/o su normativa. Pues la suspensión de labores de las autoridades responsables jurisdiccionales y la imposibilidad de actuar de acuerdo con su normativa no es una cuestión atribuible a los particulares, y si bien puede ser previsible, como en el caso de los periodos vacacionales que se encuentran de antemano establecidos en la ley, también lo es que dichas autoridades cuentan con los recursos físicos y materiales para hacer frente a sus deberes procesales dentro de los juicios de amparo en los que funjan como responsables, ya sea a través del establecimiento de guardias, o bien mediante el desahogo de sus actuaciones procesales de forma previa a la conclusión de los respectivos plazos. Comunicaciones electrónicas. Indíquese a la autoridad responsable, que en la medida de lo posible las comunicaciones que le sean requeridas en este asunto, deberá enviarlas a través de medios electrónicos; para tal efecto, se hace de su conocimiento que podrá remitir tal información al correo electrónico 6jdo9cto@correo.cjf.gob.mx. En el supuesto de que sea necesaria la remisión de constancias voluminosas, deberán ser digitalizadas y asentarse la certificación correspondiente por el funcionario que así corresponda. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que, de no cumplir con lo anterior, en términos del artículo 260, fracción II de la ley en cita, le será impuesta una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización vigentes. Asimismo, con fundamento en el artículo 28, fracción I, en relación con el 245 de la Ley de Amparo, dígase a la responsable que, si se negare a recibir dicho oficio, se tendrá por hecha la notificación, y se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigentes. En el entendido de que el actuario correspondiente deberá hacer del conocimiento del encargado de la oficina relativa que, no obstante, se niegue a recibir el oficio, se tendrá por hecha la notificación respectiva. Audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Intervención a la agente del Ministerio Público Federal adscrita. Dese a la agente del Ministerio Público Federal adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5° fracción IV, de la Ley de Amparo, en virtud de que le asiste el carácter de parte en el presente juicio de amparo, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. Tercero interesado. Con fundamento en el numeral 5°, fracción III de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, y dada la naturaleza del acto reclamado, no ha lugar a tener como tercero interesado en este juicio a quien menciona, en virtud de que no se encuentra en ninguna de las hipótesis a que se refiere el citado numeral. Requerimiento sobre causa de sobreseimiento. Requiérase a las partes para que, en caso de actualizarse alguna causa de sobreseimiento, comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64 de la ley de la materia; en el entendido de que de acuerdo a lo establecido por el artículo 251 de esa misma legislación, en caso de no cumplir con tal obligación se les impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización vigentes. Pruebas. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas en este acto, dada su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales que acompaña a su escrito de demanda, las cuales se tomarán en consideración al momento de resolver el presente asunto, sin perjuicio de dar nueva cuenta en la celebración de la audiencia constitucional. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Lineamientos para la integración del expediente físico. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con el artículo transitorio SEXTO del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que el expediente físico relativo al juicio de amparo en que se actúa, solo se agregaran los documentos que se reciban por la vía física. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Con apoyo en el artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Notificación por lista a las partes de posibles diferimientos. Por otra parte, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional que se den en el presente asunto, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluida a la autoridad responsable, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles de forma personal, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a la autoridad para comunicarle el diferimiento de la audiencia constitucional. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la carga de trabajo con la que cuentan los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el diverso 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que le sean encomendadas. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8° y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los diversos 70, fracción XXXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 7° y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dígasele a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; en el entendido de que aun cuando no se opongan a la publicación de sus datos personales, se suprimirá el nombre, datos de carácter personal y datos sensibles de las partes, de modo que no se impida conocer el criterio sostenido, de conformidad con el diverso artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal vigente; en la inteligencia, que dicha oposición no comprende a la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la lista de acuerdos de este Juzgado, en virtud de así estar establecido en términos del artículo, 26 fracción III, de la Ley de Amparo. Hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la citada ley general y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Autorización para firma de oficios. Se autoriza a los Actuarios Judiciales de este órgano jurisdiccional para que firmen los oficios que deriven de los autos dictados con motivo de la tramitación del presente juicio de amparo. Notifíquese por medio de lista; y por oficio a la autoridad responsable; y Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este órgano jurisdiccional.

  4. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Agrega oficio. Con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese únicamente a los autos el oficio de cuenta signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, del que se desprende que el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, fue turnado al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. Notifíquese por medio de lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.

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