Daniel Antonio Oropeza Herverth

Expediente 260/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
260/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
14/01/2021

Partes del expediente

  • Daniel Antonio Oropeza Herverth
  • Juez Mixto de Primera Instancia en Tamazunchale, San Luis Potosí

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, catorce de enero de dos mil veintiuno. Téngase recibido el oficio signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, con sede en Tamazunchale, San Luis Potosí, en el que acusa recibo del diverso **************, por el cual se le devolvieron las constancias que acompañó a su informe justificado; en tal virtud, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, agréguese a los autos para que obre como corresponda. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil veinte, que sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo segundo, en relación con el numeral 86 de la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Y ARCHIVO Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL CUADERNO PRINCIPAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo el plazo de conservación y transcurrido el plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula de este expediente, que es susceptible de destrucción y la fecha en que se ordena el archivo, ello conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención de las constancias que acompañó a su informe justificado el Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en Tamazunchale, San Luis Potosí, que obran por separado como anexo uno; por tanto, devuélvanse y solicítese se sirva acusar recibo, previo glose de la portada del citado anexo formado con el referido expediente. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de octubre de dos mil veinte. Visto el estado de autos, se advierte que el veintisiete de octubre del año en curso se dictó sentencia en el presente juicio de garantías, sin que la misma se hubiere realizado la notificación electrónica al impetrante Daniel Antonio Oropeza Hervert por conducto de su apoderado legal Andrés Escareño Barrera, cuyo usuario es AEscarenoB, a quien se autorizó en proveído de veinticuatro de septiembre pasado para recibir notificaciones electrónicas; en tal virtud, túrnense los autos a la actuaria de la adscripción a fin de que efectúe la notificación vía electrónica a la parte quejosa, del fallo en mención. Notifíquese. En atención se notifica de manera electrónica la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil veinte, que dice: V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 260/2020-II, promovido por **, en su carácter de apoderado legal de ...., en contra del acto que reclama del Juzgado Mixto de Primera Instancia con residencia en Tamazunchale, San Luis Potosí, que considera vulnera su derecho fundamental contemplado en los artículos 1, 14, 16, 17, 39, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O: Primero. ***, en su carácter de apoderado legal de ...., mediante escrito presentado en línea a través del portal del Consejo de la Judicatura Federal el veintisiete de agosto de dos mil veinte y al día siguiente recibido en la Oficialía de Partes de Juzgado de Distrito, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por el acto que a continuación se precisan: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. 1.- JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA CON RESIDENCIA EN TAMAZUNCHALE, SAN LUIS POTOSÍ, con domicilio en Boulevard 20 de Noviembre número 103 Altos en el Municipio de Tamazunchale, S.L.P. IV.- ACTOS DE AUTORIDAD QUE SE RECLAMAN: 1.- Del JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA CON RESIDENCIA EN TAMAZUNCHALE, SAN LUIS POTOSÍ, se reclama la omisión de diligenciar el exhorto número 73/2020 y/o cualquier mandato ordenado dentro de los autos del juicio laboral número 872/2018/M-G, tramitado ante el TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE habiendo transcurrido en exceso el plazo contemplado 758 de la Ley Federal del Trabajo." Segundo. En proveído de veintiocho de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se registró con el número estadístico 260/2020-II; se solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable; se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de derecho. Tercero. Seguidos los trámites de ley, previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acto que antecede. C O N S I D E R A N D O : Primero. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia oficial en Ciudad Valles, San Luis Potosí, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Mixto de Primera Instancia con residencia en Tamazunchale, San Luis Potosí, por así haberlo manifestado al rendir su informe justificado; lo que además se corrobora con las copias certificadas relativas al exhorto 124/2020, derivado de la diversa comunicación 073/2020, derivado a su vez del expediente número ..., promovido por ..., en contra del Ayuntamiento de Tamazunchale, San Luis Potosí, las cuales tienen valor probatorio pleno al tratarse de documentales públicas, conforme con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de artículo segundo. Tercero. Estudio de causas de improcedencia. Por ser de estudio preferente al fondo del asunto, es necesario analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las aleguen o no, al ser una cuestión de orden público y acorde con la obligación que impone al juzgador de amparo el artículo 62 de la ley de la materia. Al respecto, se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu de la Ley de Amparo, en los que se dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ello los que afectan meterialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Conforme con lo preceptuado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para determinar la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, es menester que las violaciones que se impugnen afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, para que un acto pueda ser considerado como de imposible reparación sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, al lesionar bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Bien, el quejoso en su demanda de amparo señaló como acto reclamado la omisión por parte del Juez responsable de diligenciar el exhorto .., así como cualquier otro mandato ordenado dentro de los autos del juicio laboral de origen número ..., del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Ahora, de las constancias que obran en autos, se advierte que en proveído de diez de febrero de dos mil veinte, dictado dentro del expediente laboral número ... formado con motivo de la demanda instaurada por ...en contra del Ayuntamiento y Municipio de ..., el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, ordenó girar exhorto a la aquí autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia con residencia en Tamazunchale, San Luis Potosí, para que en auxilio de las funciones de esa autoridad del trabajo, desahogara las pruebas testimonial a cargo de ... y la confesional a cargo de ...conforme a lo ordenado en el diverso auto de admisión de pruebas de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, comunicación a la que correspondió el número ..de la estadística del Tribunal laboral en cita. Se advierte también, que el exhorto de mérito fue recibido por el juez responsable el veintidós de julio del presente año, por lo que en acuerdo de veintisiete posterior, radicó la citada comunicación bajo el número de expediente ...y al efecto fijó fecha y hora para el desahogo respectivo de las pruebas aludidas; luego, el trece de agosto de dos mil veinte, el secretario adscrito a dicho juzgado, certificó que no se llevaron a cabo las diligencias programadas en la fecha y hora indicada, por no haberse presentado las personas interesadas en su desahogo. De las relatadas constancias, se advierte que la omisión reclamada por el quejoso no constituye un acto de imposible reparación y, por ende, no es reclamable en vía de amparo indirecto. Es así, dado que si bien en el artículo 17 constitucional se previene que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la omisión de que se duele no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, ya que se originó dentro del procedimiento seguido ante el Tribunal competente, en la especie, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, y no fuera de él, de tal suerte que si la citada autoridad laboral, en auxilio de sus funciones, envió exhorto al Juez Mixto de Primera Instancia con residencia en Tamazunchale, San Luis Potosí, a efecto de que llevara a cabo el desahogo de las pruebas testimonial y confesional, es esta última autoridad la que debe resolver sobre el auxilio solicitado, cuya actuación debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento respectivo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1086, libro 30, tomo II, mayo de dos mil dieciséis, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Máxime que del análisis de las constancias de autos no se advierte que exista una abierta dilación en la diligenciación del exhorto del que deriva el acto reclamado, toda vez que de la fecha en que el Juzgado Mixto de Primera Instancia en Tamazunchale, San Luis Potosí, recibió la comunicación de mérito veintidós de julio de dos mil veinte, a la data de la presentación de la demanda veintisiete de agosto de dos mil veinte, no habían transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron desahogarse los medios de prueba respectivos. Ello, porque conforme con lo dispuesto en el artículo 758 de la Ley Federal del Trabajo vigente al inicio del procedimiento laboral del que deriva el exhorto de mérito, de aplicación supletoria a la Ley Burocrática del Estado, los exhortos enviados por la autoridad laboral, deberán proveerse dentro de las setenta y dos horas siguientes a su recepción y se deberán diligenciar dentro de los cinco días siguientes, pero de requerir mayor tiempo, éste no podrá exceder de quince días; de tal suerte que a la fecha en que feneció este último término conforme con lo previsto en el artículo 62 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, (veinticuatro de agosto de dos mil veinte), a la data de la presentación de la demanda, no habían transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales, por lo que no se evidencia una abierta demora en la encomienda solicitada al juez responsable. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, tomo II, marzo de 2019, página 1643, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016, sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En esa tesitura, es inconcuso que la presente instancia constitucional resulta improcedente, al no revestir el acto reclamado la naturaleza de irreparable, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues su afectación es adjetiva y no directa a los derechos sustantivos que tutela la Ley Suprema, como son la libertad, integridad física, posesiones o derechos para que sea procedente el juicio biinstancial; por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente juicio de garantías número 260/2020-II, promovido por ...la autoridad responsable, precisado y señalada en el resultando primero, por los motivos expuestos en el punto de consideración tercero del presente fallo. Notifíquese y personalmente.

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 260/2020-II, promovido por **, en su carácter de apoderado legal de Daniel Antonio Oropeza Herverth, en contra del acto que reclama del Juzgado Mixto de Primera Instancia con residencia en Tamazunchale, San Luis Potosí, que considera vulnera su derecho fundamental contemplado en los artículos 1, 14, 16, 17, 39, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O: Primero. ***, en su carácter de apoderado legal de Daniel Antonio Oropeza Herverth, mediante escrito presentado en línea a través del portal del Consejo de la Judicatura Federal el veintisiete de agosto de dos mil veinte y al día siguiente recibido en la Oficialía de Partes de Juzgado de Distrito, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por el acto que a continuación se precisan: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. 1.- JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA CON RESIDENCIA EN TAMAZUNCHALE, SAN LUIS POTOSÍ, con domicilio en Boulevard 20 de Noviembre número 103 Altos en el Municipio de Tamazunchale, S.L.P. IV.- ACTOS DE AUTORIDAD QUE SE RECLAMAN: 1.- Del JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA CON RESIDENCIA EN TAMAZUNCHALE, SAN LUIS POTOSÍ, se reclama la omisión de diligenciar el exhorto número 73/2020 y/o cualquier mandato ordenado dentro de los autos del juicio laboral número 872/2018/M-G, tramitado ante el TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE habiendo transcurrido en exceso el plazo contemplado 758 de la Ley Federal del Trabajo." Segundo. En proveído de veintiocho de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se registró con el número estadístico 260/2020-II; se solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable; se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de derecho. Tercero. Seguidos los trámites de ley, previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acto que antecede. C O N S I D E R A N D O : Primero. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia oficial en Ciudad Valles, San Luis Potosí, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Mixto de Primera Instancia con residencia en Tamazunchale, San Luis Potosí, por así haberlo manifestado al rendir su informe justificado; lo que además se corrobora con las copias certificadas relativas al exhorto 124/2020, derivado de la diversa comunicación 073/2020, derivado a su vez del expediente número 872/2018/M-6, promovido por Daniel Antonio Oropeza Herverth, en contra del Ayuntamiento de Tamazunchale, San Luis Potosí, las cuales tienen valor probatorio pleno al tratarse de documentales públicas, conforme con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de artículo segundo. Tercero. Estudio de causas de improcedencia. Por ser de estudio preferente al fondo del asunto, es necesario analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las aleguen o no, al ser una cuestión de orden público y acorde con la obligación que impone al juzgador de amparo el artículo 62 de la ley de la materia. Al respecto, se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu de la Ley de Amparo, en los que se dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ello los que afectan meterialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Conforme con lo preceptuado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para determinar la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, es menester que las violaciones que se impugnen afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, para que un acto pueda ser considerado como de imposible reparación sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, al lesionar bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Bien, el quejoso en su demanda de amparo señaló como acto reclamado la omisión por parte del Juez responsable de diligenciar el exhorto 73/2020, así como cualquier otro mandato ordenado dentro de los autos del juicio laboral de origen número 872/2018/M-G, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Ahora, de las constancias que obran en autos, se advierte que en proveído de diez de febrero de dos mil veinte, dictado dentro del expediente laboral número 872/2018/M-6 formado con motivo de la demanda instaurada por Daniel Antonio Oropeza Hervert en contra del Ayuntamiento y Municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, ordenó girar exhorto a la aquí autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia con residencia en Tamazunchale, San Luis Potosí, para que en auxilio de las funciones de esa autoridad del trabajo, desahogara las pruebas testimonial a cargo de Ernesto Cortés Martínez y la confesional a cargo de Daniel Antonio Oropeza Hervert conforme a lo ordenado en el diverso auto de admisión de pruebas de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, comunicación a la que correspondió el número 73/2020 de la estadística del Tribunal laboral en cita. Se advierte también, que el exhorto de mérito fue recibido por el juez responsable el veintidós de julio del presente año, por lo que en acuerdo de veintisiete posterior, radicó la citada comunicación bajo el número de expediente 124/2020 y al efecto fijó fecha y hora para el desahogo respectivo de las pruebas aludidas; luego, el trece de agosto de dos mil veinte, el secretario adscrito a dicho juzgado, certificó que no se llevaron a cabo las diligencias programadas en la fecha y hora indicada, por no haberse presentado las personas interesadas en su desahogo. De las relatadas constancias, se advierte que la omisión reclamada por el quejoso no constituye un acto de imposible reparación y, por ende, no es reclamable en vía de amparo indirecto. Es así, dado que si bien en el artículo 17 constitucional se previene que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la omisión de que se duele no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, ya que se originó dentro del procedimiento seguido ante el Tribunal competente, en la especie, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, y no fuera de él, de tal suerte que si la citada autoridad laboral, en auxilio de sus funciones, envió exhorto al Juez Mixto de Primera Instancia con residencia en Tamazunchale, San Luis Potosí, a efecto de que llevara a cabo el desahogo de las pruebas testimonial y confesional, es esta última autoridad la que debe resolver sobre el auxilio solicitado, cuya actuación debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento respectivo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1086, libro 30, tomo II, mayo de dos mil dieciséis, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Máxime que del análisis de las constancias de autos no se advierte que exista una abierta dilación en la diligenciación del exhorto del que deriva el acto reclamado, toda vez que de la fecha en que el Juzgado Mixto de Primera Instancia en Tamazunchale, San Luis Potosí, recibió la comunicación de mérito veintidós de julio de dos mil veinte, a la data de la presentación de la demanda (veintisiete de agosto de dos mil veinte), no habían transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron desahogarse los medios de prueba respectivos. Ello, porque conforme con lo dispuesto en el artículo 758 de la Ley Federal del Trabajo vigente al inicio del procedimiento laboral del que deriva el exhorto de mérito, de aplicación supletoria a la Ley Burocrática del Estado, los exhortos enviados por la autoridad laboral, deberán proveerse dentro de las setenta y dos horas siguientes a su recepción y se deberán diligenciar dentro de los cinco días siguientes, pero de requerir mayor tiempo, éste no podrá exceder de quince días; de tal suerte que a la fecha en que feneció este último término conforme con lo previsto en el artículo 62 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, (veinticuatro de agosto de dos mil veinte), a la data de la presentación de la demanda, no habían transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales, por lo que no se evidencia una abierta demora en la encomienda solicitada al juez responsable. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, tomo II, marzo de 2019, página 1643, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016, sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En esa tesitura, es inconcuso que la presente instancia constitucional resulta improcedente, al no revestir el acto reclamado la naturaleza de irreparable, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues su afectación es adjetiva y no directa a los derechos sustantivos que tutela la Ley Suprema, como son la libertad, integridad física, posesiones o derechos para que sea procedente el juicio biinstancial; por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente juicio de garantías número 260/2020-II, promovido por Andrés Escareño Barrera, en su carácter de apoderado legal de ***, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, precisado y señalada en el resultando primero, por los motivos expuestos en el punto de consideración tercero del presente fallo. Notifíquese y personalmente. Así lo resolvió y firma la Jueza Ma. Guadalupe Torres García, Titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, hasta hoy veintisiete de octubre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores del juzgado, asistida de la Secretaria Vianey Gutiérrez Zuviri, que autoriza y da fe.

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