Daniel Alejandro Alvarez Ocampo
Expediente 1567/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1567/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Daniel Alejandro Alvarez Ocampo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; cinco de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del lapso establecido en la ley, el auto de siete de enero de dos mil veintidós, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 81 fracción I, inciso d), se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales conducentes. Anotaciones en el libro de gobierno. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; siete de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio y anexo de la autoridad responsable: Presidente y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y Secretario General, con sede en esta ciudad, por el que en cumplimiento al requerimiento formulado en autos remite copia certificada de diversas constancias relativas al acto reclamado. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida la documental que allega la autoridad responsable. Ahora bien, de la lectura del oficio de cuenta rendido por la autoridad responsable, y de las constancias anexas al mismo, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto legal prevé la improcedencia del juicio de amparo, cuando los efectos del acto que se reclama, hayan cesado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la cesación de efectos del acto reclamado se materializa cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, es decir, cuando se actualizan los siguientes supuestos: a) Que desaparezcan todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional. b) Que las cosas regresen al estado que guardaban antes de la violación, sin dejar ninguna huella en la esfera de derechos del gobernado. Lo anterior se advierte del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". La parte quejosa reclamó la omisión de dictar acuerdo a las promociones presentadas con número de folio 00001465, 00001484 y 00001463 en el expediente *****; no obstante se debe precisar que del informa justificado rendido por la autoridad responsable se advierte que el folio 00001484 no existe, por lo que lo correcto es *****4, ya que con ese número fue registrada la promoción presentada por el quejoso. Ahora bien, de las constancias adjuntas al informe justificado, así como las documentales relativas al oficio de cuenta, las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2º de la Ley de Amparo, se advierte que el quince de octubre de dos mil veintiuno, dictó el acuerdo correspondiente a las promociones presentadas el doce de marzo del año pasado, el cual fue notificado a la parte quejosa el cuatro de enero del año en curso. Establecido lo anterior, se tiene que si bien al diez de noviembre de dos mil veintiuno, fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen a esta controversia constitucional, la autoridad responsable no había notificado el acuerdo correspondiente, lo cierto es que, como quedó asentado en párrafos precedentes, el quince de octubre del año pasado, dictó el acuerdo correspondiente a los registros 00001465, 00001484 y 00001463, teniendo por hechas las manifestaciones vertidas en los registros citado en primer y segundo término y por cuanto al último, dictó auto de requerimiento de pago, así como la exhibición de constancias de afiliación y pago de aportaciones al Instituto de Seguridad Social e Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado de Morelos, en el juicio laboral de origen, el cual se notificó el cuatro de enero de dos mil veintidós, a través de su autorizado, por lo que es evidente que en el caso la omisión reclamada, cesó en dichas fechas, desapareciendo así la finalidad de este juicio de amparo, pues la parte quejosa obtuvo el resultado que pretendía al acudir a este juicio constitucional, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación a sus derechos. En esas condiciones, la autoridad responsable al dictar el acuerdo correspondiente a los registros ******de doce de marzo de dos mil veintiuno, hizo que cesaran los efectos de los actos reclamados, por lo que se actualiza la causa de improcedencia analizada y, por tal motivo, se sobresee en el juicio de conformidad con los artículos 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, página 210 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del doce de enero de dos mil veintidós, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa, el auto dictado el siete de enero de dos mil veintidós. | Cuernavaca, Morelos; siete de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio y anexo de la autoridad responsable: Presidente y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y Secretario General, con sede en esta ciudad, por el que en cumplimiento al requerimiento formulado en autos remite copia certificada de diversas constancias relativas al acto reclamado. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida la documental que allega la autoridad responsable. Ahora bien, de la lectura del oficio de cuenta rendido por la autoridad responsable, y de las constancias anexas al mismo, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto legal prevé la improcedencia del juicio de amparo, cuando los efectos del acto que se reclama, hayan cesado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la cesación de efectos del acto reclamado se materializa cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, es decir, cuando se actualizan los siguientes supuestos: a) Que desaparezcan todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional. b) Que las cosas regresen al estado que guardaban antes de la violación, sin dejar ninguna huella en la esfera de derechos del gobernado. Lo anterior se advierte del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". La parte quejosa reclamó la omisión de dictar acuerdo a las promociones presentadas con número de folio *********en el expediente *****; no obstante se debe precisar que del informa justificado rendido por la autoridad responsable se advierte que el folio 00001484 no existe, por lo que lo correcto es *****4, ya que con ese número fue registrada la promoción presentada por el quejoso. Ahora bien, de las constancias adjuntas al informe justificado, así como las documentales relativas al oficio de cuenta, las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2º de la Ley de Amparo, se advierte que el quince de octubre de dos mil veintiuno, dictó el acuerdo correspondiente a las promociones presentadas el doce de marzo del año pasado, el cual fue notificado a la parte quejosa el cuatro de enero del año en curso. Establecido lo anterior, se tiene que si bien al diez de noviembre de dos mil veintiuno, fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen a esta controversia constitucional, la autoridad responsable no había notificado el acuerdo correspondiente, lo cierto es que, como quedó asentado en párrafos precedentes, el quince de octubre del año pasado, dictó el acuerdo correspondiente a los registros *****, teniendo por hechas las manifestaciones vertidas en los registros citado en primer y segundo término y por cuanto al último, dictó auto de requerimiento de pago, así como la exhibición de constancias de afiliación y pago de aportaciones al Instituto de Seguridad Social e Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado de Morelos, en el juicio laboral de origen, el cual se notificó el cuatro de enero de dos mil veintidós, a través de su autorizado, por lo que es evidente que en el caso la omisión reclamada, cesó en dichas fechas, desapareciendo así la finalidad de este juicio de amparo, pues la parte quejosa obtuvo el resultado que pretendía al acudir a este juicio constitucional, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación a sus derechos. En esas condiciones, la autoridad responsable al dictar el acuerdo correspondiente a los registros ******de doce de marzo de dos mil veintiuno, hizo que cesaran los efectos de los actos reclamados, por lo que se actualiza la causa de improcedencia analizada y, por tal motivo, se sobresee en el juicio de conformidad con los artículos 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, página 210 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del doce de enero de dos mil veintidós, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado que rinde la autoridad responsable: Presidenta y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y Secretaria General, con domicilio en esta ciudad, en el que ACEPTA el acto reclamado. Vista Con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Relaciónese en la audiencia constitucional. Haciéndose la precisión que a la parte quejosa en caso de considerarlo necesario imponerse de los autos, deberá programar una cita para la consulta del expediente y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal; ello con base al nuevo esquema de trabajo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, podrá proporcionar algún correo electrónico, para que en caso de así manifestarlo expresamente, se le de vista con las constancias de cuenta. Pruebas Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida la documental que allega la autoridad responsable como complemento a su informe justificado, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Domicilio y Delegados En términos de los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, ténganse como delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones los propuestos por el oficiante. Autorización de medios electrónicos Como lo solicita, se autoriza la consulta y toma de datos de los acuerdos que se dicten en el expediente en que se actúa, mediante reproducción de "imágenes digitalizadas"; en el entendido, que tal eventualidad será durante los horarios de atención de servicio al público, y bajo la vigilancia del funcionario respectivo, con la acotación que deberá ser siempre con la procuración del manejo debido de este cuaderno principal y bajo su más estricta responsabilidad el uso y destino del material digitalizado. Finalmente, toda vez que se considera que la documental allegada por la autoridad responsable es insuficiente para resolver el presente asunto; con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérasele para que, dentro del término, de veinticuatro horas, siguiente a la notificación de este proveído, se sirva remitir copia certificada, debidamente cotejada y legible de las constancias de notificación a la parte actora del acuerdo que recayó a las promociones registradas con los números 00001463, 1464 y 1465 (acuerdo de quince de octubre de dos mil veintiuno), dentro del juicio laboral *************; con el apercibimiento para el caso de no dar cumplimiento a lo solicitado o en su caso de informar el impedimento legal que para ello tenga, con fundamento en la fracción I del artículo 237 de la invocada legislación, se impondrá una multa de cien unidades de medida y actualizaciones, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese.
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