Daniel Ávila Martínez
Expediente 109/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 109/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Daniel Ávila Martínez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, en atención a su contenido, téngase a la oficiante informando que dicho juzgado de momento no insiste en proponer conflicto competencial, por lo que se avocó al conocimiento del juicio de amparo 453/2020-3 del índice de dicho órgano jurisdiccional. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso j) del citado Acuerdo General, el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción en el plazo de tres años, contado a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo, toda vez que este juzgado determinó carecer de competencia, es decir, no se entró al estudio del asunto.
- Principal
Recepción y registro de la demanda. Visto el oficio y anexos del juzgado Tercero de Distrito en el estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, mediante el cual declina la competencia para conocer del juicio de amparo promovido por *, en contra de actos del fiscal general del Estado de Guanajuato y otras autoridades, por considerar que este juzgado es el idóneo para conocer y resolver al respecto, y, al efecto remite expediente de amparo 453/2020-3 del índice de dicho órgano jurisdiccional, los cuadernos incidentales respectivos; original y copia del escrito inicial de demanda y una carpeta de investigación. Fórmese el cuaderno de amparo e intégrese el expediente electrónico con el registro número 109/2021-1. Análisis y determinación de la competencia planteada. Ahora, del análisis integral de la demanda se advierte que el juzgado oficiante remitió el ocurso de amparo en estudio al juez de Distrito en turno en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, y que correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, al estimar que carece de competencia legal para conocer del mismo, ya que aduce que los actos reclamados por el quejoso (ilegal orden de inscripción y/o alta de reporte de robo, así como el ilegal orden de aseguramiento ministerial del automotor materia del juicio de amparo), tendrá ejecución en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, en virtud de que ante el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Robo de vehículos 01 en Celaya, Guanajuato, se lleva una carpeta de investigación donde está involucrado el vehículo afecto, además que las autoridades ejecutoras residentes en la ciudad del juzgado remitente, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa, hasta ese momento, haya desvirtuado tal negativa. Citando la jurisprudencia 9/2001, del texto siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda." Además, el juzgado oficiante señaló que no obsta que el quejoso hubiera señalado como su domicilio en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, toda vez que el señalamiento de dicho domicilio fue únicamente para oír y recibir notificaciones; aunado a que del informe rendido por el agente del Ministerio Público de la unidad Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos 01 en Celaya, Guanajuato, dentro de la carpeta de investigación, no se advierte haya girado oficio de cooperación a alguna autoridad con residencia en esa entidad federativa. Por lo anterior, consideró que la competencia para conocer del amparo se surte a favor del juez de Distrito en turno, con residencia en Celaya, Guanajuato, pues estima se surte la hipótesis de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Sin embargo, respetuosamente, se disiente del criterio asumido por el órgano jurisdiccional declinante por lo que no se acepta la competencia planteada, por las siguientes consideraciones: Al efecto, resulta pertinente mencionar que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este precepto se obtienen tres reglas básicas que determinan la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: La regla inicial se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, y se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. La segunda previsión normativa, establece que en el caso de que el acto reclamado tenga ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. En el último párrafo del precepto en comento se establece la tercera regla, consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, se considera que si bien el aseguramiento del vehículo de motor materia del juicio de amparo, puede tener ejecución en esta ciudad, también lo es que puede tener ejecución en cualquier entidad federativa del país, pero principalmente en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, lugar en que ejerce jurisdicción la autoridad oficiante, de ahí que debe ser competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Se afirma lo anterior, pues, contrario a lo afirmado por la autoridad oficiante, el quejoso en su demanda de amparo fue claro en señalar que es originario y vecino de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, precisando como su domicilio particular el ubicado en * ciudad; siendo un diverso domicilio el que señaló para oír y recibir notificaciones * Incluso en la propia demanda refirió que es en esa entidad federativa de Hidalgo, es donde se encuentra el vehículo automotor que defiende, lo cual precisó en los siguientes términos: ".De las autoridades ejecutoras se reclama su ejecución y/o inminente cumplimiento en virtud de que el automotor materia de la molestia se encuentran en esta entidad, se reclaman todas las consecuencias que de hecho o derecho puedan derivar de los actos reclamados y que tiendan a lesionar mis derechos humanos y sus garantías." Sin que obste a lo anterior, que las autoridades ejecutoras de dicha entidad federativa de Hidalgo, hayan negado los actos atribuidos, pues tal negativa, a consideración del suscrito, se encuentra desvirtuada, con las documentales que adjuntó a su demanda el quejoso, como lo es la impresión del informe obtenido del portal de Internet del Registro Público Vehicular (REPUVE), al encontrarse publicada en una página de internet oficial del Gobierno Mexicano, la cual debe considerarse una instrumental con características de hecho notorio y merece valor probatorio, de conformidad con los artículos 88 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; documental de la que se advierte que el vehículo afecto a la litis tiene el mencionado reporte y que se encuentra en trámite la averiguación previa correspondiente. De ahí que es incontrovertible que ese medio probatorio, por las características mencionadas, es apto para acreditar la inminente ejecución del acto y, por ende, desvirtuar la negativa expuesta por la autoridad responsable en su informe respectivo. Apoya lo anterior, la tesis III.2o.P.89 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, consultable a página 1303, libro 25, diciembre de 2015, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR (REPUVE). SI SE PROMOVIÓ AMPARO CONTRA EL ASEGURAMIENTO MINISTERIAL DE UN AUTOMÓVIL Y LA DESPOSESIÓN MATERIAL DE ÉSTE POR CONTAR CON REPORTE DE ROBO Y SE ADJUNTA A LA DEMANDA EL INFORME OBTENIDO DEL PORTAL DE INTERNET DE AQUELLA DEPENDENCIA, EN EL QUE CONSTAN LA VIGENCIA DEL MENCIONADO REPORTE Y EL TRÁMITE DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA CORRESPONDIENTE, ESA INFORMACIÓN, AL TENER EL CARÁCTER DE INSTRUMENTAL CON PARTICULARIDADES DE HECHO NOTORIO, ES APTA PARA ACREDITAR LA INMINENTE EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE HAYA NEGADO SU EXISTENCIA AL RENDIR SU INFORME PREVIO. La información que proporciona el Registro Público Vehicular de la Secretaría de Gobernación (REPUVE), al encontrarse publicada en una página de Internet Oficial del Gobierno Mexicano, se considera una instrumental con características de hecho notorio y merece valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 88 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, si se promovió juicio de amparo contra el aseguramiento ministerial de un automóvil y la desposesión material de éste por contar con reporte de robo, adjuntándose a la demanda la prueba documental consistente en la impresión del informe obtenido del portal de Internet del Registro Público Vehicular (REPUVE), en el que se aprecia que el vehículo afecto a la litis tiene el mencionado reporte y que se encuentra en trámite la averiguación previa correspondiente, y al rendir el informe justificado, la autoridad responsable niega ese acto, es incontrovertible que ese medio probatorio, por las características mencionadas, es apto para acreditar la inminente ejecución del acto y, por ende, desvirtuar la negativa expuesta por la autoridad responsable en su informe previo. Lo anterior es así, en virtud de que al estar vigente el reporte de robo mencionado y encontrarse en trámite la integración de la indagatoria por la posible comisión de ese delito, ello pone de manifiesto la inminencia de la ejecución del acto que reclamó el quejoso, en tanto que puede ordenarse a la autoridad ejecutora residente en el lugar en el que se encuentre el vehículo, que despoje materialmente de éste al quejoso, en cumplimiento al aseguramiento decretado por el Ministerio Público." Sin que tampoco sea aplicable a la determinación adoptada por la autoridad oficiante el criterio jurisprudencia que invoca 9/2001, de rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE.", pues del propio contenido de la misma se advierte que es hasta que se desarrolle totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, cuando se puede declarar incompetente si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa; más aún que, como se precisó, con las documentales exhibidas por el quejoso, queda desvirtuada la negativa informada por las autoridades ejecutoras, en aquella entidad federativa de Hidalgo. Entonces si bien el aseguramiento del vehículo puede tener ejecución dentro de la jurisdicción de este juzgado, también lo es que la autoridad oficiante omitió observar que tal acto eventualmente se ejecutará o puede ejecutar en la ciudad de Pachuca Hidalgo, por ser donde materialmente está el vehículo, incluso dicho acto evidentemente puede ejecutarse en cualquier entidad federativa en la que la parte quejosa acuda en el citado vehículo, por lo que puede tener ejecución en más de un Distrito Judicial. En ese sentido, si la fijación de las reglas de competencia en el juicio de amparo tiene como propósito facilitar a las personas el acceso a la justicia, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en consecuencia, no resulta aceptable limitar a los quejoso a que, necesariamente, tramiten el juicio de amparo en el lugar donde se encuentre la carpeta de investigación, cuando sus efectos no se limitan a ese sitio e, incluso, es posible que ni siquiera radiquen o lleven a cabo ahí sus actividades ordinarias, lo que resultaría en detrimento de su derecho fundamental de acceso a la justicia; más cuando existen un grado de probabilidad alto que el acto reclamado necesariamente debe ejecutarse en cualquier entidad federativa donde el vehículo de motor sea revisado por agentes de Seguridad Pública de cualquier entidad federativa, por lo que con apoyo en el artículo 37, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, será competente el Juez de Distrito que prevenga en el conocimiento del asunto. De ahí, que si los actos reclamados pueden tener ejecución material en más de un distrito, por tanto, se insiste, es competente para conocer de la demanda de amparo, el juez que haya prevenido en el conocimiento, esto es, la juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con sede en la ciudad de Pachuca de Soto, en términos de la segunda regla del artículo 37 de la Ley de Amparo, por ser ante quien se presentó la demanda de amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 2/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, tomo I, abril de 1995, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS PUEDEN ACTUAR DENTRO DEL AMBITO TERRITORIAL EN QUE EJERCEN JURISDICCION LOS JUECES CONTENDIENTES, DEBE FINCARSE EN FAVOR DEL QUE PREVINO. Si las autoridades responsables señaladas como ejecutoras pueden actuar dentro de la jurisdicción territorial de cada uno de los juzgados de Distrito contendientes y, por ende, los actos reclamados pueden tener ejecución material dentro de esas jurisdicciones, bajo la premisa de que se trata de actos que requieren ejecución material, será competente para conocer de la demanda de amparo, cualquiera de ellos, a prevención, en términos del segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, el juez de Distrito que previno en el conocimiento de la demanda es quien debe continuar conociendo de ella." A mayor abundamiento debe precisarse que la parte quejosa, también reclama actos que no tienen ejecución material, pues se duele de la falta de notificación del reporte de robo del vehículo que defiende, así como la falta de llamamiento al procedimiento ministerial respectivo. Por lo que en el presente caso, si en la demanda de amparo se señalan una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que deben tener ejecución material, así como otros que no la requieren, por tanto, son competentes para conocer del asunto, en su integridad, tanto el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado, como aquel en cuya jurisdicción se presentó la demanda, respecto de los actos reclamados que no requieren Ante la falta de regulación expresa para ese tipo de supuestos, en el artículo 37 de la Ley de Amparo (pluralidad de actos), en observancia del principio pro persona, contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia, reconocido en el diverso numeral 17 de la referida carta magna, se concluye que la competencia se surte en favor del Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda, porque de acuerdo con el sentido y alcance del derecho humano mencionado, la circunstancia de que el quejoso haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicho justiciable, respecto del otro, dado que el promovente optó por acudir ante él y no con el otro. En tal sentido, al reclamarse también actos que no tienen ejecución corresponde conocer de la demanda al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto, por ser ante quien se presentó la demanda de amparo. Apoya lo anterior la tesis I.16o.A.9 K (10a.), sustentada por el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a página 1223, libro 25, diciembre de 2015, tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALE UNA PLURALIDAD DE ACTOS RECLAMADOS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRE UNO QUE DEBA TENER EJECUCIÓN MATERIAL, QUE INCLUSO YA SE EJECUTÓ, ASÍ COMO OTROS QUE NO LA REQUIERAN, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas de competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer del juicio en la materia, en razón del acto reclamado, a saber: a) si requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; b) si puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda; y, c) si no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, acorde con el contenido integral, armónico y coherente del precepto citado, aunado al principio de continencia de la causa, se colige que cuando en el amparo indirecto se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que deba tener ejecución material, que incluso ya se ejecutó, por ejemplo, la orden de bloqueo de una cuenta bancaria y su materialización, así como otros que no la requieran, en principio, serán competentes para conocer del asunto, en su integridad, tanto el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado, como aquel en cuya jurisdicción se presentó la demanda, respecto de los actos reclamados que no requieren ejecución material. Sin embargo, ante la falta de regulación expresa para ese tipo de supuestos, en observancia del principio pro persona, contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el diverso numeral 17 de la referida Carta Magna, se concluye que la competencia se surte en favor del Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda, porque de acuerdo con el sentido y alcance del derecho humano mencionado, la circunstancia de que el quejoso haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicha justiciable, respecto del otro, dado que el promovente optó por acudir ante él y no con el otro." En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se estima que el juez de Distrito declinante es el competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Daniel Ávila Martínez; por lo que no se acepta la competencia declinada y, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena comunicar esta determinación al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto. Mediante oficio remítanse los autos del expediente de amparo *, junto con los cuadernos incidentales, la copia de la demanda y anexos que adjuntó a la misma, así como la carpeta de investigación que remitió, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, solicitando el acuse de recibo en el que se informe sobre la determinación tomada al respecto. Domicilio y autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos restringidos a las personas que menciona, en virtud de no acreditar que tienen inscrita su cédula profesional federal en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, pues no proporcionó dato alguno al respecto. Toda vez que la quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado fuera de la jurisdicción de este juzgado federal, hágase esta notificación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista de conformidad con lo previsto por el artículo 27, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, resultando innecesario requerir a la solicitante del amparo que proporcione un domicilio en esta localidad, atendiendo al sentido de la determinación asumida en este proveído. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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