Daniel Alvizu Rocha
Expediente 816/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 816/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Daniel Alvizu Rocha
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo de seis de noviembre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los juicios de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Archivo. Al no haber promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, se determina archivar el mismo como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente.
- Principal
Al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, como se ha visto, con fundamento en lo dispuesto por el diverso 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. No se soslaya que la parte quejosa hace valer aspectos relacionados con su situación de grupo vulnerable en el marco de la pandemia decretada como estado de emergencia sanitaria por propagación del virus COVID-19, lo cual le impide asistir a la asamblea contenida en la convocatoria reclamada. Sin embargo esa circunstancia no dota de facultades de imperio a las responsables ni otorga connotaciones de acto de autoridad a la convocatoria que se le reclama. Además, el desechamiento decretado se hace extensivo respecto de los actos reclamados de las autoridades responsables Gobierno del Estado de San Luis Potosí; Dirección de Seguridad Pública en el Estado de San Luis Potosí; Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS); y Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), toda vez que los actos que se les atribuyen derivan de la ejecución de la convocatoria para la celebración de la asamblea, respecto de la cual se desechó la demanda. Precisión. Finalmente, no pasa inadvertido para el suscrito la existencia de la jurisprudencia 54/2012, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO", por las siguientes razones. El indicado criterio jurisprudencial no puede adoptarse como regla general, es decir, que lo relativo a si el acto reclamado proviene o no de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, en todos los casos constituye un estudio impropio del auto de inicio. Lo anterior, en virtud de que dicho criterio fue objeto de denuncia en la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, en cuya ejecutoria medularmente determinó que las consideraciones que sustentan la contradicción de tesis 297/2011, que dio origen a la mencionada jurisprudencia 54/2012 (10a.), de ninguna manera sostienen que lo ahí resuelto sea aplicable, en forma generalizada, a cualquier juicio de amparo y que, por ende, nunca sea posible resolver en el auto inicial del juicio constitucional, si un acto reclamado tiene o no el carácter de autoritario. En cambio, la Segunda Sala clarificó que su intención al resolver la citada contradicción de tesis, no fue establecer que en dicha actuación los jueces siempre están impedidos para determinar que un acto proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sin importar el supuesto que se someta a su consideración; sino que señaló, que ello se advierte del propio texto de aquella ejecutoria, en la que en todo momento se delimitó que el punto de divergencia, se acotó a los supuestos que en concreto dieron origen a la contradicción de tesis 297/2011. Esto es, a los casos en los que en la demanda de amparo se señale como acto reclamado, específicamente, el "Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración, a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas", de diecinueve de enero de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de ese mes y año, atribuido al Secretario de Hacienda y Crédito Público. De tal forma que el examen relativo a si el auto inicial de la demanda de amparo es la actuación procesal oportuna para analizar de forma particular, si un acto reclamado proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo, no se llevó a cabo de manera abstracta y generalizada para todos los casos donde tenga que determinarse si el acto reclamado proviene de una autoridad. Con base en ello, se determinó declarar infundada la solicitud de sustitución, no obstante, con apoyo en el argumento de brindar mayor certeza jurídica a los particulares, así como a los órganos jurisdiccionales y a fin de que el rubro de la jurisprudencia 54/2012 (10a.) reflejara con toda concisión, congruencia y claridad la esencia de dicho criterio y facilitar su localización, la Segunda Sala determinó que era procedente aclarar tal criterio para quedar como sigue: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA." NP
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