Daniel Arbona Perez
Expediente 369/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 369/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Daniel Arbona Perez
Actuaciones
- Principal
el proveído de treinta de octubre pasado que desechó la demanda de amparo; por tanto, con HA CAUSADO ESTADO. En ese tenor, se ordena archivar el presente asunto como concluido. En ese orden, se advierte que el pormovente exhibió documentos originales junto a su escrito de demanda; por tanto, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se dejan a su disposición en la secretaría de este juzgado, los cuales, previa cita, podrá comparecer a recoger ante este juzgado con identificación oficial, para lo cual se asentará razón de recibo. se hace del conocimiento del promovente que de no comparecer a recoger documentos dentro del término de noventa días, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente proveído, correrán la suerte del expediente cuando se efectúe la destrucción de éste, de conformidad con lo dispuesto en los puntos Décimo Primero
- Principal
"...Visto el escrito de demanda presentado por... en su carácter de albacea definitivo de la sucesión testamentaria del extinto... lo que acredita con la copia certificadas de la resolución de catorce de octubre de dos mil trece, emitida en el expediente de sucesión intestamentaria... del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Papantla, Veracruz, y con el acta de aceptación de cargo, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tecolutla, Veracruz, y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 5, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en ese sentido, se acuerda: Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 369/2020. Antes de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza a la Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio... Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que el acto que en esta vía constitucional se reclama es la negativa emitida mediante oficio 547/2020 signado por el Director del Departamento de Catastro del Ayuntamiento de Tecolutla, Veracruz, en la cual determina no dar de alta o realizar modificación catastral solicitada por el aquí quejoso. En el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." Del citado artículo se desprende que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, se surte la causa de improcedencia prevista en el mismo. Ello responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa y protección de los derechos humanos de los gobernados, por lo que antes de promoverlo el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos, a fin de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el constituyente permanente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y aquellas que son producto de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. Bajo esa premisa, resulta pertinente establecer que, la negativa emitida mediante oficio 547/2020 signado por el Director del Departamento de Catastro del Ayuntamiento de Tecolutla, Veracruz, en la cual determina no dar de alta o realizar modificación catastral solicitada por el aquí quejoso, se debió agotar, de manera optativa, el recurso de revocación o intentar el juicio contencioso, tal como lo prevé el artículo 260 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, que establece: "Artículo 260.- Los interesados afectados por los actos o resoluciones definitivos de las autoridades, así como por los dictados en el procedimiento administrativo de ejecución, podrán, a su elección, interponer el recurso de revocación previsto en este Código o intentar el juicio contencioso ante el Tribunal. El recurso de revocación tendrá por objeto que el superior jerárquico de la autoridad emisora confirme, modifique, revoque o anule el acto administrativo recurrido." Lo anterior, pues esa negativa fue emitida por una dependencia de la administración pública municipal y afecta el interés jurídico de su destinatario. En efecto, para poder optar entre dos supuestos, ambas deben encontrarse jurídica y materialmente al alcance de sus destinatarios; sin embargo, de no satisfacerse los elementos que permitan ejercer una de las dos opciones, debe agotarse el medio de defensa al alcance del justiciable. Por tanto, previo a la interposición del juicio de amparo indirecto, debía agotarse el medio ordinario establecido en la ley del acto por no exigir mayores requisitos para conceder la suspensión contra las resoluciones administrativas que los que establece la ley de amparo, de conformidad con los artículos 260 y 280 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz. Lo expuesto, evidencia la necesidad de agotar el recurso de revocación en contra de la negativa del Director de Catastro del Ayuntamiento de Tecolutla Veracruz, para dar trámite a la solicitud de la parte quejosa, previamente a la promoción del juicio de amparo, por ser el medio ordinario de defensa al alcance del gobernado. Recurso que suspende los efectos de los actos recurridos, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Lo que se advierte, al confrontar los artículos 128, 132 y 136 de la Ley de Amparo, con los diversos 305, 305 Bis, 306, 307, 308 y 309 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, preceptos que establecen: Ley de Amparo: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." "Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional." Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz: "Artículo 305. Iniciado el juicio contencioso administrativo, podrán decretarse todas las medidas cautelares necesarias o la suspensión del acto impugnado, para el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se dicte sentencia. No se otorgarán las medidas cautelares ni la suspensión, si se sigue perjuicio al interés público, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. La Sala Regional podrá decretar medidas cautelares positivas cuando, tratándose de situaciones jurídicas duraderas, se produzcan daños substanciales al actor o una lesión importante del derecho que pretende, por el simple transcurso del tiempo. Las medidas cautelares y la suspensión del acto impugnado se decretarán de plano por la Sala Regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda y podrá solicitarlas el actor en el escrito de demanda, o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el juicio ante la Sala Regional que conozca del asunto. Cuando se otorguen las medidas cautelares o la suspensión del acto, se comunicarán sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento." La suspensión podrá ser revocada o modificada por la sala, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días, si varían las condiciones en las cuales se otorgó." "Artículo 307. Tratándose de multas, impuestos, derechos o cualquier otro concepto que de conformidad con las leyes sea considerado crédito fiscal, la Sala podrá conceder la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución. Cuando de conformidad con las leyes fuere necesario garantizar el interés fiscal, la suspensión del acto reclamado se concederá, una vez que éste se encuentre debidamente garantizado, en cualquiera de las formas que se establecen en las disposiciones fiscales relativas, a menos que la garantía se hubiese constituido de antemano ante la autoridad demandada. No obstante lo anterior, la Sala que conozca del asunto podrá conceder dicha suspensión sin necesidad de que se garantice el interés fiscal, por notoria insuficiencia económica del demandante." "Artículo 308. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtuviere sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, la Sala que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero otorga, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación y para pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el actor." "Artículo 309. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma que no impida la continuación del procedimiento administrativo en el que se haya emitido el acto impugnado hasta dictarse resolución que ponga fin al mismo, a no ser que la continuación del procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al actor." "Artículo 310. El acuerdo en el que se conceda la suspensión del acto impugnado, surtirá sus efectos desde la fecha de su otorgamiento y tendrá vigencia incluso durante la substanciación del recurso de revisión ante la Sala Superior del Tribunal. El acuerdo en que se niegue la suspensión dejará expedita la facultad de la autoridad demandada para la ejecución del acto impugnado, aún cuando se interponga el recurso de revisión; pero si la Sala Superior revoca el acuerdo recurrido y concede la suspensión, esta surtirá sus efectos de manera inmediata." Como se advierte, tanto el artículo 128 de la Ley de Amparo como del diverso numeral 305 Bis del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, prevén la suspensión a petición de parte, condicionando su procedencia a que "no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público". Por su parte, lo expuesto por el legislador en los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo, medularmente coinciden con lo expuesto en los artículos 308 y 310 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, pues en ambos casos se contempla el otorgamiento de garantía ante el riesgo de afectar a un tercero y se prevé que la suspensión surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo. Lo que evidencia, que el Código en estudio no exige mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva. Además, en el presente caso, la emisión del oficio signado por el Director del Departamento de Catastro del Ayuntamiento de Tecolutla, Veracruz, en donde se niega a realizar el trámite de cambio de datos catastrales respecto del inmueble del que el quejoso aduce le pertenece, no carece de fundamentación, por lo que no se actualiza la excepción establecida en el último párrafo de la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en su imposición se citaron los artículos 28, 42 y 46, fracción IV, de la Ley 42 de Catastro, así como 71 del Código Número 302 Hacendario para el Estado de Veracruz. En relación a que solo se hubieren alegado violaciones directas a la constitución, debe precisarse que dicha excepción al principio de definitividad, tampoco se actualiza, pues en el presente caso el quejoso señaló que la autoridad no funda ni motiva la respuesta; lo que evidencia que no se alegaron únicamente violaciones directas a la constitución, sino también cuestiones de legalidad. Además, al tratarse de una negativa impuesta por autoridad administrativa en relación con la petición realizada por el quejoso, no puede considerarse que el gobernado tenga el carácter de tercero extraño. Por tanto, al no existir alguna excepción al principio de definitividad, debe concluirse que la parte quejosa debió agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, el recurso de revocación en contra de la negativa de realizar el trámite de cambio de datos catastrales respecto del inmueble del quejoso. En esa tesitura, toda vez que se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en los artículos 113, 61, fracción XX, en relación con el 107 de la Ley de Amparo, así como 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos SE DESECHA DE PLANO por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata..."
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