Daniel Benitez Arispe
Expediente 1077/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1077/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Daniel Benitez Arispe
- Daniel Dominguez Vargas
- Armando Cuautle Perez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos; treinta de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio remitido vía electrónica por el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, residente en esta ciudad, por el que comunica se admitió el recurso de queja interpuesto por el autorizado de la aquí parte quejosa contra el acuerdo de quince de agosto de dos mil veintitrés, el cual quedó registrado con el número 253/2023; lo que se tiene por comunicado para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito presentado por el quejoso ********************, por propio derecho y en representación de los quejosos ********************, ********************, ******************** y ********************, mediante el cual, interpone recurso de queja contra el auto de quince de agosto de dos mil veintitrés, dictado en este juicio constitucional, en el que se desechó la demanda. Lo anterior, sin que pase desapercibido que el escrito fue presentado vía electrónica, mismo que fue signado por ********************, autorizado de la parte quejosa, lo que se precisa para los efectos conducentes. Trámite. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 primer párrafo y 101 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en Turno, con sede en esta ciudad, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, el original del escrito de cuenta y copia del mismo para el agente del Ministerio Público Federal de su adscripción - mismo que fue presentado vía electrónica-. Ríndase informe ante la citada Superioridad, en el sentido de que sí es cierto el acto recurrido, toda vez que en auto de quince de agosto de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo, en virtud de que se advertían motivos manifiestos e indudables de improcedencia, por las razones que ahí se expusieron. En ese sentido, acorde con lo dispuesto en el considerando décimo segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; así como del artículo 113 del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo (el cual fue reformado por el primer acuerdo mencionado), vigentes a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, que en lo concerniente señalan que en los casos de la interposición de recursos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación pondrán a disposición del órgano jurisdiccional que corresponda la consulta de los expedientes electrónicos respectivos a través de la plataforma correspondiente, es decir, el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, remítase en su momento por esa vía electrónica el expediente del presente juicio, salvo que el órgano jurisdiccional destinario estime necesario contar con las constancias físicas. Se instruye. Se instruye a la Secretaria, para el efecto de que una vez que se encuentre debidamente integrado este expediente, dé cuenta a la titular, con la finalidad de que sea remitido el informe con el escrito de agravios en original y copia a la Superioridad, en los términos antes apuntados; consecuentemente, también se hace notar a la oficial administrativo encargada de la tramitación de este asunto, que deberá vigilar oportunamente la integración del expediente, pues es responsabilidad de ambos su correcta tramitación. Consulta de expediente electrónico. Sin que se emita mayor acuerdo respecto de la notificación electrónica que solicita, lo anterior toda vez que por auto de quince de los actuales, se proveyó lo respectivo. Autorizados. Asimismo, respecto de la designación de autorizados, sin que se emita mayor acuerdo, toda vez que por auto de quince de agosto del año en curso, se emitió el acuerdo respectivo, no obstante lo anterior, téngase por autorizada a ********************, únicamente para oír y recibir notificaciones ya que no se localizó registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por *************, por propio derecho, contra actos del Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1077/2023 y fórmese expediente. Desechamiento. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para cumplir con lo anterior, se habrán de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable que se tenga certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Se destaca que el seis de junio de dos mil once, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional mediante la cual se introdujeron diversas modificaciones al esquema y alcances del juicio de amparo; en específico, por lo que ve al interés necesario para promover dicho medio de control constitucional, la fracción I del artículo 107 de la Carta Magna, fue redactada como sigue: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Como puede apreciarse, la redacción constitucional, establece una distinción, para la promoción del amparo indirecto, en la cual se mantuvo la exigencia de que lo haga la parte agraviada, pero tal concepto fue desarrollado y segmentado en dos supuestos, a saber: El titular de un derecho; o, El titular de un interés legítimo individual o colectivo, ya sea que se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, la fracción I del artículo 5 de la Ley de la Materia, prevé: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." En ese sentido, el interés jurídico representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio constitucional, pues si el acto reclamado no lesiona la esfera jurídica del gobernado, entonces no tendrá legitimación para instaurar el juicio de amparo, de modo que debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resultará improcedente. Por otra parte, el interés legítimo, como medida para acceder al juicio de amparo (tanto en lo individual como en forma colectiva), se satisface cuando el quejoso alega ser titular de algún derecho subjetivo (en sentido amplio) y reclama normas, actos u omisiones autoritarios que afectan a su esfera jurídica, directa o indirectamente. Es decir, para justificar el interés legítimo tratándose del reclamo de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales jurisdiccionales, no se requiere del acreditamiento de alguna afectación personal y directa (lo cual se conoce tradicionalmente como interés jurídico), sino que basta con cierta afectación real y actual, aun de manera indirecta, según la situación especial del gobernado frente al orden jurídico. Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que el interés legítimo, como el jurídico, suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza. Con base en estas premisas el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció los alcances del interés legítimo de la siguiente manera: a) Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. b) El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple. Es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En otras palabras, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. d) La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. f) Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. g) La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. h) Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. i) Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. j) Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. Tales consideraciones dieron origen a la tesis de jurisprudencia con número de registro digital 2007921, publicada en la página sesenta del primer tomo del libro doce correspondiente al mes de noviembre de dos mil catorce de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, medianteel interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." De ahí que, tratándose de normas, actos u omisiones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo, si bien no exige la existencia de algún agravio personal y directo, sí es condición el acreditamiento de cierta afectación real y actual en la esfera jurídica de quien lo promueve, aunque sea indirecta. Establecido lo anterior, se obtiene que el interés legítimo, se trata de una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, ya que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción y que automáticamente se encuentre acreditado dicho interés. Así, el interés legítimo solamente requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico; sin embargo, como se vio, el numeral 107 Constitucional establece que, contra actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, en estos casos deberá acreditar su interés legítimo ante el órgano jurisdiccional para la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior ha sido criterio sostenido por nuestro Máximo Tribunal, por lo que el interés legítimo únicamente se verificará cuando no se combatan actos o resoluciones de tribunales, siempre y cuando el justiciable se ubique en alguno de los siguientes dos supuestos: 1. Ser titular de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o 2. En caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, mismo que será suficiente para comparecer en el juicio. Lo antes expuesto, pone de manifiesto que la afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa frente al acto de la autoridad o a la norma constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo y, consecuentemente, la no acreditación de tales supuestos será causa de improcedencia. Esto es, los artículos 107 de la Carta Magna y 5 de la Ley de Amparo, prevén la posibilidad de que el juzgador de amparo verifique si la situación del gobernado ante el acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación, para determinar si involucra un interés jurídico, un interés legítimo o un interés simple, pero también la posibilidad de declarar improcedente el juicio de amparo ante la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, de la ley en cita, en el caso la fracción XII. Así, de conformidad con el artículo 5° de la Ley de Amparo, el examen del interés legítimo requiere que se analice la existencia de un derecho, verificar si es individual o colectivo, la violación de ese derecho, su afectación y la verificación de que esa afectación sea directa o indirecta; asimismo, en caso de que sea indirecta, ésta derive de su especial situación frente al orden jurídico. En la inteligencia de que la afectación indirecta derivada de la especial situación del quejoso, implica el examen relativo a que el impetrante se encuentre en una situación diferenciada o particular que le permite alegar que recibiría un beneficio al recibir el amparo, aun cuando fuera directo o indirecto. De esta manera, se concluye que la ausencia del interés legítimo puede constituir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo y por ende, puede desecharse de plano una demanda de amparo. Dicho criterio se sustenta en la tesis de jurisprudencia con número de registro digital 2014433, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil setenta y ocho del segundo tomo del libro cuarenta y tres correspondiente al mes de junio de dos mil diecisiete de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." El anterior criterio implica que, al proveer sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y más aún, el tipo de afectación, para determinar si involucra un interés jurídico, legítimo o simple; sin embargo, cuando no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos. De ahí que, solo si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. En el caso en concreto, la parte quejosa reclamó a las autoridades responsables, a).- La omisión de formular, aprobar, presupuestar, administrar y ejecutar un plan o programa integral de movilidad y seguridad vial que rehabilite y garantice la conservación y el mantenimiento regular de la carretera ******, en el tramo que se encuentra dentro de sus territorios, siendo estos: a).1.- Del Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos: el tramo que va del puente "el muerto" hasta los límites con el municipio vecino de Tepalcingo; a).2.- Del Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos: el tramo que comienza en el punto carretero en que termina el municipio de Axochiapan y comienza el de Tepalcingo, hasta el punto en que se une al municipio vecino de Jonacatepec, Morelos; a).3.- Del Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos: el tramo que se encuentra dentro de su territorio y que va desde sus límites con el municipio de Tepalcingo, hasta su unión con el municipio de Jantetelco; a).4.- Del Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos: el tramo que se encuentra dentro de su territorio y que va del tramo en que termina el municipio de Jonacatepec y comienza el de Jantetelco, hasta entroncar con la carretera federal Cuautla-Izucar de Matamoros, en el denominado "Crucero de Amayuca"; a).5.- De la Titular de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Morelos, el tramo que atraviesa el territorio de los cuatro municipios demandados y que los comunica tanto con el Estado de Puebla, como con la zona conurbana del Estado de Morelos; y, b).- De todas las autoridades responsables, la omisión de formular, aprobar, presupuestar, administrar y ejecutar de manera conjunta, un programa, proyecto o plan integral de obra pública que rehabilite y garantice la conservación y el regular mantenimiento de toda la carretera ******* a fin de que estructural y constructivamente cumpla a cabalidad con las condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, que establece como inherentes al Derecho Humano a la Movilidad, el artículo 4, de la Constitución Federal. Sin embargo, este órgano de control constitucional advierte que el acto reclamado no implica una intromisión directa en la esfera jurídica de la parte quejosa, derivada de su especial situación frente al orden jurídico, ya que no existe un agravio diferenciado respecto del resto de los integrantes de la sociedad, esto es, la omisión de formular, aprobar, presupuestar, administrar y ejecutar un plan o programa integral de movilidad y seguridad vial que rehabilite y garantice la conservación y el mantenimiento regular de la carretera ********, en el tramo que se encuentra dentro de sus territorios, afecta a la población en general; por tanto, el hecho de que con motivo de la omisión de ejecutar un plan o programa integral de movilidad y seguridad vial que rehabilite y garantice la conservación y el mantenimiento regular de la carretera *********, refieran se afecta la vialidad que utilizan de manera habitual para la satisfacción de una multiplicidad de necesidades, por lo que el estado actual de deterioro en que se encuentra dicha carretera afecta de gran manera su derecho humano a la movilidad, es insuficiente para acreditar el interés legítimo con el que comparecen al juicio de amparo, ya que no justifica de ninguna forma cómo es que los actos reclamados generan un perjuicio a su esfera jurídica. De ahí que, no puede considerarse que tienen un interés propio y distinto de cualquier otro gobernado, esto es, que reclaman de la autoridad responsable no les agravia de manera directa ni diferenciada en relación al resto de los vecinos o habitantes de los diversos Municipios de esta entidad. Máxime que no se advierte de las manifestaciones de la demanda, que hayan hecho algún planteamiento ante las autoridades correspondientes, en términos de los artículos 49 y 50 del Bando de Policía y Gobierno Municipal de Axochiapan; de tal manera que se no evidencia cómo se encuentran en una situación diferenciada y que adquiriera un beneficio concreto por la promoción del amparo, al contar únicamente con un interés simple y no legítimo, por ello, una eventual concesión del amparo no generaría un beneficio concreto en su esfera jurídica respecto de la posición que aduce frente a los derechos que estima infringidos, por lo que no puede considerarse que en la especie cuente con un interés real y cualificado, sino uno de carácter genérico. En efecto, la parte justiciable cuenta con un interés simple que tiene todo gobernado frente al acto de autoridad, ya que la omisión o existencia del plan o programa correspondiente afecta y/o beneficia a los pobladores en general de los diversos municipios involucrados; de ahí que si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación de la parte quejosa frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, por tales motivos, se tiene por demostrada la causa de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al ser notoria y manifiesta la falta de interés legítimo y jurídico de los quejosos para instar la acción constitucional. Encuentra apoyo lo anterior, en la tesis con número de registro digital 233517, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página veintisiete del volumen treinta y siete de la séptima época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS SIMPLE. NO TIENE NINGUNA PROTECCIÓN JURÍDICA DIRECTA Y PARTICULAR. Entre los diversos intereses que puede tener una persona, o sean "situaciones favorables para la satisfacción de una necesidad", existen los llamados "intereses simples" que consisten en situaciones en las cuales los particulares reciben un beneficio del Estado cuando éste, en el ejercicio de sus atribuciones y buscando satisfacer las necesidades colectivas que tiene a su cargo, adopta una conducta que coincide con esos intereses particulares; y en cambio sufren un perjuicio cuando esa conducta no es adecuada a los propios intereses. En el primer caso reciben un beneficio y en el segundo se perjudican, pero no tienen ningún derecho para exigir que se mantenga esa situación privilegiada. Puede decirse que esos intereses no tienen ninguna protección jurídica directa y particular, sino tan sólo la que resulta como reflejo de una situación general, porque no se puede crear una defensa especial para intereses particulares indiferenciales para el Estado." Es así que toda vez que se permite constatar, que los aquí quejosos únicamente acreditan un interés simple con relación a la afectación que aduce resentir respecto de las omisiones reclamadas, pues aun cuando se ostentan como habitantes del municipio de *********, tal cuestión no los sitúa en alguna situación diferenciada para defender los intereses de la comunidad en temas de obras y servicios públicos, que haga patente una afectación a su esfera particular de derechos. Pues como se dijo, refieren ser únicamente habitantes del municipio de **********, lo cual no es suficiente para considerarlos con un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Libro 43, junio de 2017, Tomo II, página 1078, con registro digital 2014433, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." En tal virtud, al actualizarse las causales de improcedencia invocadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en trato. Domicilio y autorizados. Téngase por autorizados para los efectos que indica a las personas que refiere. Con la precisión de que no ha lugar a tener por señalado para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta, en virtud de que solicita de manera expresa que las notificaciones se realicen de manera electrónica a través del usuario que proporciona. Consulta del expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Al respecto, en virtud de que, se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el nombre de usuario ********************, se le autoriza consultar vía internet las actuaciones del presente juicio de amparo y las notificaciones se realicen por esa vía, por tanto, instrúyase a la Oficial Judicial A, a efecto de que realice las gestiones necesarias y se habilite la consulta del expediente electrónico y las notificaciones electrónicas. Representante común. Por otra parte, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a********************, por así solicitarlo expresamente, sin perjuicio de que pueda ser sustituido. Se exhorta a las partes. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema "juicio en línea", en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo, en sesión extraordinaria de trece de octubre de veintidós. Habilitación Días y Horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, en términos del artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles. Aviso de transparencia. Se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notifíquese personalmente.
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