Daniel Barbosa Chávez
Expediente 646/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 33 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 646/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 28/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Daniel Barbosa Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno que en lo conducente dice: Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que se hubiera recurrido el auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los juicios de amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Finalmente, con fundamento en artículo 21 del Capítulo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de noventa días contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente auto, se presente en el local que ocupa este Juzgado a recoger los documentos que acompañó a su demanda. Apercibimiento Apercíbase a la parte quejosa que, de no hacerlo, una vez que transcurra el término de tres años que establece el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, los documentos que exhibió en este juicio, se destruirán junto con este expediente. NP
- Principal
Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que se hubiera recurrido el auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los juicios de amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Finalmente, con fundamento en artículo 21 del Capítulo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de noventa días contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente auto, se presente en el local que ocupa este Juzgado a recoger los documentos que acompañó a su demanda. Apercibimiento Apercíbase a la parte quejosa que, de no hacerlo, una vez que transcurra el término de tres años que establece el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, los documentos que exhibió en este juicio, se destruirán junto con este expediente. NP
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte asesor jurídico el proveído de veintiocho de abril de dos mil veintiuno que en lo conducente dice: Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que trascurrió el plazo veinte días concedido a la parte quejosa en el auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, para que acreditara ante este Juzgado que procedió a la publicación de los edictos, sin que lo hubiese hecho. En efecto, por acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se tuvo como tercero interesado a María Eugenia Gasca Estrada, sin que haya sido posible emplazarla al presente asunto. Ante esta circunstancia se giraron oficios a diversas dependencias para que informaran el domicilio de la referida tercero interesada a efecto de emplazarla a juicio, sin que se obtuviera resultado favorable para ese efecto. Luego, el doce de febrero de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa para que proporcionara el domicilio actual y correcto de la nombrada tercero interesada, previo ordenar su emplazamiento por edictos; sin que la parte quejosa informará al respecto del domicilio de la citara María Eugenia Gasca Estrada. En virtud de lo anterior, por auto de cuatro de marzo del presente año, con fundamento en la fracción III, inciso b), segundo párrafo, del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordenó realizar el emplazamiento de la aludida tercero interesada por medio de edictos a costa de la parte quejosa, requiriendo a esta última para que compareciera ante este juzgado a recoger los edictos a fin de realizar el emplazamiento de que se trata, sin que a la fecha lo haya hecho o hubiere manifestación al respecto de su parte. Interpretación en abstracto del marco normativo. Efectivamente, la fracción III, inciso b) del artículo 27 de la Ley de Amparo dispone que si el domicilio de la tercero interesada resulta inexacto, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, impone al quejoso la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos a la tercero interesada. Caso concreto. En esta hipótesis, se advierte que en el presente asunto se han realizado las gestiones necesarias a fin de emplazar a la tercera interesada María Eugenia Gasca Estrada. Resulta evidente que el emplazamiento de la tercero interesada, que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, se condicionó a que la quejosa acudiera a este órgano jurisdiccional a recoger los edictos y acredite que procedió a entregarlos para su publicación. Así, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento de la parte tercero interesada, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 Constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídico procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones éstas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Por lo que, en atención a la contumacia en que incurrió la parte quejosa al no comparecer y entregar los edictos para su publicación a efecto de realizar el emplazamiento de la tercero interesada María Eugenia Gasca Estrada, impide cumplir con un presupuesto procesal que se erige con formalidad esencial del procedimiento, que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, con lo que se actualiza tal causa de sobreseimiento. Decisión. Por todo lo expuesto, en el caso opera la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en los diversos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, así como en el precepto 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que se sobresee en el presente juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable. Audiencia constitucional. En tales condiciones, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio, esto es, el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, a las nueve horas con veinte minutos.Notifíquese personalmente.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de veintiocho de abril de dos mil veintiuno que en lo conducente dice: Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que trascurrió el plazo veinte días concedido a la parte quejosa en el auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, para que acreditara ante este Juzgado que procedió a la publicación de los edictos, sin que lo hubiese hecho. En efecto, por acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se tuvo como tercero interesado a María Eugenia Gasca Estrada, sin que haya sido posible emplazarla al presente asunto. Ante esta circunstancia se giraron oficios a diversas dependencias para que informaran el domicilio de la referida tercero interesada a efecto de emplazarla a juicio, sin que se obtuviera resultado favorable para ese efecto. Luego, el doce de febrero de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa para que proporcionara el domicilio actual y correcto de la nombrada tercero interesada, previo ordenar su emplazamiento por edictos; sin que la parte quejosa informará al respecto del domicilio de la citara María Eugenia Gasca Estrada. En virtud de lo anterior, por auto de cuatro de marzo del presente año, con fundamento en la fracción III, inciso b), segundo párrafo, del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordenó realizar el emplazamiento de la aludida tercero interesada por medio de edictos a costa de la parte quejosa, requiriendo a esta última para que compareciera ante este juzgado a recoger los edictos a fin de realizar el emplazamiento de que se trata, sin que a la fecha lo haya hecho o hubiere manifestación al respecto de su parte. Interpretación en abstracto del marco normativo. Efectivamente, la fracción III, inciso b) del artículo 27 de la Ley de Amparo dispone que si el domicilio de la tercero interesada resulta inexacto, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, impone al quejoso la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos a la tercero interesada. Caso concreto. En esta hipótesis, se advierte que en el presente asunto se han realizado las gestiones necesarias a fin de emplazar a la tercera interesada María Eugenia Gasca Estrada. Resulta evidente que el emplazamiento de la tercero interesada, que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, se condicionó a que la quejosa acudiera a este órgano jurisdiccional a recoger los edictos y acredite que procedió a entregarlos para su publicación. Así, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento de la parte tercero interesada, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 Constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídico procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones éstas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Por lo que, en atención a la contumacia en que incurrió la parte quejosa al no comparecer y entregar los edictos para su publicación a efecto de realizar el emplazamiento de la tercero interesada María Eugenia Gasca Estrada, impide cumplir con un presupuesto procesal que se erige con formalidad esencial del procedimiento, que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, con lo que se actualiza tal causa de sobreseimiento. Decisión. Por todo lo expuesto, en el caso opera la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en los diversos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, así como en el precepto 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que se sobresee en el presente juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable. Audiencia constitucional. En tales condiciones, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio, esto es, el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, a las nueve horas con veinte minutos.Notifíquese personalmente.
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