Daniel Balderas Carrillo
Expediente 454/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 24 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 454/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 06/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Daniel Balderas Carrillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Visto el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, en atención a su contenido; con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copias certificadas de las constancias que indica, previa razón de recibo que se deje en autos.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de veinticuatro de agosto del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del citado Acuerdo, el presente expediente y el original del cuaderno incidental son susceptibles de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo, puesto que en el expediente principal se sobreseyó el juicio, y en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar provisional y definitiva. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Por otra parte, toda vez que obran documentos originales que se adjuntaron a la demanda de amparo, acorde con lo previsto en el párrafo tercero del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a la quejosa para dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a recogerlos; apercibida que de no hacerlo estos podrán ser destruidos junto con el expediente. En mérito de lo anterior, remítanse al juez responsable los tres tomos de pruebas que allegó a su informe justificado; se solicita acuse de recibo.
- Principal
A sus autos el oficio de cuenta por medio del cual el juez Tercero Civil de Partido en esta ciudad, remite las constancias resultado de la diligencia de devolución de bienes celebrada dentro de los autos de origen, el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, así como el acuerdo de aprobación de veintitrés siguiente. Con lo anterior, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo. El precepto legal enunciado, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Sustenta el anterior criterio la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal Se afirma lo anterior, en virtud de que, de un estudio integral de la demanda y anexo, se aprecia que en la presente instancia constitucional la parte quejosa reclamó del Juez Tercero Civil del Partido Judicial de Celaya y actuarios de la Oficina Central de Actuarios, la diligencia de embargo y desposeimiento de bienes muebles de nueve de mayo de dos mil dieciocho, llevada a cabo en el domicilio Pirules número 606, colonia Jardines de Celaya, Primera Sección, en esta ciudad, dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil ***. Ahora bien, de las constancias exhibidas por la responsable, las cuales adquieren valor probatorio, con apoyo en los ordinales 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, el juez responsable desaprobó la referida diligencia de embargo; asimismo, en auto de treinta de mayo del presente año, se requirió a la parte actora para que hiciera entrega de los bienes embargados; finalmente, el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, la actuaria adscrita a la central de actuarios, se constituyó en la calle ****, donde hizo constar, que se ingresaron a dicho domicilio, los bienes que fueron embargados el nueve de mayo de dos mil dieciocho; lo que pone de manifiesto que se materializó la entrega de los bienes embargados, restituyendo su derecho de posesión, provocando con ello que cesaran los efectos de la omisión tildada de inconstitucional. En atención a lo expuesto con antelación y tomando en cuenta que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al solicitante del amparo en el goce del derecho fundamental violado, se arriba a la conclusión de que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa. Sobre el particular, resulta orientadora la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Máxime, que de autos se advierte que el escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, en el que se desistió de la acción constitucional, bajo el argumento de que ya le había sido devueltos los bienes embargados. Por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por Daniel Balderas Carrillo, de conformidad con lo establecido por el artículo 63 fracción V, y numeral 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las diez horas con siete minutos del veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. Comuníquese el presente proveído a la autoridad responsable y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional.
- Principal
Prevención.
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