Daniel Antonio Torres Sosa

Expediente 699/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
699/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
30/08/2018

Partes del expediente

  • Daniel Antonio Torres Sosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el proveído de siete de agosto del presente año, dictado en este juicio de amparo, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, se declara que el referido proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por último, al no haber razón para que continúe en la secretaría de este Juzgado, el anexo que la Juez responsable remitió en apoyo a su informe justificado (foja 66); por tanto, devuélvasele sin necesidad de solicitarle el acuse de recibo correspondiente ya que se trata de copia certificada. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFPORMDIAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, siete de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, al respecto se acuerda: glósese al presente expediente para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Magistrado Tercero y Presidente de la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento de diecisiete de julio último (foja 85) reiterado el veinte y veintisiete del mismo mes, remite la copia certificada relativa al acuerdo de tres de agosto de dos mil dieciocho, dictado en autos del toca penal 165/2018 de su índice, con el que acredita a este órgano de control constitucional, la determinación adoptada respecto del recurso de apelación interpuesto por el Defensor de oficio adscrito al Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en contra del auto de formal prisión dictado el trece de mayo del año en curso, en autos de la causa penal 11/2018. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad agregadas a este expediente el tres y doce de julio de dos mil dieciocho, así como la que hoy se agrega a los autos, documentales a la que se les confiere valor probatorio conforme a lo establecido en los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2° de esta última, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIX, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, el citado precepto legal establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. [.]" De la transcripción anterior se advierte que, los elementos de la hipótesis contenida en dicha norma son: a) Paralelamente a la promoción del juicio de amparo, debe estar en trámite un recurso o medio ordinario de defensa con el que se pueda obtener la revocación, modificación o nulificación del acto reclamado. b) El recurso o medio de defensa debe ser interpuesto por el propio quejoso; y, c) Tal recurso o medio de defensa debe ser susceptible de modificar o revocar el acto reclamado. De lo anterior, se observa que la causa de improcedencia del juicio de amparo antes señalada no admite la posibilidad de que coexistan el juicio constitucional y los recursos o medios de defensa ordinarios; es decir, que puedan hacerse valer simultáneamente, sólo se permite: I. El ejercicio de una vía, que excluye a la otra; o, II. El ejercicio de ambas vías, pero no simultáneo, sino en todo caso, sucesivo, lo que se actualiza cuando el interesado opta por interponer el recurso o medio de defensa ordinario, por lo cual debe agotar todas las instancias ordinarias subsecuentes y esperar a que éstas sean resueltas en definitiva, para después tener la oportunidad de combatir en la vía constitucional la resolución correspondiente, si tal resolución le fuera desfavorable. En efecto, respecto del acto reclamado que el quejoso hace consistir en el auto de formal prisión dictado en su contra el trece de mayo de dos mil dieciocho, en la causa penal 11/2018, como probable responsable de los delitos de fraude y usurpación de profesión, la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, mediante oficio 1196 presentado el once de julio último, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que el defensor público del procesado, aquí quejoso, interpuso recurso de apelación contra la referida resolución que, se reitera, constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional; asimismo, informó que el nueve de julio del año en curso, se remitieron las constancias de la causa penal de origen al Tribunal Superior de Justicia para la substanciación de dicho medio de impugnación. Lo anterior es así, puesto que de la copia certificada derivada del toca penal 165/2018 de cuenta, así como de las constancias que la responsable Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad adjunto a su informe de ley, se advierte lo siguiente: 1. El trece de mayo de dos mil dieciocho, en autos de la causa penal 11/2018 del índice del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad (fojas 26 a 65), se decretó auto de formal prisión en contra del procesado, aquí quejoso. 2. Inconforme con esta determinación, el aquí impetrante del amparo, por conducto de su defensor público, interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido a trámite el diecinueve de junio de dos mil dieciocho, según lo informado por la autoridad responsable por oficio recibido el once de julio de dos mil dieciocho (foja 75). 3. El tres de agosto actual, entre otros puntos, la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, tuvo por recibido de la responsable Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, el oficio 1193 de nueve de julio último, con el que remitió las copias certificadas de la causa penal 11/2018, para la substanciación del recurso de apelación interpuesto por la defensora del aquí quejoso, en contra del auto de formal prisión que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional (fojas 111 y 112). Tales constancias hacen prueba plena al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 2° de la propia ley, y tienen la eficacia convictiva suficiente para demostrar los dos primeros elementos precisados; es decir, que se encuentra "tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal y que éste fue propuesto por el quejoso." De igual forma, se colma la exigencia señalada, en el inciso c), relativo a que el recurso o medio de defensa puede ser susceptible de modificar o revocar el acto reclamado, pues a través del citado recurso de apelación, el auto de formal prisión de trece de mayo de dos mil dieciocho, puede ser modificado o revocado al resolverse a favor del solicitante de amparo; lo anterior de conformidad con el artículo 380 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Yucatán, que precisa lo siguiente: "Artículo 380. El recurso de apelación tiene por objeto estudiar la legalidad de la resolución impugnada, para establecer, en consecuencia, que no se aplicó la ley correspondiente o se aplicó ésta inexactamente, si no se violaron las reglas de valoración de la prueba, si la resolución es contraria a las constancias de autos o no se fundó o motivó correctamente, con la finalidad de que el Tribunal de segunda instancia, confirme, revoque o modifique la resolución apelada." Apoya a lo anterior la jurisprudencia P./J. 144/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, diciembre de dos mil, visible en la página 15, que dice: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Por ende, como el auto de formal prisión de trece de mayo del año en curso reclamado en esta vía de amparo, se encuentra sujeto a lo que resuelva el Tribunal de Alzada, en el recurso de apelación; es inconcuso que el presente juicio de amparo es improcedente. Resulta aplicable la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, III, Segunda Parte-2, enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, visible en la página 1011, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR ENCONTRARSE PENDIENTE UN RECURSO O DEFENSA LEGAL INTERPUESTO CONTRA EL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo preceptuado por el artículo 73, fracción XIV, de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, éste resulta improcedente cuando se está tramitando, después de la presentación de la demanda y antes de que se falle el amparo, algún recurso o defensa legal propuesto por el quejoso ante los tribunales ordinarios, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado." Bajo esa óptica jurídica, es innegable que en el caso concreto, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIX de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada ley, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, no se opone a la presente determinación, la circunstancia de que hasta este momento procesal no se haya emplazado a juicio a la tercera interesada Cecilia Mercedes Cauich Cauich, dado que en la especie se actualiza una causa de sobreseimiento, lo que redunda en una pronta impartición de justicia que, lejos de perjudicarla, la beneficia al permanecer el estado de seguridad jurídica que guardaba antes de la promoción de este juicio. Lo anterior, encuentra sustento, por analogía de razón, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 45, tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 196912, que dice: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÍA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado". En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del veinte de agosto del año en curso, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese, haciéndolo personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de julio de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio y anexo de cuenta, del Secretario de Acuerdos y Encargado de la Oficina de la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por vacaciones de los Magistrados que la integran, que remite con relación al requerimiento realizado el veinte del actual mes (foja 97). Ahora bien, por cuanto dicha autoridad manifiesta que las copias certificadas de la causa penal de origen 11/2018, que le remitiera la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, para la sustanciación del recurso de apelación interpuesto por la defensa del aquí quejoso, en contra del auto de formal prisión emitido el trece de mayo último, en autos de la referida causa penal, se encuentran en revisión, para posteriormente en sesión remitirlas a la Sala Colegiada competente que conocerá de ese medio de impugnación, ya que los Magistrados integrantes de la referida Sala se reincorporan a sus labores el uno de agosto próximo; al respecto, se acuerda: Dígase a la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Entidad, que dentro de los tres días hábiles siguientes al uno de agosto del presente año -fecha en que se incorporan nuevamente a sus funciones los Magistrados que la integran-, cumpla con lo ordenado en auto de diecisiete de los corrientes, reiterado el veinte siguiente; quedando subsistente el apercibimiento realizado sobre esa solicitud. Por otra parte, toda vez que la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, residente en esta capital, no ha dado cumplimiento al requerimiento que se le hizo por acuerdo de dieciocho de julio que transcurre (foja 90); por tanto, gíresele nuevo oficio solicitándole que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al en que quede notificada de la presente, dé cumplimiento ahí lo ordenado; en el entendido que el apercibimiento que al caso se le formuló continúa vigente. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de julio de dos mil dieciocho. Vista la constancia levantada el dieciocho del actual mes, por el actuario de la adscripción, de la que se advierte no le fue posible entregar el oficio 19250/2018-VI-B, dirigido al Tribunal Superior de Justicia del Estado, ya que al constituirse a sus oficinas, personal de la secretaría general de acuerdos de dicha dependencia, le informó que debe ser dirigido a la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Entidad; al respecto; SE ACUERDA: Atenta la información proporcionada al fedatario judicial adscrito, gírese oficio a la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al que se adjuntará copia autorizada el acuerdo de diecisiete del actual mes, a fin de que se encuentre en aptitud de dar observancia a lo ahí ordenado. Mientras tanto, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las diez horas con treinta minutos del veinte de agosto del presente año, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

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