Dámaso Vargas Cordero

Expediente 82/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
82/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
12/03/2021

Partes del expediente

  • Dámaso Vargas Cordero
  • Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad

Actuaciones

  1. Principal

    "... Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que el promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En ese tenor, se ordena archivar el presente asunto como concluido. ,sin necesidad de agregarles certificación alguna.

  2. Principal

    RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y registrarlo en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 82/2021-II-A. DESECHAMIENTO Antes de proveer lo pertinente, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de la Materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al juez federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada; de esa manera, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia 748, del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 504, tomo VI, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 1995, de rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión interpreta que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, además, que este motivo sea: Manifiesto; e Indudable. Lo manifiesto es aquello que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; precepto que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." En primer término, es pertinente dejar asentado, que dentro del cuerpo de principios fundamentales que rigen este medio de control constitucional, existe el denominado principio de definitividad consagrado en las fracciones III, inciso a) y IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es importante mencionar que el principio de definitividad se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. El principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría la índole jurídica del segundo, al considerarlo como un medio común de defensa, toda vez que si el amparo es el arma jurídica suprema de que dispone la persona para proteger sus derechos humanos contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado, si su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, es lógico que, antes de intentarlo se deduzcan por el interesado todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación del acto reclamado que sólo se ataca directamente, en su origen, en sí mismo, por nuestra institución controladora, cuando la legislación que lo norma no brinda a la parte afectada ningún medio legal de reparación, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio, como puede ser la hipótesis contemplada en la fracción VII, del artículo 107 de nuestra Carta Magna, o bien que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese orden de ideas, del precepto legal transcrito, para que se actualice tal causa de improcedencia, se advierten las siguientes hipótesis: a) Que se trate de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo. b) Que respecto de las mismas la ley conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. c) No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, cuando el juicio de amparo sea promovido por persona extraña al juicio del que derivan los actos reclamados. d) Igualmente, no existe obligación de agotar dichos recursos, si el acto reclamado importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. En el caso particular, se advierte que la parte quejosa reclama del juez señalado como responsable, el auto de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, dictado dentro ordinario civil *-**-*-*-*del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, en el que determinó que los datos proporcionados por el aquí quejoso eran insuficientes para decretar una medida precautoria en términos del artículo 183 del Código de Procedimientos Civiles (acto reclamado). Expuesto lo anterior, debe decirse que dicho acto reclamado, se trata de un auto contra el cual, dada su naturaleza, procede un recurso ordinario, en concreto, el de apelación previsto en el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, mediante el cual puede revocarse o modificarse el acto reclamado. Bajo ese contexto, como se adelantó, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado puede ser impugnado a través del recurso de apelación previsto en el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Cabe precisar que el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, establece textualmente lo siguiente: "ARTICULO 509 El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia. -Énfasis añadido-" En la transcripción anterior, se observa que los autos que causan daño irreparable en la sentencia pueden ser revocados o modificados por el Juez que los dicta, para lo cual la legislación procesal civil contempla como medio de defensa el recurso de apelación, el cual puede pedirse en el acto de la notificación, o bien, por escrito dentro del término de cinco días si se tratare de sentencia, o dentro de tres si fuere auto. En esas condiciones, conviene precisar que la substanciación del medio de defensa de mérito se encuentra prevista en los diversos numerales 510, 512, 514, último párrafo, 515, 516 y 517 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que establecen: "ARTICULO 510. Pueden apelar: el litigante, si creyere haber recibido algún agravio; los terceros que hayan salido al juicio y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; pero el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas, si puede hacerlo." "ARTICULO 512. La apelación debe interponerse por escrito o verbalmente en el acto de notificarse, ante el Juez que pronunció la resolución; cuando sea por escrito, dentro de cinco días si se tratare de sentencia, o dentro de tres si fuere auto." "ARTÍCULO 514. [.] Se suplirá la deficiencia en la expresión de los agravios, cuando puedan afectarse derechos de menores o incapaces, así como en materia familiar." "ARTICULO 515. Interpuesta una apelación el juez la admitirá sin substanciación alguna, si fuere procedente, expresando si la admite en ambos efectos o en uno sólo." "ARTICULO 516. El recurso de apelación procede en un solo efecto y en ambos efectos. En el primer caso no se suspende la prosecución del juicio, y en el segundo, se suspende la ejecución de la sentencia, hasta que ésta cause ejecutoria, o la tramitación del juicio cuando se haya interpuesto contra un auto..." "ARTICULO 517. Se admitirán en ambos efectos las apelaciones que se interpongan: I. De las sentencias; II. De los autos que paralizan o ponen término al juicio, haciendo imposible su terminación; III. De otras resoluciones que especifique la ley." De los preceptos anteriores se advierte que las partes en el juicio civil pueden interponer el recurso de apelación en contra de sentencias, autos que resuelvan un incidente y aquéllos que causan un daño irreparable en la sentencia, en los términos que establece el propio Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. En esa tesitura, puede apelar el litigante, si creyere haber recibido algún agravio, expresando el motivo que originó la inconformidad, e inclusive, el ordenamiento legal en cita prevé que, en los casos en que pudiera afectarse derechos de menores o incapaces, así como en materia familiar, el Tribunal de Alzada suplirá la deficiencia en la expresión de los agravios. De modo que, si el solicitante de la protección constitucional pretende combatir el proveído de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, es inconcuso que debió interponer, previamente a instar el juicio constitucional, el recurso de apelación, el cual, de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, constituye el medio ordinario de defensa idóneo para modificar o revocar el auto de que se duele el impetrante. Ello es así, puesto que se estima que el acto reclamado, consistente en el proveído de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, podría causar al quejoso un agravio que no es reparable en la sentencia que dirima el fondo del asunto, con base en lo dispuesto por el artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Bajo ese orden de ideas, como se anticipó, el presente juicio deviene improcedente respecto al acto reclamado consistente en el auto de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio ordinario civil 172/2020 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, donde determinó que los datos proporcionados por el aquí quejoso eran insuficientes para decretar una medida precautoria en términos del artículo 183 del Código de Procedimientos Civiles, en virtud de que en contra de dicho auto procede el recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, el cual debió agotar la parte quejosa, ya que dicho recurso ordinario es susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama en la demanda de amparo y, por ende, sus consecuencias; en esa tesitura, al no haber agotado dicho medio de defensa antes de acudir a este medio de control constitucional, se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de la materia. Además, cabe puntualizar que no se actualiza ningún caso de excepción al principio de definitividad, dado que a la quejosa no le reviste el carácter de tercera extraña, en razón de que la misma es parte actora en el juicio ordinario civil 172/2020, aunado a que tampoco se encuentra en las diversas hipótesis de excepción establecidas en los incisos a), b) y d) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que se trata de una resolución emitida por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, respecto de la cual la ley concede el recurso de apelación y no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Sin que pase inadvertido que el quejoso cita la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 2, página 990, de registro digital 2004677, de epígrafe siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO." Dado que, el criterio citado por el quejoso se estima inaplicable al caso, porque en la jurisprudencia de mérito se consideró que se actualiza una excepción al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, en los casos que esté involucrado un menor de edad, siempre y cuando: a) de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita la suspensión del acto, y; b) cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada. De ahí que, si bien es cierto que la apelación en contra del precitado auto de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, procede en efecto devolutivo, sin suspender el procedimiento, y que con ello se colma el primer requisito; también lo es que, ninguna de las partes en el presente juicio constitucional alegó que la resolución reclamada puede producir un riesgo para los menores involucrados en el contradictorio de origen; de ahí la inaplicabilidad de la jurisprudencia de mérito. No obsta a lo anterior, el hecho de que el acto reclamado implique una ejecución irreparable y que en el caso pudieran estar involucrados derechos de menores de edad, ya que la irreparabilidad del acto y el deber de respetar el interés superior de los infantes no llegan al extremo de soslayar cuestiones de procedencia haciendo procedente lo que técnica y jurídicamente no lo es; todo ello, bajo el entendido de que el interés superior del menor, sólo implica adoptar las medidas necesarias e idóneas en pro del bienestar de los infantes, pero siempre respetando los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, que deben prevalecer en toda determinación judicial. Sirve de apoyo a lo aquí considerado, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, diciembre de 2013, Tomo I, página 350, registro 2005039, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, consultable en la página 2377, Tomo 3, Libro V, Febrero de 2012, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE OBSERVARSE AUN TRATÁNDOSE DE ACTOS QUE TENGAN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, COMO EN EL CASO DE LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE SOBRE LA CONVIVENCIA DEL MENOR CON UNO DE SUS PROGENITORES. El hecho de que la resolución que decreta un régimen provisional de convivencia del menor con uno de sus progenitores sea de ejecución irreparable, no exime al otro de interponer el recurso procedente en su contra, puesto que la característica de irreparabilidad del acto no está comprendida entre las excepciones al principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, previstas por los artículos 107, fracciones III, IV y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracciones XII, XIII y XV, de la Ley de Amparo. Esta situación, en alguna medida, se refuerza, incluso, con el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 41/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, agosto de 2001, página 101, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES.", puesto que apreciada dicha tesis en sentido contrario, implica la obligación de cumplir con el citado principio cuando el acto de índole familiar sea de ejecución irreparable." En ese sentido, se concluye que la quejosa debió interponer, previo al juicio de amparo, el recurso ordinario de apelación contra el acto aquí reclamado, esto es, debió agotar el citado recurso en acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio constitucional. De ahí, la necesidad de que la quejosa lo agotara antes de la interposición del juicio de amparo, en observancia al señalado principio, pues la ley expresamente prevé el recurso de apelación en el artículo 509 del Código Procesal Civil para el Estado de Veracruz, el cual la puede nulificar, modificar o revocar. En consecuencia, al no haber cumplido el quejoso con el principio de definitivita, con fundamento en lo previsto en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada..."

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