Daniel Basaldua Gutiérrez y Otros.
Expediente 665/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 665/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 28/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Daniel Basaldua Gutiérrez y Otros.
- Daniel Basaldua Gutiérrez
- Mayra Alejandra Ramírez Cantero y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído de tres de mayo de dos mil veintiuno, por el cual este Tribunal sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que queda firme el proveído de mérito. Notifíquese lo anterior a la responsable, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Sin que pase desapercibido para el suscrito el hecho de que no ha transcurrido para las autoridades responsables, el término de diez días previsto para interponer recurso de revisión, toda vez de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo, estas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión en contra del aludido proveído. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por la Encargada de Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en atención a la solicitud realizada en providencia de veintiséis de abril del presente año, proporciona los domicilios de los terceros interesados Jesús Arturo Delgado Flores, Osiris Anahí Durán Cruz y los agentes del Ministerio Público que intervienen en el proceso del que emana el acto reclamado. Ahora bien, visto el estado de autos, específicamente las constancias en formato PDF así como el audio y video de la audiencia de seis de noviembre de dos mil veinte, que obran en el disco compacto que remitió la Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región, con residencia en esta ciudad, derivados de la causa penal ***********, que se instruye en contra de **************, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de lesiones en agravio de **************, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de daños en agravio de ***********, así como en contra de ************, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de daños, en agravio de ***********; se advierte que en el presente asunto se actualiza una causal de improcedencia, lo que conducirá a decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia constitucional, por las razones que se expondrán. El acto que en esta vía se reclama, consiste en la determinación adoptada por la responsable en la audiencia intermedia o de preparación a juicio oral, celebrada el seis de noviembre de dos mil veinte, mediante la cual, al estimar que el aquí quejoso y defensor particular de los imputados en la causa penal, licenciado ***************, desconoce el trámite del procedimiento penal y por ende, tiene una incapacidad técnica para continuar con el cargo de defensor, con fundamento en los artículos 97 en relación con el 101, del Código Nacional de Procedimientos Penales, declaró nulo lo actuado en la audiencia, y, con base en los diversos numerales 121 así como 134, fracción II, del referido código, relevó del cargo al defensor de mérito y requirió a los acusados para que designaran a uno diverso. A efecto de proveer lo conducente es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución en virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no; es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la ley de la materia, así como por la Carta Magna y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del numeral 62 de la ley de la materia. En consecuencia, este órgano jurisdiccional federal se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se desprende de autos, de conformidad con el mencionado dispositivo 62 de la ley en cita, y en la jurisprudencia 814, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Bajo esa tesitura y como se dijo, en la especie se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el cardinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que textualmente establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la parte solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene destacar el contenido de los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que estatuyen: Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta." De la lectura de los anteriores preceptos legales, se desprende que la legislación en comento otorga a los quejosos un medio de defensa con el que pueden modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En efecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé un medio de defensa en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, el cual procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial. El objeto del recurso consiste en que el mismo juzgador que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. El recurso de revocación, debe interponerse oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a lo siguiente: Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición. Por lo que, al no haberse agotado dicho recurso previamente a la presentación de la demanda de amparo, impide al suscrito analizar la constitucionalidad del acto que se reclama, al no atender el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Esto es, si en el caso concreto la parte quejosa acude a esta instancia constitucional doliéndose de la determinación de seis de noviembre de dos mil veinte, por la cual la Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal, con residencia en esta ciudad, relevó del cargo al defensor de los acusados y los requirió para que designaran a uno diverso, es inconcuso que previamente a acudir al juicio de amparo debieron agotar el aludido medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, contenido en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria. Tiene aplicación a lo antedicho, la jurisprudencia 1a./J. 35/2020 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, página 2760 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro y texto: RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los órganos colegiados contendientes sostuvieron posturas encontradas respecto a qué debe entenderse por el referido requisito de procedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que las resoluciones "sin sustanciación" son aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial. Justificación: El citado artículo establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan "sin sustanciación". Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico." Por tanto, si los quejosos no controvirtieron el acto reclamado a través del medio ordinario que tenían a su alcance para lograr su revocación o modificación, el juicio de amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Además debe ponerse de relieve que sobre el acto que se combate no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a) El acto reclamo no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) El acto reclamado no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) La parte quejosa no es persona extraña al procedimiento, ya que uno de los solicitantes del amparo fungió como defensor en el juicio natural y la diversa quejosa, es una de las acusadas en dicha causa penal. Consecuentemente, al quedar demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. Finalmente, cabe señalar que este Juzgado de Distrito no soslaya el hecho de que a ************** y los agentes del Ministerio Público que intervienen en el proceso del que emana el acto reclamado, a quienes se les reconoció la calidad de terceros interesados en el presente juicio de amparo, aún no han sido emplazados; sin embargo, dado el sentido de la presente resolución, ninguna afectación a sus derechos fundamentales se les irrogan. De la misma manera, tampoco se inadvierte la jurisprudencia por contradicción de tesis 16/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO. SI EL TRIBUNAL QUE CONOCE DE LA REVISIÓN ADVIERTE LA EXISTENCIA DE ALGUNO AL QUE NO SE LE HA OÍDO EN EL JUICIO POR NO HABÉRSELE RECONOCIDO ESE CARÁCTER, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA RECURRIDA Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO."; en la que se dispone que debe ordenarse la reposición del procedimiento cuando se advierta la existencia de algún tercero interesado al que no se le haya reconocido esa calidad; pero, esa hipótesis no se actualiza en el caso, ya que sí se le reconoció el carácter de terceros interesados a los antes nombrados. Además, se advierte que las tesis que contendieron y que dieron origen a la jurisprudencia de referencia, trataron el tema de si debía sobreseerse en el juicio por la falta de señalamiento de los terceros interesados, o bien, el tribunal que conociera de la revisión debía ordenar la reposición del procedimiento para que oficiosamente se le llamara; supuesto que, como se dijo, no acontece en el caso, por lo que se estima que no es aplicable la jurisprudencia en cita.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el oficio signado por la Encargada de Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en atención a la solicitud realizada en providencia de veintiséis de abril del presente año, proporciona los domicilios de los terceros interesados Jesús Arturo Delgado Flores, Osiris Anahí Durán Cruz y los agentes del Ministerio Público que intervienen en el proceso del que emana el acto reclamado. Ahora bien, visto el estado de autos, específicamente las constancias en formato PDF así como el audio y video de la audiencia de seis de noviembre de dos mil veinte, que obran en el disco compacto que remitió la Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región, con residencia en esta ciudad, derivados de la causa penal ***********, que se instruye en contra de **************, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de lesiones en agravio de **************, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de daños en agravio de ***********, así como en contra de ************, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de daños, en agravio de ***********; se advierte que en el presente asunto se actualiza una causal de improcedencia, lo que conducirá a decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia constitucional, por las razones que se expondrán. El acto que en esta vía se reclama, consiste en la determinación adoptada por la responsable en la audiencia intermedia o de preparación a juicio oral, celebrada el seis de noviembre de dos mil veinte, mediante la cual, al estimar que el aquí quejoso y defensor particular de los imputados en la causa penal, licenciado ***************, desconoce el trámite del procedimiento penal y por ende, tiene una incapacidad técnica para continuar con el cargo de defensor, con fundamento en los artículos 97 en relación con el 101, del Código Nacional de Procedimientos Penales, declaró nulo lo actuado en la audiencia, y, con base en los diversos numerales 121 así como 134, fracción II, del referido código, relevó del cargo al defensor de mérito y requirió a los acusados para que designaran a uno diverso. A efecto de proveer lo conducente es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución en virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no; es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la ley de la materia, así como por la Carta Magna y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del numeral 62 de la ley de la materia. En consecuencia, este órgano jurisdiccional federal se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se desprende de autos, de conformidad con el mencionado dispositivo 62 de la ley en cita, y en la jurisprudencia 814, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Bajo esa tesitura y como se dijo, en la especie se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el cardinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que textualmente establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la parte solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene destacar el contenido de los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que estatuyen: Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta." De la lectura de los anteriores preceptos legales, se desprende que la legislación en comento otorga a los quejosos un medio de defensa con el que pueden modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En efecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé un medio de defensa en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, el cual procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial. El objeto del recurso consiste en que el mismo juzgador que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. El recurso de revocación, debe interponerse oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a lo siguiente: Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición. Por lo que, al no haberse agotado dicho recurso previamente a la presentación de la demanda de amparo, impide al suscrito analizar la constitucionalidad del acto que se reclama, al no atender el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Esto es, si en el caso concreto la parte quejosa acude a esta instancia constitucional doliéndose de la determinación de seis de noviembre de dos mil veinte, por la cual la Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal, con residencia en esta ciudad, relevó del cargo al defensor de los acusados y los requirió para que designaran a uno diverso, es inconcuso que previamente a acudir al juicio de amparo debieron agotar el aludido medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, contenido en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria. Tiene aplicación a lo antedicho, la jurisprudencia 1a./J. 35/2020 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, página 2760 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro y texto: RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los órganos colegiados contendientes sostuvieron posturas encontradas respecto a qué debe entenderse por el referido requisito de procedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que las resoluciones "sin sustanciación" son aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial. Justificación: El citado artículo establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan "sin sustanciación". Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico." Por tanto, si los quejosos no controvirtieron el acto reclamado a través del medio ordinario que tenían a su alcance para lograr su revocación o modificación, el juicio de amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Además debe ponerse de relieve que sobre el acto que se combate no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a) El acto reclamo no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) El acto reclamado no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) La parte quejosa no es persona extraña al procedimiento, ya que uno de los solicitantes del amparo fungió como defensor en el juicio natural y la diversa quejosa, es una de las acusadas en dicha causa penal. Consecuentemente, al quedar demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. Finalmente, cabe señalar que este Juzgado de Distrito no soslaya el hecho de que a ************** y los agentes del Ministerio Público que intervienen en el proceso del que emana el acto reclamado, a quienes se les reconoció la calidad de terceros interesados en el presente juicio de amparo, aún no han sido emplazados; sin embargo, dado el sentido de la presente resolución, ninguna afectación a sus derechos fundamentales se les irrogan. De la misma manera, tampoco se inadvierte la jurisprudencia por contradicción de tesis 16/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO. SI EL TRIBUNAL QUE CONOCE DE LA REVISIÓN ADVIERTE LA EXISTENCIA DE ALGUNO AL QUE NO SE LE HA OÍDO EN EL JUICIO POR NO HABÉRSELE RECONOCIDO ESE CARÁCTER, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA RECURRIDA Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO."; en la que se dispone que debe ordenarse la reposición del procedimiento cuando se advierta la existencia de algún tercero interesado al que no se le haya reconocido esa calidad; pero, esa hipótesis no se actualiza en el caso, ya que sí se le reconoció el carácter de terceros interesados a los antes nombrados. Además, se advierte que las tesis que contendieron y que dieron origen a la jurisprudencia de referencia, trataron el tema de si debía sobreseerse en el juicio por la falta de señalamiento de los terceros interesados, o bien, el tribunal que conociera de la revisión debía ordenar la reposición del procedimiento para que oficiosamente se le llamara; supuesto que, como se dijo, no acontece en el caso, por lo que se estima que no es aplicable la jurisprudencia en cita.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de veinticinco de marzo del presente año, se reservó proveer respecto del reconocimiento de los terceros interesados hasta en tanto obraran en autos las constancias del juicio de origen; toda vez que ello ya aconteció, se levanta la reserva de marras y al efecto, se acuerda: De las documentales que remite la responsable Juez de Control del Juzgado de Oralidad en materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato con sede en esta ciudad, se advierte que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5°, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, le resulta el carácter de terceros interesados a *****************. En ese orden, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, así como en el diverso numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de aplicación supletoria requiérase al Juez de Control del Juzgado de Oralidad en materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días legalmente computado, informe: El domicilio que dentro de la causa penal ********** de su índice, tenga registrado de la parte ofendida ****************. El Agente del Ministerio Público que intervino en la causa penal de origen. Lo anterior a fin de que pueda ordenarse su emplazamiento al presente juicio constitucional, o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para informarlo; bajo apercibimiento que de ser omiso, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, en atención a lo dispuesto por el artículo 244 de la Ley de la Materia. Finalmente, para dar marguen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las diez horas con treinta y cuatro minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, para su celebración.
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