Daniel Blancas Ramírez
Expediente 890/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 890/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 19/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Daniel Blancas Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 79 a 90), en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena el archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Destruible. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el original del incidente de suspensión deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Incidente de suspensión Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión se concedió la suspensión provisional, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión. Devolución de constancias. En ese tenor, devuélvase al Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, las copias certificadas del expediente 1243/2012, que remitió como apoyo a su informe justificado. Se ordena devolución de documentos. Por otra parte, aun cuando los documentos exhibidos por la parte quejosa en su demanda de amparo, no se ubican en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, déjense a su disposición, los cuales podrá recoger dentro del plazo de noventa días, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente.
- Principal
RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO 890/2019-VII, PROMOVIDO POR ****, CONTRA LOS ACTOS Y AUTORIDADES RESPONSABLES EN TÉRMINOS DEL CONSIDERNADO TERCERO DE ESTA SENTENCIA.
- Principal
RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO 890/2019-VII, PROMOVIDO POR ****, CONTRA LOS ACTOS Y AUTORIDADES RESPONSABLES EN TÉRMINOS DEL CONSIDERNADO TERCERO DE ESTA SENTENCIA.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, doce de noviembre de dos mil diecinueve. Objeta informe justificado, ofrece pruebas y alegatos. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Daniel Blancas Ramírez, mediante el cual objeta los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Juez, Secretario de Acuerdos y Diligenciario Non, todos adscritos al Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Ocampo, lo que será materia de análisis al emitirse la sentencia en este asunto con base en los elementos probatorios aportados por las partes y demás constancias de autos. Se cita por su contenido la Jurisprudencia P./J. 5/2001 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. PUEDE SER OBJETADO DE FALSO SÓLO EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD. El artículo 153 de la Ley de Amparo autoriza a objetar de falsos los documentos presentados por alguna de las partes; y en su párrafo segundo precisa los alcances o la materia de tal objeción al señalar que lo dispuesto en el propio precepto legal sólo da competencia al Juez para apreciar, dentro del juicio de amparo, la autenticidad con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio, precisión que de por sí indica que la objeción de falsedad del documento debe referirse a su autenticidad, es decir, a su continente y no a su contenido, pues esto último será materia de análisis al emitirse la sentencia correspondiente con base en los elementos probatorios aportados por las partes y demás constancias de autos. De ahí que el documento público en el que la autoridad responsable rinde su informe justificado sólo pueda ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad y no respecto de su contenido." Ahora bien, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales las que acompaña a su escrito de cuenta, consistentes en la impresión electrónica de 1) actas de nacimiento números treinta y cinco (35) y cuatrocientos sesenta y cuatro (464) y 2) las copias certificadas del expediente 1243/2012 del índice del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, las cuales obran por separado al presente juicio. Ahora, respecto de la prueba documental, consistente en las copias auténticas de la carpeta de investigación CIAICALP-2/1371/2019, que solicita sean solicitadas por este Juzgado, no ha lugar a proveer dicha prueba. Lo anterior, toda vez que el artículo 121 de la Ley de Amparo, refiere: "Artículo 121. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que aquellos les hubieren solicitado. Si no lo hacen, la parte interesada una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional que requiera a los omisos y difiera la audiencia, lo que se acordará siempre que la solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del señalado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia. El órgano jurisdiccional hará el requerimiento de que se le envíen directamente los documentos o copias dentro de un plazo que no exceda de diez días. (.)" Asimismo el artículo 119 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa. (.) Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia. (.)" De los numerales antes transcritos se advierte que, para que la autoridad jurisdiccional se encuentre en aptitud de realizar la solicitud de las constancias requeridas por el quejoso deben cumplirse dos requisitos: Que las partes exhiban la solicitud realizada a las autoridades responsables; y Que dicho requerimiento, se realice cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la audiencia. En el caso particular el quejoso no exhibió la solicitud hecha de dicha carpeta de investigación, además que el citado artículo establece que tal carga procesal le corresponde a las partes y sólo para el caso de que la autoridad no expidiera la documental solicitada, este órgano Federal podría requerirla, por lo que, para efectos de su petición, debió demostrar el haber realizado tal solicitud, y al no demostrarlo no es procedente acordar de conformidad su petición. Lo que se sustenta con la jurisprudencia 2a./J. 79/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, viernes 10 de agosto de 2018, con número de registro 2017572, cuyo rubro y texto señalan: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. A LA SOLICITUD DE COPIAS O DOCUMENTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO, LE SON APLICABLES LAS REGLAS DEL DIVERSO 119, TERCER Y CUARTO PÁRRAFOS, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PARA SU OFRECIMIENTO. De la interpretación de los artículos 119 y 121 de la Ley de Amparo, se advierten las reglas de los párrafos tercero y cuarto del numeral citado en primer término, que indican que las pruebas que ameritan un desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, y que este plazo no podrá ampliarse con motivo de su diferimiento, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos novedosos; de ahí que, son aplicables a la petición formulada a la autoridad jurisdiccional de requerir la expedición de copias o documentos que obren en poder de un servidor público al que se hubieren solicitado previamente, contenida en el numeral 121 aludido, pues en este caso, el desahogo de la prueba documental requiere preparación, ya que el juzgador deberá emplear los medios que tenga a su alcance para que se exhiban tales probanzas y se incorporen materialmente al juicio de amparo. Ello, porque considerar que cuando la audiencia no tiene lugar en la fecha inicialmente fijada, las partes cuentan con una nueva oportunidad para ofrecer documentales que no tienen a su disposición, contravendría los principios de economía procesal, concentración y expeditez del procedimiento, que delinean el carácter sumario del juicio de amparo indirecto. Por tanto, la solicitud de las partes al Juez de Distrito en términos del artículo 121 mencionado, para que requiera a algún servidor público una prueba documental que, pese a haberla solicitado no han obtenido, debe realizarse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional primigenia, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia." Aunado a lo anterior, se desconoce la denominación de la autoridad a la que deba hacerse tal solicitud y menos aún se advierte la relación inmediata con la litis planteada en el presente juicio de amparo. Finalmente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase al quejoso formulando a manera de alegatos, las manifestaciones que vierte en su escrito, sin perjuicio de hacer relación de los mismos y tenerlos por reproducidos en la audiencia constitucional.
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