Daniel Alfredo Quintana Salinas
Expediente 1490/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1490/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Magda Victoria Acosta Fernandez-Getino
- Daniel Alfredo Quintana Salinas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
ELECT Mérida, Yucatán, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el veintinueve de julio de dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la sentencia señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios por medio de los cuales se notificó la resolución de que se trata a las autoridades responsables foráneas. Ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades señaladas como responsables. Y en relación a dichas autoridades, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado. Hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un fallo en el que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las autoridades en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que no obstante que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio; sin embargo, en virtud de que en el mismo se concedió una medida cautelar, pues se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados, lo procedente es declarar el presente juicio de amparo como susceptible de depuración. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
NOT ELECT VISTO, para resolver el juicio de amparo 1490/2022-II-A, promovido por ********************,********************, ********************e ******************** y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, turnado el mismo día a este Juzgado, ********************,********************, ********************e ********************solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclamaron a las siguientes autoridades: 1.- Comisionado del Instituto Nacional de Migración. 2.- Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración. 3.- Director General de Regulación y Archivo Migratorio del Instituto Nacional de Migración. 4.- Director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración. 5.- Director General de Coordinación de Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración. 6.- Dirección General de Protección al Migrante y Vinculación del Instituto Nacional de Migración. Todos con sede en la Ciudad de México. 7.- Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Yucatán. 8.- Encargado de la Estación Migratoria de Mérida del Instituto Nacional de Migración. 9.- Delegado Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial (en su correcta denominación). 10.- Director de la Policía Estatal de Investigación (en su correcta denominación). 11.- Policía Municipal de Mérida. Todos con sede en la ciudad de Mérida. SEGUNDO. Admisión de demanda. Por auto de catorce de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda; se concedió la suspensión de plano delos actos reclamados; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó dar al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal que le competía y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento anticipado, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 49 en relación con el 57 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama de las responsables, lo siguiente: Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento con motivo de la detención con fines de deportación, expulsión o repatriación de los quejosos. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables: 1.- Comisionado del Instituto Nacional de Migración, (promoción 15917). 2.- Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, (promoción 15917). 3.- Director General de Regulación y Archivo Migratorio del Instituto Nacional de Migración, (promoción 15917). 4.- Director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, (promoción 15917). 5.- Director General de Coordinación de Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración, (promoción 15917). 6.- Dirección General de Protección al Migrante y Vinculación del Instituto Nacional de Migración, (promoción 15917). Todos con sede en la Ciudad de México. 7.- Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Yucatán, (promoción 13990). 8.- Encargado de la Estación Migratoria de Mérida del Instituto Nacional de Migración, (promoción 13990). 9.- Delegado Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial, (promociones 13942 y 13940). 10.- Director de la Policía Estatal de Investigación, (promoción 13934). 11.- Policía Municipal de Mérida, (promociones 13977 y 13976). Todos con sede en la ciudad de Mérida. Toda vez que así lo manifestaron al rendir sus correspondientes informes justificados, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa con prueba en contrario. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, por falta de materia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ********************,********************, ********************E ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclamaron al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, Director General de Regulación y Archivo Migratorio del Instituto Nacional de Migración, Director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, Director General de Coordinación de Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración y Dirección General de Protección al Migrante y Vinculación del Instituto Nacional de Migración, todas con sede en la Ciudad de México, así como al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Yucatán, Encargado de la Estación Migratoria de Mérida del Instituto Nacional de Migración, Delegado Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial, Director de la Policía Estatal de Investigación y Policía Municipal de Mérida, todos con sede en la ciudad de Mérida, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: toda vez que hasta la presente fecha la autoridad responsable Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México, no ha rendido su correspondiente informe justificado en el presente asunto, ni obra en autos la tarjeta de acuse de recibo correspondiente al oficio 5537/2022-V-A por medio del cual se requirió dicho informe (reexpedidos mediante diversos oficios número (17961/2022-V-A y 18135/2021-V-A). En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las nueve horas con veintinueve minutos del doce de agosto de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe rendido por la delegada en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, de la responsable Gobernador del Estado, relacionado con las gestiones que ha llevado a cabo a fin de dar cumplimiento a la medida cautelar dictada en estos autos a favor de la parte menor quejosa. Dándose por enterado de lo anterior este Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
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