Daniel Bautista Rivas
Expediente 1220/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1220/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Daniel Bautista Rivas
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Acepta competencia. Agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual informa que ese Juzgado aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, quedando registrado con el número 952/2022, de lo cual toma conocimiento este órgano jurisdiccional. Se envían promociones a Juzgado que aceptó competencia declinada. Ahora, toda vez que mediante proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se tuvo al Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, devolviendo parcialmente diligenciado el exhorto 735/2022, con número de orden 799/2022, de su estadística, derivado del diverso 573/2022-VI y de orden 573/2022-VI, del índice de este Juzgado; por tanto, remítanse las constancias relativas al Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para los efectos legales que haya lugar; asimismo, remítanse las demás constancias que obran en el presente sumario. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral 21, inciso j), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Relevancia documental. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos al no constar en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, tres de noviembre de dos mil veintidós. Se reservan informe de suspensión plano. Agréguese a los autos para que obren como correspondan el oficio del Director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, a través del cual rinde informe sobre la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa en este juicio, y toma conocimiento de los efectos para los cuales fue concedida. En consecuencia, resérvese proveer lo anterior, hasta en tanto se tenga conocimiento de la determinación adoptada por el homólogo federal Juzgado de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, respecto a la competencia declinada por auto de veintiuno de octubre del año en curso. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Priscila Rivera Valera, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Causa estado interlocutoria. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de queja en contra de la interlocutoria dictada el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en el que se declaró fundado el incidente de nulidad de notificaciones promovido por la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha interlocutoria para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, del estado de autos se advierte que mediante auto dictado el diez de octubre de dos mil veintidós, se reservó proveer respecto del cumplimiento dado por la Síndico Municipal y Representante Legal del Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, respecto de la interlocutoria dictada el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. En consecuencia, dese vista a la parte quejosa, debiendo correrle traslado con el oficio y anexo de cuenta, por el término de tres días computados legalmente para que manifieste lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, con el apercibimiento que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda tocante a dicho cumplimiento del fallo protector.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Daniel Bautista Rivas, contra actos de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1220/2022-. Falta de firma. Previo a acordar lo conducente respecto a los actos que se ubica en los supuestos del artículo 15 de la ley de la materia y el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se hace la indicación que si bien la demanda de amparo fue presentada de manera electrónica y carece de evidencia criptográfica, a la que hace referencia el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico, y el diverso Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; se dará trámite a la misma dado que encuadra en los supuestos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Actos reclamados. El promovente hace consistir el acto reclamado en su perjuicio en: "VI. ACTOS RECLAMADOS La resolución o acto de autoridad judicial o penitenciaria que solicite u autorice mi incomunicación, aislamiento, desaparición o traslado, este último a cualquier centro de reinserción social dentro de la República Mexicana. La fecha de la notificación fue 19 de octubre de 2022." Consideración previa en relación a la suspensión de plano. Ahora bien, el Estado Mexicano establece diversos derechos de las personas que son detenidas, que derivan del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, entre ellos se encuentran el lugar donde se encontrará en prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia, la prohibición de ser incomunicado, torturado o intimidado, así como sus prerrogativas durante el proceso (artículos 18, 19 y 20 de la Constitución); además, tanto en la legislación nacional como en el marco del derecho internacional público, ha sido reconocido el derecho a la integridad personal así como el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (numerales 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Ahora es necesario destacar que la suspensión de plano que se prevé en el artículo 126 de la Ley de Amparo, procede contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Precisión de actos por los que se analizará la suspensión de oficio y de plano Como se indicó en párrafos que anteceden, el promovente del amparo señaló diversos actos reclamados; asimismo, solicita la suspensión provisional y definitiva de todos los actos; no obstante, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, únicamente se proveerá la suspensión de plano de los actos que se ubiquen en las hipótesis del artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo; esto es, incomunicación y desaparición. Consideración previa en relación a la suspensión de plano. El Estado Mexicano establece diversos derechos de las personas que son detenidas, que derivan del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, entre ellos se encuentran el lugar donde se encontrará en prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia, la prohibición de ser incomunicado, torturado o intimidado, así como sus prerrogativas durante el proceso (artículos 18, 19 y 20 de la Constitución); además, tanto en la legislación nacional como en el marco del derecho internacional público, ha sido reconocido el derecho a la integridad personal así como el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (numerales 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Es necesario destacar que la suspensión de plano que se prevé en el artículo 126 de la Ley de Amparo, procede contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Se concede suspensión de plano. En consecuencia, con fundamento en los artículos 15, 126, párrafo segundo, y 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede al quejoso Daniel Bautista Rivas, la suspensión de oficio y de plano, para que de inmediato cese cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo de los que se dice es objeto, tales como incomunicación y desaparición; pues dichos actos, los prohíbe el artículo 22 de la Ley Suprema. Por tanto, toda vez que se está ante la presencia de actos a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 126, se decreta la suspensión de plano del acto reclamado, para el efecto de que las autoridades responsables, tomen las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física del quejoso, a fin de no ser objeto de algún acto prohibido por el artículo 22 constitucional, debiendo comunicar a este juzgado de inmediato las acciones a realizar a fin de cumplir con esta suspensión de plano, debiendo de igual forma la responsable informar inmediatamente sobre el cumplimiento dado a esta determinación. Plazo en el que las autoridades deben rendir informe sobre la suspensión de plano. En el entendido que las responsables deberán informar el cumplimiento a la suspensión concedida dentro del término de veinticuatro horas, apercibidas que, de no hacerlo, podrán ser puestas a disposición de la autoridad competente, por la actualización de la conducta prevista en el citado artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. De igual forma, se les apercibe que si al rendir su informe correspondiente afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, serán sancionados en términos del artículo 262 de la ley de la materia; para tal efecto, remítaseles copia simple de la demanda de amparo. En el entendido de que tratándose de la medida suspensiva cualquier dependencia o autoridad está obligada a acatar la medida cautelar otorgada en un juicio de amparo, de conformidad con el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 70, del tomo XII, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "AUTOS DE SUSPENSIÓN. Cualquiera autoridad del país tiene obligación de acatar las órdenes de suspensión dictadas en los juicios de amparo". No obstante lo anterior, dado que el quejoso Daniel Bautista Rivas se encuentra recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, se colige que los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo de los que se dice son objeto, son susceptibles de ejecutarse precisamente en el lugar en el que se encuentra recluido; por tanto, notifíquese el presente proveído únicamente al Director Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, para los efectos precisados en relación a la suspensión de plano concedida. Se ordena girar exhorto. Toda vez que el quejoso Daniel Bautista Rivas, se encuentra recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México; el cual se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal; con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2º, y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese atento exhorto vía electrónica al JUZGADO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, ordene a quien corresponda notificar el contenido íntegro del presente proveído al quejoso antes señalado. Ratificación de demanda vía exhorto. Asimismo, tomando en cuenta la naturaleza de los actos sobre los que se provee, es necesario que el que suscribe tome las medidas necesarias para lograr la comparecencia del quejoso; por tanto, con apoyo en el numeral 15 de la Ley de Amparo, se solicita al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que comisione al Actuario judicial de su adscripción, a fin de que se constituya en las instalaciones que ocupa el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, lugar en el que el quejoso refiere que se encuentra privado de su libertad Daniel Bautista Rivas; lo localice y, en el acto de la diligencia, realice lo siguiente: Le notifique el presente auto. 2) Le requiera para que en la propia diligencia o dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente, manifiesten si es su voluntad ratificar la demanda de amparo promovida. 3) Lo aperciba que, de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo y quedarán sin efectos las medidas decretadas. 4) De fe del estado físico en el que se encuentre el quejoso. 5) Deberá ratificarle a la autoridad ante quien esté la suspensión de plano decretada en este propio auto, respecto de los actos reclamados, debiendo acatar dicha suspensión la autoridad responsable e informar al juzgado respectivo, en el improrrogable término de veinticuatro horas sobre el cumplimiento dado a la medida decretada. 6) Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. Obligación de autoridades de dar acceso al Actuario del Juzgado exhortado Para tal efecto, se solicita se comisione al actuario adscrito al órgano exhortado, para que haga entrega del oficio dirigido al Director Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México; para lo cual se hace del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a dar acceso al actuario judicial a las instalaciones de la Penitenciaria de la Ciudad de México, y en cualquier otro lugar en donde pudieran estar detenido el quejoso Daniel Bautista Rivas, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo este juzgado dará vista a la autoridad correspondiente por la probable comisión de los delitos a que haya lugar. Se declina competencia. Ahora bien, es importante precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En el caso este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo presentada respecto de los actos que la parte quejosa hizo consistir en el aislamiento y traslado a otro Centro de Reinserción Social dentro de la República Mexicana por las consideraciones que a continuación se exponen. El artículo 37 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del citado precepto legal se advierten tres hipótesis para fijar la competencia del juez de Distrito para conocer del juicio de amparo, a saber: a) Es competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto se haya empezado a ejecutar en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Precisado lo anterior, debe decirse que el acto reclamado encuadra en la hipótesis descrita en el inciso a), particularmente, en lo relativo a que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, pues el acto reclamado lo constituye el aislamiento y traslado a otro Centro de Reinserción Social dentro de la República Mexicana, por lo que la competencia debe surtirse a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos; así, tomando en consideración que el procedimiento del que es parte el quejoso se desarrolla en la Ciudad de México, debe conocer un juez de Distrito con residencia en dicha jurisdicción; es decir, en una jurisdicción distinta de aquella en la que pretende se tramite el juicio de amparo. Ciertamente, se estima que el juez competente para conocer de la demanda de amparo que promueve, lo es aquél en cuya jurisdicción resida la autoridad que conoce del procedimiento incoado en su contra, que es precisamente el lugar donde tiene su principal impacto y repercusión, es decir, ante la potestad de la autoridad administrativa al que está sometido el quejoso, la cual se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado. Máxime que el quejoso no señala alguna autoridad con residencia en Tlaxcala, más bien, de su demanda de amparo se advierte que las autoridades señaladas como responsables radican en la Ciudad de México; tampoco se advierte que el acuerdo reclamado tenga alguna ejecución en esta entidad federativa. En tal virtud, debe concluirse que corresponde conocer del presente juicio al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se trate de ejecutar los actos reclamados, en cuya localidad no ejerce jurisdicción este juzgado, sino los Juzgados de Distrito pertenecientes al Primer Circuito. En conclusión, es claro que corresponde conocer del presente juicio de derechos a un Juez de Distrito con residencia en la Ciudad de México; lo anterior, por ser el órgano que se estima competente para ese efecto, en términos de los artículos 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Aunado a lo ya expuesto, debe puntualizarse que si un Juez de Distrito resuelve un juicio de amparo respecto del cual carece de competencia, tal circunstancia constituye una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento. Orienta en lo particular, la tesis II.1o.P.152 P. publicada en la página mil 995 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. CRITERIOS PARA DETERMINARLA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. Para establecer la competencia de un Juez de Distrito por razón de territorio, una vez que se sustanció un juicio de garantías promovido contra una orden de aprehensión, en términos del artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, debe atenderse, en principio, como dato determinante, a la aceptación que realice la autoridad ejecutora acerca de que tratará de cumplir la orden en una localidad concreta y si la competencia territorial corresponde a un solo Distrito Judicial del Poder Judicial de la Federación, con absoluta independencia del sitio donde la ejecutora tenga su residencia oficial, caso en el cual, corresponderá conocer del amparo a un Juez de Distrito de esa localidad. Sin embargo, cuando no se cuente con ese dato deberá obtenerse de los indicios que se deduzcan de la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo, incluidas, desde luego, las correspondientes a la averiguación previa o al proceso penal instruido contra el quejoso, y que sean indicativos del lugar donde, objetiva y lógicamente, puede ejecutarse la orden de aprehensión, pues si ésta consiste en la privación de la libertad deambulatoria del probable responsable, resulta inconcuso que deben considerarse los datos que permitan establecer su ubicación personal, por ejemplo, su domicilio actual o más reciente, el lugar de trabajo, el principal asiento de sus negocios, entre otros. Sin que este criterio riña con la jurisprudencia 1a./J. 12/95 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 97, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de septiembre de 1995, de rubro: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA.", toda vez que en ésta se establece que para fijar la competencia de un Juez de Distrito por razón de territorio, no debe atenderse al domicilio que hubiese señalado el quejoso en su demanda de garantías, pues ello equivaldría a dejar a su arbitrio la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar el domicilio donde quisiera promover; lo anterior es así, toda vez que dicho criterio no impide que para conocer el lugar donde tratará de ejecutarse la orden de aprehensión, pueda tomarse en consideración el domicilio que realmente aparezca probado en autos, una vez sustanciado el juicio de garantías y obtenido mediante la valoración de los indicios que deriven de la totalidad de las constancias existentes en él, incluidas claro está, aquellas que hubiese allegado la autoridad o autoridades que hayan aceptado la existencia de ese acto en concreto". Al caso es aplicable la tesis emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88 del Volumen 217-228, Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo tenor es el siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Así como el criterio emitido por la Tercera Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12 del Volumen 199-204, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo tenor es: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse". A mayor abundamiento, no puede constituir razón suficiente para determinar la competencia de los Jueces de Distrito a efecto de conocer de un juicio de garantías, el hecho de que el quejoso haya señalado el traslado a otro Centro de Reinserción Social dentro de la República Mexicana, puesto que tal y como lo ha sustentado la Primera Sala la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la competencia no se determina por el lugar donde el quejoso promueve el juicio de amparo, si no el lugar de residencia de las autoridades ejecutoras; además de que, adoptar ese criterio equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso tal determinación. En tales condiciones, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer y resolver el juicio de amparo promovido por Daniel Bautista Rivas y, por el artículo 37, primer párrafo y 48 de la Ley de Amparo, una vez notificado el presente proveído, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítase el original del presente juicio, al Juez de Distrito en la Ciudad de México, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en aquél lugar, para los efectos legales conducentes, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, en que se sirva precisar si acepta o no, la competencia que se plantea a su conocimiento. Habilitan días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se trámite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafo sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. Por otra parte, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de resguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese; y, por exhorto al quejoso Daniel Bautista Rivas en su lugar de reclusión. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Priscila Rivera Valera, Secretaria que autoriza y da fe.
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