Daniel Alcántar Damián
Expediente 708/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 708/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Daniel Alcántar Damián
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de siete de julio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió, sin que lo haya hecho; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme. Háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que una vez realizada la consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes el expediente electrónico relativo al juicio de amparo indirecto 865/2022-III de la estadística del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre (recibido por incompetencia en auto de siete de los actuales), no fue relacionado con el presente expediente; por tanto, con todo comedimiento solicítese al homólogo federal para que, de no tener inconveniente legal alguno, relacione el expediente electrónico de referencia con el presente juicio de amparo, a fin de consultarlo electrónicamente y visualizar la totalidad de las constancias que obren en aquél.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS A LA PARTE QUEJOSA: Visto el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de cuatro de julio del año en curso, en el que el titular del órgano de su adscripción declaró su legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo promovida por *****************, en nombre y representación de *****************, contra actos del Juez de Control del Juzgado Penal de Oralidad de Uriangato, Guanajuato, y otras autoridades, remite: el juicio de amparo 865/2022-III de su índice; al respecto, se acuerda: a) Con apoyo en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 708/2022-V. b) Tomando en consideración que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo se acepta la competencia planteada y el suscrito se avoca al conocimiento del asunto. c) A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, en la especie el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, que en su orden estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." Como se desprende de la citada transcripción, el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona a quien perjudique el acto reclamado, esto es, quien haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución tutela mediante las garantías individuales, pudiendo hacerlo por sí o por su representante, o bien, tratándose de una causa criminal a través de su defensor o por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente. En el caso concreto, ********** manifestó en el proemio de la demanda de amparo que acude a esta instancia constitucional en nombre y representación de *****************, en términos del artículo 6, 14 y 15 de la Ley de Amparo, reclamando la orden de localización, presentación y/o aprehensión emitidas en su contra, con motivo de que el veintinueve de junio del año en curso, se presentaron en el domicilio de su progenitora unas personas en su búsqueda, con la intención de detenerlo, manifestando que eran agentes de investigación. Ahora, se tiene la certeza que por la naturaleza del juicio que nos ocupa existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover el juicio de amparo a nombre del quejoso, a saber: i) Cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 6 de la ley de la materia; ii) Por el defensor, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 14 de la Ley de Amparo); y, iii) Por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, siempre y cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para promoverlo, conforme lo dispone el artículo 15 de la ley de la materia. En el caso, se estima que el gestionante carece de legitimación para promover la demanda a nombre y en representación de *********************, porque: a. No acredita que tenga la calidad de representante legal o apoderado, en términos del artículo 6 de la ley de la materia; b. No tiene el carácter de defensor dentro de un procedimiento judicial; y, c. No están acreditados los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Acerca del primer supuesto, se afirma que no tiene la calidad de representante legal o apoderado, en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo, ya que el promovente no se ostentó con dicha carácter, sino únicamente ".en nombre y representación..." de ******************, además de que no exhibió ni hizo referencia en la demanda a ningún instrumento legal para justificar su representación. En lo que atañe al segundo de los supuestos, se asevera que no tiene el carácter de defensor dentro de un procedimiento judicial, ya que si bien en el proemio de la demanda hace referencia al artículo 14 de la Ley de Amparo, lo cierto es que no manifiesta bajo protesta de decir verdad que tenga el carácter de defensor del directo quejoso y mucho menos precisa ante que autoridad, como lo establece el indicado numeral que enseguida se transcribe: "Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribual (sic) que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente. Si el promovente del juicio posteriormente carece del carácter con el que se ostentó, el órgano jurisdiccional de amparo le impondrá una multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada y ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro de un término de tres días. Al ratificarse la demanda se tramitará el juicio, entendiéndose las diligencias directamente con el agraviado siempre en presencia de su defensor, ya sea de oficio o designado por él, mientras no constituya representante dentro del juicio de amparo. De lo contrario, la demanda se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efecto las providencias dictadas en el expediente principal y en el incidente de suspensión." Máxime que de los hechos narrados en la demanda de amparo no se advierte que actualmente el promovente ejerza la defensa de Daniel Alcantar Damián en algún proceso penal. Respecto del supuesto mencionado en último término, conviene transcribir el numeral 15 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que estatuye: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Fiscal General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." En el precepto de referencia se prevé una excepción al principio de instancia de parte agraviada previsto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6º de la Ley de Amparo, que implica que sólo la persona que se ve afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad puede instar el juicio de amparo en defensa de sus intereses, por sí o por conducto de su representante legal. Esto es, el numeral transcrito regula la posibilidad de que cualquier persona pueda promover un juicio de amparo indirecto a favor de otra, sin necesidad de ser su legítimo representante, siempre y cuando concurran dos requisitos: 1) que los actos reclamados sean de aquéllos expresamente indicados en el precepto en comento; y, 2) que el agraviado se encuentre imposibilitado para solicitar directamente la protección constitucional. A este respecto, se reitera, para que una persona pueda promover a favor de otra, necesariamente deben actualizarse ambas situaciones; es decir, no basta que se reclame alguno de los actos enumerados en ese dispositivo legal, sino que también se debe señalar, o cuando menos inferir de los hechos narrados en la demanda, que el agraviado está imposibilitado para promover por sí o por conducto de un representante legal; de igual forma, si el quejoso no puede promover por sí mismo, sólo puede actuarse en su nombre sin ser representante legal, en caso de que el acto reclamado encuadre en alguno de los mencionados en el citado numeral. Ahora bien, en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo el gestionante narra bajo protesta de decir verdad, que el veintinueve de junio de dos mil veintidós, se presentaron en el domicilio de la madre del directo quejoso unas personas en su búsqueda, quienes dijeron ser agentes de investigación, vestidos de civiles, sin saber a qué dependencia pertenecían, manifestándole a sus familiares que contaban con un orden de aprehensión o presentación emitida por el agente del Ministerio Público. De lo anteriormente narrado, se advierte que en el caso no se colman los requisitos establecidos en el artículo 15 de la ley de la materia, ya que tales manifestaciones evidencian que el acto reclamado versa sobre una orden de localización, presentación y/o aprehensión, y no de los previstos en el transcrito numeral 15 de la ley en comento. Además, tampoco se observa de la narración de hechos que el directo agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, pues del contexto íntegro del escrito no se pone de relieve dicha situación. En efecto, si de los antecedentes se advierte que el directamente agraviado se encuentra gozando de su libertad, dado que refiere temer ser privado de ella con motivo de los mandatos de captura que reclama, se estima que no se encuentra imposibilitado para promover la presente demanda constitucional, tal como lo dice el artículo 15 de la Ley de Amparo. Por tanto, como en la especie el promovente de la demanda de amparo no acredita ser el representante legal del directo agraviado, no tiene la calidad de defensor dentro de un procedimiento judicial, ni se colman los requisitos que prevé el artículo 15 de la Ley de Amparo, es inconcuso que carece de legitimación procesal activa para acudir a la presente instancia constitucional. Consecuentemente, al quedar demostrado que ******************carece de legitimación para promover la demanda a nombre de ******************, es inconcuso que con ello se surte la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 6°, ambos de la ley de la materia, este último aplicado a contrario sensu, dado que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí o por su representante o por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente. En mérito de lo expuesto, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la presente demanda. Tomando en consideración que el promovente solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado. Se tiene al promovente autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********* al contar con cedulas profesionales ***************, registradas en el sistemas computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a ***************, al no encontrase en ese supuesto. De conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, téngasele proponiendo como forma especial y expedita de contacto las direcciones de correo electrónico *************, así como los números telefónicos *************. En términos de la circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le permite el uso de aparatos como cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos dictados en el presente expediente. Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 39 y 40 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo; para tal efecto se le tiene proporcionando el nombre de usuario ************", dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.
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