Daniel Contreras Marquez
Expediente 963/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 963/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Daniel Contreras Marquez
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO POR EL QUE SE TUVO POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO CONCLUIDO, SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN UNA VEZ QUE HAYAN TRANCURRIDO CINCO AÑOS; SIN QUE OBREN DOCUMENTOS QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS DEBAN SER DEVUELTOS NI SEA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE ESTA FECHA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por Daniel Contreras Márquez, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero del Ramo Penal, y de otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 963/2019-IV. Ahora bien, a efecto de determinar lo que en derecho proceda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con las copias necesarias del ocurso aclaratorio, de cumplimiento a lo siguiente: Bajo protesta de decir verdad proporcione su domicilio en donde aduce ha sido buscado por Agentes de la Policía Ministerial del Estado, con el fin de ejecutar la orden reclamada. Lo anterior se hace necesario a efecto de determinar la competencia por razón de territorio en el presente asunto. Hágase de su conocimiento que la exigencia que le es requerida en este acuerdo, deberá sujetarse a la veracidad, pues la misma, en su momento será confrontada con los datos que se adviertan de las constancias que se aporten a los autos, por lo que de realizar manifestaciones que se traduzcan en hechos falsos, este Juzgado de Distrito, procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que investigue sobre la posible comisión de delitos, lo anterior, conforme lo prevé el artículo 261 de la Ley de Amparo. Apercíbase al promovente que de no cumplir con lo anterior en el término indicado, de conformidad con lo preceptuado en el penúltimo párrafo, del citado artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Es de aplicación a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 383, Tomo 1, Agosto de 2013, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." También, sirve de apoyo a lo expuesto el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de Jurisprudencia P/J.127/99, Tomo X, Noviembre de 1999, Novena Época, Materia Común, publicada en la página treinta y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas.". Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de su demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la materia a José de Jesús Narváez Navarro, José Héctor Coronado Reyna, Víctor Hugo Rocha Villalobos, Juan Gabriel Salas Delgadillo y a Geraldine Nahui Montoya Robles, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la ley de la materia, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente a la parte promovente."
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